Encargado de la Policía Ministerial en Veracruz, Veracruz

Expediente 900/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
900/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Encargado de la Policía Ministerial en Veracruz, Veracruz
  • Fiscal General del Estado de Veracruz, en Xalapa, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por ********************; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número ****************************************0********************3-4 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ADMISIÓN Ahora, con fundamento en lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, III, incisos b) y c), VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por******************** en contra de las autoridades y acto señalado en dicho escrito. En cumplimiento al artículo 17 constitucional, en aras de una pronta y expedita administración de la Justicia Federal, la denominación de la responsable cuya denominación correcta sea un hecho notorio para el que suscribe, será corregida al emitir el oficio respectivo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Fórmese por separado en cuadernillo único el incidente de suspensión de los actos reclamados al haberlo solicitado la parte quejosa. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con apoyo en el artículo 115 de la citada ley, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este asunto; la cual se fija atendiendo a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional de acuerdo con la agenda de audiencias. INFORME JUSTIFICADO Pídase a las autoridades responsables su informe con justificación que deberán rendir dentro del término de quince días... INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la ley en cita, dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en materia de amparo, y con fundamento en el numeral ********************6, fracción I, inciso k), de la propia legislación, notifíquesele personalmente la admisión del presente asunto, corriéndole traslado con copia de la demanda de mérito. En razón de lo anterior, se ordena que dicha notificación y los oficios que se giren el presente asunto les sean notificados vía correo electrónico a la dirección ******************** que fue proporcionado para tal efecto, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a efecto de que transmitan, vía correo electrónico, dichas comunicaciones a la dirección indicada, debiendo elaborar constancia correspondiente. Asimismo, conforme a lo establecido al acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés del cuaderno de varios ********************/********************0********************3 del índice del presente órgano jurisdiccional, en el cual se instruye a la oficial judicial "A" con base en los artículos 37 y 38 del Acuerdo General 1********************/********************0********************0 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para que habilite el usuario ********************, para poder visualizar y consultar vía electrónica el presente juicio de amparo... OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS. Se tiene por hecha la manifestación de la parte quejosa, en el sentido de que se opone a cualquier acto de publicación de sus datos personales en las determinaciones dictadas dentro del presente sumario constitucional y en las listas de acuerdos que se publican en este Juzgado de Distrito. Al respecto, es pertinente señalar que en un ejercicio de ponderación entre el principio de legalidad -que impone como requisito en el artículo ********************9 de la Ley de Amparo que la lista de acuerdos contenga el nombre del quejoso-, y su derecho humano a la protección de datos personales que contempla el párrafo segundo del artículo 16 constitucional; se decanta darle valor preponderante a esa protección. Por tanto, en términos del referido artículo 16, los diversos 1, párrafo quinto, ********************, fracción V, y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el numeral 113, fracción I, y el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda publicación que se realice en dichos medios -tanto impreso como electrónico-relativa al presente asunto deberá realizarse con la supresión del nombre de la parte quejosa. ..

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintitrés.********************Con una copia simple de la demanda de protección de derechos fundamentales, como se ordena en el cuaderno principal, fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número ********************/2023-4, promovido por ******************** contra los actos y autoridades detallados en el escrito que se provee.********************INFORME PREVIO********************Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, quienes deberán rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de su notificación, ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, ubicado en Su Santidad Juan Pablo II, 646, esquina Tiburón, Fraccionamiento Costa de Oro en Boca del Río, Veracruz, enviándoles para tal efecto copia de la demanda; en el que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, asimismo, se les impondrá una multa individualizada equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, lo anterior, con fundamento en los artículos 142, 238 y 260 fracción I, de la misma legislación.********************AUDIENCIA INCIDENTAL********************Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental.********************ELEMENTOS PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA****************************************A fin de allegarse de elementos que permitan fijar el monto de la garantía a que alude el artículo 168 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables ordenadoras que al momento de rendir su informe previo señalen con la precisión debida, lo siguiente: a) La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute delito o delitos imputados; b) Las características personales y situación económica de la parte quejosa y; c) La posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia.********************También se deberá precisar por las responsables ordenadoras: a) La materia (federal o común); b) El bien jurídico tutelado (la vida, la seguridad de las personas, el honor, la libertad, el patrimonio, etcétera).; c) El elemento interno (dolo, culpa o preterintención); d) El resultado o tipo de acción (formales -de mera actividad- o materiales -de resultado- ); e) La duración (instantáneo, continuado o permanente); f) La forma de persecución (de querella o de oficio); g) El daño que causan (de lesión o de peligro), y, h) El tipo de conducta (de acción o de omisión).********************Del mismo modo, deberán informar a este tribunal, de tener los elementos para ello: 1. El salario de la parte quejosa; 2. Su ocupación; 3. El tipo de vivienda que habita; 4. Su edad; y, 5. Si tiene dependientes económicos o depende económicamente de otros.********************Informe de las autoridades responsables ordenadoras, que de no rendirse en los términos solicitados se les impondrá una multa individualizada equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la ley de la materia.********************De la misma forma y a fin de preservar el principio de equilibrio procesal entre las partes, se dejan expeditos los derechos de la parte quejosa, a efecto de que si lo considera oportuno aporte a este tribunal los elementos necesarios que permitan establecer su situación económica, lo cual servirá como un elemento de valoración adicional para fijar el monto que habrá de exhibir como garantía para que surta la suspensión definitiva, en caso de ser cierto el acto reclamado. En el entendido que de no hacerlo se resolverá con los datos con que se cuente en la incidencia.********************PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS********************A efecto de proveer sobre la suspensión provisional solicitada, es oportuno precisar que del análisis integral de la demanda de protección de derechos fundamentales, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de aprehensión, presentación, comparecencia y detención, así como su ejecución.********************Ahora bien, no pasa inadvertido para quien esto suscribe que la quejosa señala como acto reclamado la privación ilegal de la libertad fuera de todo procedimiento legal; sin embargo, no ha lugar a tener como acto combatido en el presente asunto, toda vez que de la lectura integral de la demanda se evidencia que la promovente no se encuentra privada de la libertad, por lo que, los actos reclamados se constriñen en la orden de aprehensión, presentación, comparecencia y detención, así como su ejecución.********************SUSPENSIÓN PROVISIONAL********************En tales condiciones, toda vez que en la especie concurren los requisitos previstos en los artículos 128, fracciones I, II y 139 de la Ley de Amparo, pues la suspensión se solicitó por la parte quejosa, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y sí en cambio los daños y perjuicios que se le ocasionarían con la ejecución del acto reclamado serían de difícil reparación; consecuentemente, con fundamento en los numerales 136, 147, 150 y 163 de esa legislación, se concede a ******************** la suspensión provisional de los actos reclamados para los efectos que se detallarán a continuación, pues si bien en la demanda se advierte que no se ha detenido a la persona quejosa, el acto pudo ejecutarse entre la presentación de la demanda y en esta fecha, por tanto, al respecto se provee: ********************EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 162 DE LA LEY DE AMPARO (ORDEN DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD NO EJECUTADA):********************Para que no se ejecute la orden de privación de la libertad reclamada.****************************************EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 164 DE LA LEY DE AMPARO (DETENCIÓN EFECTUADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DISTINTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN RELACIÓN CON LA COMISIÓN DE UN DELITO):********************En caso de que la orden de detención de la parte quejosa sea efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, para que sin demora cese su detención, poniéndola en libertad o a disposición del Ministerio Público;********************Para el supuesto que la detención referida no tenga relación con la comisión de un delito, como el caso de un arresto administrativo, para el efecto que sea puesta en inmediata libertad.****************************************EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE AMPARO (A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO POR CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE DETENCIÓN O COMPARECENCIA DEL MISMO):********************Si la parte quejosa se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención o comparecencia del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente; en el entendido que cuando se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenida en flagrancia o caso urgente, dicho plazo contará a partir de que sea puesta a disposición;********************En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la parte quejosa, para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente.****************************************EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO (ORDEN DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN LIBRADA POR AUTORIDAD COMPETENTE):********************I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación;********************II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que se establecerán.****************************************Lo anterior, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva.********************GARANTÍA ********************La medida cautelar concedida surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el promovente no otorga dentro del término de cinco días garantía por la cantidad de $3,105.00 (tres mil ciento cinco pesos 00/100 moneda nacional), misma que se fija de manera discrecional, tomando en consideración que:********************a) De la demanda de amparo no se advierte el delito por el cual se giró la orden de captura que reclama el peticionario;********************b) No existen indicios que hagan presumir fundadamente que pretenda sustraerse de la acción de la justicia; y,********************Por tanto, con fundamento en los artículos 168 de la actual Ley de Amparo, la garantía se fija a $3,105.00 (tres mil ciento cinco pesos 00/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar el salario mínimo general vigente de $207.00 (doscientos siete pesos 00/100 moneda nacional) según se dijo, por quince días laborables; suma que encuentra equilibrio entre el ingreso que pudiera percibir el justiciable, y la posibilidad en que se evada a la acción de la justicia por el delito motivo de la orden. ********************Al respecto, resulta aplicable por identidad jurídica sustancial de las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 68/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 377, del Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: ********************"SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el Juez de Distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el Juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un Juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un Juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el Juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el Juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)."********************Se apercibe a la parte quejosa que, de no constituir dicha caución en el término de cinco días contados a partir de la legal notificación de la presente, la suspensión dejará de surtir sus efectos, sin necesidad de declaratoria del que suscribe.********************En la inteligencia que la medida cautelar concedida no surtirá efectos si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, por otra persona en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito, contra los mismos actos reclamados y contra las mismas autoridades; si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito; si la orden es girada con posterioridad a la promoción de esta demanda y si se actualiza el supuesto previsto en el párrafo quinto, del artículo 16 constitucional o si el quejoso incumple con las medidas de aseguramiento decretadas u obligaciones derivadas del procedimiento penal de conformidad con el último párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo.********************De conformidad con lo dispuesto en los artículos 879, 883 y 899 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, si la garantía se constituye en billete de depósito, certificado u otro instrumento análogo, deberá contener:********************La leyenda "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante.".********************La leyenda "El deposito otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicita y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos.".********************Deberá presentarse por separado, uno por cada uno de los conceptos y montos que se fijen y, de ser el caso, también por separado respecto de cada quejoso.********************Deberá aparecer como depositante el nombre correcto y completo de la parte quejosa.********************El concepto dirá: Para garantizar la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************/2023.********************Como autoridad: Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Boca del Río.********************De no estar requisitado el documento valioso en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin tener por exhibida la garantía.********************La referida garantía deberá exhibirse a disposición de este juzgado, en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, o en cualquiera de las demás formas establecidas por la ley; en caso de ser póliza de fianza deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el numeral 45 de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse, en caso de que sea necesario hacerla efectiva, a sujetarse al trámite previsto en el numeral 282 del citado ordenamiento.********************MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO********************En atención a que el artículo 162 de la Ley de Amparo, dispone que en estos casos la suspensión se concederá de forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, lo cual tiene como finalidad evitar que la parte quejosa, abusando de la suspensión se sustraiga de la acción de la justicia o entorpezca el procedimiento, por lo que la parte quejosa deberá comparecer personalmente, dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del informe que se reciba de la autoridad responsable que acepte la existencia del acto reclamado, a ponerse a su disposición para el efecto de que responda de los cargos que se le atribuyen, lo que deberá demostrar ante este juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes.********************Asimismo, deberá comparecer ante la citada responsable cuantas veces sea citado o requerido para la práctica de cualquier diligencia relacionada con la carpeta de investigación o causa penal respectiva, prevenida que de no hacerlo dejará de surtir efectos la suspensión.********************Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 16/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 226, Tomo V, Mayo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 170579, que señala:********************"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión."****************************************En la inteligencia que la medida cautelar concedida no surtirá efectos si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, por otra persona en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito, contra los mismos actos reclamados y contra las mismas autoridades; si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito; si la orden es girada con posterioridad a la promoción de esta demanda y si se actualiza el supuesto previsto en el párrafo quinto, del artículo 16 constitucional o si el quejoso incumple con las medidas de aseguramiento decretadas u obligaciones derivadas del procedimiento penal de conformidad con el último párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo.********************En otro orden, procede conceder la suspensión provisional por cuanto hace al acto reclamado consistente en la orden de presentación y comparecencia, reclamadas, en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión fue solicitada por la parte quejosa; no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo o algún caso análogo; además de que no existe disposición en contrario.********************Se precisa que la medida provisional solicitada, se otorga para el efecto que la aquí quejosa haga valer sus derechos dentro del procedimiento en la averiguación previa o carpeta de investigación, en ejercicio de su derecho de defensa, sin que esto signifique su detención ni de ninguna forma suspender el procedimiento de investigación y/o vigilancia que las autoridades señaladas como responsables estimen pertinentes en relación con la aquí impetrante, ni el procedimiento de la averiguación previa o carpeta correspondiente.********************Es aplicable al caso la jurisprudencia 86/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 573, tomo XXXIII, febrero de 2011, registro digital 162694, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente:********************"SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador".****************************************Sin que haya lugar a fijar garantía respecto de la orden de presentación o comparecencia, ni alguna otra medida de efectividad, para que surta efectos la suspensión provisional decretada por cuanto hace a dicho acto, dado que conforme a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 51/2017 (10a.), tal mandamiento ministerial no tiene el alcance de privar de la libertad al quejoso, sino únicamente ". participa de las actuaciones con que cuenta el representante social para recabar los datos que le permitan resolver sobre la probable existencia de conductas sancionadas por la norma penal, conforme a sus facultades y obligaciones previstas en el artículo 21 de la Constitución Federal; en ese tenor, el objeto de la orden es lograr la comparecencia voluntaria del indiciado para que declare si así lo estima oportuno, y una vez que termina la diligencia se reincorpore a sus actividades cotidianas, por tanto no tiene el alcance de una detención al no participar de las figuras definidas constitucionalmente.". ********************Entonces, no se está en el supuesto del artículo 168 de la Ley de Amparo por no tratarse de un acto que afecta la libertad personal y por ello, no debe exigirse la garantía y demás medidas de efectividad.********************Tal jurisprudencia 1a./J. 51/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 345, libro 47, octubre de 2017, tomo I, registro digital 2015231, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ********************"DETENCIÓN POR CASO URGENTE. EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE DECRETARLA, UNA VEZ QUE EL INDICIADO RINDA SU DECLARACIÓN MINISTERIAL Y CONCLUYA LA DILIGENCIA, A LA QUE DE MANERA VOLUNTARIA ASISTIÓ, CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las que se encuentra el derecho a la libertad personal. Dicho precepto prevé de forma limitativa los supuestos en que el Estado puede generar afectaciones válidas a esta prerrogativa y bajo qué condiciones, tal es el caso de la orden de aprehensión, la detención en flagrancia y el caso urgente. Ahora bien, la detención por caso urgente impone una serie de condicionantes que requieren la intervención inmediata y jurídicamente justificada por parte del Ministerio Público, pues se parte de la base de la excepcionalidad de la orden de detención judicial, motivada fundamentalmente por un riesgo inminente de sustracción del inculpado. Por otra parte, la orden de búsqueda, localización y presentación, participa de las actuaciones con que cuenta el representante social para recabar los datos que le permitan resolver sobre la probable existencia de conductas sancionadas por la norma penal, conforme a sus facultades y obligaciones previstas en el artículo 21 de la Constitución Federal; en ese tenor, el objeto de la orden es lograr la comparecencia voluntaria del indiciado para que declare si así lo estima oportuno, y una vez que termina la diligencia se reincorpore a sus actividades cotidianas, por tanto, no tiene el alcance de una detención al no participar de las figuras definidas constitucionalmente. En esa lógica, no existe impedimento alguno para que el órgano investigador esté en aptitud de ordenar la detención por caso urgente del indiciado, al advertir de la diligencia originada por el diverso mandato de búsqueda, localización y presentación, particularmente de la declaración, evidencia respecto de su probable responsabilidad penal, y se cumplan de manera concurrente los requisitos genéricos previstos en el artículo 16 constitucional, a saber, se trate de un delito grave, exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue y por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo, con la salvedad de que la orden de detención se emita con posterioridad a que haya finalizado la diligencia originada por la orden de presentación. En caso de que no se rinda declaración o aun rindiéndola no se aporten datos novedosos a la investigación, el Ministerio Público no podrá decretar la detención por caso urgente, porque no estará en aptitud de acreditar la probable responsabilidad del indiciado y, por ende, la urgencia en su detención, toda vez que dicha orden excedería los efectos jurídicos de la diversa de presentación, lo que produciría injustificadamente la privación de la libertad del presentado, ya que el mandamiento de detención por caso urgente no puede ser emitido para pretender justificar en retrospectiva detenciones que materialmente ya estaban ejecutadas con motivo de una orden de búsqueda, localización y presentación, pues en tal supuesto la detención material del indiciado no habría tenido como fundamento la orden de caso urgente, sino la de presentación, lo que se traduciría en una detención arbitraria al no corresponder a las constitucionalmente admisibles."****************************************De igual forma, se cita la tesis 1a. CLXXV/2016 (10ª), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, cuyos datos de localización son los siguientes libro 31, junio de 2016, tomo I, página 697, registro digital 2011881, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:********************"ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN CONTRA UN INCULPADO EN UNA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL. ES ILEGAL CUANDO EXCEDE LOS EFECTOS JURÍDICOS PARA LOS QUE FUE EMITIDA. En diversos precedentes, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el régimen constitucional de detenciones sólo admite las órdenes de aprehensión, flagrancia o caso urgente; de ahí que el Ministerio Público no puede forzar la comparecencia de un indiciado mediante las denominadas "órdenes de búsqueda, localización y presentación", ni obligarlo a que permanezca contra su voluntad en el lugar en que se le interroga, pues ello equivale materialmente a una detención. Así, cuando los agentes de la policía cuentan con esta orden expedida por el Ministerio Público contra un indiciado, sólo están facultados para notificar a esa persona la existencia de la indagatoria en su contra y señalarle que cuenta con el derecho de comparecer ante la autoridad ministerial para realizar su declaración correspondiente, ante lo cual, éste puede expresar su deseo de no hacerlo, esto es, los agentes no pueden detenerlo y ponerlo a disposición contra su voluntad, pues tal acto constituirá materialmente una detención arbitraria, lo que también ocurre cuando el Ministerio Público de una entidad federativa cumplimenta un oficio de colaboración y gira una orden de esa naturaleza con el propósito de recabar la declaración ministerial del inculpado en esa sede y, una vez que éste es presentado voluntariamente, sin recibir su declaración, el fiscal devuelve la indagatoria junto con el inculpado a su lugar de origen, pues en estos casos, dicha orden excede sus efectos jurídicos y produce materialmente una privación de la libertad personal del quejoso, ya que no tuvo el exclusivo propósito de que se recabara la declaración ministerial del inculpado por el órgano investigador habilitado, sino el de enviarlo a su lugar de origen, con lo que se da un efecto distinto a la orden decretada que se traduce en una real detención, ejecutada sin la existencia previa de una determinación que cumpliera con los requisitos constitucionales correspondientes".****************************************Cabe señalar que la determinación que aquí se toma es independiente de la que se asuma por este juzgador al resolver sobre la suspensión en forma definitiva, en la medida en que para ese momento se contará con mayor información para tomar la decisión correspondiente, derivado del informe previo que rindan las autoridades responsables y demás constancias que se alleguen a este incidente.********************Se precisa que la medida cautelar concedida no surtirá efectos si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, por otra persona en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito, contra los mismos actos reclamados y contra las mismas autoridades; si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito; si la orden reclamada es girada con posterioridad a la promoción de esta demanda y si se actualiza el supuesto previsto en el párrafo quinto, del artículo 16 constitucional o si el quejoso incumple con las medidas de aseguramiento decretadas u obligaciones derivadas del procedimiento penal de conformidad con el último párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo.********************DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR********************NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS******************** Téngase como autorizado en únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos a********************, por no encontrarse facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, ni proporcionar número de cédula profesional para realizar la consulta correspondiente en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. ******************** Como lo solicita la promovente, de conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 37, 38, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza al usuario "********************", para el ingreso, consulta y notificaciones electrónicas de los acuerdos correspondientes a este expediente a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx. ******************** En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario "********************", para que pueda ingresar, consultar y notificarse vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa.******************** Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. ********************OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS.******************** Se tiene por hecha la manifestación de la parte quejosa, en el sentido de que se opone a cualquier acto de publicación de sus datos personales en las determinaciones dictadas dentro del presente sumario constitucional y en las listas de acuerdos que se publican en este órgano jurisdiccional. ******************** Al respecto, es pertinente señalar que en un ejercicio de ponderación entre el principio de legalidad -que impone como requisito en el artículo 29 de la Ley de Amparo que la lista de acuerdos contenga el nombre del quejoso-, y su derecho humano a la protección de datos personales que contempla el párrafo segundo del artículo 16 constitucional; se decanta darle valor preponderante a esa protección. Por tanto, en términos del referido artículo 16, los diversos 1, párrafo quinto, 2, fracción V, y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el numeral 113, fracción I, y el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda publicación que se realice en dichos medios -tanto impreso como electrónico-relativa al presente asunto deberá realizarse con la supresión del nombre de la parte quejosa. ******************** Sin que pueda considerarse que esta disposición violente algún derecho de las partes, ya que ellas contarán con el debido conocimiento del nombre de la parte impetrante al ser emplazadas a juicio, así como cuando se impongan del mismo en su calidad de partes. ******************** Hágase lo anterior del conocimiento de los actuarios adscritos a este órgano, así como a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes y debido cumplimiento.*...

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