Encargado de la Estancia Provisional Juarez

Expediente 141/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
141/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Encargado de la Estancia Provisional Juarez
  • Nelson Yoan Delgadillo Montalvan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia, dictado en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y, en atención a que el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, en términos del artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el presente es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el citado acuerdo y artículo, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos en que se actúa, de los que se advierte que la autoridad responsable Sub-representante Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante oficio INM/ORCHIH/EPJUA/1850/2022, de fecha cuatro de marzo del dos mil veintidós, informa el cumplimiento emitido a la suspensión de plano otorgada en el juicio de amparo en que se actúa, y de dicho informe se desprende que el veinticuatro de enero del dos mil veintidós, fue puesto en libertad el quejoso Nelson Yoan Delgadillo Montalván, y para acreditar lo anterior, la referida autoridad, remite diversas documentales que integran el expediente administrativo 153/2022, instaurado al quejoso en mención; documentales que al ser emitidas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tienen valor en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, en la especie, cabe precisar que la parte quejosa, en la demanda de amparo que dio origen al controvertido juicio constitucional en que se actúa, reclamó a las autoridades responsables, el aseguramiento físico del quejoso dentro de la estación migratoria de esta ciudad, con la consecuente restricción de su libertad por el país, hablar con su asesor jurídico, otorgarle la visa por razones humanitarias y su deportación del País. En esa tesitura, atendiendo lo expuesto en los párrafos que preceden, de las constancias de referencia, así como del estado que guardan los autos, se advierte que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio, toda vez que en el mismo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: En efecto, el precepto 61, fracción XXI, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la interpretación literal del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia y la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Se aplica como apoyo a esta conclusión, la Jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que remitió el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe, las que se reitera, adquieren valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierte, que efectivamente en la Estancia Provisional Juárez de la Estación Migratoria, de esta ciudad, se decretó el alojamiento temporal del extranjeros ahora quejoso y se le inició procedimiento administrativo para verificar su legal estancia en el País. Sin embargo, el impetrante del amparo el veinticuatro de enero del dos mil veintidós, fue puesto en libertad y se emitió el oficio de salida de la estación migratoria. De lo anterior, se colige que, en el presente caso, sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues bien, para que se pueda configurar la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es necesario que: a) El acto reclamado ha quedado insubsistente. Si bien es cierto, que a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo, el alojamiento temporal del aquí quejosos en la Estación Migratoria de esta ciudad, reclamado a las autoridades responsables existía, también lo es que, al emitir el oficio de salida de la estación migratoria, esa circunstancia produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo en que se actúa. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Lo anterior es así, tomando en cuenta que las autoridades migratorias emitieron el oficio de salida de la estación migratoria del extranjero, aquí quejoso, con lo cual produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos del alojamiento temporal reclamado, de modo que con ello se suprimieron del mundo fáctico los efectos del acto reclamado de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque las autoridades migratorias emitieron el oficio de salida de la estación migratoria, trae como consecuencia que se le reponga a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que consideró vulnerados con el alojamiento temporal en la estación migratoria reclamada, restableciéndose así las cosas al estado que tenía antes de la violación constitucional alegada, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte quejosa, por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados como si se hubiera otorgado el amparo impetrado, esto es, como si la omisión de que se trata no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. De ahí, que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, pues se antepone la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión, que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia 2a/ J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 193758, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En mérito de lo anterior, al quedar evidente, conforme a lo antes dicho, la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el presente juicio de amparo, contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho por analogía, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de abril del dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto la comunicación oficial del Representante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, Chihuahua; agréguese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda, en virtud de que por auto de siete de los corrientes, se le tuvo rindiendo tanto su informe justificado como el informe de cumplimiento a la suspensión del acto reclamado. CÚMPLASE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene al Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en la localidad, informando el cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida a favor del quejoso. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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