Enalkar S.A.P.I de C.V.

Expediente 866/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
866/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Enalkar S.A.P.I de C.V.
  • Enalkar S.A.P.I de C.V. y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que en este juzgado se encuentran radicados los juicios de amparo 756/2020 y 866/2020, promovidos por Verónica Castro Millán (aquí tercero interesada) y Héctor Gerardo Rosas Gómez, apoderado legal de la moral Enalkar sociedad anónima promotora de inversión de capital variable (aquí quejosa), respectivamente, en los que reclaman la resolución incidental de dieciséis de junio de dos mil veinte, relativa al incidente de liquidación tramitado dentro del juicio laboral 485/4/2014, del índice de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Asimismo, destaca que ambos juicios de amparo se encuentran en trámite. Sobre ese contexto, los juicios de amparo 866/2020-I y 756/2020-V, tienen conexidad entre sí, ya que diversos quejosos reclaman la resolución incidental de dieciséis de junio de dos mil veinte, dictada dentro del juicio laboral 485/4/2014, por lo que al estar radicados en este mismo juzgado y en trámite, de PLANO SE ORDENA SU ACUMULACIÓN para resolver en una sola sentencia las cuestiones planteadas por los quejosos; en la inteligencia que la acumulación será del juicio más nuevo al más antiguo. Además, la anterior determinación se justifica a fin de que por economía procesal, al dictarse la sentencia se tengan a la vista todas las constancias del juicio natural. Cabe aclarar que la presente determinación no se consideró tramitar vía incidental, ya que ello tendría como consecuencia alargar el procedimiento, de ahí que se resolviera de plano la procedencia de la acumulación, aunado a que no se considera afectación a las partes, pues en sentencia cada acto será resuelto conforme a sus particularidades. En mérito de lo expuesto, se ordena dejar sin efectos la fecha de audiencia constitucional fijada en el juicio de amparo 866/2020-I, subsistiendo la diversa señalada en el diversos 756/2020-V, al cual se ordena acumular, siendo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Gerardo Rosas Gómez, quien se ostenta como apoderado legal de la moral quejosa Enalkar sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial que para tal efecto anexa, contra actos de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, con el número 866/2020-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Análisis de la demanda. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Precisión de los actos reclamados. En ese sentido es menester precisar que del estudio integro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hizo consistir los actos reclamados en: Mantener ilegalmente el embargo de la cuenta bancaria de mi poderdante No. 00195132754, que se tiene ante BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, hasta por la cantidad de $959,516.22 (Novecientos cincuenta y nueve mil quinientos dieciséis pesos 22/100 M.N.) La resolución interlocutoria del incidente de liquidación de fecha 16 de junio del 2020, emitido por las autoridades responsables en el expediente laboral 485/4/2014, y notificado el día 16 de Octubre del 2020, bajo los términos referidos en los Conceptos de Violación. El auto de requerimiento de pago y embargo de fecha 7 de Octubre del 2019, y la diligencia de requerimiento de pago y embargo que recayó sobre dicho auto, de fecha 17 de Octubre del 2019, así como el oficio signado por la presidente que dirigido al banco señalado en el punto uno ordeno embarga la cuenta bancaria de mi representada hasta por la cantidad referida en el punto 1. La Omisión de la responsable de dar entrada al RECURSO DE REVISION CONTRA ACTOS DE EJECUCION DE LA PRESIDENTE Y DEL ACTUARIO el cual fue promovido por el suscrito a nombre de mi representada en fecha 30 de Octubre del 2019, ACLARANDO QUE TUVE CONOCIMIENTO DEL AUTO SOBRE EL QUE SE IMPUGNÓ SU NOTIFICACION EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2019, contra el auto de requerimiento de pago y embargo de fecha 7 de Octubre del 2019 signado por la Presidente, y el oficio 1996/4/2019 signado por la presidente y dirigido a la institución bancaria señalada en el punto uno para embargar la cuenta de mi representada, de fecha 17 de Octubre del 2019 La Omisión de la responsable de dar entrada al Incidente de Nulidad de Actuaciones, el cual fue promovido por el suscrito a nombre de mi representada en fecha 30 de Octubre del 2019 contra la notificación del auto de requerimiento de pago y embargo de fecha 7 de Octubre del 2019 y actuaciones posteriores, aclarando que tuve conocimiento del auto sobre el que se impugno su notificación el día 28 de Octubre del 2019. Desechamiento de la demanda de amparo. Bajo esa perspectiva, respecto de los actos reclamados identificados con los incisos 1), 3), 4) y 5), resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo que se promueve, porque del estudio integral de la misma, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el numeral 107, fracción IV, del referido ordenamiento legal dispone lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" En esa tesitura, de acuerdo a lo previsto por los numerales transcritos, el juicio de amparo indirecto es procedente en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente contra aquél que constituye la última resolución, pudiéndose impugnar excepcionalmente los que se dicten en dicho segmento procesal siempre y cuando afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Sobre los alcances de lo que debe entenderse como la última resolución en ejecución de sentencia, el propio numeral en consulta es claro en establecer que se trata de aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo anterior implica que si se trata de actos de tribunal judicial, emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando éstos no se traten de la última resolución. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados identificados con los incisos 1), 3), 4) y 5), en este auto, son llevados a cabo en ejecución de sentencia; por tanto, no satisfacen los requisitos para la procedencia del juicio de amparo derivados del ordinal 107, fracción IV, de la ley en comento y la interpretación jurisprudencial, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. De lo anterior se constata, que los actos reclamados identificados con los incisos 1), 3), 4) y 5), de los cuales se adolece la parte quejosa, fueron realizados después de concluido el juicio, en la fase de cumplimiento del laudo, por lo que se trata de un acto dentro de la etapa de ejecución de sentencia, actos mismos ante los cuales resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de las premisas previamente establecidas, pues es inconcuso que no constituyen la última resolución en ejecución de sentencia. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia 28/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, mayo de 2010, página 60, con número de registro 164639 de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA." Asimismo, se desprende que los elementos de la definición de última resolución, no se actualizan en los actos que aquí se reclaman, pues no constituyen la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del procedimiento de origen, dado que se trata de actos intermedios dictado en la fase ejecutiva, por lo que, no son con los que culminan el procedimiento de ejecución, porque no aprueban o reconocen de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, que es en contra de la cual procede el juicio de amparo en términos del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuyo propósito es que se evite la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, por lo que la improcedencia del juicio de amparo abarca las actuaciones tendentes a impedir la ejecución de la cosa juzgada. Luego, las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de ejecución, deben invocarse como agravios en el juicio de amparo que se promueva contra el auto definitivo que determine el cumplimiento total de la condena, o la imposibilidad jurídica y material para ello, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, que es la resolución culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de amparo. Bajo esta premisa, resulta claro que los actos reclamados 1) Mantener ilegalmente el embargo de la cuenta bancaria de mi poderdante No. 00195132754, que se tiene ante BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, hasta por la cantidad de $959,516.22 (Novecientos cincuenta y nueve mil quinientos dieciséis pesos 22/100 M.N.); 3) El auto de requerimiento de pago y embargo de fecha 7 de Octubre del 2019, y la diligencia de requerimiento de pago y embargo que recayó sobre dicho auto, de fecha 17 de Octubre del 2019, así como el oficio signado por la presidente que dirigido al banco señalado en el punto uno ordeno embarga la cuenta bancaria de mi representada hasta por la cantidad referida en el punto 1.; 4) La Omisión de la responsable de dar entrada al RECURSO DE REVISION CONTRA ACTOS DE EJECUCION DE LA PRESIDENTE Y DEL ACTUARIO el cual fue promovido por el suscrito a nombre de mi representada en fecha 30 de Octubre del 2019, ACLARANDO QUE TUVE CONOCIMIENTO DEL AUTO SOBRE EL QUE SE IMPUGNÓ SU NOTIFICACION EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2019, contra el auto de requerimiento de pago y embargo de fecha 7 de Octubre del 2019 signado por la Presidente, y el oficio 1996/4/2019 signado por la presidente y dirigido a la institución bancaria señalada en el punto uno para embargar la cuenta de mi representada, de fecha 17 de Octubre del 2019; 5) La Omisión de la responsable de dar entrada al Incidente de Nulidad de Actuaciones, el cual fue promovido por el suscrito a nombre de mi representada en fecha 30 de Octubre del 2019 contra la notificación del auto de requerimiento de pago y embargo de fecha 7 de Octubre del 2019 y actuaciones posteriores, aclarando que tuve conocimiento del auto sobre el que se impugno su notificación el día 28 de Octubre del 2019; evidentemente no constituyen la última resolución emitida en el indicado procedimiento de ejecución que se ha instaurado en el juicio original y tampoco afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, por ende, no se encuentra en la hipótesis de procedencia del juicio constitucional. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 1998, página 230, con número de registro 196894, de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Así como la diversa tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Se cita al caso la tesis PC.XVIII. J/10 L (10a.), sustentada por el Pleno del Decimoctavo Circuito, visible en la página 1492, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo II, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." Por tal motivo, como ya se dijo, la "última resolución" que se pronuncia en el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio natural es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la resolución definitiva o, en su caso, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Cabe precisar que el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, no contempla con claridad contra qué acto procede el juicio de amparo tratándose en los casos en que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es, el numerario contenido en una cuenta bancaria, pues conforme al artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se embarga dinero o créditos realizables en el acto, es improcedente el remate de bienes, ya que se ponen a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor. Sin embargo, sobre el caso en particular la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 217/2017, sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Octavo Circuito y Tercero del Primer Circuito, ambos en Materia de Trabajo, emitió la jurisprudencia 2a./J. 153/2017 (10a.), en la que resolvió lo siguiente: "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, este precepto, interpretado por analogía, permite considerar que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución previsto en los artículos 950 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, pues sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la referida cantidad asegurada y ordena, con fundamento en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, momento en el que pueden hacerse valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes." En dicha jurisprudencia la Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo que, el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, no establece contra qué resolución procede el juicio de amparo indirecto cuando, en ejecución de sentencia, se embarga un bien que no necesita remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. No obstante, consideró que de la interpretación de ese numeral, por analogía, procede contra la resolución definitiva que requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de las cantidades embargadas y ordena la notificación personal al patrón. Por lo que, en el caso en estudio, respecto de los actos reclamados identificados con los incisos 1), 3), 4) y 5), no procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que no se tratan de la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, la entrega a la junta laboral de la cantidad asegurada y ésta ordene la notificación personal al patrón. Dichas actuaciones están encaminadas para lograr el cumplimiento del laudo condenatorio, consistente en el pago de prestaciones laborales, previamente liquidadas; de ahí que, no constituyan actos ajenos a su ejecución, si no que forman parte de este. Además que, de permitir la impugnación en amparo de los autos y diligencia de embargo referidos, se estaría obstaculizando el cumplimiento de una resolución definitiva (laudo), pues al momento en que adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo anterior no deja en estado de indefensión al quejoso, porque de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de la materia está en aptitud legal de hacer valer el amparo indirecto contra la última resolución de la fase ejecutiva del procedimiento laboral. Por tanto, al no estar aún ante la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la junta laboral de la cantidad asegurada y ésta ordene la notificación personal al patrón, así como tampoco la resolución en que se apruebe o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es inconcuso que en el caso se actualiza de manera plena, indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; ya que aun cuando se llegara a admitir la demanda de amparo y se desarrollara el juicio en sus etapas procesales, de todas suertes se surte la improcedencia que provoca su inadmisión. En mérito de lo expuesto, al ser indudable y manifiesta la causal de improcedencia en estudio, procede DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, únicamente respecto de los actos reclamados identificados en este auto con los incisos 1), 3), 4) y 5). Admisión de la demanda por lo que atañe al acto reclamado que se identifica con el inciso 2), en este proveído. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA, respecto al diverso acto reclamado, consistente en la resolución interlocutoria del incidente de liquidación de dieciséis de junio de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 485/4/2014; tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. Se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116, primer párrafo y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, mismo que deberán rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, deberán acompañar copias certificadas legibles de las constancias necesarias que justifiquen la constitucionalidad del mismo, las cuales tendrán que ser completas, legibles, firmadas, selladas, rubricadas, foliadas, y ordenadas en forma secuencial. Con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, se impondrá a la autoridad omisa, una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se les notificarán de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificárseles lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Requiérase a las partes para que si durante la tramitación de este juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo hagan saber a este juzgado y de ser posible deberán remitir las constancias legibles que acrediten tal situación, en términos del diverso numeral 64 de la misma ley. De igual forma, se les apercibe que de no hacer del conocimiento la causal en comento, se les impondrá una multa en forma individual de treinta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercera interesada a Verónica Castro Millán; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que lleve a cabo el emplazamiento a juicio del tercero interesado en alusión, en el domicilio proporcionado por la quejosa en su demanda, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y copia autorizada del presente proveído. De igual forma, deberá requerirle para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo se le realizarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo y 305 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Penélope Fernanda Caballero Torres (cédula profesional 9758314), quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado Para el Registro Único de Profesionales del Derecho, Ante Órganos Jurisdiccionales, y únicamente en términos restringidos a Ramiro Martínez Bernal, en virtud de no haber acreditado contar con cédula profesional registrada en el referido sistema. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la ley en cita, ténganse como pruebas de la parte quejosa las ofertadas en su demanda de amparo, consistentes en la instrumental de actuaciones y la precuncional en su doble aspecto legal y humana, misma que se relacionará en la audiencia constitucional y se tomará en consideración al resolver el presente asunto, por lo que respecta a la prueba "documental vía informe", dígasele que no ha lugar a requerir al Instituto Mexicano del Seguro Social lo solicitado, dado que el mismo no fue señalado como autoridad responsable dentro del presente juicio. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, las partes podrán rendir alegatos por escrito o remitirlos mediante el portal de servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, con utilización de firma electrónica. En el supuesto de que alguna de las partes desee asistir personalmente a la audiencia a fin de alegar verbalmente, deberán estarse a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el sentido de que, ello sólo se permite cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare. En ese supuesto, se les previene para que generen la cita correspondiente y lo hagan del conocimiento de este juzgado con una anticipación de cinco días a su celebración, a efecto de ponderar su desahogo y disponer lo necesario, a la luz de las medidas dispuestas en los Acuerdos Generales 12/2020, 13/2020 y 15/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En caso de no hacer la manifestación al respecto, la audiencia se celebrará sin asistencia personal de las partes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; ello, tomando en consideración la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, lo que hace necesaria e idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 5 del citado Acuerdo General, considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, y con la finalidad de encauzar el presente procedimiento, es factible brindar atención a las personas justiciables y a las demás partes, vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivo móviles y correos electrónicos; para lo cual se pone a su disposición los siguientes números telefónicos 926 44 11, extensión 1027 y 899 959 12 69; y, en su caso, los que brinden los Actuario Judiciales adscritos a este juzgado con la finalidad de llevar a cabo las notificaciones que corresponda a las partes. Dicha atención a las partes, además, con la finalidad de reducir a un mínimo las citas a que se refiere el citado Acuerdo General 21/2020; de lo contrario, resultarán aplicables las reglas del modelo de atención presencial basado en citas, disponible en el Portal de Servicios en Línea, micro sitio "Servicios Jurisdiccionales". Cuando una notificación deba practicarse en forma personal, el Actuario Judicial en la diligencia deberá desahogar la misma con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. De conformidad con el artículo 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las partes a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, se remitirá por correo electrónico a la administración del edificio en que se encuentra este juzgado, las listas a publicar, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Se solicita a las autoridades responsables que, de contar con algún correo electrónico, lo proporcionen preferentemente vía telefónica al número 9 26 44 11, con la finalidad de que este juzgado pueda utilizarlo para realizar alguna notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente.

  3. Incidental

    Reynosa, Tamaulipas, once de noviembre de dos mil veinte. Vistas las copias de la demanda de amparo de cuenta, y como se ordena en el auto dictado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 128 Ley de Amparo, se tramita por separado y duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 866/2020-I, promovido por Héctor Gerardo Rosas Gómez, quien se ostenta como apoderado legal de la moral quejosa Enalkar sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, contra actos de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. En consecuencia, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables, y con apoyo en lo establecido por el artículo 138 fracción III, del citado ordenamiento legal, pídaseles su informe previo que deberán rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en que reciba el oficio de notificación. Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir su informe previo en el plazo de cuarenta y ocho horas, se les impondrá una multa de forma individual de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 140, de la ley de la materia, el informe previo se deberá concretar a expresar si es o no cierto el acto que se les atribuye, y en su caso, la cuantía del asunto que lo haya motivado; pudiendo agregarse las razones que se estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se le haga surtirá efectos legales desde la emisión de esta medida y se considerará desacato en caso de incumplimiento a esta determinación, a partir de que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga.

  4. Principal

    REPUBLICACIÓN..Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Gerardo Rosas Gómez, quien se ostenta como apoderado legal de la moral quejosa Enalkar sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial que para tal efecto anexa, contra actos de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, con el número 866/2020-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Análisis de la demanda. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Precisión de los actos reclamados. En ese sentido es menester precisar que del estudio integro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hizo consistir los actos reclamados en: Mantener ilegalmente el embargo de la cuenta bancaria de mi poderdante No. 00195132754, que se tiene ante BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, hasta por la cantidad de $959,516.22 (Novecientos cincuenta y nueve mil quinientos dieciséis pesos 22/100 M.N.) La resolución interlocutoria del incidente de liquidación de fecha 16 de junio del 2020, emitido por las autoridades responsables en el expediente laboral 485/4/2014, y notificado el día 16 de Octubre del 2020, bajo los términos referidos en los Conceptos de Violación. El auto de requerimiento de pago y embargo de fecha 7 de Octubre del 2019, y la diligencia de requerimiento de pago y embargo que recayó sobre dicho auto, de fecha 17 de Octubre del 2019, así como el oficio signado por la presidente que dirigido al banco señalado en el punto uno ordeno embarga la cuenta bancaria de mi representada hasta por la cantidad referida en el punto 1. La Omisión de la responsable de dar entrada al RECURSO DE REVISION CONTRA ACTOS DE EJECUCION DE LA PRESIDENTE Y DEL ACTUARIO el cual fue promovido por el suscrito a nombre de mi representada en fecha 30 de Octubre del 2019, ACLARANDO QUE TUVE CONOCIMIENTO DEL AUTO SOBRE EL QUE SE IMPUGNÓ SU NOTIFICACION EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2019, contra el auto de requerimiento de pago y embargo de fecha 7 de Octubre del 2019 signado por la Presidente, y el oficio 1996/4/2019 signado por la presidente y dirigido a la institución bancaria señalada en el punto uno para embargar la cuenta de mi representada, de fecha 17 de Octubre del 2019 La Omisión de la responsable de dar entrada al Incidente de Nulidad de Actuaciones, el cual fue promovido por el suscrito a nombre de mi representada en fecha 30 de Octubre del 2019 contra la notificación del auto de requerimiento de pago y embargo de fecha 7 de Octubre del 2019 y actuaciones posteriores, aclarando que tuve conocimiento del auto sobre el que se impugno su notificación el día 28 de Octubre del 2019. Desechamiento de la demanda de amparo. Bajo esa perspectiva, respecto de los actos reclamados identificados con los incisos 1), 3), 4) y 5), resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo que se promueve, porque del estudio integral de la misma, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el numeral 107, fracción IV, del referido ordenamiento legal dispone lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" En esa tesitura, de acuerdo a lo previsto por los numerales transcritos, el juicio de amparo indirecto es procedente en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente contra aquél que constituye la última resolución, pudiéndose impugnar excepcionalmente los que se dicten en dicho segmento procesal siempre y cuando afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Sobre los alcances de lo que debe entenderse como la última resolución en ejecución de sentencia, el propio numeral en consulta es claro en establecer que se trata de aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo anterior implica que si se trata de actos de tribunal judicial, emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando éstos no se traten de la última resolución. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados identificados con los incisos 1), 3), 4) y 5), en este auto, son llevados a cabo en ejecución de sentencia; por tanto, no satisfacen los requisitos para la procedencia del juicio de amparo derivados del ordinal 107, fracción IV, de la ley en comento y la interpretación jurisprudencial, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. De lo anterior se constata, que los actos reclamados identificados con los incisos 1), 3), 4) y 5), de los cuales se adolece la parte quejosa, fueron realizados después de concluido el juicio, en la fase de cumplimiento del laudo, por lo que se trata de un acto dentro de la etapa de ejecución de sentencia, actos mismos ante los cuales resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de las premisas previamente establecidas, pues es inconcuso que no constituyen la última resolución en ejecución de sentencia. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia 28/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, mayo de 2010, página 60, con número de registro 164639 de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA." Asimismo, se desprende que los elementos de la definición de última resolución, no se actualizan en los actos que aquí se reclaman, pues no constituyen la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del procedimiento de origen, dado que se trata de actos intermedios dictado en la fase ejecutiva, por lo que, no son con los que culminan el procedimiento de ejecución, porque no aprueban o reconocen de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, que es en contra de la cual procede el juicio de amparo en términos del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuyo propósito es que se evite la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, por lo que la improcedencia del juicio de amparo abarca las actuaciones tendentes a impedir la ejecución de la cosa juzgada. Luego, las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de ejecución, deben invocarse como agravios en el juicio de amparo que se promueva contra el auto definitivo que determine el cumplimiento total de la condena, o la imposibilidad jurídica y material para ello, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, que es la resolución culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de amparo. Bajo esta premisa, resulta claro que los actos reclamados 1) Mantener ilegalmente el embargo de la cuenta bancaria de mi poderdante No. 00195132754, que se tiene ante BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, hasta por la cantidad de $959,516.22 (Novecientos cincuenta y nueve mil quinientos dieciséis pesos 22/100 M.N.); 3) El auto de requerimiento de pago y embargo de fecha 7 de Octubre del 2019, y la diligencia de requerimiento de pago y embargo que recayó sobre dicho auto, de fecha 17 de Octubre del 2019, así como el oficio signado por la presidente que dirigido al banco señalado en el punto uno ordeno embarga la cuenta bancaria de mi representada hasta por la cantidad referida en el punto 1.; 4) La Omisión de la responsable de dar entrada al RECURSO DE REVISION CONTRA ACTOS DE EJECUCION DE LA PRESIDENTE Y DEL ACTUARIO el cual fue promovido por el suscrito a nombre de mi representada en fecha 30 de Octubre del 2019, ACLARANDO QUE TUVE CONOCIMIENTO DEL AUTO SOBRE EL QUE SE IMPUGNÓ SU NOTIFICACION EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2019, contra el auto de requerimiento de pago y embargo de fecha 7 de Octubre del 2019 signado por la Presidente, y el oficio 1996/4/2019 signado por la presidente y dirigido a la institución bancaria señalada en el punto uno para embargar la cuenta de mi representada, de fecha 17 de Octubre del 2019; 5) La Omisión de la responsable de dar entrada al Incidente de Nulidad de Actuaciones, el cual fue promovido por el suscrito a nombre de mi representada en fecha 30 de Octubre del 2019 contra la notificación del auto de requerimiento de pago y embargo de fecha 7 de Octubre del 2019 y actuaciones posteriores, aclarando que tuve conocimiento del auto sobre el que se impugno su notificación el día 28 de Octubre del 2019; evidentemente no constituyen la última resolución emitida en el indicado procedimiento de ejecución que se ha instaurado en el juicio original y tampoco afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, por ende, no se encuentra en la hipótesis de procedencia del juicio constitucional. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 1998, página 230, con número de registro 196894, de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." ...Por tal motivo, como ya se dijo, la "última resolución" que se pronuncia en el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio natural es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la resolución definitiva o, en su caso, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Cabe precisar que el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, no contempla con claridad contra qué acto procede el juicio de amparo tratándose en los casos en que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es, el numerario contenido en una cuenta bancaria, pues conforme al artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se embarga dinero o créditos realizables en el acto, es improcedente el remate de bienes, ya que se ponen a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor. ... En dicha jurisprudencia la Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo que, el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, no establece contra qué resolución procede el juicio de amparo indirecto cuando, en ejecución de sentencia, se embarga un bien que no necesita remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. No obstante, consideró que de la interpretación de ese numeral, por analogía, procede contra la resolución definitiva que requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de las cantidades embargadas y ordena la notificación personal al patrón. Por lo que, en el caso en estudio, respecto de los actos reclamados identificados con los incisos 1), 3), 4) y 5), no procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que no se tratan de la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, la entrega a la junta laboral de la cantidad asegurada y ésta ordene la notificación personal al patrón. Dichas actuaciones están encaminadas para lograr el cumplimiento del laudo condenatorio, consistente en el pago de prestaciones laborales, previamente liquidadas; de ahí que, no constituyan actos ajenos a su ejecución, si no que forman parte de este. Además que, de permitir la impugnación en amparo de los autos y diligencia de embargo referidos, se estaría obstaculizando el cumplimiento de una resolución definitiva (laudo), pues al momento en que adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo anterior no deja en estado de indefensión al quejoso, porque de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de la materia está en aptitud legal de hacer valer el amparo indirecto contra la última resolución de la fase ejecutiva del procedimiento laboral. Por tanto, al no estar aún ante la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la junta laboral de la cantidad asegurada y ésta ordene la notificación personal al patrón, así como tampoco la resolución en que se apruebe o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es inconcuso que en el caso se actualiza de manera plena, indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; ya que aun cuando se llegara a admitir la demanda de amparo y se desarrollara el juicio en sus etapas procesales, de todas suertes se surte la improcedencia que provoca su inadmisión. En mérito de lo expuesto, al ser indudable y manifiesta la causal de improcedencia en estudio, procede DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, únicamente respecto de los actos reclamados identificados en este auto con los incisos 1), 3), 4) y 5). Admisión de la demanda por lo que atañe al acto reclamado que se identifica con el inciso 2), en este proveído. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA, respecto al diverso acto reclamado, consistente en la resolución interlocutoria del incidente de liquidación de dieciséis de junio de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 485/4/2014; tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. Se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio. ...

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