Ena Mildred Buenfil Zamudio

Expediente 500/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
500/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Ena Mildred Buenfil Zamudio

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ...,...regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 500/2019-II-E. ACTO RECLAMADO Analizada en su integridad el escrito inicial de demanda, se obtiene que en el caso, se señala como acto reclamado: La resolución de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en el toca 734/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la peticionaria del amparo en contra de la interlocutoria de veintiséis de agosto actual, que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, pronunciada por el Juez Primero Civil en esta ciudad, en el expediente 266/2019, relativo al juicio ordinario civil por daño moral; determinación aquélla que declaró por una parte infundados y por el resto, inoperantes los agravios expuestos por el apelante y en consecuencia, en lo que interesa, confirmó la determinación recurrida. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. A efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral anterior, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso, el juicio de amparo deviene improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del numeral 107 de la Ley de Amparo, que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De lo anterior se pone de manifiesto, que para la procedencia del juicio de amparo ante los Jueces de Distrito en los que se reclamen actos dentro del juicio, deben tener dos características determinantes, consistentes en: a) Que sean actos que afecten materialmente derechos; y, b) Que los derechos materialmente afectados sean sustantivos. Así, cuando un acto reúna los anteriores requisitos, podrá considerarse que constituye un acto que tiene una ejecución de "imposible reparación". Esto es, para que la afectación del acto reclamado pueda considerarse de imposible reparación, debe ser de tal naturaleza que menoscabe de manera material alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, la irreparabilidad del acto la constituye el hecho de que la afectación causada, ya no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. Ahora bien, en el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en el toca 734/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la peticionaria del amparo en contra de la interlocutoria de veintiséis de agosto actual, que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, pronunciada por el Juez Primero Civil en esta ciudad, en el expediente 266/2019, relativo al juicio ordinario civil por daño moral; determinación aquélla que declaró por una parte infundados y por el resto, inoperantes los agravios expuestos por el apelante y en consecuencia, en lo que interesa, confirmó la determinación recurrida. De tal manera que, el acto reclamado no es de imposible reparación, porque sus consecuencias no son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales o en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, tal como lo establece el numeral transcrito y, en todo caso, son posibles violaciones procesales que afectan derechos adjetivos, susceptibles de ser reparados al dictarse la respectiva sentencia, si éste es desfavorable a los intereses de la promovente, pues si bien la improcedencia del incidente de falta de personalidad promovido por el demandado aquí quejoso, en contra del administrador único de la persona moral Experiencias Genuinas, S.A de C.V., trae como consecuencia la continuación de la secuela procesal en el contradictorio de origen, lo cierto es que ello no da pauta en automático a obtener una sentencia adversa a sus intereses, ya que la responsable debe analizar la procedencia de la acción, con independencia de lo alegado o probado por la demandada en el juicio. Por lo tanto, es evidente que, en caso de que la resolución reclamada fuera ilegal, se estaría en presencia de una violación procesal que no es de ejecución irreparable, pues en todo caso, el recurrente deberá esperar hasta que se dicte sentencia para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación procesal la resolución que confirmó la improcedencia del incidente de falta de personalidad, promovido por el demandado, hoy disidente, contra la parte actora, así como sus consecuencias. Lo anterior, toda vez que en relación a dicho tópico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, resolvió que conforme la actual legislación de amparo, cuando se hace valer la determinación por parte de la responsable, de desechar una excepción de falta de personalidad, sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues dicho acto no produce una afectación material a derechos sustantivos, que por su contenido ilustra al presente al definir cuándo se está en presencia de un derecho sustantivo y cuando ante uno de naturaleza adjetiva o meramente procesal, como ocurre en el particular. De ahí que el anotado criterio que es de observancia obligatoria para este juzgado, ...,prevalece sobre aquellas invocadas por el quejoso en su demanda de amparo, en especial la jurisprudencia 4/2001, sustentada por nuestro más alto Tribunal del país, ya que tal jurisprudencia no se ajusta al contenido de la invocada ley en vigor aplicable a este asunto, por lo que debe prescindirse de su aplicación, como así lo dispuso la Suprema Corte en el citado criterio. Para concluir, por los motivos expuestos, la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarla el impetrante, por tanto, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, respecto del acto reclamado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a ...y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otro lado y como lo solicita la quejosa en su demanda de amparo, se autoriza el acceso para la consulta del expediente electrónico del juicio que nos ocupa, así como las notificaciones personales por vía electrónica, con el usuario "JOSEIGNACIO081275" de conformidad con los artículos 93 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en tal virtud, instrúyase a la Secretaria de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, así como grabadoras o lectores ópticos, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y personalmente.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, que dice: "Vista la demanda de amparo promovida por ...,...regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 500/2019-II-E. ACTO RECLAMADO Analizada en su integridad el escrito inicial de demanda, se obtiene que en el caso, se señala como acto reclamado: La resolución de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en el toca 734/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la peticionaria del amparo en contra de la interlocutoria de veintiséis de agosto actual, que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, pronunciada por el Juez Primero Civil en esta ciudad, en el expediente 266/2019, relativo al juicio ordinario civil por daño moral; determinación aquélla que declaró por una parte infundados y por el resto, inoperantes los agravios expuestos por el apelante y en consecuencia, en lo que interesa, confirmó la determinación recurrida. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. A efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral anterior, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso, el juicio de amparo deviene improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del numeral 107 de la Ley de Amparo, que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De lo anterior se pone de manifiesto, que para la procedencia del juicio de amparo ante los Jueces de Distrito en los que se reclamen actos dentro del juicio, deben tener dos características determinantes, consistentes en: a) Que sean actos que afecten materialmente derechos; y, b) Que los derechos materialmente afectados sean sustantivos. Así, cuando un acto reúna los anteriores requisitos, podrá considerarse que constituye un acto que tiene una ejecución de "imposible reparación". Esto es, para que la afectación del acto reclamado pueda considerarse de imposible reparación, debe ser de tal naturaleza que menoscabe de manera material alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, la irreparabilidad del acto la constituye el hecho de que la afectación causada, ya no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. Ahora bien, en el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en el toca 734/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la peticionaria del amparo en contra de la interlocutoria de veintiséis de agosto actual, que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, pronunciada por el Juez Primero Civil en esta ciudad, en el expediente 266/2019, relativo al juicio ordinario civil por daño moral; determinación aquélla que declaró por una parte infundados y por el resto, inoperantes los agravios expuestos por el apelante y en consecuencia, en lo que interesa, confirmó la determinación recurrida. De tal manera que, el acto reclamado no es de imposible reparación, porque sus consecuencias no son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales o en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, tal como lo establece el numeral transcrito y, en todo caso, son posibles violaciones procesales que afectan derechos adjetivos, susceptibles de ser reparados al dictarse la respectiva sentencia, si éste es desfavorable a los intereses de la promovente, pues si bien la improcedencia del incidente de falta de personalidad promovido por el demandado aquí quejoso, en contra del administrador único de la persona moral Experiencias Genuinas, S.A de C.V., trae como consecuencia la continuación de la secuela procesal en el contradictorio de origen, lo cierto es que ello no da pauta en automático a obtener una sentencia adversa a sus intereses, ya que la responsable debe analizar la procedencia de la acción, con independencia de lo alegado o probado por la demandada en el juicio. Por lo tanto, es evidente que, en caso de que la resolución reclamada fuera ilegal, se estaría en presencia de una violación procesal que no es de ejecución irreparable, pues en todo caso, el recurrente deberá esperar hasta que se dicte sentencia para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación procesal la resolución que confirmó la improcedencia del incidente de falta de personalidad, promovido por el demandado, hoy disidente, contra la parte actora, así como sus consecuencias. Lo anterior, toda vez que en relación a dicho tópico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, resolvió que conforme la actual legislación de amparo, cuando se hace valer la determinación por parte de la responsable, de desechar una excepción de falta de personalidad, sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues dicho acto no produce una afectación material a derechos sustantivos, que por su contenido ilustra al presente al definir cuándo se está en presencia de un derecho sustantivo y cuando ante uno de naturaleza adjetiva o meramente procesal, como ocurre en el particular. De ahí que el anotado criterio que es de observancia obligatoria para este juzgado, ...,prevalece sobre aquellas invocadas por el quejoso en su demanda de amparo, en especial la jurisprudencia 4/2001, sustentada por nuestro más alto Tribunal del país, ya que tal jurisprudencia no se ajusta al contenido de la invocada ley en vigor aplicable a este asunto, por lo que debe prescindirse de su aplicación, como así lo dispuso la Suprema Corte en el citado criterio. Para concluir, por los motivos expuestos, la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarla el impetrante, por tanto, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, respecto del acto reclamado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a ...y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otro lado y como lo solicita la quejosa en su demanda de amparo, se autoriza el acceso para la consulta del expediente electrónico del juicio que nos ocupa, así como las notificaciones personales por vía electrónica, con el usuario "JOSEIGNACIO081275" de conformidad con los artículos 93 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en tal virtud, instrúyase a la Secretaria de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, así como grabadoras o lectores ópticos, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y personalmente. "

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