Emprevi, S.A.P.I. de C.V.
Expediente 232/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/03/2023
Partes del expediente
- Emprevi, S.A.P.I. de C.V.
- EMPREVI, S.A.P.I. DE C.V. y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda que dio origen al presente juicio (artículo 21, inciso d, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. VISTA RECOGER DOCUMENTOS. Por otra parte, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, personalmente o por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos exhibidos en el presente asunto adjunto a su escrito inicial de demanda; con el apercibimiento que de no hacerlo, dicha constancia podrá ser destruida junto con el expediente. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes, el escrito signado por ******************** ********************, representante legal de la moral quejosa *., mediante el cual, en atención al proveído de veinte de febrero de la presente anualidad, desahoga la prevención de dicha data y al respecto, manifiesta el acto reclamado; que éste lo reclama como acto autoaplicativo; y, remite siete copias del escrito que se atiende, cuatro de la demanda con anexos y cuatro copias del acta constitutiva. En consecuencia, téngase por desahogada en tiempo y forma la prevención de que fue objeto. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio, este juzgador interpreta que el acto reclamado lo constituye esencialmente: El Decreto que contiene la reforma, adición y derogación a diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, en particular, el artículo 23, párrafo sexto del Código Fiscal de la Federación, publicado el doce de noviembre de dos mil veintiuno; norma que combate como autoaplicativa. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretenden impugnar los quejosos y no solamente lo que en apariencia indicaron. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Ahora bien, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el mismo tenor, resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Precisado lo anterior y después del análisis del escrito inicial de demanda y ocurso aclaratorio, este órgano jurisdiccional estima que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente. Ahora bien, del líbelo que se atiende, de manera particular, en lo referente a la parte de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, el promovente de amparo señala lo siguiente: ANTECEDENTES. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los antecedentes relativos y aplicables al acto de molestia, sobre el cual versan los autos del presente juicio son: 1. El día 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que contiene la REFORMA, ADICION Y DEROGACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y OTROS ORDENAMIENTOS, en concreto, su artículo 23 párrafo sexto del Código Fiscal de la Federación, dicha disposición establece que: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo que antecede, los contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II y III de este Código, podrán optar por corregir su situación fiscal a través de la aplicación de las cantidades que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto en términos de lo dispuesto por el artículo 22 de este Código, contra las contribuciones omitidas y sus accesorios. Lo anterior siempre que las cantidades que se pretendan aplicar se hayan generado y declarado de manera previa a que el contribuyente presente la solicitud conforme al procedimiento y requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general. " De lo anteriormente mencionado, se puede observar el establecimiento de limitaciones y acciones coercitivas al derecho de compensar contra impuestos federales de distinta naturaleza y contra retenciones de terceros, al permitir que solamente un pequeño grupo de contribuyentes tenga acceso a dicho beneficio, segregando y caucionando a los demás contribuyentes a aceptar dichas coacciones para accederé al beneficio planteado de la compensación de impuestos federales. Il. La reforma del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, publicada el 12 de noviembre del 2021 en el diario oficial de la federación, entro en vigor el 1ro de enero del 2023, de acuerdo al artículo octavo del decreto antes mencionado. Lo anterior, se corrobora al realizar una consulta en la página de internet https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635286&fecha=12/11/2021#gsc.tab=0, lo que constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, porque el acceso al uso de internet para buscar información sobre la existencia de publicaciones en páginas oficiales, personas, domicilios y en general, cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad, dependiendo del tipo de información de que se trate, en términos de la tesis I.3°.C.35 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página mil trescientos setenta y tres, libro XXVI, noviembre de dos mil trece, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." En ese sentido, de lo manifestado por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierte que la norma que reclama, entró en vigor el uno de enero de la presente anualidad, máxime que de una consulta a la publicación de referencia, se evidencia a través del transitorio octavo del referido Decreto, lo que se enuncia para mayor referencia a continuación: DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Artículo Octavo. En relación con las modificaciones al Código Fiscal de la Federación a que se refiere el Artículo Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente: La reforma al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación entrará en vigor el 1 de enero de 2023. . De lo anterior, se advierte que respecto del acto que tilda de inconstitucional, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17, fracción I y 18 todos de la Ley de Amparo. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; ..." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. En el caso concreto, se advierte que la parte quejosa reclama el Decreto que contiene la reforma, adición y derogación a diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, en particular, el artículo 23, párrafo sexto del Código Fiscal de la Federación; norma que combate como autoaplicativa y que entró en vigor el uno de enero de dos mil veintitrés. Así, resulta conveniente tener presente el contenido de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de cuya interpretación relacionada, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos, aquellos cuya impugnación no se realiza dentro de los plazos establecidos en el primero de los citados. En el entendido que numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, prevén tres hipótesis para que la presentación de la demanda de amparo sea oportuna: 1) Haya surtido efectos la notificación conforme a la ley que rija el acto reclamado. 2) El quejoso haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. 3) El promovente se haya ostentado sabedor del acto reclamado. Sobre el particular, debe destacarse que de los numerales en comento se desprende que las hipótesis sintetizadas son autónomas, es decir, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente en que se verifique cualquiera de ellos. En efecto, de lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desprende que no se entenderá consentida tácitamente una ley, cuando siendo impugnable desde su vigencia no se haya atacado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya combatido el primer acto de aplicación. En este orden de ideas, de los artículos aludidos, referente al amparo contra leyes se establecen dos momentos para presentar la demanda de amparo: a) Dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigor del cuerpo jurídico que se impugna, en caso de estimarse como norma autoaplicativa, es decir, cuando el promovente del amparo considera que le causa perjuicio desde el momento mismo en que entró en vigencia, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha afectación; en el cual, el quejoso tiene la obligación de demostrar fehacientemente que se encuentra en el supuesto previsto por la hipótesis contenida en la norma reclamada, pues sólo de esa manera creará plena convicción de que efectivamente la mera vigencia de la ley le causa perjuicio. b) Dentro de los quince días siguientes al primer acto de aplicación del ordenamiento impugnado, cuando se acuda al amparo como norma heteroaplicativa; es decir, cuando su inconstitucionalidad depende del acto concreto de aplicación y no del cuerpo jurídico en sí mismo; en este caso, el peticionario de amparo tiene la carga de acreditar, también de manera fehaciente, el acto concreto de aplicación de la ley impugnada, ya que tal aplicación constituye el presupuesto indispensable que le otorga la facultad para combatir la ley relativa. En el caso, como se indicó, la parte quejosa impugna el Decreto que contiene la reforma, adición y derogación a diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, en particular, el artículo 23, párrafo sexto del Código Fiscal de la Federación, como autoaplicativa, esto es, por su entrada en vigor. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto en el inciso a), el término para promover el juicio de amparo ha transcurrido en exceso, pues el decreto que se tilda de inconstitucional entró en vigor el uno de enero de dos mil veintitrés, mientras que la demanda fue presentada a las nueve horas con veintisiete minutos del catorce de febrero de dos mil veintitrés, y si bien, la misma fue exhibida y dirigida por error al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y la titular de dicho órgano mediante acuerdo de quince de febrero de la presente anualidad, ordenó remitir la misma a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, para su registro y turno aleatorio, la cual fue turnada a este juzgado el dieciséis de ese mes y anualidad y, recibida el diecisiete siguiente; debe tomarse como fecha de su presentación, la primera de las aludidas, esto es, la de catorce de febrero de dos mil veintitrés. En efecto, el término para impugnar mediante esta vía el decreto aludido, inició a las cero horas del día dos de enero de dos mil veintitrés, <ya que si bien es cierto que, de acuerdo con el transitorio octavo dicho decreto entró en vigor el uno de enero de la presente anualidad; también lo es que, cuando el plazo para impugnarla inicia en día inhábil, éste no debe computarse, lo anterior, cobra sustento con la Tesis Aislada 2ª. LXI/99, con número de registro digital 193923, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, página 506, cuyo rubro a la literalidad indica: LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO EL PLAZO PARA IMPUGNARLAS INICIA EN DÍA INHÁBIL, NO DEBE COMPUTARSE ÉSTE.>; y, concluyó el trece de febrero de la misma anualidad, a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, descontando de dicho cómputo los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós y veintiocho y veintinueve de enero; así como, cuatro, cinco, seis, diez y once de febrero, todos de dos mil veintitrés, al estar considerados como inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, resulta indudable que han transcurrido en exceso los treinta días a que se refieren los mencionados artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo y, por ende, la presentación resulta extemporánea, sin que el acto reclamado se ubique en alguna de las excepciones que prevén los anteriores preceptos citados. Para efectos de lo anterior, se inserta lo siguiente: Enero L M M J V S D 1 DÍA INHÁBIL/ ENTRÓ EN VIGOR DECRETO 2 Día 1 3 Día 2 4 Día 3 5 Día 4 6 Día 5 7 DÍA INHÁBIL 8 DÍA INHÁBIL 9 Día 6 10 Día 7 11 Día 8 12 Día 9 13 Día 10 14 DÍA INHÁBIL 15 DÍA INHÁBIL 16 Día 11 17 Día 12 18 Día 13 19 Día 14 20 Día 15 21 DÍA INHÁBIL 22 DÍA INHÁBIL 23 Día 16 24 Día 17 25 Día 18 26 Día 19 27 Día 20 28 DÍA INHÁBIL 29 DÍA INHÁBIL 30 Día 21 31 Día 22 Febrero L M M J V S D 1 Día 23 2 Día 24 3 Día 25 4 DÍA INHÁBIL 5 DÍA INHÁBIL 6 DÍA INHÁBIL 7 Día 26 8 Día 27 9 Día 28 10 Día 29 11 DÍA INHÁBIL 12 DÍA INHÁBIL 13 Día 30 FIN DE PLAZO 14 PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 15 16 17 18 DÍA INHÁBIL 19 DÍA INHÁBIL 20 21 22 23 24 25 DÍA INHÁBIL 26 DÍA INHÁBIL 27 28 De igual forma, se hace patente la extemporaneidad respecto del decreto que contiene la reforma, adición y derogación a diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, en particular, el artículo 23, párrafo sexto del Código Fiscal de la Federación, mismo que entró en vigor el uno de enero de dos mil veintitrés; por tanto, como se indicó previamente, el término para reclamar dicha modificación, ha transcurrido en exceso; aunado a que la ejecución de dicha norma que reclama, aún no se verifica, tal como se advierte del escrito de demanda y aclaratorio, por lo que no se advierte acto de aplicación respecto de la legislación señalada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, por analogía, 2a./J.26/98, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, página 461, cuyo rubro y texto dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y contenido rezan: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN." Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación". Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, apéndice de 1995, tomo I, con número de registro 389662, página 201, que a la letra dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORANEAMENTE EN RELACION CON EL TERMINO DE 30 DIAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACION. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 21, 22, fracción I, y 73, fracción XII, segundo párrafo, de la ley de la materia, el amparo contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera dentro de los treinta días contados desde que entra en vigor, la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tiene lugar el primer acto de aplicación de la propia ley, en perjuicio de la parte quejosa; más cuando la demanda de amparo se ha interpuesto extemporáneamente en relación con el plazo de treinta días siguientes a su vigencia, y por otro lado no comprueba la quejosa haberse colocado ella misma en la hipótesis que dicha ley prevé, ni tampoco que las autoridades responsables hayan aplicado en su contra el ordenamiento reclamado, debe concluirse que el amparo es improcedente, porque se dejó pasar la primera oportunidad para impugnar la ley, y aún no se presenta la segunda, por falta de actos de aplicación." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en cita, se desecha por extemporánea la demanda de amparo promovida por ******************** ********************, representante legal de la moral quejosa ******************** Es aplicable por analogía jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 291, agosto de 1995, tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 204707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente.
- Principal
RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por * en representación de la moral quejosa *personalidad que acredita en términos de la copia certificada del instrumento notarial número 386, de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, pasado ante la fe del Notario Público número doce, con ejercicio en el Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia de la unión, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 232/2023-VII. PREVENCIÓN. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con apoyo en lo establecido en el artículo 108, en relación con el artículo 114, fracciones I, II, IV y V, de la Ley de Amparo, procede requerir a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: PRIMERO. Deberá exhibir copias suficientes para correr traslado a las partes del documento con el que acredita su personalidad, así como de los anexos que se adjuntaron al escrito inicial de demanda, pues dichos documentos son parte integrante de la demanda, por lo que a fin de satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa, no sólo exhibir las copias de la demanda, sino de los documentos que se adjuntan a la misma, a fin de que las partes estén en posibilidad de preparar una adecuada defensa al concurrir al presente juicio de amparo. Lo anterior es así, dado que el promovente fue omiso en exhibir copias del documento con el que acreditó su personalidad, así como de sus anexos, sin embargo en el caso resultan necesarias ocho copias, para ser distribuidas de la siguiente manera: siete para las autoridades responsables y una para el Agente del Ministerio Público adscrito; por tal motivo, no se considera satisfecho el requisito establecido en el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 124/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2012992, que establece: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." SEGUNDO. Bajo protesta de decir verdad, deberá abundar en los antecedentes que le dieron origen al acto que tilda de inconstitucional; lo anterior, toda vez que del líbelo que se atiende, únicamente se vislumbra que la empresa quejosa, se encuentra al corriente con el pago de contribuciones; que se le benefició con la compensación universal de los ejercicios 2017 y 2018; y, que el día doce de noviembre de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que refiere como inconstitucional, sin que se desprenda la afectación directa y/o en su caso la fecha que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación; por lo que, deberá una vez aclarado el acto que reclame, abundar y colocar la totalidad de antecedentes que le dieron origen al mismo. TERCERO. El promovente deberá aclarar el acto que en esta vía reclama, esto obedece a que del contenido de la demanda de amparo refiere como acto reclamado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, en concreto, su artículo 23 párrafo sexto del Código Fiscal de la Federación; sin especificar si la reclama como norma autoaplicativa, o bien, como heteroaplicativa; ya que del contenido integral de la demanda de amparo se desprende que indica: "Se está dentro del plazo a que se refiere el artículo 17 fracción I de la Ley de Amparo, aplicable específicamente a los actos que se reclaman en virtud de ser impugnada una ley a través de su primer acto de aplicación, acto éste que de acuerdo con el criterio jurisprudencial que a continuación se cita, deriva de un mandato expreso de la ley, y el particular que lo efectúa debe reputarse como un auxiliar de la administración pública.", y por otra parte, ". No se requiere acto de autoridad, en sentido estricto, para atacar su inconstitucionalidad. Tratándose de normas que imponen cargas tributarias, mediante el sistema de autodeterminación y liquidación por parte del causante y no es requisito indispensable la existencia de un acto de aplicación proveniente necesaria y forzosamente de una autoridad, en sentido estricto, para que el afectado se encuentre en posibilidad de promover el juicio de garantías sino que basta con que el particular, al cumplir con la obligación legal de autodeterminarse y liquidarse el tributo, se coloque en la hipótesis normativa y, por ende, se auto apliqué la ley para que pueda ejercer en su contra la acción constitucional, porque en estos casos se le reputa como auxiliar de laadministración pública." (Sic). Motivo por el cual deberá aclarar si la norma que tilda de inconstitucional, la reclama con motivo de su entrada en vigor, o con motivo de su aplicación; lo anterior, porque se estima que el ocurso inicial de demanda no es claro en cuanto a ese tópico. En el entendido de que la señale con motivo de su aplicación, deberá especificar cual es el acto en el que se aplicaron y la fecha de su aplicación Lo anterior es así, puesto que de conformidad con el artículo 114, fracción IV de la ley de la materia, este Juzgado de Distrito debe mandar requerir a la parte promovente del amparo cuando no exprese con precisión el acto reclamado. Ello es así, porque es obligación de la parte promovente precisar los actos reclamados y las autoridades responsables que emitieron cada uno de éstos, en virtud de que sólo así se puede juzgar sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace, y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que a la letra establece: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." De igual manera se cita al caso, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página treinta y dos, tomo XI, abril de 2000, bajo rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Exhiba cuatro juegos de copias del escrito de demanda, toda vez que sólo exhibió cuatro, siendo que resultan necesarios ocho juegos para ser distribuidas de la siguiente manera: siete para las autoridades señaladas como responsables (en el entendido que el Congreso de la Unión está integrado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, por lo que se les debe correr traslado a cada una), y otra para correr traslado al Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VII/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en sesión de veintinueve de marzo de dos mil uno, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE." Lo anterior, en atención al cumplimiento de las formalidades procesales que tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en posibilidad de cumplir con sus atribuciones en el juicio de amparo, como son pedir el informe justificado, así como dar la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Máxime que en el caso, la moral quejosa no se encuentra ubicada en las hipótesis que establece el segundo párrafo del artículo 110 de la Ley de Amparo, para que en su caso, este juzgado expidiera la copia faltante de su libelo constitucional. Se hace la precisión que el promovente deberá exhibir ocho copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Se cita en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia P./J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 79, la cual establece literalmente lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." APERCIBIMIENTO. En este orden de ideas, se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Atendiendo a la certificación secretarial de cuenta, se tiene por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona señalada en el escrito de demanda al carecer de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado en el proemio de la demanda de cuenta. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, y en atención a lo solicitado referente a la protección de datos personales, se ordena suprimir en la versión pública, la información confidencial de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre del año en curso, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, con la finalidad de obtener su firma electrónica. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes
- EMMANUEL MONTOYA TAFOYA y Otros.403/2018
- Emmanuel Sánchez Serrano592/2018
- Emmanuel Sánchez Serrano201/2019
- Emmanuel Vilchis Gutiérrez1222/2018
- Emperatriz SilvIa de la Rosa Moreno892/2023
- Emperatriz Vásquez Sánchez1815/2018
- Encarnación Márquez Pérez175/2018
- Enith Sually Cervin Martinez1322/2021
- Enoc Jesus Garcia Gonzalez1759/2018
- Enrique Alejandro García Hernández1088/2022
- Enrique Alejandro Garcia Hernandez1329/2019
- Enrique Alejo Monroy Lujan585/2023