Empresarios Mexicanos del Centro, Sociedad Civil
Expediente 5906/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 24 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 5906/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/05/2018
Partes del expediente
- Empresarios Mexicanos del Centro, Sociedad Civil
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de CLAUDIO FERNANDO CÁRDENAS SOLOMÓN, autorizado en términos amplios de las morales quejosas en el presente juicio de amparo y que realiza manifestaciones respecto de su inconformidad con el cumplimiento de la ejecutoria por lo que se refiere a DTS SERVICIOS, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, a quien se le instauró la revisión electrónica GRM0400011/17, en ese sentido agréguese a los autos y al respecto es importante considerar lo siguiente: En autos obran las diversas constancias por las que se acredita que se inició una revisión electrónica o procedimiento de fiscalización a DTS, SERVICIOS, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, identificada con el número GRM0400011/17 y que siguiendo con el estado del procedimiento correspondiente se emitieron las resoluciones dictadas que por oficio son: Oficio 500-47-00-03-00-2017-05183 por el que se emitió resolución provisional, mismo en que se otorgó un plazo de quince días para que en relación con los hechos y probables irregularidades la contribuyente presentará los documentos e informará con el objeto de desvirtuar lo hechos atribuido o en su caso el pago correspondiente a las contribuciones consignadas. Oficio 500-47-00-03-2017-007970 por el que se emitió la preliquidación mediante el cual se realiza la propuesta de pago de las contribuciones correspondiente, dando la oportunidad de autocorregir su situación fiscal. Oficio 500-47-00-06-00-2017-011356 emitido por la autoridad fiscal respecto a la resolución definitiva en el que en virtud de no haber presentado documentos que desvirtuaran los hechos y aunado a que no optó por autocorregir su situación fiscal se le emitió un crédito fiscal a la contribuyente. Ahora en atención al oficio 900-09-04-2018-5870, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria informa a este órgano jurisdiccional que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo por medio del diverso 500-48-00-06-00-2017-022789 se dejó sin efectos la revisión electrónica GRM0400011/2017, esto es respecto de la preliquidación, resolución provisional y resolución definitiva mencionadas en el párrafo anterior con el objeto de dar cumplimiento a la ejecutoria y acatar dicha sentencia. Por acuerdo de once de mayo del año en curso, se dio vista con el oficio y con los anexos correspondientes a DTS, SERVICIOS, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, a efecto de que manifestara lo que a su derecho correspondiera sobre el desahogo de la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria. Por escrito presentado el 17 de mayo de dos mil dieciocho ante la oficialía de partes de este juzgado federal, DTS, SERVICIOS, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, desahoga la vista correspondiente y entre otras cuestiones señala su inconformidad respecto del cumplimiento, lo anterior porque expresa que en virtud del crédito fiscal que se le emitió la autoridad fiscal ejerció un procedimiento administrativo de ejecución a efecto de requerir el pago de las contribuciones señaladas y que con el objeto de no ser embargado, pago la cantidad de $1,441,346.00, a través de la línea de captura 0217 25G9 3944 1743 7431 emitida por el Servicio de Administración Tributaria y que se ejerció el pago por la institución bancaria BBVA Bancomer. La quejosa perjudicada, solicita la devolución de la cantidad precisada en el párrafo anterior, argumentado que se realizó un pago de lo indebido del crédito fiscal correspondiente, puesto que al haber dejado sin efectos la revisión electrónica GRM0400011/17 practicada a su nombre y a su vez todos los oficios respecto de la preliquidación, resolución provisional y definitiva, éstos y los actos posteriores realizados por la autoridad fiscal por mandamiento de ejecución deben ser revocados y para poder cumplir con los efectos de la sentencia debe ponerse a disposición de la quejosa la cantidad pagada, además actualizada y con los intereses correspondientes. De acuerdo a todos y cada uno de los puntos señalados y con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad se encuentra informando las actuaciones para acatar los efectos de la ejecutoria correspondiente y toda vez que al momento nos encontramos en el estado de vías de cumplimiento; esto, porque al momento de haber dejado sin efectos la aludida revisión electrónica aunado a que la resolución dictada por este órgano jurisdiccional y confirmada por el tribunal de alzada sobre la concesión de amparo para efectos se traduce en que: El artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, para el efecto de que en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. En ese sentido, es por lo que se estima que todas las actuaciones realizadas por la autoridad con el objeto de hacer efectivo el procedimiento administrativo de ejecución deben ser declaradas insubsistentes. Es cierto que la autoridad hacendaria cumplió con dejar sin efectos la revisión electrónica practicada a la quejosa así como los oficios de preliquidación, resolución provisional y definitiva. Sin embargo, la autoridad vinculada al cumplimiento deberá adicionalmente informar y adjuntar las constancias que acrediten la declaración de haber dejado insubsistentes los actos posteriores a la revisión electrónica; es decir, aquéllos que condujeron a la quejosa a llevar a cabo el pago de un crédito fiscal a través de un requerimiento de pago por mandamiento de ejecución. Así como lo manifestó la quejosa, la cual adjuntó la línea de captura emitida por esa autoridad para hacer el pago del crédito fiscal, al dejar insubsistentes los actos de mérito, la autoridad también debió realizar la devolución correspondiente a la cantidad que se cubrió, por concepto de $1,441,346.00, cabe precisar que no ha lugar a lo solicitado por la parte quejosa, en cuanto a que deba considerarse que se trató de un pago indebido del crédito fiscal. En cambio, esa devolución deriva del acatamiento de la ejecutoria de amparo que rige este juicio y que en el actuar de la autoridad se ejerció el procedimiento administrativo de ejecución, por lo que tampoco ha lugar a solicitar devolución con lo correspondiente a la actualización e intereses, sino por la cantidad señalada con exactitud. Lo anterior, puesto que no es dable atender la solicitud de la quejosa de requerir al Jefe del Servicio de Administración Tributaria una devolución por pago de lo indebido con actualización e intereses, toda vez que los efectos propios de la sentencia se limitan a dejar insubsistentes los actos posteriores al pretender la autoridad exigir el pago del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, aun y cuando la parte quejosa no haya presentado pruebas que desvirtúen las probables irregularidades y no haber respetado los plazos de ley para impugnar las resoluciones correspondientes. En ese sentido, debe decirse a la promovente que la orden de devolución deriva de la aplicación del artículo 53-B del código fiscal de la federación declarado inconstitucional. Sin embargo, dicha norma no establece un tributo, sino establece el actuar de la autoridad con la temática de una revisión electrónica y respecto del procedimiento de fiscalización correspondiente. Por ello, no se estima aplicable al caso la jurisprudencia 2ª./J. 13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual se advierte un supuesto por el que amerita la actualización de referencia y que en lo propio del contenido también señala que en el punto toral deberá haber un saldo a favor con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad. El caso concreto no se rige por dicho criterio, ya que en este caso la autoridad hacendaria inició una revisión electrónica en la que entre otras cosas se determinó un crédito fiscal correspondiente a una cantidad que la parte quejosa debía enterar como parte de sus obligaciones fiscales y que por motivo de un actuar incorrecto de aquélla, al no haber respetado el hecho de no requerir el pago del crédito fiscal a través de un procedimiento administrativo de ejecución, por el hecho de no haber presentado las pruebas que desvirtúen los hechos atribuidos. En cambio, la ya mencionada jurisprudencia se refiere al caso en que se declara la inconstitucionalidad de alguna norma que constituya un saldo a favor de la quejosa. La jurisprudencia 2ª./J. 13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis que por rubro corresponde a lo siguiente "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS ACNTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)". Motivo por el cual no se ajusta al supuesto y que por ende no es materia de cumplimiento sobre los efectos establecidos en la ejecutoria del amparo en que se actúa. Tampoco nos encontramos con un supuesto en que la quejosa haya solicitado a la autoridad una devolución por un pago de lo indebido que represente un saldo a favor de la promovente y que por dicha circunstancia la autoridad se haya negado a realizar la citada devolución por medio del cual le cause un perjuicio. Aun actualizándose dicho supuesto es materia evidente de un acto distinto al que hoy nos ocupa. Por lo tanto, no ha lugar acordar favorablemente la petición de la parte quejosa respecto de una actualización e intereses sobre la cantidad exacta en que se ordena a la autoridad correspondiente regresar a DTS, SERVICIOS, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, puesto que el haber dejado insubsistente la revisión electrónica y todos los actos posteriores que conllevan al cobro del crédito fiscal emitido, pone de relieve que nos presentamos en la situación, tal y como no existiera aún la revisión electrónica que constituya la emisión del crédito fiscal y que al considerarse el pago realizado como una consecuencia del procedimiento de fiscalización realizado y establecido en el artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, es por lo que se señala lo siguiente: Dada la complejidad del presente asunto, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo se requiere al Jefe del Servicio de Administración Tributaria para que en el término de QUINCE DÍAS, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe y acompañe las constancias que acrediten su dicho acatando el contenido íntegro de este proveído, a efecto de dar cabalmente cumplimiento a la sentencia de amparo, DEVOLVIENDO a DTS, SERVICIOS, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, la cantidad exacta de $ 1,441,346.00. Además se le informa que, subsiste el apercibimiento decretado en diverso auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho, correspondiente a que, en caso de resultar omisa en el plazo otorgado para tal efecto, se aplicará una multa al titular de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 258 de la citada ley de la materia; asimismo, en su caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado competente, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro número 197560, de rubro: "APREMIO, MEDIDAS DE. LA PROCEDENCIA DE SU IMPOSICIÓN SE GENERA EN EL ACTO MISMO DE DESACATO A UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL." De igual forma, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 8, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y en términos del referido el numeral 192, cuarto párrafo, de la ley de la materia, requiérase al superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, a saber, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en igual término, lo conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo, apercibida que en caso de no demostrar que dio dicha orden, se le impondrá una multa a su titular de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 258 de la citada Ley de Amparo e incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable directamente obligada al cumplimiento. Lo anterior encuentra apoyo, en lo que interesa, en la jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro 2005830, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO." Cabe precisar que el dictado de las medidas antes citadas tiene por objetivo que los juicios de amparo del conocimiento de este juzgado de Distrito, no queden paralizados; pues en caso de incumplimiento de lo señalado en el cuerpo de este proveído, se provocaría un retardo o dilación en su cumplimiento, lo que atentaría contra el mandato constitucional de la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las autoridades conminadas que aun cuando dejen de ocupar su cargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo en que estén al frente de él, de manera que podrán ser consignadas ante el Juez de Distrito que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados. Finalmente, una vez que la autoridad correspondiente desahogue el requerimiento en sus términos, se hará el pronunciamiento que corresponda, respecto del cumplimiento de la ejecutoria. Lo anterior, hágase del conocimiento personalmente a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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