Emmanuel Zavala Hernández
Expediente 317/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/04/2017
Partes del expediente
- Emmanuel Zavala Hernández
Actuaciones
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE VEINTE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente"
- Principal
CON ESTA FECHA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 317/2017-VII. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente. De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada que es la demanda de amparo de referencia, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional literalmente lo siguiente: "lV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo a la autoridad señalada como responsable la falta de LAUDO en el expediente número *****, no obstante, de que ha concluido en todas y en cada una de sus etapas el procedimiento laboral antes citado, motivo por el cual presento la demanda de garantías". Ahora bien, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. De los artículos y fracciones transcritas se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, son aquellos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución. De igual manera, como un criterio complementario, el Máximo Tribunal del País ha determinado que el juicio de amparo indirecto procede contra violaciones procesales cometidas durante la tramitación de un juicio, cuando produzcan un grado extraordinario de afectación, lo cual permite que sean impugnables de inmediato, sin necesidad de aguardar el dictado de la sentencia definitiva. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, si éstos no producen a las partes una afectación en grado predominante o superior, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En efecto, el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a ubicar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y además, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente deben de revestir la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, el quejoso verá limitada el ejercicio de la acción constitucional vía amparo indirecto, cuando los actos dictados tengan su origen dentro del proceso, debe de acreditarse que tal gravedad impida en forma actual el ejercicio de un derecho, aun cuando sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues se encuentra justificada esa exigencia de recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, para hacer claro la lesión de bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables, sino sustantivas. En ese tenor, se tiene que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; sin embargo, por similitud jurídica procesal, dicha disposición legal es también aplicable al caso concreto, cuando el acto reclamado lo constituye la omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, de dictar laudo en el juicio laboral ****, del índice de la señalada como responsable, pues no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no le causa algún daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación directa e inmediata en sus derechos sustantivos, por ende cualquier afectación que pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro de ese mismo procedimiento. Aunado a lo anterior, debe destacarse que el quejoso **** señala en el capítulo de antecedentes que el cierre de instrucción en el juicio de origen fue el veinticinco de marzo de dos mil diecisiete; por lo cual, no existe una omisión que atente contra sus derechos fundamentales que pueda ser atribuida a la autoridad responsable, pues a la fecha de presentación de la demanda no ha transcurrido el término para dictar el laudo, por lo que la omisión o dilación inconstitucional sería un acto incierto. En ese contexto, el acto reclamado no reviste las características de una violación de derechos sustantivos constitucionales, pues en todo caso podría vulnerar sólo derechos procesales, sin producir una afectación en grado predominante o superior. En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61, esta última en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en el escrito de demanda y, únicamente para los efectos del artículo 24, párrafo segundo, de la referida ley, a *****, dado que así lo solicita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO 1760/2016-X, PROMOVIDO POR MARGOTH ZENTENO HERNÁNDEZ, contra actos que le atribuyo a las autoridades responsables mencionadas en el considerando tercero de esta sentencia y por las razones vertidas en dicho considerando. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A MARGOTH ZENTENO HERNÁNDEZ, contra los actos que reclamó del Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de Comitán y actuaria de su adscripción, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de este fallo. TERCERO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos séptimo y octavo de este fallo. Notifíquese por medio de lista al tercero interesado Andrés Constantino Morales; personalmente a la quejosa Margoth Zenteno Hernández, terceros interesados Noé Morales Espinosa y Eder Agustín Velasco Ruíz y al agente del Ministerio Público de la adscripción; mediante oficio a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado y cúmplase. Así lo resolvió y firma José Antonio Lozano Batarse, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario licenciado Pedro Francisco Luna González, que autoriza las actuaciones, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico, hoy treinta de enero de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe.
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