Emmanuel Walfre Romero Nuñez

Expediente 339/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
339/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Emmanuel Walfre Romero Nuñez

Actuaciones

  1. Principal

    VII... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral citado.

  2. Principal

    VII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo de cuenta que promueve Emmanuel Walfre ... por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 339/2023-VII. Ahora, del análisis integral de la demanda, sus anexos y de una amplia interpretación, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa consiste en: el proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en el que el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dentro de los autos del Juicio Procedimiento Especial Divorcio Incausado 565/2022, se acordó favorable el escrito presentado por María ... por el cual conforme a los requisitos de una demanda formuló pretensiones, hechos y ofreció medios de prueba respecto de los puntos que no fueron objeto de consenso en la segunda audiencia de avenencia de conformidad con el artículo 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, respecto del cual se ordenó darle vista en su domicilio personal. En ese orden, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo; es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por lo que este Juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario referir que el juicio de amparo es improcedente respecto de actos contra los que proceda algún recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados o nulificados, aun cuando la parte afectada no lo hubiere hecho valer; elemento que se acredita, pues en contra del acto reclamado que se combate, procede el recurso de revocación. En ese sentido, este Juzgador estima, que la parte quejosa podía obtener el remedio a las violaciones de las que se duele respecto de la determinación emitida por el juez responsable, donde se acordó favorable el escrito presentado por María Adalzarid Hinojosa del Castillo por el cual conforme a los requisitos de una demanda formuló pretensiones, hechos y ofreció medios de prueba respecto de los puntos que no fueron objeto de consenso en la segunda audiencia de avenencia de conformidad con el artículo 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, respecto del cual se ordenó darle vista en su domicilio personal, misma que tendría que haber sido impugnada mediante la interposición del recurso de revocación a que aluden los artículos 1.362 a 1.365, del Código de Procedimiento Civiles del Estado de México, que precisan: "Resoluciones materia de revocación Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Plazo para interponer revocación Artículo 1.363. La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Trámite de la revocación Artículo 1.364. Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. La resolución de la revocación es irrecurrible Artículo 1.365. La resolución que decida la revocación no admite recurso. (.)" Del análisis sistemático de los preceptos legales transcritos se advierte que están previstos en el Código de Procedimiento Civiles del Estado de México vigente, las hipótesis en que procede el recurso de revocación; por ello, contra la determinación impugnada previo a la promoción del juicio de amparo el promovente debió agotar el principio de definitividad, a través del recurso de revocación. Se afirma lo anterior, porque el artículo 1.362 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de México, establece cuáles son los actos contra los que procede el recurso de revocación, dentro de los cuales se precisa que los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. En consecuencia, si la resolución impugnada en el presente juicio constitucional constituye la determinación en la que se acordó favorable el escrito presentado por María.... por el cual conforme a los requisitos de una demanda formuló pretensiones, hechos y ofreció medios de prueba respecto de los puntos que no fueron objeto de consenso en la segunda audiencia de avenencia de conformidad con el artículo 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, respecto del cual se ordenó darle vista en su domicilio personal; es inconcuso que contra dicha determinación el inconforme debió agotar el recurso de revocación previo a acudir a esta instancia constitucional; de ahí que si no lo hizo, no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional. Sin que sea obstáculo a lo anterior que el precepto legal invocado de la ley de la materia prevea las hipótesis de excepción que harían procedente el juicio de amparo, mismas que son: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales: b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Debe precisarse que la determinación reclamada no constituye alguno de los supuestos de excepción referidos en párrafos precedentes puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ordenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento. Tampoco se requiere una interpretación adicional o es insuficiente el fundamento legal para determinar la procedencia del recurso, ya que la sola lectura de los preceptos legales transcritos permite advertir que contra la resolución reclamada y emitida por el Juez señalado como responsable, procede el recurso de revocación. Por lo tanto, al no surtirse alguna de las excepciones al principio de definitividad, no existe justificación alguna para que el solicitante de amparo no haya agotado el recurso de revocación; máxime, que pudo obtener el remedio a las violaciones de las que se duele, ya que en dicho recurso hubiese sido factible que se anulara, revocara o modificara la determinación impugnada. Sin que ello constituya un obstáculo para el debido respeto del derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución, en virtud que de esta disposición suprema se desprende la facultad que el constituyente otorgó al legislador para establecer en las leyes los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar. Así, el propio constituyente estableció un límite claramente marcado al utilizar la frase "en los plazos y términos que fijen las leyes", el cual no sólo implica las temporalidades en que se debe hacer la solicitud de jurisdicción, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de procedimiento. En adición, la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. Con la salvedad de que no es factible evadir los presupuestos establecidos por el legislador para la procedencia del amparo indirecto, ya que si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano, en cuanto al margen de protección a violaciones de los derechos humanos, sin embargo, ello no significa que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia y que tengan que resolver el fondo de cualquier cuestión planteada, sin que importe la verificación de los requisitos previstos en las leyes nacionales para la interposición de los medios de defensa, ya que precisamente las formalidades procesales son la vía que hacen posible arribar a una adecuada resolución, sin las cuales se provocaría un estado de incertidumbre jurídica entre las partes. Aunado a lo anterior, el hecho de que los órganos jurisdiccionales no son los únicos con deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, en virtud de que los gobernados también deben hacerlo al momento de pretender ejercer su derecho a la jurisdicción, pues cuando quieren hacer uso del derecho de acceso a la justicia, deben someterse necesariamente a las formas que el legislador previó, siempre y cuando éstas tengan sustento constitucional. De esta forma, la existencia de formas y plazos concretos para acceder a la justicia, no corresponde a la actuación caprichosa del Constituyente de dotar al legislador ordinario con un poder arbitrario. Por el contrario, responde a la intención de establecer mecanismos que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y dentro de éstas, la de legalidad e igualdad en los procedimientos. Aunado a lo anterior, en cuanto al acto del que se duele el agraviado -proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés-, también se actualiza la hipótesis normativa contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Es preciso destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Para mayor comprensión se precisa que: DERECHOS SUSTANTIVOS. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. DERECHOS ADJETIVOS. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por lo que, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Los numerales 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación pueda ser analizada nuevamente al dictar la resolución final, sino que con motivo de una sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso b), fracción III, del artículo 107 Constitucional. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón que el acto reclamado anteriormente descrito, no reviste el carácter de imposible reparación para considerar procedente el juicio constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dicha actuación tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que dicho acto, no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana. De ahí que, en el caso a estudio, la determinación reclamada no deja sin defensa a la parte quejosa, ni afecta sus derechos sustantivos. Además, la intención del legislador fue la de priorizar el principio de economía procesal para evitar la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones estimen se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el procedimiento sin mayores trabas y, que la parte afectada con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidas. Por tanto, es evidente que el acto reclamado, no debe considerarse como emitido dentro del procedimiento y que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados para que deba impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V, del ordinal 107, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, interpretado a contrario sensu. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracciones XVIII y XXIII, ésta última en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se actualizan de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia descritas, por lo que, atento a lo que establece el numeral 113 de la citada normatividad, se impone desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO QUEJOSO En términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 77, 78, 79, 80, 81 y 82 del acuerdo general conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, únicamente las notificaciones de carácter personal, se le practicarán vía electrónica en el correo con usuario "ROCAROTO", como expresamente lo solicita el quejoso, en el entendido de que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. En lo que hace al resto de notificaciones, practíquensele por medio de lista. Asimismo, téngase señalada la cuenta de correo electrónico y número telefónico que refiere, como mecanismos alternos para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS Por otro lado, se tienen por autorizadas a las personas que indica en términos amplios del artículo 12 de la legislación en cita, siempre que tengan debidamente registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", en caso contrario únicamente en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral y del diverso 24, párrafo segundo, de la propia normatividad. ... TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníquese que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmese que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.

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