Emmanuel Vladimir Gastelum Castillo
Expediente 664/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 664/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Emmanuel Vladimir Gastelum Castillo
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales que corresponda, el oficio número 3-1-2-3591/19 con el que el Magistrado Instructor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, acusa recibo del oficio 3448/2018 mediante el cual se le informó que se sobreseyó el presente juicio de amparo.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión, en contra de la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentre agregado el acuse de recibo de la autoridad responsable foránea, en el cual se haga constar que fue debidamente notificada de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, en virtud de que resulta innecesario, pues carece de legitimación para en un momento dado, interponga el recurso de revisión, toda vez que la sentencia no le perjudica, pues el sobreseimiento decretado en el presente asunto sólo podría en su caso agraviar a la parte quejosa, a la que ya le transcurrió el término para interponer el medio de impugnación correspondiente. Es aplicable la Jurisprudencia XX. J/74, visible en la página 84 del Tomo 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra la sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguna a la citada autoridad recurrente.". Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con apoyo en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como la fracción II, del numeral Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del numeral noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Emmanuel Vladimir Gastelum Castillo, contra los actos de la Primera Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, por las razones y términos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución.
- Principal
Visto el oficio de cuenta y anexos, signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada por ese órgano colegiado en el Impedimento número 44/2018, formulado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, para conocer del juicio de amparo indirecto 415/2018-7B, promovido por Emmanuel Vladimir Gastélum Castillo, además acompaña los autos del referido juicio de amparo promovido por el mencionado quejoso contra actos de la Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Culiacán; resolución en la que por los motivos y fundamentos en ella expuestos, dicho Tribunal Colegiado resolvió: "UNICO. Se califica de legal el impedimento planteado por Oscar Alejandro Zúñiga Vidales, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, para conocer y resolver del juicio de amparo indirecto 415/2018 de su índice.". A tal virtud, acúsese el recibo correspondiente, asimismo, toda vez que en la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se consideró fundada legalmente la causa de impedimento planteada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, la cual se equipara a la establecida en la fracción VII, del artículo 51 de la Ley de Amparo, y remitió los autos del referido juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien a su vez los envió a este juzgado por razón de turno; por tanto, con apoyo además en el precepto 37 de la Ley de Amparo, este órgano se avoca al conocimiento de la demanda. Comuníquese lo anterior a la autoridad oficiante para los efectos legales correspondientes, en vía de acuse de recibo. Con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125, 128, último párrafo y demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios se admite a trámite la demanda de garantías promovida por Emmanuel Vladimir Gastélum Castillo contra actos de la Primera Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Culiacán, Sinaloa; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 664/2018-7B. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión relativo, toda vez que no fue solicitado. Por otra parte, de los autos remitidos por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, se advierte que, no existe constancia que acredite que la autoridad responsable la Primera Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, haya rendido informe justificado; en consecuencia, gírese oficio a dicha autoridad, requiriéndola para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, rinda el informe justificado que le fue solicitado por oficio 2504-6B de tres de agosto del año en curso, del índice del Juzgado Sexto de Distrito ahora impedido, quien deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo concedido, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibida que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se le impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia, a que se refiere el Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En la inteligencia de que, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano judicial y, de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las once horas con treinta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. Se declara la validez de las actuaciones practicadas por el órgano declinante, por no haber sido recurridas en tiempo, y, por ende, consentidas. Orienta el criterio la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 9 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Quinta Época, que dice: "JUEZ INCOMPETENTE EN AMPARO. Tratándose de juicios de amparo, lo actuado por un Juez de Distrito incompetente, es válido, mientras no dicte auto declarando su incompetencia, o mientras no la promueva o reciba el oficio de incompetencia; por tanto, si sus resoluciones no son recurridas en tiempo, causan estado, y el Juez que se avoque el conocimiento del negocio, debe estimarlas consentidas.". De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV de la ley de la materia se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de la alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el ubicado en el situado en las oficinas del área de asesoría jurídica federal, sito en bulevar Adolfo López Mateos número 2213 Norte, esquina con Fuente de Artemisa, planta baja, fraccionamiento Las Fuentes, de esta ciudad y, como sus autorizados para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Jenny Elizabeth Medina Guzmán, Luis Javier Jiménez González, Ylbielvart Valencia García, José Luis Delgado Vega, José Manuel Arredondo Lara, Ramón Alberto Zavala, Eduardo Hernández Ramírez, Venancio Baltazar Pérez España, Jesús Manuel Sicairos Galindo, Ricardo Ramíez De Jesús, Mario Nicolás Rojo Sañudo y Francisco Ernesto Vega Salcido, y, únicamente para oír y recibir notificaciones a Daisy Janitzia Aboyte Zazueta, Blanca Alicia Álvarez Montiel, Adán Alberto Valdez León, Ana Pascasia Martínez Madero, Martha Lorena Eng Félix, Leticia Díaz Guzmán, María Inés González Torres, Zuni Areli Castillo López, Yolanda María Osuna Bogarín, Norma Angélica López González, y los CC. Héctor Eduardo Irazoqui Quintero y Carolina de Jesús Valdez Pérez, toda vez que la autoridad declinante en proveído de tres de agosto de dos mil dieciocho, le tuvo por señalado el mismos. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8°, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Juzgado, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia. Finalmente, con apoyo en los numerales 14 y 17 Constitucionales, en relación con el 71 y 331, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se permite a la parte quejosa, el uso de medios electrónicos, tales como scaner y/o cámara fotográfica para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción.
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