Emmanuel Vázquez Partida

Expediente 1574/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1574/2015
Año
2015
Actuaciones
25
Última actuación
07/06/2016

Partes del expediente

  • Emmanuel Vázquez Partida
  • José Juan Miranda Lugo
  • Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con resiencia en Atlacomulco, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia de diez de mayo de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente juicio; de lo anterior se colige que al haber obtenido resolución desfavorable pudo interponer recurso de revisión, al ser a quien únicamente le irroga perjuicio la resolución referida; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Resulta aplicable, por analogía y por las consideraciones que la sustentan, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, de la voz: REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CUANDO SÓLO LO PROMUEVE EL TERCERO PERJUDICADO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. [9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Octubre de 2010; Pág. 3174]. En ese orden, glósese el original del incidente de suspensión y después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente cuaderno se advierte que no existe promoción o diligencia por practicar, por tanto, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Así, previa obtención del documento resguardado en el secreto de este órgano de control constitucional, devuélvanse al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México los anexos que exhibió en presente juicio, de los cuales deberá acusar el recibo correspondiente; apercibido que de ser omiso se le impondrá multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238 de la legislación de la materia. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseido. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó y se concedió la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese en el archivo de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto se proceda a su destrucción material, de conformidad con lo establecido en el referido acuerdo. Las anotaciones pertinentes háganse en el Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Incidental

    Visto el auto dictado en esta fecha en el cuaderno principal del cual deriva la presente incidencia, en que se declaró ejecutoriada la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo que promovió Emmanuel Vázquez Partida, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México; por tanto, procede declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efecto las medidas decretadas en el mismo.

  3. Principal

    Vistos; para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1574/2015, promovido por Emmanuel Vázquez Partida, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Emmanuel Vázquez Partida por su propio derecho, mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado al día siguiente a este Juzgado Quinto de Distrito, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto y la autoridad responsable que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: C. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México. IV. ACTO RECLAMADO: . la sentencia interlocutoria de fecha ocho de septiembre de dos mil quince, dictada en el incidente de actualización y liquidación de intereses moratorios, del expediente 470/2004..." SEGUNDO. Admisión y Trámite de la Demanda. Por auto de siete de octubre de dos mil quince (fojas 11 a 13), este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México admitió a trámite la demanda de amparo, quedando registrada en el índice de este Órgano Jurisdiccional bajo el número 1574/2015, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano, quien no formuló pedimento alguno; tuvo como tercero perjudicado a Samuel Portillo Gil a través de su endosatario en procuración Pedro Pablo Portillo Gil, a quien se le notifico vía exhorto el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis (foja 95); y se señaló día y hora para para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establece el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el acuerdo General 3/2013, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la demarcación territorial en la que decide el derecho este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La sentencia interlocutoria de fecha ocho de septiembre de dos mil quince, la cual condena al quejoso al pago de $184,729.70 (ciento ochenta y cuatro mil setecientos veintinueve pesos con 70/100, moneda nacional), por concepto de intereses moratorios, dictado en el incidente de actualización y liquidación de intereses moratorios, derivado de juicio ejecutivo mercantil 470/2004, dictada por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de el Oro con Residencia en Atlacomulco, Estado de México. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del el Oro, con residencia en Atlacomulco Estado de México (fojas 18 y 19), al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado, ya que efectivamente el ocho de septiembre de dos mil quince resolvió el incidente de ampliación actualización y liquidación de intereses deducido del expediente ejecutivo mercantil 470/2004 del índice de dicho juzgado, en el que condenó al quejoso al pago de $184,729.70 (ciento ochenta y cuatro mil setecientos veintinueve pesos con 70/100, moneda nacional) por concepto de intereses moratorios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación del 2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, cuyo rubro y contenido son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó en apoyo a su informe justificado consistentes en copias certificada del expediente 470/2004, de su índice, así como también copias certificadas de tres cuadernos de liquidación de intereses, y dos cuadernos de tercería excluyente de dominio; mismas que en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, cuentan con valor probatorio pleno, por ser documentos públicos expedidos por autoridad legalmente facultada para ello, de las cuales se advierte la existencia del acto combatido; por tanto, acorde a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, se tiene como debidamente probado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Ahora bien, de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 470/2004, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco Estado de México; así como del último incidente de ampliación, actualización y liquidación de intereses, derivado del citado juicio, que remitió la autoridad responsable destacan entre otras, las siguientes actuaciones: El C. J. de Jesús Rubio González en su carácter de endosatario en procuración de Samuel Portillo Gil, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a Eufrosina Plata Plata y Emmanuel Vázquez Partida, el cumplimiento de las prestaciones siguientes: El pago de la suma de $395,000.00 (trescientos noventa y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal. El pago de intereses moratorios al tipo legal establecido en la norma sustantiva. El pago de gastos y costas que el presente asunto amerite. Llevándose a cabo todas sus etapas procesales, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, resolvió el asunto teniendo como puntos resolutivos los siguientes: "PRIMERO. Ha sido procedente en la vía ejecutiva mercantil en la que el actor SAMUEL PORTILLO GIL por conducto de sus endosatario en procuración LIC. J. DE JESUS RUBIO GONZÁLEZ, probó parcialmente su acción cambiaria directa y los demandados EUFROSINA PLATA PLATA y EMMANUEL VÁZQUEZ PARTIDA, no acreditaros sus excepciones y defensas, en consecuencia. SEGUNDO. Se condena a la parte demandada a pagar al actor, la cantidad de $395,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, el referido pago deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días siguientes al en que cause ejecutoria la resolución y en caso de omisión, se procederá con el trance y remate del bien embargado y con su producto hacer el pago a la parte actora. TERCERO. Se absuelve a los demandados del pago de los intereses moratorios. CUARTO. No se hace especial condena en constas en esta instancia". Así, la demandada Eufrosina Plata Plata; asimismo, la parte actora J. de Jesús Rubio González en su carácter de endosatario en procuración de Samuel Portillo Gil, interpusieron recurso de apelación contra dicha resolución, correspondiéndole por turno a la Segunda Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, bajo el número de Toca 118/2005, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- Han sido por una parte inoperantes los agravios expresados por la parte demandada, y por otra, parcialmente operantes los expresados por la parte actora en consecuencia: SEGUNDO.- Se confirma el fallo impugnado, por lo que hace a la parte demandada, no así por lo que hace a la actora, por lo cual, se modifica el fallo impugnado en su resolutivo "TERCERO" para quedar en los términos siguientes: "TERCERO.- Se condena a los demandados al pago de los intereses moratorios causados al tipo legal, lo cual se hará en ejecución de sentencia." TERCERO.- Se condena a la parte demandada al pago de costas en ambas instancias. CUARTO.- NOTIFIQUESE PERSONALEMENTE y con testimonio de la presente resolución y de sus notificaciones, devuélvanse los autos originales al juzgado de su procedencia, y en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido". Entre otros, finalmente el día siete de mayo de dos mil quince la parte actora promovió incidente de ampliación, actualización y liquidación de intereses, mismo que se resolvió en la sentencia interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil quince, cuyos puntos resolutivos son: "Primero. Se declara procedente el incidente de liquidación de intereses instado por Pedro Pablo Portillo Saucedo, en su carácter de endosatario en procuración de Samuel Portillo Gil. Segundo. Se condena a Eufrosina Plata Plata y Emmanuel Vázquez Partida, al pago de $184,729.70 (ciento ochenta y cuatro mil setecientos veintinueve pesos con 70/100 centavos, M.N.), en concepto de intereses moratorios del periodo que va del catorce de julio de dos mil siete al treinta de abril de dos mil quince; cantidad que deberán de pagar los deudores dentro de los ocho días siguientes a en que cause ejecutoria la presente resolución, transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado el pago respectivo procédase a embarguen bienes suficientes que garanticen el adeudo; lo anterior con fundamento en el artículo 1044 del Código de Comercio, así como 2.157 y 2.158 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, de aplicación supletoria a la legislación mercantil en comento". Esta es la última resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, independientemente de que la autoridad responsable haya aceptado los actos reclamados, toda vez que constituye una cuestión de estudio oficioso y por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En ese aspecto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". La norma transcrita contiene la regla que rige la procedencia del juicio de amparo, consistente en que de manera previa a la instauración del juicio, el quejoso debe hacer valer los medios de defensa o recursos que la ley le otorga para combatir los actos que le irrogan perjuicio; en la inteligencia de que el juicio será improcedente si el impetrante del amparo no satisface dicho presupuesto. Asimismo, se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer sea substanciado en todos sus términos hasta su sentencia o resolución que lo de por terminado. De esta manera se pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto, contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Para que se actualice ésta causa de improcedencia es necesario que concurran las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. El requisito señalado en el inciso a) se encuentra satisfecho, dado que el acto reclamado lo emitió el Juez Segundo Civil de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México. Respecto al inciso b), también se encuentra satisfecho, toda vez que el texto vigente del Código de Comercio, para actos a partir del veintitrés de julio de mil novecientos noventa y seis y hasta la reforma publicada el diecisiete de abril de dos mil ocho, específicamente en el artículo 1339, dispone la procedencia del recurso de apelación, de la siguiente manera: Art. 1339. En los juicios mercantiles, tanto ordinarios como ejecutivos, procederá la apelación en ambos efectos: [.] Respecto de sentencias interlocutorias o autos definitivos que pongan término al juicio, cualquiera que sea la naturaleza de éste [.] Ahora bien, es menester destacar que si bien para la procedencia del recurso ordinario, debe atenderse, por regla general, a la norma vigente al momento de su interposición; sin embargo, existen dos supuestos de excepción, los cuales consisten en: I) La vigencia específica del supuesto normativo anterior, reguladas por disposiciones transitorias que excluyen su aplicación a juicios admitidos con anterioridad a su entrada en vigor; y II. La existencia de derechos adquiridos, en caso de que las parte hubieran interpuesto y se encontrara admitido el recurso de apelación preventiva. En el caso, cobra aplicación la primera de las excepciones en comento, es así, puesto que al momento de admitirse la demanda que dio origen al juicio del que deriva el acto reclamado (dos mil cuatro), el texto vigente del artículo 1339 del Código de Comercio, lo era el supra transcrito, el cual le resulta aplicable al caso, de conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas deposiciones del Código de Comercio, publicado el treinta de diciembre de dos mil ocho, en el cual se estableció lo siguiente: "Segundo. El presente decreto no será aplicable a los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma al Código de Comercio publicada en el Diario oficial de la Federación el 17 de abril de 2008". Luego, del numeral 1339 del Código de Comercio, aplicable al caso, se advierte que contra las sentencias interlocutorias procederá el recurso de apelación en ambos efectos. Ahora bien, el artículo 1340 del Código de Comercio, establece que: Art. 1340. La apelación sólo procede en juicios mercantiles cuando el interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento. En el caso en concreto se impugna la resolución del ocho de septiembre de dos mil quince, emitida dentro de los autos del incidente de liquidación de intereses, donde la cuantía del negocio principal asciende a la cantidad de $184,729.70 (ciento ochenta y cuatro mil setecientos veintinueve pesos con 70/100 centavos, moneda nacional), siendo éste superior al establecido en el artículo 1340 del citado código, por tanto es inconcuso que ésta es apelable. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 95/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2004849, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo I, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a la letra dice: APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO. La norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Lo anterior, porque de acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. Sin embargo, sobre dicha norma general se advierten dos excepciones que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador no debe desconocer la facultad de las partes de renunciar a los recursos a que tienen derecho, en términos del artículo 1053, fracción IV, en relación con los diversos 1051 y 1052 del Código de Comercio. Con relación al inciso c), también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, es decir en el juicio ejecutivo mercantil 470/2004. Finalmente, se encuentra solventado el requisito mencionado en el inciso d), habida cuenta que con la resolución que se dicte derivado de la substanciación del recurso de apelación, el acto reclamado puede ser confirmado, reformado o revocado. Por tales motivos, al no agotar el medio de defensa ordinario correspondiente (recurso de apelación) contra el auto impugnado, excluye la posibilidad de combatir el acto reclamado a través del juicio de amparo indirecto, dado que deben agotarse los medios de defensa legales, cuando el acto impugnado sea susceptible de ser confirmado, reformado o revocado, actualizándose con ello la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, 63, 73, 74, y 107, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Emmanuel Vázquez Partida por propio derecho, en contra de la resolución interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil quince, en el incidente de liquidación de intereses moratorios relativo al juicio ejecutivo mercantil 470/2004, del Juzgado Segundo civil de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo.

  4. Principal

    Vista la cuenta que antecede, se advierte que la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1574/2015, se realizó a las once horas con cuarenta minutos del dieciocho de abril de dos mil dieciséis; atento a esa circunstancia, fórmese el cuadernillo correspondiente, que deberá ser integrado al expediente principal cuando termine el engrose respectivo sin necesidad de ulterior pronunciamiento. Así, de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; intégrese a los autos el oficio de cuenta signado por Pedro Pablo Portillo Saucedo, quien se ostenta como tercero interesado y se apersona al presente juicio. Ahora, ya que en proveído de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo a Samuel Portillo Gil, como tercero interesado y se ordenó su emplazamiento, por tanto, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto el ocursante acredite de manera fehaciente ser apoderado o representante legal de Samuel Portillo Gil o, en su caso, con las constancias necesarias justifique a su favor la hipótesis que lo posicione como tercero interesado en el asunto en que se actúa.

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