Emmanuel Toscano Olea
Expediente 101/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- EFRAIN GEMINIANO GUTIERREZ y Otros.
- VICTORIA TRINIDAD GUTIERREZ MARTINEZ y Otros.
- Efrain Geminiano Gutierrez
- Erick Geminiano Gutierrez
- Emmanuel Toscano Olea
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil veintidós. I. SE AGREGA ESCRITO. Visto, agréguese a los autos el escrito signado por Emmanuel Toscano Olea y, en su atención, se provee: II. DOMICILIO. En primer término, téngase al demandante constitucional señalando como nuevo domicilio para recibir notificaciones, el que refiere en su ocurso de mérito. III. AUTORIZADOS. Por otra parte, téngase al peticionario de amparo revocando todo nombramiento hecho con anterioridad y se tiene(n) como autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Ricardo Erasto Collado Velázquez, Ivann Álvarez Velázquez, Rogelio Vázquez Huerta, Roberto Carlos Hernández Tobón y Yamilette Ramos Jijada, designado(s), atento a que de los datos proporcionados acredita(n) encontrarse legalmente autorizado(s) para ejercer la profesión de licenciado(s) en derecho o abogado(s). Y, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a la diversa profesionista que refiere, por no encontrarse en igualdad de circunstancias. IV. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por otra parte, en virtud de que la parte quejosa solicitó que las notificaciones de las resoluciones judiciales que deriven de este expediente, se le realicen de forma electrónica, así como la consulta del mismo vía electrónica; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del ya mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que el usuario "rcht87", a nombre de Ricardo Erasto Collado Velázquez (autorizado en términos amplios de la parte quejosa), se encuentra vigente, se le concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se ordena que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realicen vía electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. V. COPIAS CERTIFICADAS. con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídase a la ocursante copia certificada a su costa de las constancias que indica, por conducto de la persona que refiere en su ocurso de cuenta; asimismo, hágasele de su conocimiento que la entrega de dicha copia se realizará en la residencia de este juzgado, conforme al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. VI. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Ahora, atendiendo a que la parte promovente solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera la utilización de medios electrónicos autorizados -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. Notifíquese electrónicamente al quejoso de referencia; y, por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. No es obstáculo para lo anterior, que a la fecha no obre en autos el acuse de recibo del oficio 168.2, dirigido a las autoridad responsable 2. Director de la Fiscalía General del Estado, con sede en la Región Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla, toda vez que el sentido de la misma no le causa algún agravio y, por lo mismo, no se encuentra legitimada para interponer recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE.- Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 101/2018-C promovido por 1. Victoria Trinidad Gutiérrez Martínez y/o Victoria Gutiérrez Martínez, 2. Leoncio Emiliano Geminiano Rodríguez y/o Leoncio Geminiano Rodríguez, 3. Efraín Geminiano Gutiérrez, 4. Erick Geminiano Gutiérrez, 5. Emmanuel Toscano Olea y 6. Edgar Alfredo Leal Herevia, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con cinco minutos del siete de marzo de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 101/2018-C (foja 59 vuelta), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de María del Carmen Ortega Reguera, Secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por 1. Victoria Trinidad Gutiérrez Martínez y/o Victoria Gutiérrez Martínez, 2. Leoncio Emiliano Geminiano Rodríguez y/o Leoncio Geminiano Rodríguez, 3. Efraín Geminiano Gutiérrez, 4. Erick Geminiano Gutiérrez, 5. Emmanuel Toscano Olea y 6. Edgar Alfredo Leal Herevia, (fojas 1 a 4), auto de seis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 5 a 24); informes previos rendidos por las autoridades responsables que así lo hicieron; y acuerdos que los tuvieron por recibidos. A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la secretaria hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción en este incidente; y la Jueza acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento, la Jueza acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 101/2018-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por 1. Victoria Trinidad Gutiérrez Martínez y/o Victoria Gutiérrez Martínez, 2. Leoncio Emiliano Geminiano Rodríguez y/o Leoncio Geminiano Rodríguez, 3. Efraín Geminiano Gutiérrez, 4. Erick Geminiano Gutiérrez, 5. Emmanuel Toscano Olea y 6. Edgar Alfredo Leal Herevia, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de seis de febrero de dos mil dieciocho, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por 1. Victoria Trinidad Gutiérrez Martínez y/o Victoria Gutiérrez Martínez, 2. Leoncio Emiliano Geminiano Rodríguez y/o Leoncio Geminiano Rodríguez, 3. Efraín Geminiano Gutiérrez, 4. Erick Geminiano Gutiérrez, 5. Emmanuel Toscano Olea y 6. Edgar Alfredo Leal Herevia, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridadeas con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: I. Las órdenes de presentación, cita y/o detención emitidas por el Director de la Fiscalía General del Estado, con sede en la Región Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla responsable; y, II. La integración de una averiguación previa, carpeta o carpeta de investigación seguida en su contra. III. La orden de presentación, comparecencia o cita para la formulación de la imputación emitida por un Juez de control; IV. La orden de aprehensión o reaprehensión emitida por un Juez de Control. TECERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe previo Foja 1 1. Juez de Control de Tehuacán, Puebla (en su denominación correcta). Niega 34 2 2. Encargada del Despacho de la Fiscalía de Zona Región Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla. Niega 64 y 72 3 3. Jefe de Grupo encargado de la Agencia Estatal de Investigación Primera Comandancia de Tehuacán, Puebla (en su denominación correcta). Niega. 70 4 4. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación la Segunda Comandancia en Tehuacán, Puebla. Niega 57 y 58 5 5. Inspector General de la Agencia Estatal de Investigación Zona Sur, con residencia en Tehuacán, Puebla. Niega 74 Las autoridades responsables ante indicadas al rendir sus respectivos informes previos, negaron la existencia de los actos que se le reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a la mencionad autoridad responsable, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 131 de la Ley de Amparo vigente, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución del acto reclamado. De lo anterior se sigue que, al no existir el acto reclamado a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por 1. Victoria Trinidad Gutiérrez Martínez y/o Victoria Gutiérrez Martínez, 2. Leoncio Emiliano Geminiano Rodríguez y/o Leoncio Geminiano Rodríguez, 3. Efraín Geminiano Gutiérrez, 4. Erick Geminiano Gutiérrez, 5. Emmanuel Toscano Olea y 6. Edgar Alfredo Leal Herevia, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria por las autoridades responsables y actos ahí indicados.
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