Emmanuel Tafolla Martínez
Expediente 1423/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1423/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/12/2019
Partes del expediente
- Emmanuel Tafolla Martínez
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de demanda promovido por Emmanuel Tafolla Martínez, contra actos de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social del estado de Tamaulipas, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en Ciudad Victoria y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito, bajo el número 1423/2019-VI. Al no advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dese la intervención al Fiscal de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. En términos del artículo 117 de la legislación de trato, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser ciertos los actos reclamados por la parte agraviada, remitir las constancias necesarias; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, cada omisa se hará acreedora a una multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos) moneda nacional, equivalente a cien veces el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización. Asimismo, requiérase a las partes para que informen oportunamente a este órgano de control constitucional si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos) moneda nacional, equivalente a treinta veces el valor inicial diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con treinta y tres minutos del veintisiete de enero de dos mil veinte. Ahora bien, se procede a proveer sobre la medida cautelar solicitada, por lo que, con fundamento en los artículos 15, 125, 126 y 161 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la orden de traslado emitida por autoridades administrativas, presuntivamente sin intervención de órganos jurisdiccionales, para que el quejoso Emmanuel Tafolla Martínez, no sea desplazado del lugar donde actualmente se encuentra (Centro de Ejecución de Sanciones de Heroica Matamoros, Tamaulipas), según se refiere en la demanda de amparo, a otro centro de reclusión. Las autoridades responsables deberán informar a este Juzgado de Distrito dentro del término de veinticuatro horas el cumplimiento que hayan dado a la suspensión, apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, cero centavos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso el criterio sostenido en la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 510, tomo 205-216 sexta parte, séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE PLANO, ALCANCES DE LA. TRASLADO DE REOS. Si en la demanda de garantías se reclama la extracción de los quejosos del lugar de su reclusión, en donde se encuentran a disposición del Juez de su causa, para trasladarlos a sitio diferente y en éste causarles molestias sin motivo legal, incomunicarlos y torturarlos para declarar en su contra, fue correcta la determinación del Juez de Amparo de suspender de plano los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República y para evitar que éstos se realizaran, que también suspendiera de plano el traslado citado, pues de no haberlo hecho así, sería nugatorio y sin ningún efecto jurídico su mandato, por existir la posibilidad de que el mismo no fuera acatado y, por ende se actuó conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Amparo en vigor." La suspensión de plano concedida respecto al traslado que se reclama, no surtirá efectos si el acto reclamado fue emitido por autoridad jurisdiccional; pues de lo contrario, al ser emitida solo por la autoridad administrativa, se está ante la presencia de un acto que afecta la libertad personal fuera de procedimiento, ante el cual, sí es procedente la medida cautelar. Por contener consideraciones aplicables al caso, se cita la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 865, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." En el mismo orden de ideas, la suspensión que hoy se concede no surte efectos en el supuesto de que la orden de desplazamiento obedezca a medidas de seguridad en las prisiones, en atención a lo que dispone la legislación procesal que sea aplicable o bien en lo relativo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su caso; esto es, que no se pueda garantizar la integridad del aquí agraviado, dentro del centro donde permanece. Supuestos estos últimos en los que quedará bajo la más estricta responsabilidad de las responsables, salvaguardar en todo momento la integridad física del quejoso. Así también, la suspensión concedida no surtirá efectos: 1. Si la orden de traslado reclamada ya fue ejecutada, por tratarse de entonces de un acto consumado; 2. Si el traslado obedece a la necesidad de proveer cuidados especializados por cuestiones de salud; 3. Si obedece a una orden de extradición; a una sentencia firme ejecutoriada o a cuestiones de competencia definidas; 4. Si se trata de un traslado provisional para desahogar alguna diligencia de carácter judicial o ministerial. 5. Si se adopta como medida de emergencia por motivos de orden, seguridad y control a efecto de evitar una inminente evasión o preservar la vida y la integridad personal tanto de las personas recluidas como de las que ingresan a los centros carcelarios, entre ellas los empleados y funcionarios que ahí laboran, pues en términos del artículo 5.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad por lo que el Estado debe constituirse como garante de sus derechos y adoptar las medidas de seguridad que por situaciones urgentes sean necesarias para proteger la integridad de todos los individuos que se encuentren bajo su jurisdicción, mismas que no pueden ser arbitrarias, pues deben en todo momento ser respetuosas de los derechos fundamentales; o bien, 6. Si se emite en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en cuyo caso deberá acreditar ante este órgano jurisdiccional haber notificado al juez competente, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el traslado del quejoso, a fin de que dicha autoridad proceda conforme a sus atribuciones. 7. Si es en cumplimiento a una determinación judicial. Resulta aplicable la tesis I.1o.P.79 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2077, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 2015525, cuyo rubro y texto dicen: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, QUE FACULTA A LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PARA EMITIRLA Y EJECUTARLA EN CASOS ESPECÍFICOS MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, ES TRANSITORIA EN LA MEDIDA EN QUE NO CONLLEVA UNA DECISIÓN DEFINITIVA SOBRE ESE ACTO DE MOLESTIA. El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que sólo en los supuestos previstos en ese precepto, la autoridad penitenciaria puede ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificarle al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado; una vez hecho esto, el Juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. De lo anterior se sigue que, si bien es verdad que la autoridad administrativa tiene la facultad de ordenar el traslado en circunstancias excepcionales expresamente previstas en la ley; no menos lo es que esa potestad es transitoria en la medida en que no conlleva una decisión definitiva sobre ese acto de molestia, porque ello es una cuestión que le compete determinar única y exclusivamente a la autoridad judicial, de conformidad con los requisitos establecidos en el numeral invocado. Por tanto, si el traslado es ejecutado y no cumple con el proceder mencionado, viola el principio de legalidad reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se habrá ejecutado un acto de molestia en el que la autoridad que lo ordenó, no era legalmente competente para determinarlo en definitiva, siendo que la competencia en el acto de autoridad refiere a la necesidad de que éste debe ser emitido por quien se encuentre facultado para ello, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De igual manera, la tesis I.1o.P.78 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2078, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 2015526, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. SI SE EMITIÓ A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, DEBE SATISFACER LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SUS ARTÍCULOS 50 A 52, QUE CONSOLIDAN EL PRINCIPIO DE JUDICIALIZACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE PENAS. De la interpretación al artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige que, a partir de su vigencia (17 de junio de 2016), ésta es aplicable para los procedimientos o actos procedimentales que surjan en la etapa de ejecución de penas, con independencia de que la causa penal del sentenciado haya causado estado antes del inicio de esa vigencia, pues en congruencia con las enmiendas constitucionales de 18 de junio de 2008 y 8 de octubre de 2013, dicha legislación representa para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el medio idóneo para instrumentalizar los principios relativos a la reinserción social y a la judicialización de la etapa de ejecución de penas, los cuales deben lograr su efectividad en la vida jurídica-social en la prontitud posible. Lo anterior, porque la intención del Poder Reformador de la Constitución en que se creara una ley única en materia de ejecución de penas, fue con el fin de generar seguridad jurídica de un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente, que redujera la confrontación de criterios, que se aplicara de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento. Por tanto, si la orden de traslado fue dictada antes de la entrada en vigor de la ley mencionada, la legislación en la materia aplicable para los requisitos de su emisión, es alguna de aquellas que fueron abrogadas a raíz de la vigencia de esa norma especial. En cambio, si fue dictada el día o después de que aquélla entrara en vigor, la aplicable será ésta, por lo que para que ese mandato pueda emitirse, debe satisfacer los requisitos establecidos en los artículos 50 a 52 de ese ordenamiento, que consolidan el principio de judicialización en la etapa de ejecución de penas, previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal, pues establecen, como regla, que todo traslado tiene que ser aprobado y ordenado por una autoridad judicial y, salvo en circunstancias de excepción previamente establecidas en la ley, la autoridad penitenciaria -administrativa- podrá emitirlo con la condicionante de que a la brevedad posible, tendrá que hacerlo del conocimiento de la autoridad judicial para su aval o avenencia. Por tanto, infórmese dicha circunstancia a las autoridades responsables a efecto de que acaten cabalmente la medida cautelar decretada en favor del quejoso. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda; y, como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Ernesto Marcelino Molina Ramos, quien se encuentra registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, toda vez que el quejoso se encuentra en la hipótesis prevista en el artículo 26, fracción I, inciso a de la legislación de la materia, notifíquesele de forma personal el presente proveído en el lugar de su reclusión. En diverso contexto, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Finalmente, no escapa para este juzgador que el quejoso pide se le conceda la suspensión provisional y definitiva; sin embargo, no se abren los cuadernos respectivos, ya que como se vio, esta le fue concedida de plano. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Armando González Urbina, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario con quien actúa y da fe.
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