Emmanuel Sotelo Salinas

Expediente 314/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
314/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
22/07/2016

Partes del expediente

  • Emmanuel Sotelo Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria... archívese este asunto como totalmente concluido..

  2. Principal

    SÍNTESIS. JUICIO DE AMPARO 314/2016 V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo número 314/2016. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el veintinueve siguiente por razón de turno, a este Juzgado Octavo, EMMANUEL SOTELO SALINAS, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA: Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares. ACTO RECLAMADO: "Reclamo de la autoridad responsable ordenadora ya citada, el ilegal auto de formal prisión de 23 de febrero del 2016, dictado en mi contra dentro de la causa penal número 153-2/2013, por el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado canabis sativa L. conocida comúnmente como marihuana, en agravio de la sociedad; acto reclamado del cual tuve conocimiento hasta el día 29 de febrero del 2016, ya que en esta fecha me fue notificado personalmente dicho auto de formal prisión". SEGUNDO. Mediante proveído de treinta de marzo de dos mil dieciséis, se radicó la demanda de amparo con el número de expediente 314/2016 y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Fiscal adscrito al juzgado responsable la intervención legal que les compete; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37, 38 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido por una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, dentro de un juicio del orden penal, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en la emisión del auto de formal prisión de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, decretado en contra del quejoso por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal 153/2013-II, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN SIMPLE DEL ESTUPEFACIENTE DENOMINADO CANNABIS SATIVA L., CONOCIDA COMÚNMENTE COMO MARIHUANA cometido en agravio de la sociedad, previsto y sancionado en el artículo 477 en relación con los numerales 479 y 234 de la Ley General de Salud. TERCERO.- ES CIERTO el acto reclamado a la autoridad responsable, pues al rendir su respectivo informe con justificación el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, así lo reconoció expresamente; lo que se corrobora con las copias certificadas derivadas de la causa penal número 153/2013-II, que acompañó a su informe justificado la autoridad judicial responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del código adjetivo civil en cita. CUARTO.- Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Inconforme con la resolución reclamada el quejoso Emmanuel Sotelo Salinas planteó sus conceptos de violación, cuya transcripción se omite habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Estudio de fondo. Debe precisarse que el estudio del presente asunto, se hará atendiendo a la suplencia de la deficiencia en la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la vigente Ley de Amparo, que dice que en materia penal, se deben suplir las deficiencias del inculpado o sentenciado. Avala lo anterior, por identidad de razón, la tesis VIII/96, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas doscientos sesenta y siete, del Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD. La suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, deba otorgar al indiciado, procesado o sentenciado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal, independientemente de que el sentido de la resolución pronunciada en el juicio de amparo o en la tramitación y resolución de los recursos establecidos en la ley de la materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos supuestos. Así como la diversa Jurisprudencia 26/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil ocho, Novena Época, del contenido siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente. Para un adecuado estudio del juicio de derechos fundamentales, es indispensable tener presentes los antecedentes y hechos que el juez responsable tuvo por probablemente acreditados para emitir el acto reclamado, consistes en que: Aproximadamente a las 00:50 horas del dieciocho de agosto de dos mil trece, al encontrarse realizando patrullajes de inspección, vigilancia, persuasión y disuasión a bordo de unidades oficiales los Policías Federales Rodolfo Pérez Cruz, Napoleón Hernández Martínez y José Manuel Castro Estrada, al circular sobre la Calle 8 cruce con la Calle 2 de la Colonia Icacos de esta ciudad, se percataron de la presencia de dos personas del sexo masculino, quienes se encontraban parados sobre la banqueta aproximadamente como a diez metros de distancia, quienes al percatarse de la presencia de los oficiales mostraron nerviosismo, por lo que los elementos federales detuvieron su marcha para hacerles una revisión; que en dicha revisión al quejoso EMMANUEL SOTELO SALINAS les manifestó su nombre, edad y domicilio, acreditándolo con credencial de elector expedida a su nombre; que a dicha persona se le encontraron en la bolsa derecha del pantalón dos carrufos o envoltorios confeccionados en papel periódico, de aproximadamente 12x2cms, que en su interior contienen una hierba verde y seca con olor y al parecer con características de marihuana. Razón por la cual, aseguraron al quejoso Emmanuel Sotelo Salinas y a la otra persona, trasladándolos al ministerio público del fuero común en turno (Centro de Operaciones Estratégicas), junto con los objetos asegurados. Hechos que mediante los medios de prueba contenidos en la causa penal 153-2/2013, la autoridad responsable estimó se encontraba a manera probable, acreditado tanto los elementos del delito y así como la probable responsabilidad de la parte quejosa, razón por la que emitió el auto de formal prisión que ahora se reclama. En ese sentido, el hoy quejoso Emmanuel Sotelo Salinas, propone como conceptos de violación los argumentos que a continuación se sintetizan. El auto de formal prisión dictado en su contra no se encuentra exhaustivamente motivado, pues le otorga valor probatorio a los testimonios de los policías federales considerando que en sus declaraciones se condujeron con el criterio necesario para juzgar el acto por su probidad, independencia en su posición y antecedentes personales. Que el Juez responsable no tomó en cuenta que los policías aprehensores no refirieron nada sobre la entrevista que le hicieron respecto de la marihuana que le fue encontrada; y por el contrario los policías ministeriales Jesús Serrato Mares y Moisés Santana Morales refirieron en su informe que el quejoso manifestó: "...me encontraron una porción de marihuana, que era para mi consumo porque soy adicto a la misma." . Que la entrevista realizada por los policías ministeriales carece de valor por no haber estado asistido por algún defensor, por lo que no existen datos suficientes para acreditar su responsabilidad penal. Reseñados los motivos de inconstitucionalidad que propone el peticionario de amparo, mismos que serán estudiados de forma conjunta dada la estrecha relación que guardan entre sí, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo. En ese sentido, los argumentos planteados por Emmanuel Sotelo Salinas, aún suplidos en cuanto a su forma de planteamiento, se estiman infundados, y en consecuencia procede negar el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con las siguientes consideraciones jurídicas. Es de precisarse que, los requisitos constitucionales y legales para emitir el auto de formal prisión, conforme a lo establecido en los artículos 19, primer párrafo, constitucional antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho; del Código Penal en el Estado de Guerrero; 64 y 87 del Código de Procedimientos Penales para la entidad: I) Que sea emitido por autoridad judicial competente; II) Que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o exista constancia de que haya manifestado su deseo de no hacerlo; III) Que ello se realice dentro de las setenta y dos horas siguientes a que el indicado haya sido puesto a disposición del juez del conocimiento; IV) Que se precise el delito que se impute al acusado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; V) Que se encuentre comprobado el cuerpo del delito que se le atribuye. VI) Que de los antecedentes se adviertan datos suficientes que conlleven a determinar como probable su responsabilidad en la comisión del delito de que se trate; VII) Que no se compruebe en su favor alguna causa excluyente del delito o de responsabilidad o que extinga la acción penal; y, VIII) Que la determinación jurisdiccional se encuentre debidamente fundada y motivada. Fundamentación y motivación de resoluciones jurisdiccionales. Atento a lo anteriormente expuesto, todas las resoluciones jurisdiccionales deben cumplir con los derechos fundamentales de debido proceso legal y de legalidad a que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal forma que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional consiste en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Así las cosas, en el asunto de que se trata tenemos que el acto reclamado se ajusta a lo previsto en los ordenamientos constitucionales y legales antes invocados. En efecto, en relación con el primero de esos requisitos, que concierne a la competencia para conocer y resolver la situación jurídico constitucional del quejoso Emmanuel Sotelo Salinas, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que el auto de formal prisión de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, fue emitido por una autoridad judicial competente, en el caso, el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, tomando en cuenta que los hechos ocurrieron en Acapulco, Guerrero, dentro del Distrito Judicial de Tabares, lugar en el que ejerce jurisdicción en términos del artículo 3, 6 y 7 del Código de Procedimientos Penales de la Entidad; que la conducta atribuida como probable responsable al inculpado, es constitutiva del delito de contra la salud en la modalidad de posesión simple de cannabis sativa L. conocida como marihuana previsto y sancionado por el artículo 477, en concordancia con los diversos 234 y 479 de la Ley General de Salud. Por otro lado, en relación con el segundo de los requisitos en comento, se advierte que en autos obra la diligencia de dieciocho de agosto de dos mil trece, celebrada a las catorce horas, en la cual el quejoso Emmanuel Sotelo Salinas, con la asistencia de su defensora Angélica Vargas Valencia (quien aceptó y protesto el cargo conferido), emitió su declaración. Por cuanto alude al requisito referente al plazo de setenta y dos horas para resolver la situación jurídica del inculpado, es necesario señalar que el mismo únicamente resulta obligatorio cuando el inculpado se encuentra privado de su libertad, no obstante ello debe señalarse que de autos se advierte que se decretó la detención virtual del indiciado, al comparecer ante el Juzgado responsable bajo los efectos de la suspensión provisional que le fuere concedida por este Juzgador en el juicio de amparo 120/2016. En torno a las restantes exigencias, debe puntualizarse que tienen como objetivo que el auto de formal prisión se encuentre debida y suficientemente fundado y motivado. Lo anterior, en el entendido que esa fundamentación y motivación debe versar sobre todas las exigencias de fondo previstas para el dictado del auto de formal prisión, en los ordenamientos constitucionales y legales antes transcritos; es decir, en relación con la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, así como respecto a la constatación de que no se haya actualizado en favor del inculpado alguna causa excluyente del delito o de responsabilidad que extinga la acción penal, amén de que antes o bien al verificarse esos extremos, se debe precisar el delito que se impute al acusado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Además, para acreditar los extremos antes planteados (cuerpo del delito y probable responsabilidad), se debe realizar una valoración de los medios de convicción atendiendo los ordenamientos legales aplicables al caso. En mérito de lo anterior, es indispensable señalar que para que un acto de autoridad se considere fundado, se deben expresar con precisión los preceptos legales aplicables al caso; y, para que cumpla con el imperativo de motivación, se deben señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, exigiéndose además que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el caso de que se trate se configuren las hipótesis normativas. Cobra aplicación sobre el particular, la jurisprudencia número 204, visible en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que expone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En las narradas condiciones, se puede concluir que para que un auto de formal prisión se encuentre debida y suficientemente fundado y motivado, se deben cumplir las siguientes exigencias: 1. Se deben expresar con precisión el precepto o preceptos legales aplicables al caso (fundamentación). 2. Deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de la resolución (motivación). 3. Debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación de la norma citada con las razones aducidas). 4. Se deben abordar todos los aspectos propios del auto de formal prisión; a saber: a) Debe fundarse y motivarse la acreditación del cuerpo del delito. b) También debe fundarse y motivarse la probable la responsabilidad del indiciado. c) Los requisitos de fundamentación y motivación también deben cumplirse para constatar si se actualizó a favor del inculpado alguna causa excluyente del delito o de responsabilidad que extinga la acción penal. d) La acreditación de esos extremos debe realizarse mediante una legal valoración de pruebas. Relatado lo anterior, debe señalarse que (por lo que hace al dictado de un auto de formal prisión), para que se colmen los requisitos apenas precisados, es menester no sólo hacer una relación de constancias y declaraciones que obren en las diligencias de preparación del ejercicio de la acción penal de origen, sino también razonar, cómo es que, del resultado de esos medios de convicción, se llega a acreditar la comisión de una conducta que encuadra exactamente en el supuesto de la norma, así como el modo de participación y la conducta desplegada por el infractor. Lo que se traduce en que el auto de plazo constitucional que resuelva la formal prisión de un gobernado, al estimar que se encuentran colmados la acreditación del cuerpo del delito en particular y la probable responsabilidad del indiciado en su comisión, tendrá que estar debidamente fundada y motivada en ambos tópicos, pues únicamente bajo esos supuestos podrá considerarse cumplidas las garantías de legalidad y seguridad jurídico-penales, consagradas en los artículos 16 y 19 de la Carta Magna. Precisado lo anterior, se procede analizar si en el acto reclamado en este juicio de amparo, se satisfacen o no las exigencias antes señaladas respecto de la debida y suficiente fundamentación y motivación de los autos de formal prisión: Para determinar qué elementos o rubros deben estudiarse para tener o no por acreditado el cuerpo del delito, cobra aplicación el numeral 64, del Código de Procedimientos Penales del estado de Guerrero, que dispone lo siguiente: "Artículo 64.- El cuerpo del delito correspondiente se tendrá por comprobado, cuando se acredite el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la Ley señala como delito. En los casos en que la ley incorpore en la descripción de la conducta prevista como delito un elemento subjetivo o normativo, como elemento constitutivo esencial, será necesaria la acreditación del mismo para la comprobación del delito. La probable responsabilidad del inculpado se tendrá por comprobada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su obrar doloso o imprudencial en el delito que se le imputa, y no exista acreditada en su favor alguna causa de exclusión del delito." A fin de verificar si en el presente caso se cumplen con los referidos requisitos, como lo sostuvo la responsable, debe tomarse en consideración que al quejoso se le atribuye la comisión del delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple de estupefaciente denominado cannabis sativa L. conocida comúnmente como marihuana, cometido en agravio de la sociedad, previsto y sancionado en el artículo 477 en relación con los numerales 479 y 234 de la Ley General de Salud, que establecen: "Artículo 477.- Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aún gratuitamente. No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder". "Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente: Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato Narcótico Dosis máxima de consumo personal e inmediato Opio 2 gr. Diacetilmorfina o heroína 50 mg. Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 5 gr. Cocaína 500 mg. Lisergida (LSD) 0.015 mg MDA, Metilendioxianfetamina Polvo, granulado o cristal 40 mg. Tabletas o cápsulas Una unidad con peso no mayor a 200 mg MDMA, dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina 40 mg. Una unidad con peso no mayor de 200 mg. Metanfetamina 40 mg. Una unidad con peso no mayor a 200 mg "Artículo 234.- Para los efectos de esta Ley, se consideran estupefacientes: (.) CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas. (.)". De los preceptos antes transcritos, se obtiene que, para que se actualice el tipo penal previsto en el artículo 477 de la Ley General de Salud, es suficiente que el narcótico sea de los que se enumeran en la lista prevista para el efecto, y no rebase la cantidad ahí señalada multiplicada por mil. En el particular, por tratarse del estupefaciente denominado marihuana, para que se aplique esta disposición debe ser la cantidad menor a cinco kilos (que es el equivalente a cinco gramos multiplicados por mil) y de acuerdo a la fe ministerial, la cantidad que tenía en su poder el indiciado ascendió a diez gramos de marihuana. Entonces, en el caso, el Juez responsable dejó plasmado dentro del acto reclamado que para el acreditamiento de los elementos del cuerpo del delito de que se trata, se requería la materialidad de los siguientes extremos: "a) La existencia de un narcótico cuyo peso no exceda de 5000 gramos, en el caso, marihuana; b) Que el activo ejerza acción de posesión sobre dicho narcótico; c) Que lo anterior lo realice sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud; y, d) Que la posesión del narcótico no pueda considerarse destinada a comercializarla o suministrarla aún gratuitamente". Elementos que como acertadamente lo estimó el Juez responsable se acreditaron, pues por lo que hace al primero de ellos se acreditó con el informe de puesta a disposición de dieciocho de agosto de dos mil trece, suscrito por Rodolfo Pérez Cruz, José Manuel Castro Estrada, Napoleón Hernández Martínez, en el que manifiestan ante el Ministerio Público del Fuero Común Centro de Operaciones Estratégicas, lo siguiente: ".que el dieciocho de agosto del año dos mil trece, aproximadamente a las 00:50 horas, al circular sobre la calle ocho, cruce con la calle dos, de la colonia icacos de esta Ciudad, se percataron de dos personas del sexo masculino parados sobre la banqueta, el primero viste playera color azul bermuda blanca a cuadros, y sandalias color blanco, la segunda playera color negra, pantalón de vestir azul, tenis blancos, quienes al notar su presencia tomaron una aptitud de nerviosismo, detuvieron la marcha descendieron de la unidad, el policía tercero Rodolfo Pérez Cruz les indicó que se les haría una revisión a su persona y pertenencias, de manera voluntaria accedieron, (.) La segunda persona fue entrevistada por el policía tercero Napoleón Hernández Martínez, y responder al nombre de Emmanuel Sotelo Salinas, de veintiún años de edad, con domicilio en calle once, lote once, de la colonia icacos de esta ciudad, quien acreditó sus datos con la credencial de elector expedida por el instituto federal electoral a su nombre con número 1212092207745, encontrando en la bolsa derecha de su pantalón dos carrufos o envoltorios confeccionados en papel periódico de aproximadamente 12x2 cms. En el interior hierba verde y seca con olor y al parecer con las características propias de la marihuana, mismos que no tienen registros de antecedentes penales, según los datos generados en los números de folio BA16977E y BA169673 (.)". Corroborado tal informe, con la fe ministerial de dieciocho de agosto de dos mil trece, en la que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, dio fe de tener a la vista dos bolsas de plástico transparentes conteniendo en su interior una hierba verde y seca con las características de la marihuana, así como DOS CARRUFOS CONFECCIONADOS EN PAPEL PERIODICO CONTENIENDO EN SU INTERIOR HIERBA VERDE Y SECA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MARIHUANA; informe que como lo consideró el Juez responsable es suficiente para acreditar la existencia del estupefaciente asegurado, en tanto que fue practicada por autoridad competente. Asimismo, dicho informe que se relaciona con el dictamen en materia de química de fecha dieciocho de agosto del año dos mil trece, suscrito por la Q.B.P. Fátima Salgado de la Rosa, quien concluyó que de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis químico a las cuatro muestras de hierba verde, se establece que corresponden a la planta de Cannabis Sativa L., conocida comúnmente como marihuana, considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud, dictamen que igual consideración merece respecto del valor probatorio, pues fue elaborado por un perito en la materia nombrado por la Dirección General de los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. De tal suerte que a consideración de este Juzgador, es correcta la determinación del Juez responsable, pues las pruebas reseñadas, son aptas y suficientes para acreditar la existencia de la marihuana afecta, que el peso neto de la misma asegurada al inculpado Emmanuel Sotelo Salinas, es inferior al que resulta de multiplicar por mil las previstas en la tabla de orientación que señala el ya transcrito artículo 479 de la Ley General de Salud, y su ubicación en el catálogo normativo. En cuanto al segundo elemento consistente en que el sujeto activo posea el estupefaciente descrito, como acertadamente lo consideró el Juez de Primera Instancia, se demostró con el contenido del informe de puesta a disposición de persona y objetos de dieciocho de agosto de dos mil trece, en el que Rodolfo Pérez Cruz, Napoleón Hernández Martínez y José Manuel Castro Estrada manifestaron ante la Representación Social, que el dieciocho de agosto del año dos mil trece, aproximadamente a las 00:50 horas, al circular sobre la calle ocho, cruce con la calle dos, de la colonia icacos de esta Ciudad, se percataron de dos personas del sexo masculino parados sobre la banqueta, quienes al notar su presencia tomaron una aptitud de nerviosismo, por lo que detuvieron la marcha descendieron de la unidad, y les indicó que se les haría una revisión a su persona y pertenencias, accediendo de manera voluntaria, que el policía tercero Napoleón Hernández Martínez, entrevistó a quien dijo ser Emmanuel Sotelo Salinas, tener veintiún años de edad, con domicilio en calle once, lote once, de la colonia icacos de esta ciudad, identificándose con la credencial de elector expedida por el instituto federal electoral a su nombre con número 1212092207745, encontrando en la bolsa derecha de su pantalón dos carrufos o envoltorios confeccionados en papel periódico de aproximadamente 12x2 cms. En el interior hierba verde y seca con olor y al parecer con las características propias de la marihuana. Declaraciones a las que, de manera correcta el Juez del conocimiento otorgó suficientes para demostrar que el dieciocho de agosto de dos mil trece, aproximadamente a las 00:50 horas, Emmanuel Sotelo Salinas fue detenido y se le encontró en la bolsa derecha de su pantalón dos carrufos o envoltorios confeccionados en papel periódico de aproximadamente 12x2 cms. Con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, con un peso de diez gramos, que de acuerdo al peritaje emitido por Fátima Salgado de la Rosa, resultó ser cannabis sativa L. conocida comúnmente como marihuana, porque además de ser coincidentes en sus declaraciones, las rindieron en términos claros y precisos sobre las circunstancias esenciales y accidentales que rodearon al mismo, no mostraron dudas ni reticencias, se trata de personas mayores de edad capaces de juzgar los actos sobre los que declararon, conocieron directamente a través de sus sentidos, ello en función al cargo que desempeñan como elementos de la policía federal, por lo que es creíble que efectuaron el aseguramiento de la droga que detallan en las circunstancias que expresaron. Por cuanto hace al elemento consistente en que el acto posesorio se haya realizado sin contar con el permiso de la autoridad sanitaria correspondiente, como lo consideró el Juez de Primera Instancia, de las constancias que integran la causa penal 153/2013-II, no se advierte elemento alguno que permita establecer que al momento de la comisión del ilícito, el quejoso contara con la autorización correspondiente para poseer el estupefaciente que le fue asegurado, además de acuerdo con lo ordenado en el artículo 237 de la Ley General de Salud, no puede permitirse la posesión de narcóticos, por lo que la sola posesión del narcótico, patentiza la ilegalidad de dicha conducta. Por otra parte, como lo consideró el Juez A quo, el estupefaciente no se encontraba destinado a comercializarlo o suministrarlo aún gratuitamente, ello se desprende de la fe ministerial practicada por el Representante Social, pues hizo constar que tuvo a la vista dos carrufos o envoltorios en papel periódico que contienen en su interior hierba seca al parecer marihuana con un peso de diez gramos, esto es, la cantidad que poseyó el quejoso se considera para su estricto e inmediato consumo personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 479 de la Ley General de Salud. Cabe acotar que la autoridad judicial responsable demostró la probable conducta del peticionario del presente juicio de amparo, tomando en cuenta los mismos elementos de prueba que le sirvieron para acreditar la corporeidad del injusto penal que se trata, lo que no resulta ilegal, pues si bien es cierto que el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona, también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia violación de derechos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 500, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , cuyo rubro y texto son: CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de garantías. Bajo ese tenor, y en lo tocante a la probable responsabilidad del imputado, hoy quejoso en la comisión de la conducta que se le atribuye, se considera ajustado a derecho el criterio de la autoridad responsable al tener por demostrada la probable responsabilidad de Emmanuel Sotelo Salinas, en la comisión del delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado cannabis sativa L. conocida comúnmente como marihuana, cometido en agravio de la sociedad, previsto y sancionado por el artículo 477, relacionado con los numerales 479 y 234 de la Ley General de Salud. Se considera lo anterior, en tanto que para ello se cuenta con las imputaciones que en su contra hicieron los elementos de la policía federal Rodolfo Pérez Cruz, José Manuel Castro Estrada y Napoleón Hernández Martínez, quienes además de ratificar la puesta a disposición de persona y objetos de dieciocho de agosto de dos mil trece, informan que aseguraron a Emmanuel Sotelo Salinas y el estupefaciente relacionado consistente en dos envoltorios en papel periódico con hierba seca con las características propias de la marihuana en su interior. Testimonios que, como lo consideró el Juez del conocimiento, tienen valor probatorio para acreditar que el inculpado llevó a cabo el ilícito que se le atribuye, esto es, poseer el estupefaciente afecto a la causa, pues al ser analizados se advierte que las deposiciones fueron realizadas por personas que por su edad, capacidad e instrucción tienen el criterio necesario para juzgar el acto; por su probidad e independencia de posición y antecedentes personales, se advierte que tienen completa imparcialidad, más aun cuando no obra en el sumario prueba en contrario. Apoyan lo anterior, las tesis jurisprudenciales visibles, la primera, a página ciento ochenta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, Tesis 257; y, la segunda, a página 195, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, Sexta Época, tesis 352; que son del rubro y tenor literal siguientes: POLICÍAS APREHENSORES. VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley atribuye como testigo de los hechos ilícitos que conocieron. POLICÍAS, TESTIMONIOS DE LOS. Los dichos de los agentes de la autoridad sobre hechos relacionados con el delito imputado, constituyen testimonios sujetos a los principios y normas reguladores de la prueba, independientemente del carácter oficial de quienes declaran. No pasa inadvertido para este Juzgador, que el quejoso manifestó ante la representación social que efectivamente, el día dieciocho de agosto de dos mil trece, se encontraba afuera de la casa de su amigo Apolinar, tomando una botella de tequila, que en esos momentos llegaron los policías federales quienes dijeron que los iban a revisar, pero no les encontraron ninguna droga, además, empujándolos los llevaron a su patrulla; que les manifestaron que no tenían drogas y que sólo estaban tomando, que el quejoso afirmó no se dedica a vender drogas y sólo es consumidor, por lo que al ponerle a la vista los dos carrufos de marihuana no los reconoció como de su propiedad; sin embargo, como lo estimó el Juez del conocimiento, no existe prueba que desvirtué el señalamiento imputatorio que en su contra existe y la sola negativa de los actos ilícitos que se le atribuyen la realiza con fin defensivo. De ahí, que es acertada la determinación del Juez responsable, pues conforme al material probatorio existente, se acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejosa, en tanto que para estimarlo así, basta la existencia de datos que, en un examen preliminar, llevan a estimar, con un grado aproximado a la certeza, su participación en la ejecución del delito que se le imputa. En efecto, para analizar la probable responsabilidad del quejoso y la no actualización de alguna excluyente del delito, es necesario traer a glosa lo previsto en el artículo 64 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, aplicable, el cual prevé que la probable responsabilidad del inculpado se tendrá por comprobada cuando de los medios probatorios existentes se deduzca su obrar doloso o imprudencial en el delito que se le imputa y no exista acreditada en su favor alguna causa de exclusión del delito. Lo antepuesto, revela que se respetaron estrictamente los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de las solicitantes del amparo, aunado a la circunstancia para el dictado del auto de formal prisión la ley no exige que se cuente con pruebas que establezcan de manera indudable la culpabilidad del indiciado sino que, existan pruebas aptas y suficientes que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad de éste en la perpetración del delito que se le atribuye; en consecuencia, del examen del material probatorio existente se desprende que todos los datos aportados conducen a demostrar en un grado de convicción superior y aproximado a la certeza la participación del activo, en la comisión del evento delictivo por el que fue librado en su contra el auto de formal prisión. A lo expuesto sirve de base la jurisprudencias 45 sustentada por el Pleno de la Corte, que obra a página 26 del Apéndice de 1995, Tomo II, Parte SCJN, Quinta Época, Materia Penal, que a continuación se trascribe: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Para motivarlo, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la inculpabilidad del reo; requiere únicamente que los datos arrojados por la averiguación, sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado". Asimismo, la jurisprudencia 440, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 257, del Apéndice de 1995, Tomo II, Parte TCC, Octava Época, Materia Penal, cuyo contenido es el siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al exponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se le imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arrojan la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal acto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrogados por la indagatoria sean los suficientes para justificar el cuerpo del delito, y hacer en esta etapa procesal probable la responsabilidad del acusado". Así las cosas, contrariamente a lo aducido por el quejoso, y en atención a lo expuesto en esta sentencia, es de estimarse que el acto combatido no quebranta los derechos fundamentales protegidos en los artículos 14, 16 y 19 constitucionales. En ese sentido son infundados los conceptos de violación que hacen valer y que serán analizados de manera conjunta dada la estrecha relación entre los mismos. Contrario a lo afirmado por el peticionario del amparo, el Juez del conocimiento estimó acreditados los elementos del delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple de cannabis sativa L. conocida comúnmente como marihuana, fundando sus consideraciones en lo previsto y sancionado por el artículo 477 en concordancia con los diversos 234 y 479 de la Ley General de Salud, y expuso concreta las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración al emitir el acto acatando así lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. En efecto, en el auto de formal prisión aquí reclamado, el Juez de Primera Instancia, concluyó: ".que el inculpado Emmanuel Sotelo Salinas llevó a cabo con desacato al deber jurídico estipulado en la norma legal, que impone la obligación de abstenerse a poseer alguno de los narcóticos establecidos por el numeral 479 de la Ley General de Salud, con lo que puso en peligro el bien jurídico tutelado, que es la salud pública de los gobernados, quedando acreditada la probable responsabilidad penal del inculpado Emmanuel Sotelo Salinas al poseer el estupefaciente afecto a la causa, dado que lo realizó en desacato a las disposiciones sustantivas penales y sanitarias vigentes, contenidas en los artículos 477, 479 y 234 de la Ley General de Salud, consecuentemente ha quedado demostrada la existencia del narcótico, así como la acción de posesión material que sobre éste ejerció el inculpado referido.". Para llegar a la anterior conclusión, el Juez responsable tomó en cuenta el material probatorio aportado a la causa penal de la que deriva el presente juicio de amparo y al cual, como ha quedado apuntado en la presente ejecutoria, de manera acertada otorgó valor probatorio. Además, ningún agravio irroga al peticionario del amparo, la circunstancia de que el Juez responsable haya expresado en la resolución que se combate, que de las declaraciones de los elementos de la policía federal Rodolfo Pérez Cruz, José Manuel Castro Estrada y Napoleón Hernández Martínez, se advierta que se condujeron con el criterio necesario para juzgar el acto por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales, porque los mismos se percataron de los hechos al estar desempeñando las funciones inherentes a su puesto, dentro del cuerpo policiaco al que pertenecen, por ello, se constituyen en tres testimonios de cargo contra el agente del delito, que resultan suficientes para demostrar el hecho ilícito ya analizado en tanto que señalaron el lugar, tiempo y circunstancias sobre la detención del mismo y el aseguramiento del narcótico afecto. En esa tesitura, devine infundado lo argumentado por el quejoso. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 529, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice mil novecientos diecisiete-dos mil, Tomo II, materia penal, página ciento ochenta y ocho, de rubro POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE, criterio transcrito con anterioridad. Asimismo, es de precisarse que contrario a lo aseverado por el quejoso, no existe contradicción en lo manifestado por los policías aprehensores y los Agentes de la Policía Ministerial del Estado, en relación al lugar en que fue detenido, esto es así, en tanto que de las constancias remitidas por el Juez responsable al rendir su informe justificado, se advierte que los policías aprehensores manifestaron el lugar en que se encontraban patrullando "Calle 2 de la Colonia Icacos de esta Ciudad"; en cambio, de las actuaciones llevadas a cabo ante el personal ministerial a que hace referencia el quejoso, se asentó lo siguiente: ".Quedándose presente en este acto quien dijo llamarse Emanuel Sotelo Salinas, por lo que se procedió a protestar al inculpado de referencia para que se conduzca con verdad en lo que tiene que declarar y habiendo ofrecido no mentir, por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito, llamarse Emmanuel Sotelo Salinas, . con domicilio en la Calle Once, Lote 11 de la Colonia Icasos.". De la transcripción anterior, se advierte que no existe contradicción alguna respecto del lugar donde fueron detenidos, en tanto que los policías mencionados en primer término, hacen referencia al lugar en el que se encontraban patrullando y donde se percataron de la presencia del inculpado, y lo señalado en las actuaciones ministeriales corresponde a la ubicación del domicilio del peticionario del amparo. Por cuanto hace a lo manifestado por el quejoso en el sentido de que los policías aprehensores no refirieron nada sobre la entrevista que le fue hecha en la que manifestó que le encontraron una porción de marihuana, que era para su consumo porque es adicto a la misma, además que dichas declaraciones carecen de valor pues no contó con abogado defensor, resultan en una parte infundado y en otra ineficaces. Se estima lo anterior, porque como se advierte de la diligencia de dieciocho de agosto de dos mil trece (fojas 54-60 del expediente de amparo), nombró como abogado defensor a la Licenciada Angélica Vargas Valencia, quien estuvo presente en dicha diligencia, aceptó el cargo conferido y se identificó con la cédula profesional 1923165, de ahí lo infundado de su motivo de disenso. Por otra parte, resulta ineficaz lo que aduce el quejoso en el sentido de que al dictar el auto de formal prisión, no se tomó en cuenta la manifestación que hizo en relación a su farmacodependencia, pues si bien se le encontraron dos carrufos de marihuana en cantidad de diez gramos, la misma era para su consumo personal, que por tanto, no existen datos suficientes para acreditar su responsabilidad penal. Se estima lo anterior, porque si bien la farmacodependencia es considerada una enfermedad y constituye una excluyente del delito, también lo es que está condicionada a las dosis máximas establecidas en el artículo 479 de la Ley General de Salud, cuya delimitación atiende no solo a la libertad del farmacodependiente al no restringirle el consumo de sustancias que requiere por el problema de salud que presenta, sino a la protección a la salud de terceros evitando la posesión indiscriminada de narcóticos, también debe considerarse que al tratarse de una excluyente del delito, corresponde a quien la invoca la comprobación de la misma; luego, si el peticionario del amparo en modo alguno acreditó su farmacodependencia, es inconcuso que tal circunstancia en nada le beneficia, pues atendiendo al principio general de derecho, quien afirma está obligado a probar, correspondía a éste acreditar su dicho. Orienta las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 1ª./J.74/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: FARMACODEPENDENCIA. CONSTITUYE UNA CAUSA EXCLUYENTE DEL DELITO CONDICIONADA A LAS DOSIS MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 479 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.- El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis P. VII/2010, señaló que la farmacodependencia es una enfermedad y, por tanto, constituye una causa de exclusión del delito. Ahora bien, la posesión de narcóticos por parte de farmacodependientes, no puede constituir una acción desmedida, sino que debe sujetarse a las dosis máximas establecidas en la tabla de orientación de consumo personal e inmediato prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud. Delimitación que atiende a la libertad del farmacodependiente, al no restringirle el consumo de sustancias que requiere por el problema de salud que presenta, así como la protección a la salud de terceros evitando la posesión indiscriminada de narcóticos. Por tanto, la posesión de narcóticos en cantidad superior a las establecidas en la tabla de referencia, no actualiza la causa de exclusión del delito contemplada en el artículo 15, fracción IX, del Código Penal Federal, no obstante que el sujeto activo padezca dicha enfermedad. Así como la diversa VI.1º.J/71, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a continuación se transcriben: EXCLUYENTES. DEBE PROBARLAS QUIEN LAS INVOCA.- La comprobación de las excluyentes corresponde al que las invoca y no al Ministerio Público. Esto es así, porque cuando la ley establece una excluyente de responsabilidad a favor del acusado, respecto de un hecho punible que se le imputa, corresponde la prueba de ello a éste, de acuerdo con el principio general de derecho de que quien afirma está obligado a probar. Por tanto, la responsable de manera acertada tuvo por comprobada la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito en estudio, encuadrando la conducta del activo del delito en el artículo 477, en concordancia con los diversos 234 y 479 de la Ley General de Salud, al haber ejecutado la acción de manera directa; porque como lo estimó la autoridad lo argumentado por el ahora quejoso, no es suficiente para desvanecer las imputaciones que existen en su contra, corroboradas con el resto del material probatorio que obra en actuaciones. Sirve de apoyo a lo determinado la jurisprudencia VI.1o.P. J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, septiembre de 2001, página 1162, registro 188852, que textualmente dice: "DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DELITO QUE SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 193 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece: "El que niega está obligado a probar cuando su negación es contraria a una presunción legal o envuelva la afirmación expresa de un hecho."; la sola negativa del inculpado de haber participado en el delito o delitos que se le imputan, resulta insuficiente para desvirtuar los elementos de cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime que durante la secuela procesal no aportó prueba alguna para acreditar su versión defensiva, pues admitir como válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre las demás pruebas". Además, para el dictado de un auto de formal prisión no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente datos que sean suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable su responsabilidad, como en el caso a estudio acontece. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 440, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo II página 257, registro 390309, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". También resulta aplicable la jurisprudencia 463, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la Octava Época del tomo II del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 348, registro 904444, cuyo texto y rubro refieren: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, ÚNICAMENTE DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS A QUE SE CONTRAE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL. En el auto de formal prisión solamente debe puntualizarse el o los delitos por los cuales se continuará el proceso y determinar, si está demostrada la corporeidad del ilícito o ilícitos correspondientes; si existen pruebas que hagan probable la presunta responsabilidad en su comisión, pero de ninguna manera deberá precisarse que ésta se justificó plenamente, toda vez que esto es lo que constituye el objeto del proceso y materia de la resolución definitiva; sostener lo contrario, equivale a rebasar las exigencias a que se contrae el artículo 19 constitucional". En las condiciones apuntadas, el acto reclamado a la responsable, reúne cabalmente los requisitos del artículo 19 constitucional y al no advertir queja deficiente que suplir, a la luz del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, resulta procedente negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a EMMANUEL SOTELO SALINAS, contra el acto reclamado de la autoridad señalada en el resultando primero, por las razones y fundamentos contenidos en el considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el cinco de julio de dos mil dieciséis, asistido por Maria del Rosario Romero Delgado. Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de abril de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, treinta de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que la autoridad responsable Juez Segunda de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, no rindió su informe justificado a pesar de estar notificada para ello, según se advierte de la constancia de notificación agregada en autos (foja 66); sin embargo, dado que dicha Juez responsable, al rendir su informe previo en el incidente de suspensión derivado de este juicio, aceptó el acto que se le reclama, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérasele, para que en el término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, siguientes al en que le surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de la totalidad de las constancias que tomó en consideración para emitir el acto reclamado, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Apercíbasele que de no cumplir en tiempo con el requerimiento formulado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, en términos del artículo 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 237, fracción I, de la propia ley; con independencia de aquella a que se refiere el numeral 260, fracción II, de la ley de la materia. Cobra aplicación al caso la tesis VII.3º.P.T.31 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XXII, Diciembre de 2010, página 1819, cuyo rubro dice: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABARLAS DE OFICIO CUANDO EN EL JUICIO HAYA DATOS DE LOS QUE SE DESPRENDA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO QUE PRESUMIÓ CIERTO, ANTE LA FALTA DE INFORMES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES." Para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para este día según se observa de la certificación de cuenta, se difiere para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

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