Emmanuel Silva Mayren
Expediente 122/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Emmanuel Silva Mayren
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento al fallo protector dado por la autoridad responsable, sin que se pronunciara al respecto; por tanto, se atiende a los elementos que obran en el expediente, de oficio, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida. Mediante sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad realizara lo siguiente: "1) Deje insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral ****, donde fijó fecha para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y 2) Emita proveído en el que señale nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo legal que la ley le vincule." Por acuerdo de veinte de mayo del año en curso, causó ejecutoria la anterior determinación; y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficio registrado con el número 3978 el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo anexó copia autógrafa del auto de veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral de origen del que deriva el acto reclamado, en el que dejó insubsistente el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por lo que hace a la fecha señalada para el verificativo de la audiencia trifásica y señaló nueva fecha para el catorce de junio de dos mil veintiuno a las diez horas, para que tuviera verificativo tal audiencia; tal como se advierte de la siguiente captura: Por tanto, si en la protección federal se estipuló que se dejara insubsistente el proveído reclamado de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno y se emitiera otro en el que señalara nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo legal que la ley le vincule, lo cual así aconteció, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. ? Archivo y clasificación del expediente? Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que firma el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, con el que expresa dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; pues al efecto, remite el auto de veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral de origen del que deriva el acto reclamado, el cual contiene firmas autógrafas. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, manifieste lo que a su interés convenga, y una vez transcurrido dicho plazo este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con la información que obre en autos.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia en la que se concedió la protección constitucional; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el sistema y libro de gobierno respectivos. En consecuencia, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, conforme a los efectos precisados en la misma, esto es: "1) Deje insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral ****, donde fijó fecha para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y 2) Emita proveído en el que señale nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo legal que la ley le vincule." Lo anterior, en el término de tres días; en el entendido de que deberá allegar a esta instancia las constancias con las que lo acredite; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las catorce horas con diez minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, día y hora programados para la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número 122/2021-I, presente en audiencia pública el maestro en derecho Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, quien actúa con el licenciado Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario que autoriza y da fe, la declara abierta de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin comparecencia de las partes, ni persona alguna que las represente legalmente. Se pone en relieve que ninguna de las partes solicitó que esta audiencia se verificará mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de esta forma; asimismo, el secretario certifica que se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la firma se realizará de forma digital. Relación de constancias. El secretario hace relación de las constancias relevantes de autos, a saber: a) Demanda de amparo promovida por *****; b) Proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, por el que se admitió la demanda promovida y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; c) El informe de ley que se tuvo por rendido en auto de treinta de marzo de dos mi veintiuno, por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. A lo que el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que anteceden, y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. Periodo probatorio. Enseguida se abre la etapa probatoria, en la que se tiene por desahogada la documental pública que ofertó la Junta responsable al rendir su informe justificado; con lo que se cierra esta etapa. Etapa de alegatos. A continuación, se abre la etapa de alegatos, y el secretario hace constar que se tienen por hechas las manifestaciones formuladas por la autoridad responsable al rendir su informe; en tanto que las demás partes fueron omisas en formularlos. A lo que el juez acuerda: se tiene por omisas a las partes en realizar alegatos; con lo que se cierra la presente etapa. Con lo anterior, se da por concluida esta fase de la audiencia, y se dicta la siguiente resolución. Sentencia definitiva VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 122/2021, promovido por *****; y, Resultando Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el once de marzo de dos mil veintiuno, ****, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, que hizo consistir en: "IV. LA OMISIÓN QUE SE RECLAMA.- La dilación del procedimiento laboral prolongado, lo cual viola flagrantemente el principio de impartición de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 Constitucional, al omitir señalar una fecha de audiencia dentro de los términos legales que establece la Ley Federal del Trabajo." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Segundo. Trámite del juicio. Por proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; formó para tal efecto el expediente 122/2021; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación; y finalmente se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, cumplidos los requisitos de ley, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues la determinación reclamada carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. Segundo. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como acto reclamado: ? El acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, que señaló las catorce horas del trece de agosto de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral *****. La autoridad señalada como responsable es: 1. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Celaya, Guanajuato. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en representación de la citada junta (fojas 27 a 30), aceptó la existencia del acto reclamado; en consecuencia, debe tenerse por cierto el acto impugnado, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 2781, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañó a su informe justificado 1 Quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia común, página 231. la junta responsable, consistentes en copias certificadas relativas al juicio ordinario laboral *****; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones y tratarse de constancias relativas a un juicio ordinario laboral tramitado ante una autoridad del trabajo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, se desprende: 1. El quejoso *****, a través de sus apoderados, demandó en la vía ordinaria laboral, al Centro Nacional de Computación de México, sociedad civil, de quien reclamó diversas prestaciones con motivo de un despido injustificado (fojas 19 a 24). 2. El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se radicó la demanda con el número *****, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, y refirió, entre otras cosas, que tomando como medida programar las audiencias dentro de los juicios laborales, considerando como tiempo suficiente, razonable y proporcional para especiar de manera cautelar, provisional y preventivas las fechas para el desahogo de las audiencias en los procesos laborales y hasta en tanto continúe vigente el semáforo de reactivación económica en color naranja, programó como fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para el trece de agosto de dos mil veintiuno a las catorce horas, ordenando al actuario de su adscripción para que emplazara a la parte demandada, sin que obre tal emplazamiento (foja 26) El proveído anterior, constituye el acto reclamado en forma destacada en este asunto. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son sustancialmente fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado. Como cuestión previa cabe acotar que al controvertido natural le rigen las disposiciones normativas de Ley Federal del Trabajo, antes de su reforma con motivo del decreto publicado el uno de mayo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación. Por medio de dicho decreto se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para instaurar el nuevo sistema de justicia en materia laboral2; no obstante, los preceptos anteriores a esa reforma son aplicables para resolver el presente asunto de conformidad con el artículo octavo transitorio de uno de mayo de dos mil diecinueve, que dispone: "Octavo. Asuntos iniciados con posterioridad al Decreto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del presente Decreto. Hasta en tanto entren en funciones los Centros de Conciliación, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo conservará la facultad para citar a los patrones o sindicatos a juntas de avenimiento o conciliatorias, apercibiéndolos que de no comparecer a dichas diligencias, se les impondrá la medida de apremio a que se refiere la fracción 2 Diario Oficial de la Federación, decreto de uno de mayo de dos mil diecinueve, visible en la página electrónica: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fecha=01/05/2019. I del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la condición que si el solicitante del servicio no asiste a la junta de avenimiento o conciliatoria, se le tendrá por desistido de su petición sin responsabilidad para la Procuraduría, salvo que acredite que existió causa justificada para no comparecer. Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del presente Decreto. Para tales efectos se les dotará de los recursos presupuestales necesarios." De lo transcrito se aprecia que las Juntas de Conciliación y Arbitraje continuarán conociendo de los procedimientos individuales y colectivos que iniciaron con fecha posterior a la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve, acorde con las disposiciones y leyes vigentes hasta antes de su entrada en vigor. Además, tales circunstancias seguirán rigiendo hasta en tanto se instauren los órganos administrativos y jurisdiccionales que tendrán competencia a nivel local y federal para resolver los conflictos en materia de laboral. Luego, si es un hecho notorio que en esta entidad federativa aún no se instauran los órganos administrativos y jurisdiccionales que operarán en el nuevo modelo de impartición de justicia laboral; entonces, es inconcuso que el juicio de origen se rige por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma de mérito. Establecido lo anterior, tenemos que en los conceptos de violación se señala, en esencia, que la responsable viola en perjuicio del quejoso los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, al violentar el derecho a continuar el proceso legal en un plazo razonable, siendo que la audiencia inicial de conciliación demanda y excepciones fue señalada para una fecha que excede por demás el lapso que señala la ley de la materia, lo cual ocasiona un perjuicio al peticionario de amparo, pues es notoria la dilación, al haberse fijado tal audiencia cinco meses posteriores a la presentación de la demanda, lo cual es contrario a lo previsto por el artículo 873 de la Ley federal del Trabajo. Concepto de violación que es sustancialmente fundado. Se determina así porque existe una abierta dilación del procedimiento de origen, en razón de que la audiencia bifásica fue señalada, para su desahogo, en una fecha que rebasó cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la data en la que concluyó el plazo en que legalmente debió realizarse, con lo cual se afecta el principio de prontitud inmerso en segundo párrafo del artículo 17 constitucional. Para corroborar este aserto conviene mencionar que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3, reconoce el llamado derecho a la jurisdicción, cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias sometidas a su potestad. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las autoridades actúen y emitan sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, de modo que la adecuada impartición de justicia se produce, en el tema de la celeridad, cuando las autoridades respetan en sus determinaciones los plazos y términos legales a que las sujetan la normatividad aplicable; elementos que son introducidos a la secuela procedimental para determinar con precisión la duración y avance de determinada etapa, al tiempo que brindan seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar dentro del tiempo establecido por la ley la conducta procesal que les corresponda. 3 "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.".???? En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, con registro 172759, visible en la página ciento veinticuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, abril de dos mil siete, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." De igual modo, cabe señalar que los artículos 685 y 686 de la Ley Federal del Trabajo46, retoman la prerrogativa de 4 "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley." "Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, acceso a la impartición de justicia a que se ha hecho alusión, estableciendo el primero de los dispositivos en consulta que todo proceso en dicha materia "será público, gratuito, inmediato" y se precisa que las juntas se encuentran obligadas a "tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso"; en tanto que, el segundo de dichos numerales, prevé que el "proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley.". De esta manera, se tiene que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades jurisdiccionales en materia laboral, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad. En este contexto normativo, se colige que los órganos jurisdiccionales no deben retardar indefinidamente su función de administrar justicia, atento a que una de sus obligaciones es impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que debe procurar resolver los asuntos a su cargo en los términos que establece la legislación aplicable. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia 2ª./J. 33/2019, vinculante en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, estableció que el juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos o en la realización de cualquier otra diligencia, procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley.".? debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. La invocada jurisprudencia 2ª./J. 33/2019, se localiza en la página 1643, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 64, marzo de dos mil diecinueve, tomo II, con rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Ahora, del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, estatuye: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley.". De esta transcripción se obtiene que la junta debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los quince días siguientes a aquel en que se haya recibido la demanda, lo cual debe notificarse personalmente a las partes, cuando menos con diez días de anticipación a la audiencia. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, dentro el expediente laboral *****, de su índice, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, tuvo por recibida la demanda propuesta por el aquí quejoso, y señaló las catorce horas del trece de agosto de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; esto es, casi seis meses después, lo que se traduce un lapso mayor cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió realizarse la audiencia bifásica -quince días hábiles, a partir de su señalamiento-, en términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; esta circunstancia permite colegir que el diferimiento de la audiencia en cuestión se hizo fuera del término legal, que generó una abierta dilación del procedimiento. Es así, porque de conformidad con lo ordenado en el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo,??? la junta del conocimiento debió desahogar la audiencia bifásica dentro del término de quince días hábiles a su señalamiento; dicho término concluyó el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, data a partir de la cual deben computarse los cuarenta y cinco días naturales para concluir sobre la existencia de una abierta dilación en el procedimiento. Los cuarenta y cinco días naturales -posteriores al diecisiete de marzo del año en curso-, transcurrieron del dieciocho de marzo al uno de mayo de esta anualidad. Luego, si en el caso la audiencia de conciliación, demanda y excepciones se programó -el veintitrés de febrero del presente año-, hasta el trece de agosto de dos mil veintiuno, es inconcuso que en el caso se actualiza la abierta dilación a que alude la citada jurisprudencia 2ª./J. 33/2019, con lo cual se conculcan derechos sustantivos en perjuicio de la parte agraviada. Ello es así, porque la fecha indicada en el acto reclamado para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, propició retardar la función de administrar justicia en forma pronta y expedita, como lo mandata el párrafo segundo del artículo 17 constitucional, en tanto que no se hizo con apego a los plazos y términos que dispone la legislación laboral aplicable, como se expuso. No es óbice para concluir lo anterior que, la responsable al rendir su informe justificado manifestara que las audiencias fueron señaladas de forma espaciada para evitar entre las personas aglomeraciones y contagios de la enfermedad COVID-19; ello, para garantizar la salud de los justiciables y de su personal, puesto que, desde su perspectiva, el derecho a la salud tiene un rango axiológico mayor que el acceso a la justicia y el debido proceso. Tales argumentos no justifican que la junta dilate de forma excesiva el trámite de los asuntos; pues para evitar dicha dilación y respetar el derecho a la salud, puede efectuar audiencias y diligencias usando como apoyo las nuevas herramientas de tecnología que permiten el contacto a distancia de momento a momento sin la presencia física de los intervinientes. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que derivado de la pandemia del virus SARS-CoV2, generadora de la enfermedad (COVID-19), al constituir su brote una emergencia de salud pública de importancia internacional, se emitieron distintas medidas por parte de las autoridades federales y estatales para mitigar y controlar su contagio, entre ellas, la suspensión de labores de las autoridades encargadas en la administración de justicia.5 En ese entendido, la junta laboral responsable se vio en la necesidad de suspender labores y en consecuencia se paralizaron los juicios a su cargo; sin embargo, ya cesó la suspensión de plazos y términos, de manera que las actuales condiciones fácticas no deben ser un obstáculo para dilatar los procedimientos que se ventilan dentro de su competencia, pues, para ello, se encuentra en aptitud de tomar las medidas sanitarias pertinentes y el uso de herramientas tecnológicas para conducir los juicios de forma sencilla e inmediata. Es de conocimiento público que en el estado de Guanajuato, por conducto de la Secretaría de Gobierno se publicó el veintiséis de marzo de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con número 152, segunda parte, el Acuerdo Gubernativo número 94.6 5 Véase, entre otros: - Acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil veinte por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19); y, -Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, emitido por el Secretario de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte; acuerdos que establecieron medidas como la suspensión inmediata y temporal de las actividades no esenciales, el distanciamiento social y el resguardo domiciliario corresponsable. 6 Véase el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato de veintiséis de marzo de dos mil veinte, disponible en la liga electrónica: http://periodico.guanajuato.gob.mx/faces/PeriodicosPub?_adf.ctrl-state=29qdi4zi4_3.???? Mediante dicho acuerdo se reactivaron los plazos y términos legales que regulan la práctica de actuaciones, diligencias y sustanciación de procedimientos administrativos a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública estatal del estado de Guanajuato con efectos hacia los particulares. Además, en el referido acuerdo se aprecia que, para reanudar las actividades, las dependencias deben privilegiar el uso de tecnologías de la información con la finalidad de evitar la congregación de personas en un espacio físico limitado. Aunado a ello, el artículo segundo del acuerdo plantea la posibilidad de que las autoridades que realizan funciones materialmente jurisdiccionales celebren audiencias de forma remota. A saber: "Artículo Segundo. El reinicio de los plazos y términos legales y reglamentarios de las actividades y las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y unidades de apoyo adscritas al Gobernador del Estado, establecidos en los ordenamientos y disposiciones normativas aplicables, se dará conforme a las siguientes directrices: (.) VII. Se podrá celebrar audiencias a distancia mediante el uso de herramientas tecnológicas, conforme a las formalidades previstas en la normativa que regula el procedimiento y con base en los lineamientos respectivos, que en su caso expidan las personas titulares de las dependencias y entidades." En ese sentido, es aplicable al respecto la tesis I.3o.C.35 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1373, libro XXVI, noviembre de dos mil trece, tomo 2, Materia(s) Civil, Común, Décima Época, registro 2004949, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." De igual modo, el artículo cuarto del acuerdo en consulta indica que las medidas que tomen las dependencias deberán ser acordes con la protección del derecho humano a la salud en todas sus dimensiones, de conformidad con los lineamientos que expidan las autoridades federales y estatales, con la finalidad de procurar la disminución de movilidad y concentración de personas en un mismo espacio. Dicho precepto dispone: "Artículo Cuarto. A fin de contener la diseminación del COVID-19, deberán implementarse obligatoriamente las estrategias generales que al respecto dicte la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, para proteger al personal, tomando en consideración la promoción de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral establecidos por la autoridad federal y estatal, así como procurando en lo posible la disminución de movilidad y la concentración de personas en un mismo espacio físico." De todo lo anterior se obtiene que por causas de fuerza mayor la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad estuvo en la necesidad de paralizar plazos y términos legales, así como suspender labores dentro de sus instalaciones desde el veintiséis de marzo hasta el tres de agosto, ambos de dos mil veinte. Es razonable que por tales circunstancias, la carga de trabajo de los órganos que imparten justicia se haya acrecentado y acumulado; no obstante, la paralización de plazos no justifica que una vez reanudadas las labores se dilate de forma excesiva el trámite de los asuntos a su cargo, en contravención a los principios que rigen el proceso laboral. Si bien el efecto del regreso escalonado a las actividades esenciales por los órganos que imparten justicia debe girar en torno a la protección del derecho a la salud de los justiciables y su personal, el acuerdo gubernativo número 110, permite el uso de herramientas tecnológicas para continuar con la función de labores sin que para ello sea???? necesario la congregación de personas en las instalaciones de las dependencias de gobierno. En ese sentido, no es válido el argumento de la responsable acerca de que la programación de fechas de forma escalonada persigue evitar aglomeraciones de personas, puesto que, como quedó evidenciado, se encuentra en condiciones para celebrar y desahogar todo tipo de diligencias con el apoyo de medios y herramientas de tecnología. Además, la modalidad planteada en el acuerdo en consulta, es idónea para garantizar de forma interdependiente los derechos a la salud y el acceso a la justicia. De ahí que se advierta por parte de la junta una notoria dilación al no fijar la fecha de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de un plazo razonable y, en su caso, no utilizar los medios disponibles para su desahogo. En ese sentido y atendiendo a las consideraciones plasmadas en el presente fallo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder la protección constitucional para el efecto de que la junta laboral responsable: 1) Deje insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral *****, donde fijó fecha para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y 2) Emita proveído en el que señale nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo legal que la ley le vincule. En razón de la conclusión alcanzada y los efectos que se otorgaron al amparo, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja expuestos, en atención a la jurisprudencia número 1077, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal ampara y protege a *****, en contra del acto de la autoridad que se precisó en el considerando segundo de este fallo, por lo expuesto y para los efectos indicados en el considerando último de esta sentencia.
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