Emmanuel Sepulveda Gutierrez
Expediente 810/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Emmanuel Sepulveda Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de quince de octubre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por -; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que al rubro dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Por otra parte, como del estado procesal que guardan los autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de destrucción, dado que se sobreseyó en el juicio principal, lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta remitido por la Jefe de Administración Centro Histórico, con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento de veintisiete de septiembre del año en curso, y remite copia del acuse de recibo de la pieza postal número 10596. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-810/2019-1; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. ********************, por propio derecho, mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y turnado en la misma data a este Juzgado Federal, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que hizo consistir en lo siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Autoridad ordenadora: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con domicilio en la calle Morelos sur número 276, interior 17, colonia Centro en la ciudad de Zamora, Michoacán. Autoridad Ejecutora: Actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán de Ocampo, con domicilio en la calle Morelos sur número 276 interior 17, colonia Centro en la ciudad de Zamora, Michoacán." "IV. ACTO U OMISION RECLAMADO DE CADA AUTORIDAD. De la ordenadora: El señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, esto es a las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 02 DOS DE MARZO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, la omisión de turnar el expediente al actuario respectivo y por consecuencia la omisión de llevar a cabo el desahogo de la audiencia antes referida dentro de los términos de Ley, actos derivados del expediente número J-VI-127/2019. De la ejecutora: La omisión de notificar a la parte demandada en los términos que ordena el primer párrafo del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, actos derivados del expediente número J-VI-127/2019." El quejoso narró los antecedentes del caso, precisó que existía tercero interesado, señaló los conceptos de violación que estimó pertinentes y estimó violados en su perjuicio el derecho humano consagrado en los artículos 1°, 8, 14, 16, 17. 123 y 133 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. En auto de quince de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal, fijándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; y, una vez realizados los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede quedando los autos para dictar resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, acorde a lo establecido en los artículos 103 y 107 constitucionales, 37 de la Ley de Amparo, así como en términos del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, virtud a que el acto reclamado fue emitido y tiene su ejecución en la jurisdicción que comprende a este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. El Pleno de nuestro Máximo Tribunal del país, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, como son: Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado por el promovente en esta instancia constitucional, lo hace consistir en: El señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente número J-VI-127/2019. TERCERO. Existencia y certeza del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada al Presidente de la Junta Especial Número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Zamora, Michoacán y Actuario de su adscripción, pues al rendir su informe justificado aceptaron su existencia, lo cual se corrobora con la copia certificada de las principales constancias del expediente laboral -de su índice, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por lo que debe tenerse por cierto para los efectos legales procedentes. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Determinada la certeza de los actos reclamados, resulta oportuno analizar la procedencia del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos, se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien, porque virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto reclamado que se considera violatorio de derechos desapareció, o bien, por un acto posterior las consecuencias jurídicas que genera un perjuicio en la esfera de la parte quejosa, desaparecen, a nada práctico conduciría analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica del impetrante de amparo. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." De la lectura del criterio invocado, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo; y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante de amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo; es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es evidente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 882, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que al rubro establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa reclamó en esta vía del Presidente de la Junta Especial Número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, el señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepción, dentro del expediente laboral número J-VI-127/2019; empero, del informe justificado y las constancias que adjuntaron al mismo las autoridades responsables, se aprecia que las partes celebraron un convenio; además, de que la parte aquí quejosa se desistió lisa y llanamente de la demanda y acciones intentadas en contra de todos y cada uno de los demandados, por lo que la responsable elevó a categoría de laudo ejecutoriado y ordenó el archivo de dicho asunto como total y definitivamente concluido, resulta evidente que cesaron los efectos de la omisión reclamada. En consecuencia, al haber quedado actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del Artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, de conformidad con el diverso 63, se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por ********************, por lo que respecta al señalamiento de una fecha remota para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones reclamada al Presidente de la Junta Especial Número 6 de la Local Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán. Por lo tanto, resulta improcedente analizar el fondo del asunto que van dirigidos a combatir la dilación ya que se actualizó la causa de improcedencia analizada, de acuerdo con la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el CD-2, IUS 2004, con el número de registro 226, 555, que enseguida al rubro se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Publicación de datos. En otro aspecto, como la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto admisorio, por lo que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8° de la citada Ley Federal, la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere en el párrafo segundo del artículo 8 del reglamento en cita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 37, 61, 63, 74, 107 y demás relativos de la Ley de Amparo; S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, por el acto atribuido a las autoridades precisadas en el tercer considerando y por los motivos expuestos en el diverso cuarto de este fallo. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el considerando último de la presente resolución, publíquese la presente sentencia en los términos que ahí se indican.
- Principal
Como del estado que guardan los autos, se advierte que el Administrador Local de Correos, con sede en esta ciudad, no ha remitido la pieza postal "acuse de recibo" relativa al oficio número 10596 dirigido al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; por tanto, en obvio de mayores dilaciones, requiérase al Administrador Local de Correos, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contando a partir de la legal notificación del presente proveído, remita la pieza postal en cita o bien informe el impedimento legal que tenga para ello; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá un multa de cincuenta días, de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de la Materia. No se soslaya que en diversos Juicios de Amparo que se llevan en este juzgado, la autoridad requerida ha informado que tal solicitud, recae exclusivamente en la oficina de destino, ya que a ella corresponde realizar la entrega y controlar la devolución de las piezas postales referidas; empero, como la autoridad a que hace referencia, y la requerida actúan en coordinación y apoyo de la justicia Federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 del Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, tal cuestión constituye una obligación, la cual no deberá inobservar dicha autoridad, so pena de incurrir en desacato. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
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