Emmanuel Reyna Morales y Otros.

Expediente 749/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
749/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Emmanuel Reyna Morales y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto; téngase por recibido el ocurso signado por el quejoso Hermilo García Zavala; en atención a su contenido, ponderando que en el presente asunto ya fue dictada la sentencia relativa, y que no fueron objetadas de falsas las documentales aportadas por el impetrante de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º, hágase la devolución de las mismas, previa copia certificada que de ellas se deje en autos y razón de su recibo para constancia legal, por conducto de la profesionista que designa para tal efecto; asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele las copias simples que indica, previo recibo que se deje en autos para debida constancia legal. En el entendido, de que para dicha devolución y reproducción, deberá generar una cita para la consulta de expediente, con la finalidad de que el día programado acuda para la reproducción a su costa, en el lugar en el que se le indique, a fin de obtenerla, previo su cotejo, siempre y cuando las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional lo permitan en el tiempo de duración de la cita agendada, y en caso de que este resulte insuficiente, deberá generar una nueva cita a través del sistema "Agenda OJ", a fin de que les sean devueltas las documentales que refiere, de conformidad los establecido en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 16364/2022 signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, mediante el cual remite por incompetencia legal el juicio de amparo 767/2022, de su índice, promovido por Efrén Adame Montalván y Emmanuel Reyna Morales, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y otra autoridad. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 749/2022-III*R y fórmese expediente. Ahora bien, este juzgado respetuosamente disiente de las razones que sustentó el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, para declinar el conocimiento del juicio por los siguientes argumentos: En primer término se destaca que dicho juzgador en proveído de veinte de julio pasado, consideró lo siguiente: "En ese orden, se advierte que de manera literal la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: ´IV.- ACTO RECLAMADO.- El acuerdo de fecha catorce de junio del año 2022, mediante el cual impone una multa en forma individual a los suscritos consistente en ciento veinte unidades de medida y actualización (UMA) lo cual equivale a la cantidad de $11,546.40 M/N (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M/N), derivado del expediente administrativo TJA/SRO/013/2019, que se ventila en la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.´ (.) Lo anterior, pone de manifiesto que de manera categórica la parte quejosa impugna actos que tendrán ejecución material en Ometepec, Guerrero. Ello es así, debido a que con independencia del acto que señala como reclamado en el capítulo respectivo; señala que en el expediente administrativo número TJA/SRO/013/2019 del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en Ometepec, se condenó a los quejosos Efrén Adame Montalván y Emmanuel Reyna Morales, en su calidad de Presidente y Oficial Mayor del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, al pago de una multa en forma individual a consistente en ciento veinte unidades de medida y actualización (UMA) lo cual equivale a la cantidad de $11,546.40 M/N (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M/N); de ahí que se arribe a la firme convicción que el acto reclamado tendrá ejecución en el municipio de Ometepec, Guerrero. Sentando lo anterior, de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, así como el punto cuarto, apartado XXI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios del Circuito y de los Juzgados de Distrito, tal competencia recae en los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco, Guerrero. [.] De ese modo, como se precisó, el acto en reclamo tendrá ejecución en un lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, por lo cual se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente; de lo que deviene entonces que este Juzgador es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo." De los párrafos previamente insertos se advierte que dicho órgano jurisdiccional determinó no ser competente para conocer del asunto en virtud de que considera que los actos reclamados tendrán ejecución en el Municipio de Ometepec, Guerrero; sin embargo, como se adelantó, este juzgado federal no comparte tal criterio, motivo por el cual se determina no aceptar la competencia planteada. En efecto, la competencia de la autoridad es un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica tutelado en el primer párrafo del artículo 161 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de controversias, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por la autoridad incompetente. En torno a la competencia en materia de amparo indirecto, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.) "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". 1 "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)". Conforme a la norma constitucional parcialmente transcrita, la competencia -por razón de territorio- recae en el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En congruencia con dicha disposición constitucional, en el artículo 37 de la Ley de Amparo se establecieron tres reglas diferentes para fijar la competencia, según si el acto requiere o no de "ejecución material", entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado, de modo que la ejecución no se enfoca sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico. De ello se sigue que la primera regla determina que será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda regla indica que cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez donde se presente la demanda; y la tercera regla establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. La diferencia entre las reglas competenciales que sí requieren ejecución material (primera y segunda) no se limitan a que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realizará en dos o más distritos diferentes. De ahí que si un acto comienza a ejecutarse en un distrito determinado y continúa ejecutándose en otro, la competencia se finca en el juez de Distrito donde se haya presentado la demanda -prevenido en el conocimiento-; es decir, en el primero que hubiera conocido de la demanda y tenga jurisdicción en el lugar donde inició a ejecutarse o continuó la ejecución del acto reclamado (segunda regla). En el caso quedan al margen la primera y la tercera de las hipótesis en cuestión en tanto que, de acuerdo a lo manifestado por la parte quejosa a consideración de este órgano jurisdiccional el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito. En efecto, los criterios legales contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, ponen de relieve un interés especial del legislador en determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz. Es decir, el legislador eligió como factores que deben considerarse preferentes para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto y, en su caso, con la residencia de la autoridad responsable, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como, evidentemente, a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso. No debe perderse de vista que la ejecución del acto no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En la especie, el acto reclamado a la autoridad responsable Magistrado de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en Ometepec, consiste en el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente administrativo TJA/SRO/013/2019, ventilado en la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, mediante el cual le impuso a los quejosos una multa por la cantidad de $11,546.40 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 M/N), como se advierte de lo manifestado por los impetrantes en el capítulo relativo del escrito inicial de demanda, en el que literalmente estableció: "IV.- ACTO RECLAMADO.- El acuerdo de fecha catorce de junio del año 2022, mediante el cual impone una multa en forma individual a los suscritos consistente en ciento veinte unidades de medida y actualización (UMA) lo cual equivale a la cantidad de $11,546.40 M/N (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M/N), derivado del expediente administrativo TJA/SRO/013/2019, que se ventila en la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero." Por otra parte, al narrar los antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa manifestaron: "ANTECEDENTES 1.- Que mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil diecinueve, ante la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el tercero interesado promovió juicio de nulidad y señalado como actos impugnados los consistentes en: a) ´Lo constituye la disminución salarial sin causa, ni motivo legalmente justificado que se realizó a partir del mes de enero de dos mil diecinueve; b) Lo constituye la retención de mi salario de los meses correspondientes a noviembre y diciembre, así como parte proporcional de aguinaldo correspondiente al año dos mil dieciocho que comprendió una quincena salarial; c) Lo constituye el cambio de área de adscripción de Seguridad a Oficialía Mayor´; atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO; relato los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 2. Por auto de once de febrero de dos mil diecinueve se tuvo por admitida la demanda, se registró en el libro de gobierno bajo el número TJA/SRO/013/2019 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y OFICIAL MAYOR DEL H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO. 3. En acuerdo de seis de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo a las autoridades demandadas por contestada en tiempo la demanda instaurada en su contra ordenándose dar vista a la parte actora. 4. Por escrito de fecha once de marzo de dos mil diecinueve el actor solicita una SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS "para el efecto de que las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y EL OFICIAL MAYOR AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, continúen realizando el pago de la cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) lo cual permite el sustento de la parte actora cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud entre otros", misma que mediante acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve SE CONCEDE a VÍCTOR TAPIA FUENTES, parte actora, para los efectos solicitados por tratarse de una persona discapacitada que depende de su salario, por lo que le concede la suspensión con efectos restitutorios. 5. Por acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve, se impuso una primera multa a las demandadas ante su negativa en acatar la suspensión con efectos restitutorios concedida a favor del actos, por lo que en escrito de dos mil diecinueve las demandadas exhibieron un título de crédito número 0000224 de fecha veintidós de abril por la cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.) a favor del actor, quien el día veintiséis de abril y veintisiete de mayo respectivamente, compareció a la Sala Regional a recibir quincena del mes de febrero, así como la primer quincena del mes de marzo de dos mil diecinueve a decir de las demandadas. 6. Por acuerdo del primero de julio de dos mil diecinueve, a VICTOR TAPIA FUENTES, parte actora, se le tiene por ofrecida la prueba superviniente consistente en: 1.- Documental Pública consistente en el oficio número PM/164/2019 de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve, suscrito por el Presidente Municipal, ordenándose dar vista a las autoridades demandadas, quienes mediante escrito de fecha catorce de julio de dos mil diecinueve realizan su desahogo y en acuerdo de siete de agosto se reserva su valoración para el momento de dictarse sentencia. 7. Por auto de fecha dos de julio de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora por precluido su derecho para ampliar la demanda; y seguida la secuela procesal, el tres de julio de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se declararon vistos los autos para dictar la sentencia en el juicio. 8. Con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la Magistrada de la Sala Regional de origen, emitió la sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de los actos impugnados y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136, 137 fracción VI, 139 y 140 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, determinó como efecto de cumplimiento de sentencia el siguiente: ´.es para que las autoridades demandadas respeten el salario que se estipulo en el convenio de fecha primero de junio de dos mil dieciocho en el cual se determinó un pago de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) quincenales de manera vitalicia al actor también es procedente el pago de la cantidad de $12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.), de igual forma, es procedente el pago de la cantidad $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) a partir de la segunda quincena del mes de marzo de dos mil diecinueve y hasta que se actualicen y normalicen los pagos quincenales conforme al convenio de fecha uno de junio de dos mil dieciocho, que señala Pensión vitalicia en cumplimiento a la ejecutoria de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, dentro del expediente número TCA/SRO/096/2016.´ 9. Inconformes las autoridades demandadas, con el sentido de la sentencia definitiva, interpusieron recurso de revisión ante la propia Sala Regional mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en el que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, por lo que mediante auto por presentado en tiempo y forma, se ordenó correr traslado con copia de los agravios a la parte actora para el efecto a que se refiere el artículo 221 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y una vez cumplido lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 10. Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, esta Sala Superior recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que fue el toca número TJA/SS/REV/065/2021, se turnó a la C. Magistrada ponente el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, para su estudio y resolución correspondiente; y 11. Con fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, la Sala Superior dictó sentencia definitiva en la que confirmo la resolución de la Sala Regional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136, 137 fracción VI, 139 y 140 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, determinó como efecto de cumplimiento de sentencia el siguiente: ´RESUELVE: PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios expuestos por las autoridades demandadas en el recurso de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/065/2021, en consecuencia; SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve distada por la Magistrada de la Sala Regional con sede en Ometepec, de este Tribunal del Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando del presente fallo. TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado. CUARTO.- Copia autorizada de la presente resolución devuélvase el expediente principal a la Sal Regional de Origen y en su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como totalmente concluido." 12. Mediante oficio 501/2022 de fecha siete de abril de dos mil veintidós, se notificó en la oficialía de partes común del H Ayuntamiento Municipal de Ometepec, Guerrero, la sentencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, causando ejecutoria la resolución antes mencionada. 13. Es el caso que, mediante oficio 8391/2022 de fecha veinte de junio de dos mil veintidós, se notificó en la oficialía de partes común del H Ayuntamiento Municipal de Ometepec, Guerrero, la determinación de fecha once de junio de dos mil veintidós a efecto de la sentencia es para que las autoridades demandadas respeten el salario que se estipulo el convenio de primero de junio de dos mil dieciocho, imponiéndose una multa individual el cual impone una multa a los suscritos consistente en ciento veinte unidades de medida y actualización (UMA) lo cual equivale a la cantidad de $11,546.40 M/N (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M/N)." Asimismo, en el capítulo relativo a los conceptos de violación en lo conducente refirieron: "(.) PRIMERO.- Me causa agravio el auto de fecha catorce de junio del año 2022 (.) resolución que nos causa agravio en la siguiente parte: ´.por lo tanto esta Sala para el efecto de hacer cumplir en sus términos la sentencia emitida en el presente juicio, dada la renuencia con que se conducen las autoridades demandadas y el nivel jerárquico del cargo que ostentan como Servidores Públicos Municipales en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y OFICIAL MAYOR AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO (.) se les hace efectivo el apercibimiento de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, mismo que fue debidamente notificado (.) la tercera multa en forma individual de ciento veinte unidades de medida y actualización (UMA), a razón de $96.22 (NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.), equivalente a la cantidad de $11,546.40 M/N (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M/N)) (.) por tanto y con fundamento en el artículo 19 de la Ley número 61 del Fondo Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, para que ordene a quien corresponda se sirva hace efectiva la sanción impuesta, misma que deberá ser depositada en la cuenta número 4392-62564 del Banco Banamex, que corresponde al Fondo Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, asimismo, se requiere a dicha autoridad fiscal, para que se haga efectiva la multa compuesta, remita a esta Sala Regional las constancias que justifiquen el pago de la multa ordenada, (.)". En ese contexto, es indudable que el acto que reclaman los quejosos, en lo que atañe a la multa, ha comenzado a ejecutarse en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; ya que además, los impetrantes transcriben en la demanda parte del acuerdo reclamado, de donde se obtiene la orden específica a la autoridad exactora Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, de cobrar tal multa, la que incluso fue señalada como autoridad responsable ejecutora. Por lo que se advierte con objetividad, que el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en Chilpancingo; entendiéndose que es en dicha localidad donde en su momento, habrá de iniciarse el procedimiento coactivo para requerir el pago del respectivo crédito fiscal, al figurar dicha secretaría como exactora encargada de su recaudación; para luego continuar con tal ejecución en el lugar donde laboran los quejosos como Presidente Municipal Constitucional y Oficial Mayor, ambos del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, a fin de hacer efectiva la multa De ahí que es claro que en Chilpancingo, Guerrero, es donde se inicia o existen principios de ejecución, ante la orden dada por la autoridad responsable ordenadora para cumplir el mandamiento, esto es, realizar el cobro de la multa respectiva a través del medio que estime conveniente. Y si bien es cierto, tal ejecución cuyo inicio, se insiste, tiene lugar en la jurisdicción del mencionado Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, continuará su materialización en las instalaciones del Ayuntamiento Municipal de Ometepec, Guerrero, en donde se entiende tiene su domicilio laboral los quejosos, esto es, en una jurisdicción distinta al lugar donde se encuentra dicha autoridad, también lo es que ello no hace más que reafirmar que en la especie se actualiza la segunda regla establecida en el artículo 37 de 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ WordSISE ??A???????????? la Ley de Amparo para determinar la competencia de un juez de distrito. En ese contexto, se está ante un acto cuya ejecución se inicia en un distrito judicial y se sigue ejecutando en otro, como lo son el ubicado en Chilpancingo, Guerrero y el localizado en Municipio de Ometepec, Guerrero (ciudades que pertenecen a distritos judiciales diversos), puesto que el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, quien reside en Chilpancingo y a quien el Magistrado de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en Ometepec, encomendó la ejecución de la sanción pecuniaria impuesta a los quejosos ante la negativa de éste de acatar la sentencia dictada en contradictorio natural, será el encargado de realizar los trámites correspondientes para dar cumplimiento a la determinación dada por la autoridad ordenadora en el auto reclamado, actuación que ciertamente seguirá teniendo una repercusión material en el municipio donde se ubica el ayuntamiento en el que los quejosos fungen como Presidente y Oficial Mayor. De ahí que, se asevere que la materialización del acto de que se trata inicia con la orden dada a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, así como con los actos que ésta despliegue para el cobro de la multa, y tales actos se seguirán materializando en el municipio de Ometepec, Guerrero, donde se localiza el domicilio laboral de los impetrantes. Por lo cual, conforme a las reglas contenidas en la Ley de Amparo, si el mandamiento en cuestión se despliega en diversos lugares, la competencia recae en el juzgador que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario, se obligaría al particular a controvertirla ante cada juez de distrito donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. Motivo por el cual, contrario a lo aseverado por el declinante estamos ante un acto cuya ejecución ha comenzado a ejecutarse en un distrito judicial y sigue ejecutándose en otro, esto es, se está ante la segunda de las hipótesis de procedencia de la competencia a que refiere el mencionado precepto 37 de la Ley de la materia. Tal y como lo determinó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 38/2021, derivado de un asunto idéntico al aquí planteado. Luego, como quien previno en el conocimiento del juicio de amparo fue el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, es a éste a quien corresponde conocer y resolver el aludido juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 2/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO. Si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los juzgados de Distrito contendientes y, por ende, los actos reclamados pueden tener ejecución material dentro de esas jurisdicciones, bajo la premisa de que se trata de actos que requieren ejecución material, será competente para conocer de la demanda de amparo, cualquiera de ellos, a prevención, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, el juez de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda es quien debe continuar conociendo de ella". (Novena Época. Registro: 200824. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Abril de 1995. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 2/95. Página: 31). La citada jurisprudencia resulta aplicable, en virtud de que no contraviene las disposiciones previstas en la Ley de Amparo vigente. También se cita la tesis aislada XXVII.3o.13 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO EJECUTADO O EJECUTABLE EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE CUALQUIERA DE ESAS DEMARCACIONES, A PREVENCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.". Sin embargo, ese enunciado normativo no debe entenderse literal y aisladamente en el sentido de que podrá conocer del asunto cualquier Juez de Distrito del país. Antes bien, es necesario interpretarlo en armonía con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto deberá presentarse "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". De esta disposición se infiere que, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Así, mediante la interpretación de la norma secundaria conforme al precepto constitucional, se concluye que cuando el acto reclamado haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención". (Décima Época. Registro: 2006496. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: XXVII.3o.13 K (10a.). Página: 1941). Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo de que se trata, por las razones apuntadas en párrafos anteriores. En consecuencia, devuélvase al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, el juicio de amparo 767/2022, formado con motivo de la demanda promovida por Efrén Adame Montalván y Emmanuel Reyna Morales, por su propio derecho, a fin de que acuerde lo conducente, acuse el recibo de estilo, y de no tener inconveniente legal alguno, haga del conocimiento de este juzgado la determinación que asuma sobre el particular. Finalmente, con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para debida constancia legal. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/1364/2022, de treinta de mayo de dos mil veintidós, quien actúa asistido por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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