Emmanuel Peña Velázquez
Expediente 621/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Emmanuel Peña Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
MESA I Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes quejosa y terceras interesadas en proveído de veintisiete de abril pasado, a efecto de que se pronunciaran en torno al cumplimiento del fallo amparador, sin que hicieran alguna exposición; por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si la sentencia concesoria se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo al quejoso EMMANUEL PEÑA VELÁZQUEZ, contra la determinación emitida en la audiencia oral de treinta de julio de dos mil veintiuno, en la cual, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, declaró improcedente la solicitud de modificación de medida cautelar de prisión preventiva a una menos lesiva en la causa penal 98/2021, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente únicamente la determinación que fue materia de concesión, emitida en la audiencia oral de treinta de julio de dos mil veintiuno, en la causa penal 98/2021; y, 2. Convoque nueva fecha y hora, para la continuación de la audiencia oral de revisión o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a EMMANUEL PEÑA VELÁZQUEZ y, con plenitud de jurisdicción, resuelva conforme a derecho la solicitud planteada por la defensa del imputado y, dé respuesta de manera congruente los argumentos formulados en la audiencia oral de referencia." Para llegar a esa conclusión, se expuso lo siguiente: "En principio, se destaca que el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la audiencia inicial consta de diversas etapas, a saber: 1. La fase de información al indiciado sobre sus derechos; 2. La etapa de control de la detención (si hubiere flagrancia); 3. La de formulación de la imputación; 4. La oportunidad que tiene el imputado para declarar; 5. La de vinculación a proceso; 6. Fase de medidas cautelares; y, 7. El plazo para el cierre de la investigación. De manera que, conforme a ese numeral, la audiencia inicial contiene una serie de actos que se relacionan o entrelazan entre sí, necesarios para alcanzar los fines del procedimiento penal acusatorio; dado que el sentido de la determinación adoptada en relación con cada uno de esos temas o etapas, constituye el sustento del siguiente y, por ende, una vez superado el anterior, queda consumada la actuación practicada en éste; de lo que se sigue que la actuación posterior puede modificarse sin afectar a la anterior, pero no a la inversa. [.] El diverso 154 de la normatividad citada, dispone que para la imposición de medidas cautelares, se requiere petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, incluso, hasta el imputado puede solicitarlas a través de su defensa, como se aprecia del diverso 158 de la norma en consulta. Además, del contenido de los preceptos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se advierte que las medidas cautelares formen parte del auto de vinculación a proceso; por lo que, es evidente que su imposición corresponde a diversa etapa. Ello es así, pues el auto de vinculación a proceso es la judicialización y continuación del proceso con el imputado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten presumir la existencia de un hecho delictuoso, así como su probable intervención. Es decir, es el procedimiento que realiza el órgano jurisdiccional a fin de resolver, en audiencia, la situación jurídica del imputado, en función a los datos de prueba existentes, y para dictarlo deben atenderse los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en que: a) se haya formulado imputación; b) se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar; c) se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, d) no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por tanto, cuando únicamente se reclama en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso, no debe analizarse de oficio todo lo acontecido en la audiencia, como lo pronunciado con relación, entre otros, a la calificación de la detención, las medidas cautelares o el cierre del plazo de la investigación complementaria, al ser actos que tienen finalidades distintas, a menos que se señalen como actos destacados. [.] Ahora bien, del juicio de amparo indirecto 191/2021 del índice de este órgano de control constitucional, que se invoca como hecho notorio, se advierte que no se controvirtió como acto reclamado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dado que solo se impugnaron los siguientes actos: "I. La inconstitucionalidad del artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso q), de la Constitución Política de la Ciudad de México. II. La inconstitucionalidad del artículo 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. III. La inconstitucionalidad del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal en su totalidad, y del artículo 7, inciso a), punto 2 y 40, fracciones 1 y 3 de dicho ordenamiento. IV. La inconstitucionalidad del Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal en su totalidad y la de los artículos 1, 2, 4, fracción I, 7, 34 fracción V, 69, 72 fracción I y 86 de dicho ordenamiento. Atribuidos a la Asamblea Legislativa, Congreso de la Ciudad de México y jefa de Gobierno de la Ciudad de México. V. La inconstitucionalidad del Manual de Organización y Funciones de Seguridad de los Centros de Reclusión del Distrito Federal en su totalidad, y la de los artículos 33 al 33.16 de dicho ordenamiento. Atribuido al Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. VI. El auto de vinculación a proceso de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta judicial 012/0097/2020-OA. Atribuido al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce." En consecuencia, el hecho de que la parte quejosa haya promovido juicio de amparo indirecto contra el auto de vinculación de referencia, no constituye obstáculo para que la responsable dejara de resolver lo relativo a la revisión o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se impuso a EMMANUEL PEÑA VELÁZQUEZ, en la causa penal 98/2021. Lo anterior, dado que, como se sostuvo en líneas precedentes, esa medida no forma parte de la litis constitucional aludida; de modo que, adverso a lo que se expuso en la determinación reclamada, lo resuelto en la audiencia de diez de marzo de dos mil veintiuno, en torno a la citada medida cautelar, no guarda relación con la materia del juicio de amparo 191/2021. Por tanto, lo que se determinara en esa controversia constitucional no hubiere impactado si la responsable hubiera decidido la pretensión de la parte quejosa en la audiencia de treinta de julio de dos mil veintiuno; razón por la cual, se insiste, se estima que era innecesario esperar a que se resolviera el amparo de referencia para que se determinara lo conducente en relación con la revisión o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva planteada por la defensa del imputado. Así, por los motivos expuestos, al resultar fundados los conceptos de violación; procede conceder el amparo al quejoso EMMANUEL PEÑA VELÁZQUEZ, contra el acto que atribuyó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente." Esa sentencia causó ejecutoria el veintidós de abril de dos mil veintidós, por lo que se se requirió al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, para que dentro del plazo de tres días hábiles diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A través del oficio CJPF/JC/203/2022, la autoridad responsable informó que dejó insubsistente únicamente la determinación que fue materia de concesión emitida en la audiencia oral de treinta de julio de dos mil veintiuno, en la causa penal 98/2021 y, que solicitó a la administradora del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, a fin de que señalara fecha y hora para la continuación de la audiencia oral de revisión o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso. En proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, la administradora del citado centro fijó las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veinticinco de abril siguiente para que se llevara a cabo la referida audiencia por el método alternativo de videoconferencia y que sería presidida por el Juez de Control Jesús Eduardo Vázquez Rea. Mediante oficio CJPF/JC/204/2022, el juez de Distrito responsable allegó copia del acta de veinticinco de abril pasado con firma electrónica y de un disco compacto con el registro de audio y video de la audiencia oral que tuvo verificativo en esa data; los cuales, la primera, de conformidad con los arábigos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno; en tanto que a las videograbaciones también se les concede valor probatorio pleno, al tenor de la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, de las constancias señaladas y de las videograbaciones, se advierte: a) Que se dejó insubsistente únicamente la determinación que fue materia de concesión, emitida en la audiencia oral de treinta de julio de dos mil veintiuno, en la causa penal 98/2021. b) Se fijaron las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós para la continuación de la audiencia oral de revisión o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, a través del método de videoconferencia, la cual se llevó a cabo en esa data y fue presidida por el Juez de Control Jesús Eduardo Vázquez Rea, en la que, con plenitud de jurisdicción, determinó lo siguiente: En principio, destacó que en la audiencia de diez de marzo de dos mil veintiuno, el juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 589/2020, del índice de este órgano de control constitucional, dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso de dos de febrero de dos mil veinte dictado en contra de EMMANUEL PEÑA VELÁZQUEZ, y con base en el mismo hecho, lo vinculó por el delito de evasión de presos agravado previsto en los ordinales 152 y 150, párrafo segundo, del Código Penal Federal. Expuso que con relación a la medida cautelar, se estableció que subsistía la impuesta en la audiencia que se inició el uno de febrero de dos mil veinte y concluyó al día siguiente, en la que la fiscalía solicitó se impusiera al impetrante la prisión preventiva justificada, debido a que existía peligro de sustracción con base en los siguientes aspectos: V El máximo de la pena de prisión que se le pudiera imponer al imputado; V La obstaculización de la investigación, ya que de encontrarse en libertad podría reincorporarse a sus labres dentro del centro de reclusión en el que se cometió la conducta que se le imputa, lo que le daría acceso a los registros relacionados con el delito que se investiga con la posibilidad de realizar alguna alteración; y, V La intimidación de los testigos que laboran en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta Ciudad de México (internos y custodios), debido a que se indicó que uno de ellos había sido amenazado. A los cuales, expuso la responsable, se opuso la defensa, debido a que estaba acreditado el arraigo del peticionario; las circunstancias que refirió el fiscal eran subjetivas; su defendido no fue quien había proferido las amenazas; no tuvo intervención en la conducta que se le atribuye y, que la reincorporación a su empleo le permitiría aportar pruebas para acreditar su inocencia. Que en la referida audiencia, el juez que previno resolvió que no contaba con dato objetivo para establecer el arraigo del imputado y, por ello, se sostuvo que se actualizaban las razones que señaló el fiscal, por lo que se impuso al peticionario la prisión preventiva justificada. Argumentos que, expuso la responsable, se reiteraron en la audiencia de diez de marzo de dos mil veintiuno, en la que estuvo presente el actual defensor del quejoso, sin que hiciera valer algún recurso en contra de esa determinación, lo que evidencia que se conformó con ese argumento. Asimismo, se señaló que si bien el impetrante promovió el juicio de amparo 191/2021 del índice de este juzgado; sin embargo, los actos reclamados en esa litis, fueron la inconstitucionalidad de diversos ordenamientos (por los cuales se sobreseyó el juicio) y el auto de vinculación a proceso de diez de marzo de dos mil veintiuno (por el cual se negó el amparo), no así lo relativo a la medida cautelar. Precisó la responsable que en la audiencia de treinta de julio de dos mil veintiuno (que fue materia de estudio en el presente juicio), la defensa solicitó la revisión de medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado EMMANUEL PEÑA VELÁZQUEZ, por considerar que habían variado objetivamente las condiciones que justificaron, en su momento, el otorgamiento de la providencia de mérito. Que para acreditar la procedencia de la modificación de la citada medida, ofreció diversos datos de prueba, a saber: 1. Oferta laboral como ayudante general en la tintorería y planchaduría "La Nueva Esperanza" a cargo de María del Carmen Hernández Torres, quien refirió en su entrevista el buen comportamiento del imputado, que son amigos y que, por esa amistad, le ofreció el trabajo; sabe y le consta el lugar donde se ubica el domicilio del vinculado desde hace diez años. 2. Copia de la credencial de elector de EMMANUEL PEÑA VELÁZQUEZ, de la que se desprende su domicilio. 3. Comprobante de domicilio expedido por Total Play, correspondiente al mes de junio de dos mil veintiuno, a nombre de Álvaro Vaca Salinas (suegro del imputado). 4. Copia de la credencial de elector de Adriana Vaca Chico (esposa del vinculado), quien en su entrevista refirió el domicilio en el que habita con su esposo y que labora para el sistema penitenciario. 5. Entrevista del imputado, en la que señaló que fue recogida su identificación como servidor público desde el día de los hechos, que estaba cesado de su cargo sin posibilidad de reincorporarse, que le prohibieron el acceso al centro de reclusión en el que ocurrieron los hechos y que se comprometía a trabajar en el sitio referido. Una vez que se controvirtieron los argumentos y contraargumentos formulados por las partes, el juez responsable cerró el debate y sostuvo: Que por lo que hace al test de ponderación que invocó la defensa, ya fue materia de análisis por el juez de control que previno en el conocimiento del asunto; razón por la que únicamente estudiaría si los motivos que justificaron la imposición de la prisión preventiva variaron o no, conforme al artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Expuso que, en el caso, contrariamente a lo alegado por la defensa, no se advierten variaciones de todas las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar, que resultaban indispensables para revocarla, modificarla o sustituirla. Dado que en la audiencia de diez de marzo de dos mil veintiuno, se estableció que la causa se seguiría por el delito de evasión de presos agravado, previsto y sancionado en los artículos 152 y 150, párrafos segundo, del Código Penal Federal, los cuales no han sufrido modificación desde esa data. Expuso que no se podría considerar la probable pena a imponer al impetrante, de autorizase el procedimiento abreviado, en atención a que al tenor del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe tomar en cuenta el máximo de la pena que, en su caso, pudiera llegar a imponerse de acuerdo al injusto cometido, ya que en el particular, la pena máxima sería de veintisiete años, seis meses, que es superior a la contemplada por el juez de control que impuso la medida cautelar, con base en la posible pena a imponer de veintidós años; de manera que, la variación a que hizo referencia la defensa no era en auxilio del imputado. Argumentó la responsable que tampoco se podría considerar la oferta laboral hecha a favor del imputado, con la que afirmó que no retomaría su actividad en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta ciudad; así como la información proporcionada por su esposa, en el sentido de que éste ya fue cesado de su empleo y dado de baja, por ende, ya no tenía posibilidad de reincorporarse al servicio público como custodio; por tanto, se sostuvo que no constituyen datos objetivos, puesto que para ello, a la luz del artículo 150 del Código Penal Federal, era necesario la existencia de una sentencia definitiva sobre el cese y la inhabilitación alegados, debidamente ejecutoriada, lo cual no se acreditó en la audiencia, por lo que esa circunstancia no se podrá tomar como una variación. Se determinó que por lo que hace a la tercera razón por la cual se impuso la medida, relativa a la existencia del riesgo para el testigo Víctor Manuel Briseño Salazar (interno) y la intimidación inferida al personal que labora en el centro de reclusión en que ocurrieron los hechos, se advirtió que esos argumentos ya fueron materia de estudio en otra instancia. Además, agregó el juez responsable que lo relevante era que, en el caso, existen indicios para sustentar que uno de los testigos fue amenazado, con independencia de que lo realizara un diverso interviniente en la ejecución del injusto, atendiendo a la forma en que intervino el imputado en los hechos (como coautor material), tal como se estableció en auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno (sic), que no fue controvertido a través de algún recurso o mediante el juicio de amparo, por lo que ese auto quedó firme. Finalmente, sostuvo la responsable que no resultaba relevante considerar los argumentos vertidos por la defensa para tener por acreditado el arraigo relativo, ya que subsistirían los restantes requisitos; por tanto, concluyó que con sustento de los artículos 168, fracciones I, II y III, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debía permanecer la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en la causa a EMMANUEL PEÑA VELÁZQUEZ, en razón de que no habían variado objetivamente las condiciones que justificaron su imposición y su ratificación por parte del juez de control que previno en el conocimiento del asunto y de la responsable, al asumir la competencia para conocer del mismo. En consecuencia, de la comparación de lo anterior con los argumentos expuestos en la sentencia concesoria, se evidencia que se acataron los lineamientos del fallo protector; por lo que, con apoyo en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplido el fallo, sin excesos ni defectos. Sin que sea procedente analizar la legalidad de la determinación que emitió la responsable con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, atento a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En esas condiciones, conforme lo prevé el numeral 196 de la ley de la materia, se ordena archivar este asunto como concluido. Se determina que este expediente es susceptible de DEPURACION, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se concedió la protección constitucional; por lo que en su momento únicamente se dejaran para su conservación la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio, así como esta determinación, y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el último párrafo del citado artículo, una vez que transcurran tres años y terminado el proceso de depuración, deberá transferirse el expediente a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Comuníquese a las partes que de acuerdo con lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad contra esta decisión, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202 del referido ordenamiento legal.
- Principal
MESA I.- Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Agréguense los oficios y anexos remitidos por la autoridad responsable suscriptora, mediante los cuales informa el cumplimiento dado al fallo protector. Resguárdese el disco compacto que acompaña y una vez que esté concluido el juicio, devuélvase a su lugar de origen. Con lo anterior, se ordena dar vista a las partes quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, acorde con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En el entendido que, una vez transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, se resolverá sobre el acatamiento a la ejecutoria de amparo con base en las constancias de autos.
- Principal
MESA I. Vista la certificación secretarial, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, sin que lo hubiesen hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Ahora bien, la protección constitucional es para que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente: "1. Deje insubsistente únicamente la determinación que fue materia de concesión, emitida en la audiencia oral de treinta de julio de dos mil veintiuno, en la causa penal ***; y, 2. Convoque nueva fecha y hora, para la continuación de la audiencia oral de revisión o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a *** y, con plenitud de jurisdicción, resuelva conforme a derecho la solicitud planteada por la defensa del imputado y, dé respuesta de manera congruente los argumentos formulados en la audiencia oral de referencia.". En consecuencia, con apoyo en el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria y remita las constancias respectivas. Asimismo, agréguense los oficios provenientes del Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad, con sede en el Reclusorio Oriente; mediante los cuales, se solicita información relativa al estado procesal de este asunto; al respecto, comuníquesele lo acordado en párrafos precedentes. Por otra parte, intégrense los escritos firmados por el defensor privado de la parte quejosa. En atención a su manifestación en el sentido de interponer "incidente de incumplimiento a la ejecutoria de amparo", infórmese al promovente que no ha lugar a acordar favorable su petición, toda vez que en el numeral 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. [...] En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto." Supuesto normativo que tiene como premisa que el órgano de control constitucional ya se haya pronunciado sobre el cumplimiento de la ejecutoria, lo cual, en este asunto, no ha acontecido. En tales condiciones, una vez que obre en autos el informe respectivo de la autoridad responsable y transcurra el plazo que establece el dispositivo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido, se procederá a efectuar la declaratoria que en derecho proceda, conforme a lo previsto en los párrafos primero y segundo, del citado ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga... Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.".
- Principal
MESA I.- S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelven los autos del juicio de amparo 621/2021... Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, por lo expuesto en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, contra el acto consistente en la determinación emitida en la audiencia oral de treinta de julio de dos mil veintiuno, en la cual, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, declaró improcedente la solicitud de modificación de medida cautelar de prisión preventiva a una menos lesiva, en la causa penal *** por lo expuesto en el considerando sexto.
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