Emmanuel Otito Amattah

Expediente 782/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
782/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Emmanuel Otito Amattah
  • Secretaría de Gobernación, Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra del proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de Víctor Manuel Mercado Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.66.c4 09/02/24 14:46:35 amparo en que se actúa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de Juzgado y dense los avisos de ley. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, con independencia de haberse tenido por no presentada la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General y en atención a lo señalado en el punto 7.41 del Manual para 1 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables". la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el contenido de la constancia actuarial cuenta de la que se advierte no fue posible notificar al quejoso Emmanuel Otito Amattah, el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, por los motivos que en ella se exponen. En virtud de lo anterior y toda vez que el quejoso no proporcionó un domicilio diverso para oír y recibir notificaciones; por tanto, se ordena notificarle por medio de lista el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, así como las subsecuentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/jrcm

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    doce de diciembre de dos mil veintidós, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado en autos, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del acuerdo de siete de diciembre dos mil veintidós, al agraviado Emmanuel Otito Amattah, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación del referido acuerdo, mismo que en lo conducente dice; Tijuana, Baja California, siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se obtiene que se promovió, a favor del quejoso Emmanuel Otito Amattah, demanda de amparo contra actos del Titular del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, que hizo consistir, esencialmente, en la detención y presentación del quejoso ante la autoridad migratoria, su alojamiento en la estación correspondiente y como consecuencia de lo anterior, su incomunicación y la posible deportación. Luego, de las constancias recibida mediante proveído de ocho de noviembre pasado por la autoridad responsable de mérito, remitió adjunto a su informe justificado, copia de oficio 4291/2021, girado en el expediente EM/BC/TIJ/10220/PRESENTADOS/2022- 10-07, de su índice, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diez de octubre de dos mil veintidós, esto es, posterior a la presentación de la demanda (nueve de octubre de dos mil veintidós), del que se advierte que en esa fecha, se emitió resolución en el expediente antes señalado y se giró al aquí quejoso, el oficio de salida definitiva, concluyendo en esa fecha el alojamiento en la estancia migratoria. Por lo expuesto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 771 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser 1 "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, la quejosa reclama su presentación ante la autoridad migratoria, su posterior alojamiento en la estación correspondiente y la prolongación de éste y como consecuencia de lo anterior la incomunicación y posible deportación. Sin embargo, de las constancias que obran en autos y que fueron previamente valoradas, se desprende que el diez de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió resolución en el expediente EM/BC/TIJ/10220/ PRESENTADOS/2022-10-07, a través del cual, en atención a la solicitud del quejoso, se le otorgó un "OFICIO DE SALIDA DEFINITIVA DEL PAÍS", documento por lo que se autorizó su salida de la estación migratoria. Para demostrar lo anterior, se reproduce la parte conducente de la determinación de mérito, que es del tenor siguiente (énfasis añadido): "En cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Tercero de la Resolución de fecha lunes 10 de octubre del 2022, dictada por el Suscrito, en el expediente administrativo abierto a su nombre, me permito notificar a Usted en dos fojas útiles con su firma autógrafa; lo que en su punto resolutivo primero cita textualmente: En atención al considerando II se le otorga oficio de Salida Definitiva del País de EL EXTRANJERO EMMANUEL OTITO AMATTAH de nacionalidad NIGERIA, por adecuar su conducta a la hipótesis contemplada en el artículo 137 fracción III de la Ley de Migración. De igual forma se le notifica del punto resolutivo segundo. Entréguese sus valores en caso de que los hubiere, previa toma de razón que por su recibo obre en este expediente. Es por lo anterior que esta autoridad tiene a bien otorgarle un oficio Salida Definitiva del País del EXTRANJERO EMMANUEL OTITO AMATTAH, de nacionalidad NIGERIA, por adecuar su conducta a la hipótesis contemplada en el artículo 137 fracción III de la Ley de Migración por lo que se le concede un plazo máximo de Veinte Días Naturales Improrrogables contados a partir de la notificación de la presente Resolución, para que al amparo del mismo abandone de inmediato el Territorio de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo hacerlo preferentemente por la frontera sur más cercana a esta entidad federativa. Por adecuar su conducta a la hipótesis contemplada en el artículo 137 fracción III de la Ley de Migración por lo que se le concede un plazo máximo de Veinte Días Naturales Improrrogables contados a partir de la notificación de la presente Resolución, para que al amparo del mismo abandone de inmediato el Territorio de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo hacerlo preferentemente por la frontera más cercana a esta entidad federativa. A partir de esta fecha, se deja sin efecto y queda invalidada cualquier documentación con la que cuente el extranjero, para acreditar su estancia regular en el país. En caso de incumplimiento a lo anteriormente señalado en el presente oficio esta Dependencia se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales pertinentes que para el caso haya lugar. Lo anterior para su conocimiento y fines legales conducentes. Enterado EL EXTRANJERO que fue del contenido de la resolución de referencia, firma de conformidad al final de la presente. [.]". De la reproducción que antecede, es dable advertir que, en atención a que el hoy quejoso solicitó su orden de salida del país, en términos del artículo 137, fracción III2, de la Ley de Migración, se determinó emitir el oficio correspondiente de salida definitiva del País y, por ende, la salida de dichas instalaciones. Por tanto, si -como se anticipó- el reclamo de la promovente consiste en el acuerdo de presentación, su alojamiento en la estación migratoria, así como la prolongación de dicho alojamiento y como consecuencia de ello reclamaba la incomunicación y la posible orden de deportación y, a la fecha, se determinó su salida de la estación migratoria y del País, en atención su solicitud dentro del procedimiento migratorio instaurado en su contra y del cual emanaban lo actos reclamados, y como consecuencia se permitió al quejoso abandonar las instalaciones de la autoridad responsable, debe concluirse que han cesado los efectos de los actos reclamados y sus consecuencias pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

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