Emmanuel Netzahualcóyoltl Pérez

Expediente 147/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
147/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
09/12/2021

Partes del expediente

  • Emmanuel Netzahualcóyoltl Pérez
  • Juez Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez del Juzgado de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a ., en los siguientes términos: "(.) En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz: a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictado contra el aquí quejoso en el proceso penal 5/2021, por su probable intervención en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada como V/08/2021; y b) Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afecta, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en esta sentencia. Esto es: - Al realizar el estudio relativo al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, de considerar que de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público se desprenden indicios razonables que permitan suponer que el hecho atribuido al imputado encuadra en la conducta típica que se desprende del contenido de los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá exponer de manera fundada y motivada las razones que sustentan el examen abstracto de adecuación de la norma penal al caso concreto, así como el ejercicio de ponderación realizado respecto de los datos de prueba tomados en consideración para ese efecto; - De considerar que los datos de prueba son suficientes para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y la probable intervención de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez en su comisión, deberá dar contestación a los argumentos defensivos a los que se hizo alusión en este considerando, y con los que la defensa de dicho imputado pretendió desvirtuar el mérito convictivo de los datos de prueba en los que la fiscalía sustentó su solicitud de vinculación a proceso; y - De ser el caso, deberá precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del hecho delictivo. Asimismo, se precisa que, en observancia al principio de inmediación que rige el sistema penal acusatorio y adversarial, quien deberá dar cumplimiento a esta sentencia, una vez que cause ejecutoria, es el mismo juez que conoció de la audiencia inicial y de su continuación. (.)" En acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se declaró que causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo. Por tanto, el licenciado al 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, debía: 1. Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, emitido en el proceso penal 5/2021. 2. Con plenitud de jurisdicción, dictar una nueva resolución, la cual podía ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en la sentencia, a saber: - Al realizar el estudio relativo al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, de considerar que de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público se desprenden indicios razonables que permitan suponer que el hecho atribuido al imputado encuadra en la conducta típica que se desprende del contenido de los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debía exponer de manera fundada y motivada las razones que sustentan el examen abstracto de adecuación de la norma penal al caso concreto, así como el ejercicio de ponderación realizado respecto de los datos de prueba tomados en consideración para ese efecto. - De considerar que los datos de prueba son suficientes para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y la probable intervención de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez en su comisión, debía dar contestación a los argumentos defensivos a los que se hizo alusión en el considerando octavo de la sentencia, a los que se remite en obvio de transcripciones innecesarias, y con los que la defensa de dicho imputado pretendió desvirtuar el mérito convictivo de los datos de prueba en los que la fiscalía sustentó su solicitud de vinculación a proceso; y - De ser el caso, debía precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del hecho delictivo. En consecuencia, el Juez responsable mediante oficio 11221, de doce de noviembre de dos mil veintiuno, remitió un disco de audio y video; por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", con sede en Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, envió oficio DGPRS-CA/JUR/2196/2021, de ocho de noviembre del año en curso, con los que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las partes no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de veintidós de noviembre del presente año, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias y del disco de audio y video remitidos por el 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que en audiencia llevada a cabo el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo: Dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, emitido en el proceso penal 5/2021. En esa misma data, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución, en la que al realizar el estudio relativo al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, consideró que de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público se desprenden indicios razonables que permiten suponer que el hecho atribuido al imputado Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, encuadra en la conducta típica que se desprende del contenido de los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello es así, pues analizó los datos de prueba relatados por la fiscalía y señaló qué datos de prueba en concreto le permitieron arribar dicha conclusión. Expuso las razones por la cuales consideró que se adecuaba la norma penal al caso concreto; realizó el ejercicio de ponderación respecto de los datos de prueba tomados en consideración para ese efecto y dio contestación a los argumentos defensivos formulados por la defensa de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, precisados en el considerando octavo de la sentencia amparadora (a los que se remite en obvio de transcripciones innecesarias), con los que pretendió desvirtuar el mérito convictivo de los datos de prueba en los que la fiscalía sustentó su solicitud de vinculación a proceso. Además, precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del delito de secuestro agravado, pues al respecto indicó (minuto 57:34 a 59:17 del disco de audio y video): ". tiempo: veintiuno de enero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos; lugar: entrada a "Los manantiales" del municipio de Tlilapan, Veracruz, modo: después de una exigencia de dinero a la ofendida el día antes referido, le refirió a la ofendida que el dinero se lo tenía que dejar en el letrero de "Los manantiales", que iba a estar a un lado de la moto color roja, motivo por el que la ofendida solicitó el apoyo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro para realizar un operativo de pago controlado, que dejó el dinero donde se lo pidieron, que lo entregó incluso, que vio cuando se acercó una motocicleta Itálika F150 de color rojo, con dos personas a bordo, identificando a una de ellas como Ricardo Arellano Secundino, y otra persona que posteriormente se supo su nombre correspondía a Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, para posteriormente ser detenido también Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez con la bolsa de dinero producto de la exigencia a cambio de la liberación de la víctima directa V/08/2021 (.)". Posteriormente, dictó auto de vinculación a proceso, en contra de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la víctima de identidad resguardada como V/08/2021. Cabe indicar que el sentido de la nueva determinación emitida por el Juez responsable resulta ajeno a los lineamientos señalados en la sentencia de este juicio de amparo, pues en ésta sólo se le ordenó emitir una nueva determinación que subsanara los vicios formales antes destacados; pero sin que existiera imperativo de resolver en un determinado sentido. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", residente en Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, mediante oficio DGPRS-CA/JUR/2196/2021, de ocho de noviembre del año en curso, expuso que realizó las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva en el mencionado centro. En consecuencia, se considera que las autoridades responsables, acataron los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Luego, dado que las responsables cumplieron con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues han restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por una parte se negó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el primer disco de audio y video que remitió el juez responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándoles el acuse de recibo respectivo. En el entendido de que deberá conservarse el disco versátil digital que contiene la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia de amparo.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a ., en los siguientes términos: "(.) En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz: a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictado contra el aquí quejoso en el proceso penal 5/2021, por su probable intervención en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada como V/08/2021; y b) Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afecta, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en esta sentencia. Esto es: - Al realizar el estudio relativo al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, de considerar que de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público se desprenden indicios razonables que permitan suponer que el hecho atribuido al imputado encuadra en la conducta típica que se desprende del contenido de los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá exponer de manera fundada y motivada las razones que sustentan el examen abstracto de adecuación de la norma penal al caso concreto, así como el ejercicio de ponderación realizado respecto de los datos de prueba tomados en consideración para ese efecto; - De considerar que los datos de prueba son suficientes para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y la probable intervención de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez en su comisión, deberá dar contestación a los argumentos defensivos a los que se hizo alusión en este considerando, y con los que la defensa de dicho imputado pretendió desvirtuar el mérito convictivo de los datos de prueba en los que la fiscalía sustentó su solicitud de vinculación a proceso; y - De ser el caso, deberá precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del hecho delictivo. Asimismo, se precisa que, en observancia al principio de inmediación que rige el sistema penal acusatorio y adversarial, quien deberá dar cumplimiento a esta sentencia, una vez que cause ejecutoria, es el mismo juez que conoció de la audiencia inicial y de su continuación. (.)" En acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se declaró que causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo. Por tanto, el licenciado al 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, debía: 1. Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, emitido en el proceso penal 5/2021. 2. Con plenitud de jurisdicción, dictar una nueva resolución, la cual podía ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en la sentencia, a saber: - Al realizar el estudio relativo al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, de considerar que de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público se desprenden indicios razonables que permitan suponer que el hecho atribuido al imputado encuadra en la conducta típica que se desprende del contenido de los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debía exponer de manera fundada y motivada las razones que sustentan el examen abstracto de adecuación de la norma penal al caso concreto, así como el ejercicio de ponderación realizado respecto de los datos de prueba tomados en consideración para ese efecto. - De considerar que los datos de prueba son suficientes para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y la probable intervención de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez en su comisión, debía dar contestación a los argumentos defensivos a los que se hizo alusión en el considerando octavo de la sentencia, a los que se remite en obvio de transcripciones innecesarias, y con los que la defensa de dicho imputado pretendió desvirtuar el mérito convictivo de los datos de prueba en los que la fiscalía sustentó su solicitud de vinculación a proceso; y - De ser el caso, debía precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del hecho delictivo. En consecuencia, el Juez responsable mediante oficio 11221, de doce de noviembre de dos mil veintiuno, remitió un disco de audio y video; por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", con sede en Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, envió oficio DGPRS-CA/JUR/2196/2021, de ocho de noviembre del año en curso, con los que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las partes no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de veintidós de noviembre del presente año, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias y del disco de audio y video remitidos por el 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que en audiencia llevada a cabo el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo: Dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, emitido en el proceso penal 5/2021. En esa misma data, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución, en la que al realizar el estudio relativo al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, consideró que de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público se desprenden indicios razonables que permiten suponer que el hecho atribuido al imputado Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, encuadra en la conducta típica que se desprende del contenido de los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello es así, pues analizó los datos de prueba relatados por la fiscalía y señaló qué datos de prueba en concreto le permitieron arribar dicha conclusión. Expuso las razones por la cuales consideró que se adecuaba la norma penal al caso concreto; realizó el ejercicio de ponderación respecto de los datos de prueba tomados en consideración para ese efecto y dio contestación a los argumentos defensivos formulados por la defensa de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, precisados en el considerando octavo de la sentencia amparadora (a los que se remite en obvio de transcripciones innecesarias), con los que pretendió desvirtuar el mérito convictivo de los datos de prueba en los que la fiscalía sustentó su solicitud de vinculación a proceso. Además, precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del delito de secuestro agravado, pues al respecto indicó (minuto 57:34 a 59:17 del disco de audio y video): ". tiempo: veintiuno de enero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos; lugar: entrada a "Los manantiales" del municipio de Tlilapan, Veracruz, modo: después de una exigencia de dinero a la ofendida el día antes referido, le refirió a la ofendida que el dinero se lo tenía que dejar en el letrero de "Los manantiales", que iba a estar a un lado de la moto color roja, motivo por el que la ofendida solicitó el apoyo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro para realizar un operativo de pago controlado, que dejó el dinero donde se lo pidieron, que lo entregó incluso, que vio cuando se acercó una motocicleta Itálika F150 de color rojo, con dos personas a bordo, identificando a una de ellas como Ricardo Arellano Secundino, y otra persona que posteriormente se supo su nombre correspondía a Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, para posteriormente ser detenido también Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez con la bolsa de dinero producto de la exigencia a cambio de la liberación de la víctima directa V/08/2021 (.)". Posteriormente, dictó auto de vinculación a proceso, en contra de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la víctima de identidad resguardada como V/08/2021. Cabe indicar que el sentido de la nueva determinación emitida por el Juez responsable resulta ajeno a los lineamientos señalados en la sentencia de este juicio de amparo, pues en ésta sólo se le ordenó emitir una nueva determinación que subsanara los vicios formales antes destacados; pero sin que existiera imperativo de resolver en un determinado sentido. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", residente en Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, mediante oficio DGPRS-CA/JUR/2196/2021, de ocho de noviembre del año en curso, expuso que realizó las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva en el mencionado centro. En consecuencia, se considera que las autoridades responsables, acataron los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Luego, dado que las responsables cumplieron con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues han restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por una parte se negó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el primer disco de audio y video que remitió el juez responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándoles el acuse de recibo respectivo. En el entendido de que deberá conservarse el disco versátil digital que contiene la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia de amparo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE Córdoba, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a ., en los siguientes términos: "(.) En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz: a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictado contra el aquí quejoso en el proceso penal 5/2021, por su probable intervención en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada como V/08/2021; y b) Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afecta, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en esta sentencia. Esto es: - Al realizar el estudio relativo al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, de considerar que de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público se desprenden indicios razonables que permitan suponer que el hecho atribuido al imputado encuadra en la conducta típica que se desprende del contenido de los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá exponer de manera fundada y motivada las razones que sustentan el examen abstracto de adecuación de la norma penal al caso concreto, así como el ejercicio de ponderación realizado respecto de los datos de prueba tomados en consideración para ese efecto; - De considerar que los datos de prueba son suficientes para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y la probable intervención de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez en su comisión, deberá dar contestación a los argumentos defensivos a los que se hizo alusión en este considerando, y con los que la defensa de dicho imputado pretendió desvirtuar el mérito convictivo de los datos de prueba en los que la fiscalía sustentó su solicitud de vinculación a proceso; y - De ser el caso, deberá precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del hecho delictivo. Asimismo, se precisa que, en observancia al principio de inmediación que rige el sistema penal acusatorio y adversarial, quien deberá dar cumplimiento a esta sentencia, una vez que cause ejecutoria, es el mismo juez que conoció de la audiencia inicial y de su continuación. (.)" En acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se declaró que causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo. Por tanto, el licenciado al 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, debía: 1. Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, emitido en el proceso penal 5/2021. 2. Con plenitud de jurisdicción, dictar una nueva resolución, la cual podía ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en la sentencia, a saber: - Al realizar el estudio relativo al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, de considerar que de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público se desprenden indicios razonables que permitan suponer que el hecho atribuido al imputado encuadra en la conducta típica que se desprende del contenido de los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debía exponer de manera fundada y motivada las razones que sustentan el examen abstracto de adecuación de la norma penal al caso concreto, así como el ejercicio de ponderación realizado respecto de los datos de prueba tomados en consideración para ese efecto. - De considerar que los datos de prueba son suficientes para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y la probable intervención de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez en su comisión, debía dar contestación a los argumentos defensivos a los que se hizo alusión en el considerando octavo de la sentencia, a los que se remite en obvio de transcripciones innecesarias, y con los que la defensa de dicho imputado pretendió desvirtuar el mérito convictivo de los datos de prueba en los que la fiscalía sustentó su solicitud de vinculación a proceso; y - De ser el caso, debía precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del hecho delictivo. En consecuencia, el Juez responsable mediante oficio 11221, de doce de noviembre de dos mil veintiuno, remitió un disco de audio y video; por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", con sede en Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, envió oficio DGPRS-CA/JUR/2196/2021, de ocho de noviembre del año en curso, con los que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las partes no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de veintidós de noviembre del presente año, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias y del disco de audio y video remitidos por el 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que en audiencia llevada a cabo el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo: Dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, emitido en el proceso penal 5/2021. En esa misma data, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución, en la que al realizar el estudio relativo al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, consideró que de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público se desprenden indicios razonables que permiten suponer que el hecho atribuido al imputado Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, encuadra en la conducta típica que se desprende del contenido de los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello es así, pues analizó los datos de prueba relatados por la fiscalía y señaló qué datos de prueba en concreto le permitieron arribar dicha conclusión. Expuso las razones por la cuales consideró que se adecuaba la norma penal al caso concreto; realizó el ejercicio de ponderación respecto de los datos de prueba tomados en consideración para ese efecto y dio contestación a los argumentos defensivos formulados por la defensa de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, precisados en el considerando octavo de la sentencia amparadora (a los que se remite en obvio de transcripciones innecesarias), con los que pretendió desvirtuar el mérito convictivo de los datos de prueba en los que la fiscalía sustentó su solicitud de vinculación a proceso. Además, precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del delito de secuestro agravado, pues al respecto indicó (minuto 57:34 a 59:17 del disco de audio y video): ". tiempo: veintiuno de enero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos; lugar: entrada a "Los manantiales" del municipio de Tlilapan, Veracruz, modo: después de una exigencia de dinero a la ofendida el día antes referido, le refirió a la ofendida que el dinero se lo tenía que dejar en el letrero de "Los manantiales", que iba a estar a un lado de la moto color roja, motivo por el que la ofendida solicitó el apoyo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro para realizar un operativo de pago controlado, que dejó el dinero donde se lo pidieron, que lo entregó incluso, que vio cuando se acercó una motocicleta Itálika F150 de color rojo, con dos personas a bordo, identificando a una de ellas como Ricardo Arellano Secundino, y otra persona que posteriormente se supo su nombre correspondía a Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, para posteriormente ser detenido también Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez con la bolsa de dinero producto de la exigencia a cambio de la liberación de la víctima directa V/08/2021 (.)". Posteriormente, dictó auto de vinculación a proceso, en contra de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la víctima de identidad resguardada como V/08/2021. Cabe indicar que el sentido de la nueva determinación emitida por el Juez responsable resulta ajeno a los lineamientos señalados en la sentencia de este juicio de amparo, pues en ésta sólo se le ordenó emitir una nueva determinación que subsanara los vicios formales antes destacados; pero sin que existiera imperativo de resolver en un determinado sentido. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", residente en Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, mediante oficio DGPRS-CA/JUR/2196/2021, de ocho de noviembre del año en curso, expuso que realizó las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva en el mencionado centro. En consecuencia, se considera que las autoridades responsables, acataron los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Luego, dado que las responsables cumplieron con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues han restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por una parte se negó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el primer disco de audio y video que remitió el juez responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándoles el acuse de recibo respectivo. En el entendido de que deberá conservarse el disco versátil digital que contiene la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia de amparo.

  4. Incidental

    SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE Córdoba, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a ., en los siguientes términos: "(.) En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz: a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictado contra el aquí quejoso en el proceso penal 5/2021, por su probable intervención en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada como V/08/2021; y b) Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afecta, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en esta sentencia. Esto es: - Al realizar el estudio relativo al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, de considerar que de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público se desprenden indicios razonables que permitan suponer que el hecho atribuido al imputado encuadra en la conducta típica que se desprende del contenido de los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá exponer de manera fundada y motivada las razones que sustentan el examen abstracto de adecuación de la norma penal al caso concreto, así como el ejercicio de ponderación realizado respecto de los datos de prueba tomados en consideración para ese efecto; - De considerar que los datos de prueba son suficientes para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y la probable intervención de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez en su comisión, deberá dar contestación a los argumentos defensivos a los que se hizo alusión en este considerando, y con los que la defensa de dicho imputado pretendió desvirtuar el mérito convictivo de los datos de prueba en los que la fiscalía sustentó su solicitud de vinculación a proceso; y - De ser el caso, deberá precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del hecho delictivo. Asimismo, se precisa que, en observancia al principio de inmediación que rige el sistema penal acusatorio y adversarial, quien deberá dar cumplimiento a esta sentencia, una vez que cause ejecutoria, es el mismo juez que conoció de la audiencia inicial y de su continuación. (.)" En acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se declaró que causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo. Por tanto, el licenciado al 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, debía: 1. Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, emitido en el proceso penal 5/2021. 2. Con plenitud de jurisdicción, dictar una nueva resolución, la cual podía ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en la sentencia, a saber: - Al realizar el estudio relativo al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, de considerar que de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público se desprenden indicios razonables que permitan suponer que el hecho atribuido al imputado encuadra en la conducta típica que se desprende del contenido de los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debía exponer de manera fundada y motivada las razones que sustentan el examen abstracto de adecuación de la norma penal al caso concreto, así como el ejercicio de ponderación realizado respecto de los datos de prueba tomados en consideración para ese efecto. - De considerar que los datos de prueba son suficientes para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y la probable intervención de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez en su comisión, debía dar contestación a los argumentos defensivos a los que se hizo alusión en el considerando octavo de la sentencia, a los que se remite en obvio de transcripciones innecesarias, y con los que la defensa de dicho imputado pretendió desvirtuar el mérito convictivo de los datos de prueba en los que la fiscalía sustentó su solicitud de vinculación a proceso; y - De ser el caso, debía precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del hecho delictivo. En consecuencia, el Juez responsable mediante oficio 11221, de doce de noviembre de dos mil veintiuno, remitió un disco de audio y video; por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", con sede en Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, envió oficio DGPRS-CA/JUR/2196/2021, de ocho de noviembre del año en curso, con los que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las partes no desahogaron la vista ordenada en acuerdo de veintidós de noviembre del presente año, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias y del disco de audio y video remitidos por el 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que en audiencia llevada a cabo el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo: Dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, emitido en el proceso penal 5/2021. En esa misma data, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución, en la que al realizar el estudio relativo al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, consideró que de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público se desprenden indicios razonables que permiten suponer que el hecho atribuido al imputado Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, encuadra en la conducta típica que se desprende del contenido de los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello es así, pues analizó los datos de prueba relatados por la fiscalía y señaló qué datos de prueba en concreto le permitieron arribar dicha conclusión. Expuso las razones por la cuales consideró que se adecuaba la norma penal al caso concreto; realizó el ejercicio de ponderación respecto de los datos de prueba tomados en consideración para ese efecto y dio contestación a los argumentos defensivos formulados por la defensa de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, precisados en el considerando octavo de la sentencia amparadora (a los que se remite en obvio de transcripciones innecesarias), con los que pretendió desvirtuar el mérito convictivo de los datos de prueba en los que la fiscalía sustentó su solicitud de vinculación a proceso. Además, precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del delito de secuestro agravado, pues al respecto indicó (minuto 57:34 a 59:17 del disco de audio y video): ". tiempo: veintiuno de enero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos; lugar: entrada a "Los manantiales" del municipio de Tlilapan, Veracruz, modo: después de una exigencia de dinero a la ofendida el día antes referido, le refirió a la ofendida que el dinero se lo tenía que dejar en el letrero de "Los manantiales", que iba a estar a un lado de la moto color roja, motivo por el que la ofendida solicitó el apoyo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro para realizar un operativo de pago controlado, que dejó el dinero donde se lo pidieron, que lo entregó incluso, que vio cuando se acercó una motocicleta Itálika F150 de color rojo, con dos personas a bordo, identificando a una de ellas como Ricardo Arellano Secundino, y otra persona que posteriormente se supo su nombre correspondía a Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, para posteriormente ser detenido también Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez con la bolsa de dinero producto de la exigencia a cambio de la liberación de la víctima directa V/08/2021 (.)". Posteriormente, dictó auto de vinculación a proceso, en contra de Emmanuel Netzahualcóyotl Pérez, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la víctima de identidad resguardada como V/08/2021. Cabe indicar que el sentido de la nueva determinación emitida por el Juez responsable resulta ajeno a los lineamientos señalados en la sentencia de este juicio de amparo, pues en ésta sólo se le ordenó emitir una nueva determinación que subsanara los vicios formales antes destacados; pero sin que existiera imperativo de resolver en un determinado sentido. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", residente en Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, mediante oficio DGPRS-CA/JUR/2196/2021, de ocho de noviembre del año en curso, expuso que realizó las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva en el mencionado centro. En consecuencia, se considera que las autoridades responsables, acataron los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Luego, dado que las responsables cumplieron con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues han restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por una parte se negó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el primer disco de audio y video que remitió el juez responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándoles el acuse de recibo respectivo. 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