Emmanuel Muñoz Madrigal

Expediente 2672/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2672/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
12/01/2023

Partes del expediente

  • Emmanuel Muñoz Madrigal

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Secretaria del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con el que remite testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en la inconformidad 21/2022, en la que se resolvió: ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de inconformidad interpuesto por contra la resolución dictada el 21 de octubre de 2022, en el juicio de amparo indirecto 1313/2022 por la Juez Décimo Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Acúsese el recibo de estilo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 2672/2022. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción III y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformados por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente tiene validez legal suficiente y constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Asimismo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. En el entendido que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Los cuadernos auxiliares estarán a disposición de las partes y podrán ser consultados físicamente con las salvaguardas respectivas si se trata de información reservada o confidencial. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Del examen de la demanda promovida por en contra del acto reclamado al Juez Quinto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y Secretario de Acuerdos adscrito y sus anexos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable, resulta de tener la certidumbre y pleno convencimiento de que la causa de improcedencia en trato es operante al caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitir la demanda y substanciar el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. Por su parte, el artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]". De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. Contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." Y, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, pues dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Así se desprende de la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo dictado el siete de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio civil ejecutivo 1072/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el que desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el aquí quejoso en contra de la notificación realizada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós mediante boletín judicial. En la especie, en contra de esa determinación, procede el recurso de revocación, a través del cual el A quo pudo haberlo revocado, modificado o nulificado; mismo que está previsto en el artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que establece lo siguiente: "Artículo 431. Procede el recurso de revocación contra los autos de primera y segunda instancia, con excepción de los que conforme a éste código admitan el recurso de apelación en su contra, sean irrecurribles o decretos de mero trámite." En tales condiciones, dado que el quejoso es parte procesal en el juicio de origen, tenía a su alcance el precitado medio de impugnación, el cual debió agotar antes de promover el presente juicio constitucional. Pues, el precepto legal invocado dispone la procedencia del citado recurso contra los autos de primera y segunda instancia, salvo que conforme al mencionado código sean apelables, irrecurribles o se trate de decretos de mero trámite, y como la determinación materia de molestia, no tiende a la ejecución de la sentencia. En concatenación con tal afirmación, se dice que el referido proveído no es irrecurrible, al no encontrarse en la hipótesis a que alude el artículo 501 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, pues no se trata de un acuerdo dictado para la ejecución de la sentencia, sino en ejecución de ésta. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y NO EL DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL INCIDENTE PROMOVIDO CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, PERO QUE NO TIENDE A ÉSTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los autos que deciden o desechan los incidentes de nulidad de actuaciones dictados dentro del juicio, por regla general sólo son atacables vía agravio mediante la apelación hecha valer contra la sentencia definitiva, y como única excepción está el incidente que declara la nulidad del emplazamiento, el cual admite la apelación en ambos efectos; sin embargo, no hay regla expresa para la impugnación de los autos que desechen los incidentes después del dictado de la sentencia definitiva en los que se pretenda la nulidad de la notificación de una resolución que no tienda directamente a su ejecución. En ese tenor, y en virtud de que el artículo 435, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco al disponer que son apelables los autos que causan gravamen irreparable en la sentencia, se refiere a decisiones emitidas dentro del juicio, antes del dictado de la definitiva, es indudable que no alcanza a las resoluciones posteriores y, por tanto, la apelación resulta improcedente en contra de éstas; en cambio, sí cabe el recurso de revocación, ya que el artículo 431 del citado ordenamiento legal dispone su procedencia contra los autos de primera y segunda instancias, salvo que conforme al mencionado código sean apelables, irrecurribles o se trate de decretos de mero trámite, y como la referida resolución, al no tender a la ejecución, sí es recurrible (aplicando en sentido contrario el artículo 501 del mismo ordenamiento); no admite apelación y no es de mero trámite (como los decretos, pues se trata de un verdadero auto), el recurso procedente en contra de ella es el de revocación." "REVOCACIÓN. ES EL RECURSO PROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN JUICIO SUMARIO, QUE NO SON APELABLES. Aunque el Código de Procedimientos Civiles de Jalisco no determina expresamente cuál recurso procede en los juicios sumarios, contra las resoluciones que no son apelables, por no estar incluidas en las hipótesis prevenidas por el artículo 639 de ese ordenamiento, débese advertir que el numeral 423 del propio código establece que las resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo Juez o tribunal que las haya pronunciado, por lo que conforme al método inductivo de interpretación legal, debe estimarse en tal supuesto, que aquellas resoluciones no apelables son combatibles por medio de la revocación." "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Aunado a ello, el quejoso tampoco se encuentra en los casos de excepción al principio de definitividad, a decir, cuando éste resulta ser tercero extraño a juicio, o se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República. Por tanto, previo a la promoción del juicio biinstancial, el quejoso debió agotar el recurso de revocación en contra del proveído reclamado, toda vez que es parte en el juicio de origen, por lo que puede instar el medio de defensa previsto por la legislación procesal civil en cita, para cumplir con el principio de definitividad y acudir al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, y con apoyo en el artículo 113 transcrito, se desecha la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. De conformidad con el artículo 41 del referido Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. En el entendido de que, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. En el entendido que este órgano jurisdiccional verificará si la persona autorizada cuenta con la capacidad procesal necesaria y solamente se acordará favorablemente la solicitud de quienes cumplan los requisitos respectivos a través de una promoción electrónica o física, siempre y cuando la firma electrónica se encuentre vigente. PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones del referido Acuerdo General, las políticas de transformación digital, la Estrategia Digital del Consejo de la Judicatura Federal y demás normatividad aplicable en cada materia. Asimismo, acorde con lo señalado en el artículo 61 del mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso Acuerdo General señalado en la última parte del párrafo precedente, al seleccionar la resolución o resoluciones judiciales correspondientes, las partes se notificarán electrónicamente, con lo que se generará una constancia de consulta, acorde con el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo; constancia que servirá como constancia de notificación, la que será válida sin que se requiera certificación por parte de Actuario o Secretario y será integrada al expediente electrónico. Notifíquese por lista física y electrónica.

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