Emmanuel Moreno Sánchez

Expediente 1165/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1165/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Emmanuel Moreno Sánchez
  • Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva" de Morelia

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta enviado por la apoderada jurídica de las autoridades responsables, mediante el cual informa estar dando cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio en que se actúa. En consecuencia, se reserva proveer de conformidad al oficio de cuenta, en razón de que a la fecha no se ha declarado firme la sentencia de amparo que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, toda vez que se encuentra transcurriendo el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, una vez llegado ese momento procesal se proveerá la conducente sobre el cumplimiento de la misma. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado, por el cual formula los alegatos que a esa representación social corresponden, mismos que podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 1.1. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias certificadas de la resolución que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se admite recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos, mismo que fue registrado con número 314/2023, de su índice; lo que se asienta para constancia y efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Emmanuel Moreno Sánchez, por su propio derecho, contra actos del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva" de Morelia, del Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, y del Director General del Organismo Servicios de Salud de Michoacán, todos con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1165/2023. 1.1. De la demanda que originó el presente juicio se advierte que señaló como autoridades responsables al Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva" de Morelia, al Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, al Director General del Organismo Servicios de Salud de Michoacán y al Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, todos con sede en esta ciudad; sin embargo, respecto de la última autoridad responsable no se admite la demanda de amparo, toda vez que sólo el Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva" de Morelia, el Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, y el Director General del Organismo Servicios de Salud de Michoacán, se encuentran obligados a prestar la atención médica que se reclama, consistente en la insuficiencia renal crónica que presenta el quejoso, lo anterior, en términos de los artículos 6, fracción I, 12 y 13 de la Ley de Salud del Estado de Michoacán. Tiene aplicación la tesis: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. 2. Precisión de la omisión reclamada. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama violación al derecho a la salud del quejoso Emmanuel Moreno Sánchez, en virtud de que las autoridades responsables, han sido omisas en proporcionarle la atención médica, el tratamiento adecuado y medicamentos para la enfermedad que padece. 3. Suspensión de plano. De los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de la demanda, se observa que la parte quejosa presenta, insuficiencia renal crónica y que, pese a ello, no ha recibido por parte de las autoridades responsables la atención médica, es decir el tratamiento de hemodiálisis que requiere y que necesita para vivir, bajo el argumento de que no tiene cupo, ni máquinas suficientes, ni el medicamento para realizar el tratamiento. En atención a la naturaleza de las omisiones descritas, este órgano de control constitucional encuentra, con base en una ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, que la falta de atención médica reclamada compromete gravemente la dignidad e integridad personal del quejoso, ya que se le podría estar sometiendo a sufrimiento físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida; esto, acorde con los lineamientos trazados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que al rubro expresa: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO". Por tanto, ante las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que no cuenta con los recursos económicos para pagar el medicamento y tratamiento que necesita, se estima que la eventual falta de tratamiento ante la insuficiencia de los recursos económicos, desde luego que sí pone en peligro la integridad física de la parte peticionaria del amparo, sobre todo cuando es obligación del estado proporcionarla de manera gratuita y, ante la falta de equipos necesarios y/o insuficiencia de medicamentos, garantizarle ese derecho a la salud integral de manera subrogada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DE OFICIO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a Emmanuel Moreno Sánchez, para el efecto de que las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad le proporcionen la atención médica, medicamentos y tratamiento que requiere, para el padecimiento que presenta, así como para que, en caso de no contar con el personal médico, equipos e insumos que dicho padecimiento requiera, se realicen las gestiones necesarias para otorgarle dicha atención con recursos propios o de manera subrogada. Por tanto, se requiere a las autoridades responsables para que, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, informen los actos ejecutados para cumplir con la presente medida cautelar, entre ellos, los siguientes: La atención médica que se haya proporcionado a la parte quejosa en forma inicial y el tratamiento sugerido para ello; La constancia de que el paciente ha sido debidamente informado del tratamiento o terapia a seguir y de que ha emitido, o rechazado en su caso, su consentimiento en forma previa, libre e informada; La agenda de las citas médicas que se hayan programado para darle seguimiento al tratamiento médico; y, Las constancias, notas médicas o recetas y estudios que se le hayan expedido, prescrito o indicado al paciente. Lo anterior, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se procederá en contra de las autoridades responsables en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, dándose vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Para tal efecto, requiérase también a la parte quejosa, para que acuda al Hospital General Dr. Miguel Silva, a fin de someterse al tratamiento médico que los especialistas de ese lugar, bajo su apreciación técnica y profesional, estimen idóneo para atender el padecimiento que le afecta. Lo anterior, bajo la advertencia que en términos del artículo 77 Bis 38 de la Ley General de Salud, como beneficiario de salud, tiene la obligación de informarse sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y servicios de atención médica, colaborar con el equipo de salud, informando verazmente y con exactitud sobre sus antecedentes, necesidades y problemas de salud, cumplir las recomendaciones, prescripciones, tratamiento o procedimiento general al que haya aceptado someterse, informarse acerca de los riesgos y alternativas de los procedimientos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, así como de los procedimientos de consultas y quejas, y hacer uso responsable de los servicios de salud. En su comparecencia ante las autoridades de salud, la parte quejosa deberá manifestar libremente si acepta o no a someterse al procedimiento diagnóstico y terapéutico ofrecido; en la inteligencia de que, de no ser posible que otorgue su consentimiento por sí mismo, por medio de algún familiar o por su representante legal, las autoridades de salud deberán proceder de inmediato con lo que sea conducente para preservar la vida y salud del quejoso, bajo su más estricta responsabilidad. 4. Suspensión. No se tramita incidente de suspensión, por haber otorgado suspensión de plano en el presente asunto, tal y como lo solicita la parte quejosa. 5. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. 6. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán: 6.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional, lo que deberán hacer por correo electrónico a la cuenta 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1181, salvo que por la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos y otros documentos análogos. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 7. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 8. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto reclamado se considera que no le revista tal carácter a persona alguna. 9. Domicilio y autorizados. Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones las oficinas que ocupa la Delegación Morelia del Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicado en Periférico Paseo de la Republica, número tres mil quinientos cincuenta, Tercer Piso, Colonia Club Campestre, en esta ciudad de Morelia, Michoacán; en el entendido de que Olivia Benítez Reyes, Santiago Orozco Valencia y Alejandro León Cortés, gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Mientras que las personas restantes únicamente para oír y recibir notificaciones, ello por así haberlo solicitado de manera expresa el promovente. 10. Notificaciones electrónicas. En términos de los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa autorizando también recibir notificaciones personales vía electrónica a través de los usuarios "alcleon" y "procham92" que proporciona. 11. Usuario. Como lo pide el promovente y con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le autoriza la consulta del expediente electrónico, para lo cual, el personal relativo deberá dar de alta vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), los usuarios "alcleon" y "procham92", que proporciona. 12. Correo electrónico y número telefónico. De igual forma se tiene a la parte quejosa proporcionado el correo electrónico y número telefónico que describe en su escrito inicial, para que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto, sin que haya lugar a realizar notificaciones por esa vía, dado que la Ley de Amparo no lo prevé. 13. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 14. Pruebas. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. 15. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

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