Emmanuel Meza Martinez

Expediente 1206/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1206/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Emmanuel Meza Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese a estos autos sin mayor proveído el oficio 2356/2019 y, anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tampico, Tamaulipas; lo anterior, en razón de que la documental que remite no le fue requerida en autos, por lo que estese en espera de que la responsable de mérito de cabal cumplimiento a los requerimientos formulados mediante autos de once y diecinueve de noviembre del año actual, en los cuales se le requirió informe respecto al oficio 2118/1/2019, de diez de octubre de dos mil diecinueve, a través del cual manifestó haber remitido exhorto a fin de emplazar a la demandada en el juicio natural, lo que constituye la materia de cumplimiento de la sentencia protectora dictada en el presente juicio de amparo; sin que a la fecha obre en autos la documental referida. En tales condiciones, reitérese a la Junta responsable, que de no acatar el requerimiento formulado, ante la actitud contumaz, se hará efectivo en su contra el apercibimiento decretado en auto de once de noviembre del año actual, consistente en la imposición de una multa de cien días, de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), acorde con el artículo 258 de la Ley de Amparo.

  2. Incidental

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE .

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Emmanuel Meza Martínez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del ramo Penal en el Segundo Distrito Judicial en Ciudad Madero, Tamaulipas; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, I°, fracción I, 37, 107, 108, 115, y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda; por tanto, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en el libro de gobierno de este Juzgado con la partida 1206/2019-VI-B. INCIDENTE Con fundamento en artículo 125 y 128, de la ley de la materia, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión que se solicita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, solicítese el informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes a su notificación, para lo cual tendrán que acompañar, en su caso, copia fotostática certificada, legible, completa, en orden cronológico, foliada y rubricada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del propio ordenamiento legal, se les impondrá una multa que puede ir de cien a mil unidades de medida y actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI); medio de apremio que se individualizará en su oportunidad acorde a las circunstancias que la motiven, atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que para tal fin deban cubrirse. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Por otra parte, hágase del conocimiento de la parte quejosa y de las autoridades responsables que cuando adviertan que cesaron los efectos de los actos reclamados, o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato a este Juzgado y remitir al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten como está previsto en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251, con relación al 64, y 238, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Resérvese proveer lo conducente en el momento procesal oportuno, respecto del emplazamiento a quien, en su caso, pudiera asistirle el carácter de tercero interesado. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTE JUZGADO Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de Ley de Amparo, notifíquese la instauración del presente juicio, mediante oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para la intervención que legalmente compete, debiendo anexar copia simple de la demanda de garantías. AUTORIDADES RESPONSABLES Se tiene como autoridades responsables las que señala la parte quejosa en su escrito de demanda; mediante oficio notifíqueseles la radicación del presente juicio, de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. Asimismo, comuníquese a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado. AUTORIDADES NO RESPONSABLES Ahora bien, no ha lugar a tener como autoridad responsable al Juez Tercero de Primera Instancia del ramo Penal en el Segundo Distrito Judicial en Ciudad Madero, Tamaulipas, ya que su inexistencia constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en razón de que mediante Acuerdo General número 15/2016, de veinte de junio de dos mil dieciséis, consultable en la página de internet oficial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas (www.pjetam.gob.mx), el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, determinó prescindir de la existencia de dicho órgano jurisdiccional señalado como responsable. De igual manera, no se tiene por autoridades responsables a los subordinados del (1) Comandante o Jefe de la Policía Ministerial del Estado, en Ciudad Madero, Tamaulipas, (2) Comandante o Jefe de la Policía Ministerial del Estado, en Ciudad Tampico, Tamaulipas, y (3) Comandante o Jefe de la Policía Ministerial del Estado, en Altamira, Tamaulipas, que señala el quejoso en su escrito de demanda, ya que los mismos no son autoridades contra las cuales se puede pedir amparo puesto que son simples auxiliares de las autoridades propiamente ejecutoras, que responden de sus actos, porque derivan de su voluntad propia, en virtud del imperio o mandato que les confiere su cargo, mientras que los agentes o elementos intervienen sólo para la ejecución meramente material. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Mauro Leonardo Reyes Cobos, por contar con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y en términos de la parte final del último párrafo del precepto legal antes citado, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Miguel Ángel García Luna, Carlos Alejandro Santiago Hernández y Jorge Alberto Paredes Lara, por no encontrarse registradas en dicho sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que el o los delegados de la autoridad utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  4. Incidental

    En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de esta fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo 1206/2019-VI-B, promovido por Emmanuel Meza Martínez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal en el Segundo Distrito Judicial en Ciudad Madero, Tamaulipas, y otras autoridades; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado este incidente de suspensión. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia incidental. INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 138, fracción III, 140 y 142 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguiente al en que reciban la notificación de este proveído, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Apercibidas que de omitir rendir sus informes en ese plazo, con fundamento en el artículo 260, fracción I, del citado texto normativo, se les impondrá multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); medio de apremio que se individualizará en su oportunidad acorde a las circunstancias que la motiven, atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que para tal fin deban cubrirse. SUSPENSIÓN PROVISIONAL Enseguida se provee respecto de la suspensión provisional que se solicita: EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO A LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA PENAL TRADICIONAL ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O CUALQUIER OTRA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Con apoyo en los artículos 128, 138, 166 y 150 de la Ley de Amparo, así como en la tesis de jurisprudencia 16/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintiséis y siguiente, del Tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL."; SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión y/o cualquier otra orden privativa de la libertad, que manifiesta fue dictada en su contra, para el efecto de que no sea privada o afectada en su libertad, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Por otra parte, la medida decretada no surtirá efectos si la orden fue materia de un diverso juicio de amparo en que se haya negado la protección constitucional solicitada, o si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito, o bien, si la orden reclamada fue girada por una autoridad que no haya sido señalada como responsable en el escrito de demanda; como tampoco surtirá efectos si el delito o delitos por los que se le haya girado dicha orden, por su gravedad, no permiten la libertad provisional bajo fianza, en cuyo supuesto, el beneficio concedido sólo tendrá el efecto de que la parte quejosa, una vez aprehendida, quede a disposición de este juzgado de Distrito, por lo que ve a su libertad personal en el penitenciario en el que se le recluya, y a la del juez natural, para la continuación del procedimiento que se le instruya. De conformidad con lo establecido en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone a la parte quejosa la obligación de comparecer dentro de un plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído donde se dé a conocer el informe donde el Juez responsable acepte haber emitido la orden de aprehensión combatida, a efecto de que se le instruya el o los procesos correspondientes, y le sea tomada su respectiva declaración preparatoria; circunstancia que deberá acreditar mediante la constancia correspondiente que deberá exhibir en el mismo término. Sirve de apoyo a lo anterior, por su sentido y alcance, la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA." El cumplimiento de la obligación impuesta deberá demostrarlo ante este órgano jurisdiccional con las constancias respectivas, dentro de igual término, pues de no hacerlo, se dejará sin efecto la medida cautelar concedida y en consecuencia, expedita la facultad de las responsables para que procedan a la ejecución de la orden privativa de libertad reclamada, y se hará efectiva la caución en favor del erario federal; lo anterior, sin perjuicio que, con vista de las constancias que envíe la responsable, la medida cautelar concedida pueda modificarse, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139, de la Ley de Amparo. Con el objeto de estar en aptitud legal de revocar o modificar, en su caso, esta suspensión provisional, en cuanto a las medidas de aseguramiento aquí establecidas, o bien, con la finalidad de contar con datos suficientes para pronunciarse respecto de tales aspectos en la suspensión definitiva, que en su momento se dicte en el presente asunto, solicítese a los jueces responsables que al rendir su respectivo informe previo, con fundamento en el artículo 168, de la Ley de Amparo, informen los siguientes datos: a).- la época en que se cometió el delito o delitos por los cuales libró la orden de aprehensión y/o cualquier otra privativa de libertad que constituye el acto reclamado; b).- precise con exactitud el artículo, fracción, inciso y párrafo, en que se encuentre previsto y sancionado el delito o delitos por los cuales haya obsequiado dicho mandamiento de captura; c).- la fecha en que se libró la orden reclamada; d).- si el acto reclamado deriva de un proceso tramitado conforme a las reglas del nuevo proceso penal acusatorio y oral; e).- el salario que la inculpada hubiere manifestado percibir ante el órgano ministerial consignante, si es que declaró ante él; y f).- si de lo actuado se desprenden motivos o circunstancias que permitan posibilitar que la parte aquí quejosa se sustraiga de la acción de la justicia. Por otra parte, de conformidad con el numeral 166, último párrafo, de la Ley de Amparo, en el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la precitada ley, es decir, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Los efectos de la suspensión provisional prevalecerán hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la definitiva. GARANTÍA La medida que se concede surte efectos desde luego, en términos del artículo 136, de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si la quejosa no otorga, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que legalmente se le haga del presente proveído, garantía por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), que señala discrecionalmente la suscrita, por no contarse con todos los elementos que establece el artículo 168, de la Ley de Amparo para fijarla; en cualesquiera de sus formas, a satisfacción de este Juzgado. En la inteligencia de que si la garantía es exhibida en billete de depósito, éste deberá contener el nombre del quejoso en el apartado o rubro denominado "nombre del depositante", y la autorización expresa de éste al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la Institución depositaria la información necesaria que le permita el control de dicho billete de depósito, como está previsto en el artículo 883, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince; y si fuera exhibida en póliza de fianza, la compañía afianzadora que resulte fiadora, deberá señalar domicilio en esta ciudad, para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la fianza, así como mencionar el nombre o nombres de las personas con representación legal para recibir a nombre de la propia compañía afianzadora, y por otra parte, que se someta expresamente a los órganos jurisdiccionales residentes en esta ciudad, para el caso de litigio. Tiene aplicación al presente caso, la tesis de Tribunales Colegiado de Circuito, con número de registro 173657, de la Novena Época, tomo XXIV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en diciembre de dos mil seis, visible a foja 182, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. LA DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS DICHA MEDIDA CAUTELAR DEBE SUSTENTARSE, ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS, EN LAS PRESTACIONES EXIGIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANA EL ACTO RECLAMADO, PUES DE LO CONTRARIO INFRINGE EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE LA MATERIA." APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Apercíbase a la parte quejosa que de no acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, dentro del plazo de cinco días, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y previo acuerdo las autoridades responsables quedarán en aptitud de ejecutar el acto reclamado de que se trate, lo anterior con apoyo en los numerales 136, 147 y 166, de la actual ley de la materia. AUTORIDADES RESPONSABLES En términos del artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, se tienen como autoridades responsables las que indica la parte quejosa; por tanto, mediante oficio notifíqueseles la radicación del presente juicio, y con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, comuníqueseles que están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren; la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a las propias autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento a lo ordenado por este juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Mauro Leonardo Reyes Cobos, por contar con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y en términos de la parte final del último párrafo del precepto legal antes citado, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Miguel Ángel García Luna, Carlos Alejandro Santiago Hernández y Jorge Alberto Paredes Lara, por no encontrarse registradas en dicho sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. COPIA DE LA SUSPENSION PROVISIONAL Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de esta determinación y hágase entrega de la misma a las personas que autoriza, previa razón que por su recibo otorguen en autos.

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