Emmanuel Mendoza Valenciana

Expediente 199/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
199/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
13/03/2017

Partes del expediente

  • Emmanuel Mendoza Valenciana

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el uno de marzo de dos mil diecisiete, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales ni copias certificadas exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico, por ende destruible.

  2. Principal

    Visto, agréguese a sus autos para que obre como corresponde el escrito presentado por el quejoso ************, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado en proveído de veintitrés de febrero actual; en consecuencia, el Juez acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V este último aplicado en sentido contrario ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten de materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte;" El quejoso reclama en este juicio de amparo: ". Señalo como acto reclamado que el Agente del Ministerio Público pretenda que se me imponga una excesiva sentencia de 30 años de prisión ordinaria, siendo inocente de la acusación que se está haciendo en mi contra. . Al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral por permitir el que se violen mis derechos humanos, al debido proceso, a la presunción de inocencia cuando se tiene que proteger y garantizar el respeto, legalidad, y Seguridad jurídica contenidas en los artículos 1°, 14,16, y 20 de la Ley Suprema, así como la inadecuada valoración de las pruebas por parte del juzgador." De lo antes transcrito, puede concluirse que los actos que reclama el quejoso, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos del mismo no son susceptibles de producir afectación de manera directa e inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución General de la República. Se afirma lo anterior, toda vez que de los antecedentes de la demanda de garantías, se advierte que: 1. Ante el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del distrito judicial de la Capital, se encuentra radicado un proceso penal contra Emmanuel Mendoza Valenciana, por el delito de Homicidio Calificado. 2. **********, afirma que con motivo del referido proceso el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en el Delito de Homicidio Doloso, pretende se le imponga una condena de pena de prisión de treinta años; lo que constituye uno de los actos reclamados. 3. Señala el aquí quejoso ************, que el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del distrito judicial de la Capital, realiza una inadecuada valoración de las pruebas por parte del juzgador y por ello permite que se violen sus derechos humanos, al debido proceso, a la presunción de inocencia; lo que constituye el acto reclamado. De lo anterior se desprende que en el caso concreto, el acto reclamado deriva del proceso penal que se encuentra radicado ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, respecto al delito de homicidio calificado que se atribuye a *************. Y por tanto, la pretensión del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en el Delito de Homicidio Doloso, en el sentido que se le imponga una condena de pena de prisión de treinta años, por su responsabilidad en la comisión del citado delito, que el quejoso reclama; no es un acto que pueda tener como sustento el juicio de garantías, en atención a que la sentencia que en su momento dicte el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, puede ser, tanto, condenatoria como absolutoria, por ende, dicha actuación no causa daño o perjuicio al gobernado contra el cual se haya iniciado el proceso correspondiente. Pues en todo caso, sería hasta que el juez competente ante se instruye el proceso, dicte la sentencia correspondiente, cuando se afectaría la esfera jurídica del quejoso y, cuando en su caso procedería el juicio de amparo indirecto; mientras tanto, contra la pretensión del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en el Delito de Homicidio Doloso, en el sentido que se le imponga una condena de pena de prisión de treinta años, por su participación en el delito de Homicidio Calificado; es improcedente el juicio de amparo. De igual forma, la incorrecta aplicación la inadecuada valoración de las pruebas, el permitir que se violen los derechos humanos del quejoso al debido proceso y a la presunción de inocencia por parte del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del distrito judicial de la Capital, que constituye el acto reclamado no vulnera los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que se trata de una violación al procedimiento; por lo que, aun cuando se estime inexacta la misma, al no ser de carácter irreparable, por no afectar como ya se indicó, de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues que el Juez de la causa haya valorado o vaya a valorar incorrectamente las pruebas desahogadas en el proceso que se instruye contra el aquí quejoso ***********, no lo priva del derecho de defensa que en el mismo tiene, ya que la incorrecta valoración de pruebas únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio. Es decir, la afectación que dice sufrir la parte quejosa, podría quedar sin efectos, si obtiene una sentencia favorable a sus intereses en los autos de la causa penal de la que deriva el acto reclamado, ya que ésta constituye una violación al procedimiento que no causa un gravamen irreparable, en los términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues ello sucede sólo cuando se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el procedimiento penal del que emana por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues por su naturaleza jurídica sólo producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una resolución favorable y en el supuesto de que no lo fuera estaría la parte aquí quejosa en aptitud de interponer el recurso ordinario en caso de proceder éste o bien acudir al juicio de amparo, donde podría delatar las violaciones procesales, por lo que con el acto reclamado no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Es aplicable al respecto, por analogía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o.C.167 K, que aparece publicada en la página mil ciento setenta y uno, tomo XVII, correspondiente al mes de Febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". Así como la tesis de jurisprudencia publicada en la página once de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación número cincuenta y seis, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De igual forma, es aplicable al caso en lo conducente la tesis por contradicción 39/90, resultado de las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, legible en la página 280, tesis 420, tomo VI, Parte SCJN, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época del Apéndice de 1995, que dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por ****************, por propio derecho, con fundamento en el artículo 113 de la Ley reglamentaria en consulta.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo, que promueve Emmanuel Mendoza Valenciana, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del distrito judicial de la Capital y otra autoridad, el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda y fórmese el expediente relativo. Toda vez que de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la misma presenta irregularidades, pues en el capítulo de acto reclamado señala: ". DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EN PRIMER TERMINO LA INMINENTE APLICACIÓN DE PRETENDER CONDENARME A UNA PENA DE PRISION DE 30 AÑOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO VIOLANDO MI DERECHO A PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y QUE SE ESTA BASANDO EN PRUEBAS ILICITAS AL MOMENTO DE LOS HECHOS. EN SEGUNDO TERMINO AL JUEZ DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL AL PERMITIR QUE SE SIGAN HACIENDO VIOLACIONES PROCESALES Y QUE ESTAN SUBORDINADAS AL ESTUDIO DE FONDO CUANDO ESTE REDUNDA EN EL MAYOR BENEFICIO PARA EL QUEJOSO AUN CUANDO SEAN ADVERTIDAS EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE O SE HAGAN VALER VIA CONCEPTOS DE VIOLACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 189 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 03 DE ABRIL DE 2013 EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL Y (III) AL DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA QUE ASISTE A TODO INCULPADO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN IX DE LA LEY SUPREMA EN ESTE SENTIDO SE PRETENDE DE EL RESPETO AL DERECHO DE SER JUZGADO POR TRIBUNALES IMPARCIALES Y EL DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA ES CLARO QUE UNA PRUEBA CUYA OBTENCIÓN HA SIDO IRREGULAR (YA SEA POR CONTRAVENIR EL ORDEN CONSTITUCIONAL DEL LEGAL) NO PUEDE SINO SE CONSIDERADA INVALIDA DE FORMA ES CLARO QUE EL INCULPADO ESTARA EN DESVENTAJA PARA HACER VALER SU DEFENSA. POR ELLO LA REGLA DE EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILICITA SE ENCUENTRA IMPLICITAMENTE PREVISTA EN NUESTRO ORDEN CONSTITUCIONAL, ASIMISMO EL ARTÍCULO 206 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ESTABLECE CONTRARIO SENSU QUE NINGUNA PRUEBA QUE VAYA CONTRA DERECHO DEBE SER ADMITIDA ESTE DERIVA DE LA POSICIÓN PREFERENTE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ORDENAMIENTO Y DE SU AFIRMADA CONDICION DE INVIOLABLE."; sin que de la lectura de lo antes transcrito se advierta qué es lo que reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables; por tanto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda respecto a su demanda de cuenta; con fundamento en el artículo 114, párrafo primero y penúltimo, en relación con el artículo 108, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del término de cinco días, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y bajo protesta de decir verdad, cumpla con la obligación que le impone la fracción IV, del artículo 108, del citado ordenamiento legal y precise con claridad: Cuál es el acto que reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables. Se apercibe al promovente del amparo, que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado se tendrá por no presentada su demanda de amparo de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Toda vez que el quejoso señala que se encuentra recluido en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, con fundamento en la fracción II del artículo 28 de la ley de Amparo, se ordena que esta notificación, así como las subsecuentes, se practiquen en el lugar de su reclusión.

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