Emmanuel Mendoza Valenciana
Expediente 32/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 25/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Emmanuel Mendoza Valenciana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
El veinticinco de abril de dos mil diecisiete, el licenciado José de Jesús Martínez Torres Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del seis al veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de tres del mismo mes y año, dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 32/2017; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión; sin embargo, no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el tres del mes y año en curso, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, atendiendo a que el mismo concedió la suspensión definitiva al promovente del amparo; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Respecto al CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, es también SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.
- Principal
siete de marzo de dos mil diecisiete AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las once horas con diez minutos del tres de abril de dos mil diecisiete, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo, en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin la comparecencia de alguna de las partes. Abierta la audiencia. El Secretario da lectura a la demanda de amparo, a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Secretario de Gobernación; Comisionado, Coordinador General de Centros Federales y Director General de Ejecución de Sanciones, todos del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, todos con sede en la Ciudad de México; Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas; Gobernador del Estado de Zacatecas (a través del Coordinador General Jurídico), Secretario de Seguridad Pública, Director General de Prevención y Reinserción Social en el Estado, Coordinador General de Unidades de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (autoridad que el quejoso denomino como Coordinadora de agentes del Ministerio Público en el Estado de Zacatecas) y Comandante de la Unidad Especial de Revisiones y Traslados, Control y Disuasión de Motines del Sistema Penitenciario en el Estado, todos con sede en esta ciudad y las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la Juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. En la etapa de pruebas. El secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció, luego, al no haber pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado dicho periodo. En el periodo de alegatos. Con apoyo en el numeral 124 de la ley de la materia en consulta, se tienen por formulados los que hizo valer el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, en su pedimento número 64/2017. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 32/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el once de enero de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, Emmanuel Mendoza Valenciana solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que hicieron consistir en la orden de traslado a diverso centro penitenciario, que consideró violatorio en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 18, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda de amparo de referencia se turnó a este Juzgado de Distrito, quedando registrada bajo el número de amparo 32/2017; y en auto de once de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite, se solicitaron sus informes justificados a la autoridades responsables; se dio la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos de la acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que los actos impugnados son los siguientes: La orden de traslado a diverso centro penitenciario en que se encuentra interno el quejoso. TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia de actos. La fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". Así como lo antes expuesto la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Al rendir su informe justificado la totalidad de las autoridades responsables Secretario de Gobernación; Comisionado, Coordinador General de Centros Federales y Director General de Ejecución de Sanciones, todos del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, todos con sede en la Ciudad de México; Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas; Gobernador del Estado de Zacatecas (a través del Coordinador General Jurídico), Secretario de Seguridad Pública, Director General de Prevención y Reinserción Social en el Estado, Coordinador General de Unidades de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (autoridad que el quejoso denomino como Coordinadora de agentes del Ministerio Público en el Estado de Zacatecas) y Comandante de la Unidad Especial de Revisiones y Traslados, Control y Disuasión de Motines del Sistema Penitenciario en el Estado, todos con sede en esta ciudad, negaron los actos reclamados consistentes en la orden de traslado a diverso centro penitenciario que reclama el quejoso (fojas 37, 65, 22, 24, 30, 33, 19 y 34,), sin que éste desvirtuara tales negativas, en razón de que no ofreció algún medio de convicción que acreditara lo contrario. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados en el presente juicio, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Emmanuel Mendoza Valenciana, por los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables Secretario de Gobernación; Comisionado, Coordinador General de Centros Federales y Director General de Ejecución de Sanciones, todos del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, todos con sede en la Ciudad de México; Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas; Gobernador del Estado de Zacatecas, Secretario de Seguridad Pública, Director General de Prevención y Reinserción Social en el Estado, Coordinadora de agentes del Ministerio Público del Estado y Comandante de la Unidad de Previsiones y Traslados, Control y Disuasión de Motines del Sistema Penitenciario en el Estado, todos con sede en esta ciudad; por los motivos asentados en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.
- Incidental
El quince de febrero de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el folio 3573. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda y sin mayor trámite, el oficio de cuenta signado por el Director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en representación de las autoridades responsables Comisionado; Coordinador General de Centros Federales y Directo General de Ejecución de Sanciones, todos del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual rinde informe previo en el presente incidente; lo anterior, toda vez que por interlocutoria de uno de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo a dichas responsables por omisas y se resolvió lo conducente. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
En quince de marzo de dos mil diecisiete, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. José de Jesús Martínez Torres. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, da cuenta a la Juez, con un oficio registrado con el folio 3574, así como con el estado que guardan los presentes autos, en particular con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de las autoridades responsables Comisionado; Coordinador General de Centros Federales y Director General de Ejecución de Sanciones, todos del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, a través del Director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en el período procesal correspondiente. Con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de las citadas responsables a las personas que se indican y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que también refiere. Por tanto, a fin de dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dichos informes y no se les deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN; MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Amci
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