Emmanuel Medina Zepeda

Expediente 1857/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1857/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Emmanuel Medina Zepeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, de los que se advierte que mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se reservó turnar este asunto para el dictado de la sentencia, hasta en tanto se contara con las constancias relativas al auto mencionado, en consecuencia, atendiendo a que ya se cuenta con las mismas, túrnese este asunto al área de proyecto a efecto de que se dicte la resolución respectiva. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial, para notificar personalmente a la quejosa, el auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés y la resolución de tres de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente auxiliar 928/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por los motivos que expone, en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación de la resolución, y del auto referido, así como las subsecuentes a la quejosa, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, situación que prevalecerá hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese y por lista a la quejosa el auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés y la resolución de tres de febrero del mismo año, dictada en el amparo en el expediente auxiliar 928/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.

  3. Incidental

    Ciudad de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por la jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, por medio del cual, en atención a los requerimientos formulados en autos de dieciocho de enero y uno de febrero de dos mil veintitrés, remite copia certificada del testimonio de la póliza identificada con el número 3,780 (tres mil setecientos ochenta), expedida por la correduría pública número ocho en el Estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, y sus anexos, amparada con la boleta de inscripción identificada con el folio mercantil electrónico número 28001*3 (veintiocho mil uno asterisco tres) de seis de junio de dos mil catorce, en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Por otra parte, toda vez que la autoridad oficiante no es parte en este juicio de amparo, puesto que únicamente fue requerida para que exhibiera la documentación citada en el párrafo que antecede, no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud de tener por autorizadas para actuar en este expediente a las personas que indica en el oficio de cuenta. Finalmente, se ordena devolver el expediente al área de proyecto de este juzgado para que se dicte la sentencia correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la quejosa en auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional a********************, en los siguientes términos: "(.) DÉCIMO PRIMERO. EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.) Cabe destacar que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no se hace extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento, ya que en estos numerales se pormenoriza lo atinente a la solicitud de información a terceros durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización y el desahogo de las periciales que se ofrezcan en el mismo, aspectos que no guardan estrecha relación con lo que fue materia de la concesión del amparo. (.)" El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con el folio 1967 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que la quejosa realizara señalamiento alguno al respecto. Por tanto, el cumplimiento del fallo respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y por lista a la quejosa en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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