Emmanuel Martínez Herrera

Expediente 1159/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1159/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Emmanuel Martínez Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de noviembre de dos mil veintiuno. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: ** Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante comunicado MD1/2712/2021, la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, allegó copia certificada del auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio de origen, por el cual solicitó una prórroga para que cumplimentar el fallo protector. Por comunicado MD1/2977/2021, la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente ********************, del que se advierte la imposibilidad jurídica de emitir el laudo, toda vez que se abrió el incidente de reposición de autos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 726 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental respectiva, ordenando notificar a las partes dicha determinación. Con lo cual en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestará lo que a su derecho convenga, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón a que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es, dentro del procedimiento laboral se emitió una determinación en la que acordó la imposibilidad jurídica de emitir el laudo, toda vez que se abrió el incidente de reposición de autos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 726 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental respectiva. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado MD1/2977/2021, que signa la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, remite copia certificada del auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente 1715/2015-D1, del que se advierte la imposibilidad jurídica de emitir el laudo, toda vez que se abrió el incidente de reposición de autos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 726 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental respectiva, ordenando notificar a las partes dicha determinación. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre

  3. Principal

    Téngase por recibido el comunicado ***, que signa la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, remite copia certificada del auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente ***, y en atención a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede una prórroga de diez días, para que cumpla con el fallo protector, o en su defecto, informe la imposibilidad que tenga para ello; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación del suscrito que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. I. No ha lugar. Téngase por recibido el escrito signado por ***, en su carácter de administrador general único de la parte quejosa; mediante el cual solicita la inscripción de la suspensión definitiva decretada en autos, en vista que éste tuvo por objeto poner en posesión de su mandante el predio objeto del juicio civil 922/2015. Al respecto dígasele que, no ha lugar a proveer de conformidad a lo que solicita; en primer término, porque en el caso, la suspensión respecto de la cual solicita la inscripción dejó de surtir efectos. Esto es así, toda vez que, de los autos que integran el juicio en cuestión se advierte que: Mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa contenido en la interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, modificada mediante revisión incidental número 395/2018 por el Primer 1 Carácter reconocido en autos de cinco de octubre de dos mil dieciocho. Tribunal Colegiado Materia Civil del Tercer Circuito, y se determinó que la suspensión definitiva dejó de surtir efectos, ante el incumplimiento de la quejosa a los requisitos de efectividad consistentes en: "i) La quejosa deberá acreditar al juez de Distrito de manera mensual, dentro de los primeros cinco días de cada mes, que cubrió a su arrendador el pago de la renta convenida en el contrato de arrendamiento. ii) La renta que la quejosa habrá de cubrir a los terceros interesados conforme a la cláusula quinta del contrato de arrendamiento, será a razón de $126,048.98 (ciento veintiséis mil cuarenta y ocho pesos con noventa y ocho centavos moneda nacional), que corresponde al incremento anualizado al seis punto cinco por ciento anual, sobre la cantidad inicial de $92,000.00 (noventa y dos mil pesos con cero centavos moneda nacional), teniendo en cuenta la fecha de celebración del contrato, que fue suscrito en el mes de febrero de dos mil diez. iii) Se impone como condición a la quejosa que no podrá transmitir la posesión a ninguna persona, no obstante que pudiera llegar a estar facultada en el contrato, pues la restitución que pudiera lograrse ya no emana de ese acuerdo entre particulares sino de una autoridad.." Lo cual se ordenó hacer del conocimiento de los responsables, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. Posteriormente, previa solicitud de la parte tercera interesada José Luis Antonio Chávez Padilla, por auto de tres de diciembre del año pasado, se determinó lo siguiente: "(.) En otro contexto, se tiene por recibido el ocurso suscrito por el tercero interesado JOSÉ LUIS ANTONIO CHÁVEZ PADILLA a través del cual manifiesta que la parte quejosa ha sido omisa en cumplimentar cabalmente los requisitos de efectividad que fueron precisados en auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, circunstancia que es fundada acorde al estudio de las constancias que integran el presente incidente de suspensión habida cuenta que mediante promedio de veintinueve de julio posterior de dicho año ya se había dejado sin efecto la medida cautelar otorgada en este asunto y tal cuestión ya había sido notificada a las autoridades responsables tal y como se puede advertir de los acuses de recibo de recibo de los oficios 21530/2019 y 21531 /2020. Oficio recordatorio a las autoridades responsables. Sin embargo, a fin de evitar prácticas contradictorias a lo resuelto en este incidente de suspensión infórmese de nueva cuenta las autoridades responsables de este asunto que la medida cautelar este asunto dejó de surtir efecto alguno y tal como se les informó mediante acuerdo de veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Por otra parte, es importante aclarar que con el transcurso del plazo otorgado no significa que la parte quejosa pierde el derecho de cumplir posteriormente con el requisito de efectividad precisado en este asunto sino solamente tiene expedita su jurisdicción para proceder conforme el artículo 136 de la Ley de Amparo ya que hasta tanto no exista sentencia ejecutoriada en el amparo ejecución de los actos reclamados el impetrante está en posibilidad de exhibir la garantía señalada. Resulta aplicable el siguiente criterio que a la letra dice: "SUSPENSIÓN OPORTUNIDAD PARA OTORGAR LA FIANZA EN LA CUANDO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO". No obstante, inconforme con lo proveído, José Luis Antonio Chávez Padilla, interpuso recurso de queja, mismo que resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de catorce de abril de dos mil veintiuno, bajo el número 25/2021, declarándolo fundado y modificando el auto de tres de diciembre de dos mil veinte, para quedar como sigue: (.) En otro contexto, se tiene por recibido el ocurso suscrito por el tercero interesado JOSÉ LUIS ANTONIO CHÁVEZ PADILLA a través del cual manifiesta que la parte quejosa ha sido omisa en cumplimentar cabalmente los requisitos de efectividad que fueron precisados en auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, circunstancia que es fundada acorde al estudio de las constancias que integran el presente incidente de suspensión habida cuenta que mediante proveído de veintinueve de julio posterior de dicho año ya se había dejado sin efecto la medida cautelar otorgada en este asunto y tal cuestión ya había sido notificada a las autoridades responsables tal y como se puede advertir de los acuses de recibo de recibo de los oficios 21530/2019 y 21531/2020. Oficio a las autoridades responsables. Sin embargo, a fin de evitar que se generen mayores perjuicios económicos a la parte tercera interesada y en atención a lo resuelto en este incidente de suspensión infórmese de nueva cuenta a las autoridades responsables de este asunto que la medida cautelar dejó de surtir efecto alguno tal como se les informó mediante acuerdo de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, por lo que, previa petición que formule la parte actora ante dichas autoridades, procede que le sea entregada la posesión del inmueble arrendado materia de la controversia. Lo anterior dado que, no se satisfizo la garantía respectiva en los términos fijados por el juzgado federal complementada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito (pago mensual de las rentas justificándolo ante el juez federal los primeros cinco días de cada mes). Notifíquese". En tales circunstancias, en virtud de que la superioridad estableció que ante el incumplimiento de la quejosa con los requisitos de efectividad que dieron lugar a que dejara de surtir efectos la suspensión, previa solicitud de la actora la responsable debía ordenar la entrega de la posesión del bien inmueble materia de Litis a los aquí terceros interesados, resulta evidente que la medida suspensional dejo de surtir efectos; de ahí que, a ningún fin práctico conduciría acordar de manera favorable la petición del promovente. Aunado a lo anterior debe decirse que, para la procedencia de dicha anotación preventiva, resulta indispensable acreditar previo pago de los derechos correspondientes a cargo del quejoso; lo que en el caso, omite acreditar el solicitante. En efecto, de conformidad con lo previsto en la fracción X, del artículo 40 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, serán objeto de registro preventivo, las resoluciones judiciales en materia de amparo, que ordenen la suspensión provisional o definitiva, en relación con bienes inscritos en la Institución. Sin embargo, a dicho registro debe preceder el pago de derechos correspondientes, por quien solicita dicha función registral. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, página 1681, Décima Época, la cual es del tenor siguiente: "ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA EN RELACIÓN CON BIENES INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. REQUIERE ORDEN EXPRESA Y PROCEDE PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES A CARGO DEL QUEJOSO. De conformidad con el artículo 3043, fracción VIII, del Código Civil para el Distrito Federal, las resoluciones judiciales en materia de amparo que ordenen la suspensión provisional o definitiva, en relación con bienes inscritos en el Registro Público, son susceptibles de anotarse preventivamente, con la finalidad de producir el cierre del registro en términos de la resolución correspondiente; sin embargo, toda vez que la función registral se rige, entre otros, por el principio de rogación, de acuerdo con el artículo 12, fracción VI, de la Ley Registral para el Distrito Federal, es necesario que en la resolución judicial se ordene expresamente hacer la anotación respectiva, puesto que no es posible que se realice de manera oficiosa sino a petición de parte interesada. Además, dado que el artículo 196 del Código Fiscal del Distrito Federal prevé como regla general el pago de una cuota por concepto de derechos para realizar una inscripción o anotación en el Registro Público de la Propiedad y no existe un precepto que establezca como excepción la anotación de una suspensión; corresponde al quejoso el pago de ese derecho, puesto que se beneficiará con la medida suspensional". Notifíquese.

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