Emmanuel Martínez Gutiérrez

Expediente 203/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
203/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Emmanuel Martínez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    E De la certificación de cuenta se advierte que en relación a los comunicados emitidos por los Coordinadores de Magistrados y Jueces de Distrito, ambos del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, Colima, se declaró inhábil a partir de las trece horas con treinta minutos el día diecinueve al veinte de septiembre del año en curso, y mediante circular SECNO/STCCNO/974/2022, emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que mediante sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se aprobó el punto relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales del Trigésimo Segundo Circuito; lo anterior con motivo de las afectaciones derivadas del sismo del 19 de septiembre de 2022, y sus réplicas", señalándose que del 20 de septiembre de 2022 hasta las 8:30 del 23 de septiembre del mismo año en los órganos jurisdiccionales del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en el Estado de Colima, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracción I del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, agréguese hasta el día de hoy a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el oficio de cuenta suscrito por la delegada de la autoridad responsable Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; en atención a su contenido, se ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia; en virtud de que en proveído de doce de abril de dos mil veintidós, se declaró cumplida la ejecutoria que concedió la protección constitucional al quejoso y se ordenó el archivo de este asunto como totalmente concluido; determinación que se hizo del conocimiento de la citada autoridad responsable mediante oficio 9219/2022, como se advierte del acuse de recibo correspondiente, visible a foja 956 de autos. Cúmplase.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el oficio de cuenta por medio del cual la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "1", con sede en la Ciudad de México, da contestación al oficio 2820/2022 relativo al auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós e informa que toda vez que esa autoridad no cuenta con datos del sancionado, como el nombre, registro federal de contribuyente y domicilio, no se registró ni controló la multa impuesta a la autoridad responsable Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Ciudad de México, por lo que resulta improcedente la cancelación de la multa referida; por tanto, este juzgador ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia. Cúmplase.

  3. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa respecto de los actos realizados por la Directora de Área en suplencia de la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en relación con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió la protección constitucional al quejoso. En dicha ejecutoria, los efectos de la concesión del amparo fueron los siguientes: "1. En el término de tres días hábiles, deberá dejar insubsistente la resolución del veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente CEAV/CIE/001/2014. 2. Una vez hecho lo anterior, deberá requerir al Comité Interdisciplinario para que en un plazo de veinte días hábiles integre correctamente el expediente que servirá de base para la determinación de los conceptos que forman parte de la reparación integral, para ello, requerirá al citado Comité, lo siguiente: Daño físico: Recabe las constancias que estime necesarias para determinar el daño en la integridad física de la víctima, entre las cuales en forma enunciativa y no limitativa, se señalan las siguientes: expediente clínico, facturas de las terapias, atención médica y tratamientos recibidos. Resarcimiento de los perjuicios y lucro cesante: Recabe las constancias suficientes para determinar los perjuicios o lucro cesante generados con motivo del ilícito cometido en contra del aquí quejoso; y, requiera a Emmanuel Martínez Gutiérrez, víctima directa, para que manifieste si con motivo del hecho victimizante dejó de percibir ingresos, y con base en la valoración de esas circunstancias se tenga la posibilidad de emitir un pronunciamiento respecto de la cuantificación de la compensación relativa al resarcimiento perjuicios o lucro cesante. Pérdida de oportunidades: Requiera al quejoso para que informe si se encontraba estudiando o realizando cursos de desarrollo personal o laboral, ello para estar en condiciones de obtener las constancias necesarias de las que se pudieran determinar las necesidades que requiere para enfrentar las consecuencias a las violaciones a sus derechos humanos considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permitieran fijar razonablemente determinadas expectativas de vida. Daño patrimonial como consecuencia de la violación a derechos humanos y tratamientos médicos terapéuticos: Requiera al quejoso documentos que acrediten los daños patrimoniales y tratamientos médicos o terapéuticos que la víctima adujo sufrir con motivo del hecho denunciado; y, en el caso de que éste manifieste no contar con los comprobantes respectivos, está obligado a requerir a las autoridades o personas que corresponda las constancias respectivas 3. Hecho lo anterior, el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (en su denominación actual), dentro de quince días hábiles posteriores al en que el Comisionado y el Comité Interdisciplinario Evaluador, ambos de la referida Comisión, cumplan con los anteriores lineamientos de la ejecutoria de amparo, deberá dictar una nueva resolución en la que: Al pronunciarse sobre el daño físico, se abstenga de aplicar un enfoque comparativo o análogo, y en su lugar aplique uno de individualización real de la compensación, para lo cual deberá tomar en cuenta: (I) la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido; (II) las circunstancias y características del delito; y (III) que el monto respectivo debe ser apropiado y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido. Analice la prueba pericial médica de 24 de marzo de 2015 emitida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tomando en cuenta las constancias que se estimen necesarias y todos los demás elementos que se estimen suficientes para determinar el daño sufrido en su integridad y estar en posibilidad de justificar de manera individualizada, fundada y motivada la compensación por concepto de daños físicos sufridos. Emita un pronunciamiento sobre la cuantificación de la compensación por los rubros siguientes: resarcimiento de los perjuicios o lucro cesante, pérdida de oportunidades, daños patrimoniales y tratamientos médicos o terapéuticos, atendiendo a los documentos recabados por el Comité Interdisciplinario evaluador y las manifestaciones de la víctima. Analice el concepto de proyecto de vida, ya sea a través de la cuantificación de un monto como compensación, o bien, mediante apoyos o estímulos que permita a la víctima directa, en su caso, enfrentar las condiciones de la etapa de vida en que se encuentra y, de esta forma, obtener la realización personal para hacer eficaz una reparación integral. Fije en equidad una compensación en dinero por concepto de gastos y costas, gastos de transporte, alojamiento, comunicación y alimentación, sin que sea necesario que se acrediten de manera fehaciente, debiendo tomar en consideración las constancias del expediente, analizando el vínculo existente entre el daño generado y los gastos que, en su caso, se hayan generado con motivo del hecho victimizante, así como con la tramitación del proceso administrativo del cual deriva el acto reclamado, lo cual deberá realizar de manera lógica y razonable, presumiendo ante todo la buena fe de las víctimas en las manifestaciones que formuló al solicitarlos.". Ahora, la autoridad responsable, mediante oficio CEAV/DGAJ/1228/2020, de dos de marzo de dos mil veinte, informó que mediante "Acuerdo de cumplimiento a la ejecutoria dictada en sesión de 30 de enero del 2020, por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, dentro del amparo en revisión R.A. 397/2019 de su índice, así como del acuerdo de fecha 19 de febrero de 2020, dictado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, dentro del juicio de amparo 203/2019-VI, por lo que se deja insubsistente la resolución emitida por esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de fecha 24 de diciembre de 2018 dictada en el expediente administrativo CEAV/CIE/001/2014" Asimismo, mediante diverso comunicado CEAV/DGAJ/1195/2022, de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada de la "RESOLUCIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL EXPEDIENTE CEAV/CIE/0001/2014, A FIN DE DETERMINAR LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN DEL DAÑO EN FAVOR DE EMMANUEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, AL RESULTAR VÍCTIMA DE VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR AUTORIDADES FEDERALES", de veinticinco de febrero de dos mil veintidós. En razón de lo anterior y con base en lo dispuesto por los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197, de la Ley de Amparo, a fin de estar en condiciones de calificar el cumplimiento a la ejecutoria de mérito y estudiar los efectos de la protección constitucional concedida al quejoso, así como la forma en que la autoridad responsable aduce que lo acató; por lo que se ordena requerir nuevamente a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, remita copia certificada de la resolución emitida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho dictada en el expediente administrativo CEAV/CIE/001/2014. Apercibida que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, que dice: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)"

  4. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el oficio de cuenta, firmado por la Directora de Área, en suplencia y en ausencia de la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; en atención a su contenido, se ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia; en virtud de que en proveído de dieciséis de febrero del año en curso, se proveyó la prórroga solicitada.

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