Emmanuel Manzo Barrera

Expediente 1237/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1237/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Emmanuel Manzo Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con veinte minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales 1237/2022, promovido por Emmanuel Manzo Barrera, por su propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sin la comparecencia personal o virtual de las partes. Relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS [.] Por otro lado, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Enseguida se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Secretario encargado del despacho, acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara perdido el derecho de las partes para hacerlo; a continuación se cierra ésta etapa. Luego, al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida esta audiencia constitucional y se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1237/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el veinte de septiembre del dos mil veintidós, y turnada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Emmanuel Manzo Barrera, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto atribuido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. En auto de veintidós de septiembre del año en curso, se ordenó el registro de la demanda bajo el número de expediente 1237/2022, y previo cumplimiento a la prevención formulada se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Así, seguida la secuela procesal, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/20131, en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"2 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".3 En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicados el siete de junio y veintidós de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación. 2 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 3 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. obtiene que la parte quejosa reclama: La promulgación del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), específicamente los artículos quinto, sexto, séptimo, noveno, decimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto transitorios, vigente a partir del uno de septiembre del dos mil veintidós. TERCERO. Certeza del acto reclamado. En el caso, se tiene por ciertos los actos reclamados, pese a la negativa parcial manifestada por el Presidente de la República; además, la existencia de la porción normativa impugnada es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, debido a que se trata de una disposición legal publicada en el Diario Oficial de la Federación.4 CUARTO. Causas de improcedencia. Esta juzgadora Federal considera que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia de conformidad con lo que establecen los artículos 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º y 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, 4 Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260 del tomo XII, agosto de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." prevé en un mismo enunciado jurídico, dos supuestos de improcedencia del juicio constitucional, a saber, a) cuando el acto que impugne la parte quejosa no afecte sus interés jurídico o legítimo y, b) en tratándose de amparo contra normas generales que para su aplicación en la esfera jurídica del impetrante requieran un acto concreto de individualización. Para mejor comprensión del interés jurídico y legítimo, es conveniente analizar el sistema consagrado en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." LEY DE AMPARO "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Los preceptos transcritos permiten arribar a la conclusión de que el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad jurisdiccional emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Al respecto, es conveniente apuntar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado profusamente la causa de improcedencia que nos ocupa, señalando para tal efecto que el interés jurídico tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones, conforme a dos elementos: 1) la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado5 y 2) una afectación real y directa a él, debiendo enfatizarse que para la procedencia del juicio no basta con que el acto de autoridad afecte la esfera jurídica del quejoso, sino que quien promueva el juicio debe ser el titular del derecho vulnerado por el acto de autoridad; es decir, la procedencia del juicio de amparo requiere la demostración de un interés jurídico que tiene una intensidad mayor al interés legítimo.6 5 En relación con la noción de derecho público subjetivo, es pertinente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar en sesión del diecisiete de noviembre de dos mil el amparo en revisión 2124/1999, lo conceptualizó en los términos siguientes: "se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva, que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, de tal forma que el acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular, y no es suficiente la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Dicho en otras palabras, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación." 6 Corrobora lo anterior la jurisprudencia 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del tomo XXVII, enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: Por su parte, el interés legítimo como presupuesto procesal de la acción de amparo, es aquel que ostentan las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio inmediato. Entonces, el interés legítimo es de naturaleza cualificada, lo que implica que, a pesar de las reformas constitucionales, la acción de amparo no le está autorizada a la persona que tenga algún interés simple o meramente económico. En síntesis, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, lo que se traduce en que se haya ampliado el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Así como la tesis aislada P. XIV/2011, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 34, del tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de 2011, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO 'OBJETIVO' CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de 'interés jurídico' para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho 'objetivo' conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como 'un beneficio' o una ventaja 'fáctica' o 'material'." pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante lo anterior, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con ese tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. De esa forma, el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo- cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. En suma, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emita, la parte quejosa en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones; esto es, tratándose del interés jurídico, debe demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditar: a) que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Al respecto, es ilustrativa la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1854, del Libro XXIV, Tomo 3, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de septiembre 2013, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Establecido lo anterior, es menester precisar que en tratándose de la impugnación de normas generales, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo no puede acreditarse únicamente con su expedición y presumible aplicación, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa) ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o hetoroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que se deben atender los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación o extinción de un derecho o, en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. Las consideraciones vertidas en el sentido de la naturaleza de las normas tienen su fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 5, Tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." 7 En ese contexto, se concluye que para la impugnación de disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se 7Registro digital: 198200, Instancia: Pleno, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 55/97, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Tomo VI, Julio de 1997, página 5, Tipo: Jurisprudencia. genere de inmediato (individualización incondicionada) o bien porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnado. Al caso, resulta aplicable la siguiente tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." 8 Ahora, conviene destacar que la parte quejosa controvierte promulgación del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), en concreto los artículos quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto transitorios, en su carácter de norma general autoaplicativa y heteroaplicativa. 8Registro digital: 2006963, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Común, Tesis: 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación., Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 148, Tipo: Aislada. Apunta, que dicha norma la combate de manera autoaplicativa porque -bajo su consideración- al prever la transferencia de los trabajadores de salud en cada estado de la república con relación laboral vigente y activa de los servicios de salud de los estados hacia la nueva institución denominada IMSS-BIENESTAR. Y, de manera heteroaplicativa porque desde su publicación las autoridades de salud iniciaron mecanismos de implementación de la norma. Sentado lo antepuesto, resulta pertinente definir la naturaleza jurídica de los artículos cuya regularidad constitucional se cuestiona, los cuales disponen lo siguiente: "QUINTO. A fin de respetar los derechos pensionarios de los trabajadores de los servicios de salud estatales que sean transferidos al IMSS-BIENESTAR en virtud del presente decreto, se deberá observar lo siguiente: I. En el caso de aquellos trabajadores que coticen para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conservarán sus derechos, y el IMSS-BIENESTAR seguirá cubriendo las cuotas obreropatronales que correspondan a dicho instituto de seguridad social. II. En el caso de aquellos trabajadores que coticen para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y hayan optado por el régimen establecido en el artículo Décimo Transitorio de la ley de ese instituto, el IMSS-BIENESTAR seguirá cubriendo las cuotas obrero-patronales que correspondan a aquel. III. En el caso de trabajadores que hayan ingresado a laborar en los servicios de salud estatales que cuenten con un sistema pensionario no compatible con los esquemas establecidos en la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las entidades federativas cubrirán las cuotas obrero-patronales directamente al organismo local que corresponda. Los pagos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se realizarán preferentemente con cargo a los recursos que para dichos efectos transfieran las entidades federativas al IMSS-BIENESTAR, de conformidad con el artículo 3 del presente decreto. En los supuestos establecidos en este artículo, las entidades federativas continuarán cubriendo el pasivo pensionario respectivo, que se haya generado con anterioridad a la celebración de los convenios a que se refiere el último párrafo del artículo 2 del presente decreto. SEXTO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto y en términos de los convenios de coordinación que, en su caso, el IMSS-BIENESTAR suscriba con las entidades federativas, en términos del artículo 2 de este decreto, aquel será responsable del cumplimiento de las obligaciones que deriven de las condiciones generales de trabajo, que en su momento apruebe la Junta de Gobierno. El IMSS-BIENESTAR no será responsable de las obligaciones pensionarias, ni de otras obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridades en cualquier materia en juicios o procedimientos, ambas generadas previo a la entrada en vigor del presente decreto. SÉPTIMO. Las disposiciones de carácter operativo que rijan el proceso de transición del personal estatal, serán determinadas de forma conjunta por el IMSSBIENESTAR, los servicios de salud locales y las autoridades competentes en materia laboral, de conformidad con las disposiciones aplicables emitidas por las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias. NOVENO. En tanto se implementa la infraestructura, sistemas de información y normativa del IMSSBIENESTAR, sus procesos administrativos deberán realizarse a través de los medios y sistemas de información del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como sujetarse a la normativa de dicho instituto, para lo cual ambas entidades celebrarán los convenios de colaboración necesarios. DÉCIMO. La regularización jurídica y administrativa de los bienes transferidos por parte de los gobiernos de las entidades federativas, estará a su cargo en conjunto con el IMSS-BIENESTAR, en términos de los convenios de coordinación a los que se refiere el artículo 2 del presente decreto. DÉCIMO PRIMERO. En los convenios de coordinación a que se refiere el artículo 2, último párrafo del presente decreto, se deberá establecer que los procedimientos de contratación que estén en trámite a la fecha de celebración de los mismos, continuarán a cargo de las unidades administrativas responsables de dichos procedimientos, hasta su total conclusión, quienes también serán responsables de las obligaciones de pago o adeudos que deriven de los contratos ya suscritos o de tales procedimientos; con fundamento en la legislación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el IMSSBIENESTAR, por ningún motivo serán responsables solidarios, mancomunados o sustitutos respecto de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. El Instituto Mexicano del Seguro Social continuará cumpliendo con los compromisos pendientes derivados de los instrumentos jurídicos vigentes, celebrados en su carácter de administrador del Programa IMSSBIENESTAR, según lo establecido en los mismos El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Programa IMSS-BIENESTAR, tomará las medidas necesarias para garantizar la prestación de los servicios de salud a la población sin seguridad social, en tanto se concluyen las etapas procedimentales y se cumple con las obligaciones jurídicas referidas en los párrafos anteriores, conforme a la legislación aplicable. DÉCIMO SEGUNDO. Para la operación y cumplimiento de las obligaciones encomendadas al IMSS-BIENESTAR en el ejercicio fiscal 2022, éste dispondrá de los recursos que le sean transferidos en términos de la normatividad aplicable, así como los que reciba de las entidades federativas en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren DÉCIMO TERCERO. El IMSS-BIENESTAR publicará en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los noventa días hábiles siguientes a la expedición de su Estatuto Orgánico, las bases para recibir los bienes muebles e inmuebles que, en su oportunidad, formarán parte de su patrimonio que le transfieran las entidades federativas con las que celebre convenios para dichos efectos. DÉCIMO CUARTO. El Sindicato mayoritario en términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, realizará la designación de la representación a que se refiere el artículo 11, fracción VI, del presente decreto; la falta de ésta no afectará el quórum para las sesiones de la Junta de Gobierno. En términos del artículo 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, se firmarán las Condiciones Generales de Trabajo, tomando en cuenta la opinión del Sindicato correspondiente." En función del análisis plasmado en el capítulo que antecede, se pone de manifiesto que la disposición reclamada es de naturaleza heteroaplicativa, en virtud de que para actualizar el perjuicio se requiere de un acto concreto de aplicación. En efecto, como se precisó, este juzgado federal encuentra que el Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), en concreto los artículos quinto, sexto, séptimo, noveno, decimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto transitorios, vigente a partir del uno de septiembre del dos mil veintidós requiere necesariamente de un acto concreto de aplicación, es decir, que la aplicación en contra de los trabajadores que integran el servicio de salud no se suscita por su sola entrada en vigor sino que es indispensable que sucedan y se apliquen los actos en los artículos reseñados. Ello en virtud de que para que la porción normativa tildada de inconstitucional por la parte quejosa, ocasione algún perjuicio a su esfera jurídica, está condicionado expresamente a la existencia de acontecimientos posteriores; es decir, con su sola entrada en vigor no afecta sus derechos; habida cuenta que, se requiere previamente que el impetrante del amparo acredite la existencia material en su esfera jurídica de los supuestos que se han precisados en dichos artículos. No obstante, de considerarse que con la sola publicación de la norma le depara un perjuicio porque prevé la transferencia de los trabajadores de salud en cada estado de la república con relación laboral vigente y activa de los servicios de salud de los estados hacia la nueva institución denominada IMSS-BIENESTAR, tampoco acredita tales extremos, pues el impetrante no exhibió documento alguno que lo acredite como como persona trabajadora de la salud susceptible de ser transferida a la nueva institución, ya sea en puesto de base o provisional, persona que cuente con un contrato por tiempo determinado o de prestación de servicios profesionales o cotice como pensionado. Sin que esta juzgadora Federal desatienda el quejoso ofreció impreso el comprobante de percepciones y descuentos correspondiente a la primera quincena de septiembre del dos mil veintidós, con número de filiación MABE830810PW8 en fotocopia simple, la cual carece de valor probatorio para los efectos pretendidos en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, por cuanto no permite establecer si los datos ahí asentados son auténticos. Es así, pues las copias simples que se presentan en el juicio de amparo carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. Apoya la decisión, la jurisprudencia número 21/89, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 293, del Tomo IV, Primera Parte, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "FOTOCOPIAS. DIFERENTE VALOR PROBATORIO AL DE LAS COPIAS SIMPLES. Los documentos probatorios allegados al juicio, en fotocopia sin certificar, tienen un diverso valor probatorio que aquellos que se presenten en copias simples. Mientras los primeros, por sí solos carecen de valor probatorio, los segundos tienen el valor que les otorga el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Amparo". Máxime que de dicho documento no se desprende dato alguno que acredite que a la fecha de entrada en vigor del decreto reclamado se desempañaba como como como persona trabajadora de la salud susceptible de ser transferida a la nueva institución, ya sea en puesto de base o provisional, persona que cuente con un contrato por tiempo determinado o de prestación de servicios profesionales o cotice como pensionado, supuestos que regula el decreto impugnado; o bien, que se haya aplicado en su perjuicio. Consecuentemente, es de estimarse que los artículos quinto, sexto, séptimo, noveno, decimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto transitorios, vigente a partir del uno de septiembre del dos mil veintidós, no han causado perjuicio alguno en la esfera jurídica del quejoso, ello en razón de que no acreditó con medios de convicción eficaces y contundentes, que estos les hayan ocasionado una afectación o menoscabo directo e inmediato a su individualidad o esfera jurídica; pues no basta la simple afirmación de que la instalación de la junta de gobierno da inicio la aplicación de dicha normativa. Entonces, dado que la norma reclamada en cualquiera de las formas que pretenda combatirla el impetrante (autoaplicativa o heteroaplicativa) no le genera un perjuicio por no acreditar que sea sujeto de ésta. Lo anterior en razón de que la parte quejosa se limitó a exhibir la aludida prueba documental que únicamente acredita que percibe una nómina, que se le realizan descuentos, un número de filiación, así como clave presupuestal, sin que ello consista un acto de aplicación o que sea sujeto de la norma, máxime que en los mismos no se advierte dato de identificación que lo relacione como sujeto de la norma. En efecto, las citadas pruebas en modo alguno acreditan que la parte quejosa hubiera sufrido afectación alguna con motivo de la entrada en vigor del decreto que impugna, ni mucho menos que exista un acto de aplicación perjudicial a su esfera de derechos. Por lo tanto, al demostrarse la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, específicamente en la parte en la cual ese numeral prevé que el juicio constitucional es improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, ni demostró ser sujeto de la norma combatida, se concluye que el quejoso carece de interés para controvertir la regularidad constitucional del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), en concreto los artículos quinto, sexto, séptimo, noveno, decimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto transitorios, vigente a partir del uno de septiembre del dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. En atención a la conclusión alcanzada resulta innecesario abordar las causas de improcedencia invocada por la autoridad responsable respecto de dichas porciones legales, debido a que al quedar justificada la improcedencia del juicio de amparo resultaría irrelevante la eventual actualización de un motivo diverso. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. [.] Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de derechos fundamentales promovido por Emmanuel Manzo Barrera, respecto a los actos precisados en el considerando segundo por los motivos expuestos en el diverso cuarto, de la presente resolución. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a siete de noviembre de dos mil veintidós. ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta, se desprende que en esta data se consultó el número de guía MA022115725MX en la página oficial de Correos de México, a fin de verificar el estatus del oficio 25399 remitido a la autoridad responsable, y al efecto, se advierte que fue recibido el veintiuno de octubre, por lo que, se encuentra 1 https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Segui miento.aspx 2 Día 8/15. transcurriendo el término de quince días para que la responsable rinda su informe justificado. DIFERIMIENTO En tal tenor, se difiere la audiencia de ley y se fijan las once horas con veinte minutos del uno de diciembre del dos mil veintidós, para que tenga verificativo su desahogo. Notifíquese.

  3. Incidental

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con veinticinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós, la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia incidental derivada del juicio de amparo 1237/2022, sin la comparecencia personal o virtual de las partes. Estado procesal de los autos. De las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estrado Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, no rindió su informe previo, a pesar de estar debidamente emplazada desde el veinte de octubre del presente año [según el sello y hora asentados por la potestad responsable]. Al efecto, la Jueza de Distrito acuerda: Respecto a la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe de ley, tómese en consideración en el momento procesal oportuno. Relación de constancias. Seguidamente, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 COPIA DE LA DEMANDA DE AMPARO 01-17 2 PROVEIDO EN EL QUE SE DECRETA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL 18-28 3 EMPLAZAMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. 43 4 EMPLAZAMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN Enseguida, la Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias. Periodo de pruebas. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley Amparo, se hace notar que únicamente la parte quejosa ofreció la prueba documental en copia simple anexa a su demanda de amparo. La Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, se admite la prueba de referencia, la cual se desahoga dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Cerrado el periodo probatorio y abierta la etapa de alegatos, se hace constar que únicamente los presentó el Agente del Ministerio Publico de la adscripción. La Jueza de Distrito acuerda: en términos del artículo 144 de la Ley de la Amparo, se le tiene formulando los alegatos de su intención, los cuales serán relacionados en la etapa correspondiente. Cerrada la etapa pre conclusiva de esta audiencia; se ordena dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1237/2022. RESULTANDO ÚNICO. Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. En el presente caso, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: a) Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y sus consecuencias legales. b) El artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR) c) Los artículos Quinto, Sexto, Séptimo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto Transitorios del aludido Decreto. A su vez, solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto siguiente: "[.] para que se conserven en el momento que guardan los mismos, y con ello evitar un la consumación irreparable de los mismos, toda vez que como se ha vertido de manera amplia, los mismos revisten carácter inconstitucional y atentan contra la colectividad antes descrita, luego entonces no se afecta el bien común ni el interés general.". Atento a lo anterior, esta juzgadora procede a analizar los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada. CONSIDERANDO Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. Presunción de certeza del acto reclamado. La autoridad responsable omitió rendir su informe previo, a pesar de estar debidamente emplazada desde el veinte de octubre del presente año [según el sello y hora asentados por la potestad responsable]. De ahí que, conforme al artículo 1421 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados que se le atribuyen a la potestad responsable, para el solo efecto de resolver la suspensión definitiva. Naturaleza del acto reclamado. La actuación reclamada por la parte quejosa es de naturaleza positiva, dado que conlleva un hacer de la autoridad, por tal razón, desde esa óptica sí es factible pronunciarse respecto la medida cautelar. Interés suspensional y análisis de la vulneración al orden público e interés social. De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131, de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o 1 Artículo 142. La falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. [.] restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el caso, con la finalidad de acreditar su interés suspensional, la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo, lo siguiente: Copia simple de un comprobante de percepciones y descuentos correspondiente a la primera quincena de septiembre del dos mil veintidós, con número de filiación MABE830810PW8. Documental a la que se le concede valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo]. Además de lo anterior, debe destacarse que la concesión de la suspensión definitiva de que se trata implicaría una afectación al interés social, por lo siguiente. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece diverso requisito para el otorgamiento de la medida cautelar, consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, es decir, se consigna en aquellas disposiciones cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarles algún trastorno o desventaja o para procurarles la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Por su parte, el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarles a aquellas algún mal, desventaja o trastorno, es decir debe considerarse como tal, el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja de provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Por otro lado, los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo establecen el deber de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, lo cual se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el amparo, de modo tal que, según el cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Así, en las consideraciones que dieron origen al Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSSBIENESTAR), el Titular del Ejecutivo Federal razonó que en el artículo 4° constitucional se establece el derecho de toda persona a la protección de la salud. Consideró que el Estado se ha obligado a garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Refirió que el artículo 2o. de la Ley General de Salud establece que el derecho a la protección de la salud tiene entre sus finalidades el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Afirmó, que de un diagnóstico efectuado en el territorio nacional sobre la situación de la infraestructura, cobertura, personal y equipamiento, se concluyó que el MAIS del Programa IMSS-BIENESTAR, cuya base es la Atención Primaria a la Salud, actualmente administrado con éxito por el Instituto Mexicano del Seguro Social, permite transformar los sistemas de salud de los estados de la República y, al mismo tiempo, avanzar en la consolidación del Sistema de Salud para el Bienestar a fin de garantizar que todas las personas sin seguridad social accedan a dicho modelo Precisó que, dicho programa, al sumarse a la política pública del Sistema Nacional de Salud implementada por el Gobierno Federal, requiere expandir su capacidad operativa, a fin de otorgar servicios de salud conforme a su modelo de atención, a favor de la población sin seguridad social. Lo anterior, con base en los convenios de coordinación que se suscriban con las entidades federativas, lo que permitirá coadyuvar en la construcción de un sistema público de salud único, en el territorio nacional. Afirmó, que para tales efectos, es pertinente la creación de un Organismo Público Descentralizado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica, operativa y de gestión e integrada con profesionales, técnicos y auxiliares de la salud del más alto nivel, así como con infraestructura y equipamiento suficiente, capaz de lograr los objetivos referidos. -Hasta aquí la síntesis de las consideraciones-. De lo anterior, se advierte el decreto reclamado se encuentra encaminado a lograr la satisfacción del derecho fundamental a la salud, del cual son titulares todas las personas, ante lo cual el Estado -a través de autoridades federales y estatales- tiene el deber de proporcionar de manera gratuita, por profesionales con un alto grado de capacitación. De lo expuesto, puede concluirse que la emisión del decreto reclamado se realizó con el fin de proporcionar servicios de salud de alto nivel, es decir, cumplir con la función del Estado -en sus diferentes niveles de gobierno- en dicha materia; de ahí que se estime que tal decreto está encaminado a lograr que se cumplan y satisfagan los principios establecidos en la norma constitucional, lo que denota el interés público y general. No se desconoce que los derechos laborales de los trabajadores de la salud al servicio del Estado también están reconocidos por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, al ponderar el interés social, se considera que el derecho a la salud de calidad cuyos titulares son todas las personas, tiene mayor preponderancia sobre los intereses particulares de la parte disconforme. Así, se pone de manifiesto que la trascendencia del decreto impugnado incide en la sociedad en general, pues de conceder la medida suspensional solicitada se causaría perjuicio al interés social, al trastocarse el derecho fundamental a la salud con que cuentan todas las personas. De ahí que, con base en esta circunstancia, es improcedente otorgar la suspensión solicitada por el quejoso, al no colmarse los requisitos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de concederse la medida cautelar, se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, en términos de la jurisprudencia antes citada. DECISIÓN Corolario a lo anterior, procede negar la suspensión definitiva por lo que hace a los efectos del decreto y artículos impugnados, por las razones que enseguida se harán valer. La Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación 2 Véase la jurisprudencia publicada con el número 117, en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes, página 3716, Registro digital: 206527, titulada: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA". estableció que cuando se promueve el amparo contra una norma en su carácter de autoaplicativa el quejoso debe acreditar haberse ubicado en el supuesto de la norma, ya que sólo así puede concluirse que la ley desde el momento de su iniciación de vigencia afecta sus intereses legítimos. Luego, en el caso, el quejoso no aportó ninguna prueba de la que se desprenda, aún en forma indiciaria, que a la fecha de entrada en vigor de la normatividad impugnada, se desempañaba como persona trabajadora del Programa IMSS-Bienestar, sea en puesto de base o provisional, persona trabajadora de los servicios de salud estatales, persona que cuente con un contrato por tiempo determinado o de prestación de servicios profesionales; sin que la manifestación bajo protesta de decir verdad de que es trabajador regularizado del Instituto de Salud en el Estado de Chiapas y/o Secretaria de Salud en el Estado de Chiapas, agremiado al Sindicato de Trabajadores de la Salud SNTSA, Sección 50 de Chiapas, con código de apoyo administrativo en salud A-1, adscrito al centro de trabajo denominado Jurisdicción Sanitaria 7 o Distrito de Salud número 7, con sede en Tapachula, resulte suficiente para acreditar su situación particular, ya que carece de sustento probatorio. Se afirma lo anterior en razón de que del comprobante de percepciones y descuentos correspondiente a la primera quincena de septiembre del dos mil veintidós, con número de filiación MABE830810PW8, que acompañó a su demanda, no se desprende dato alguno que acredite indiciariamente que a la fecha de entrada en vigor del decreto reclamado se desempañaba como persona trabajadora del Programa IMSS-Bienestar, persona trabajadora de los servicios de salud estatales, persona que cuente con un contrato por tiempo determinado o de prestación de servicios profesionales, supuestos que regula el decreto impugnado. Pues únicamente se aprecian datos como el periodo de pago, número de filiación, cantidades por percepciones y descuentos, así como el nombre a favor de quien se expide, pero ninguno del que se patentice la institución o centro de trabajo al que pertenece; por lo que, hasta este momento, no acredita encontrarse en alguno de los supuestos precisados en el decreto reclamado que le depare perjuicio, y en ese sentido, se niega la suspensión definitiva solicitada. Se cita en apoyo de lo anterior los criterios emitidos por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, respectivamente, cuyos rubros y textos son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 12 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación." "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados 3Época: Décima Época, Registro: 2005049, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 98/2013 (10a.), Página: 430. cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." 4 Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de La Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se niega a Emmanuel Manzo Barrera; la suspensión definitiva del acto reclamado, en términos del considerando único de la presente resolución incidental, por las razones ahí expuestas. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra pendiente que la autoridad responsable rinda su informe previo, y en autos no obra acuse de recibo del oficio por el que se le solicitó, toda vez que fue remitido vía correo postal el diez de octubre actual, bajo el número de 1https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvi o/Seguimiento.aspx guía MA022115711MX, por lo que, consultada la página oficial de Correos de México, se advierte que se encuentra pendiente la entrega. DIFERIMIENTO Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia de ley y fijan las diez horas con veinticinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo su desahogo. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos correspondientes. Notifíquese.

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