Emmanuel Jesús Ramales Aguilar

Expediente 716/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
716/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
02/09/2021

Partes del expediente

  • Emmanuel Jesús Ramales Aguilar
  • Erik Adrian Antele Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que los quejosos Emmanuel Jesús Ramales Aguilar, Diana Estefanía Suverza Cardiel, Víctor Manuel Suverza Cardiel y Erik Arian Antele Carrillo, haya recurrido el auto de trece de agosto del dos mil veintiuno por medio el cual se desechó la demanda de amparo, por lo que se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. INGRID MALENY MERAZ MARRUFO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.8e 05/12/22 13:14:46 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por Emmanuel Jesús Ramales Aguilar, Diana Estefania Suverza Cardiel, Víctor Manuel Suverza Cardiel y Erik Arian Antele Carrillo, por medio del cual desahogan en tiempo y forma la prevención realizada en auto de dos de agosto del año en curso. Ahora bien, previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Causales de improcedencia. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo y del desahogo de cuenta, respecto del acto señalado con el número 7, mismo que hicieron consistir en: "7. Omisión por no atender con prontitud a petición de parte, sea declarada la nulidad de la audiencia del día dieciséis de julio de dos mil veintiuno" se actualiza la causal de improcedencia señalada por el numeral 61 fracción XX de la Ley de Amparo vigente, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." El numeral reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que, conforme a las leyes que lo rijan, proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, ello sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para su otorgamiento. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Esto es así, debido a que la parte quejosa debió promover el medio ordinario de defensa correspondiente, previo a la interposición del juicio constitucional, ello a fin de cumplir con el principio de definitividad, y al respecto debe decirse que ciertamente los quejosos debieron promover el recurso previsto en el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente, previo a acudir a la presente instancia. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Así, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto de autoridad impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija; máxime que, se insiste, dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Aunado a lo anterior, cobra especial relevancia las excepciones que el propio numeral establece para no agotar los recursos procedentes que son: a) Cuando conforme a la ley que rija el acto reclamado, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, para suspender su ejecución; b) El acto reclamado carezca de fundamentación; c) Se hagan valer en su contra únicamente violaciones directas a la Constitución y; d) Proceda en su contra algún medio ordinario previsto en la normativa reglamentaria, sin que las leyes que rijan el acto contemplen su existencia. En la especie, los quejosos reclaman "la omisión en atender con prontitud la declaración de nulidad de la audiencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno", acto que no se encuentra en las excepciones planteadas en supra líneas, el cual es reclamado en el punto número siete del desahogo de cuenta, por lo que previo acudir al juicio de amparo, los quejosos debieron interponer el recurso de revocación, previsto en los numerales 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que a la letra indican: FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite. El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Lo anterior se sustenta con la interpretación que realiza el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.25 K (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2055, registro 2003107, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: 'PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.', se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." Lo cual es así, habida cuenta que conforme al criterio antes transcrito, el mencionado principio de definitividad, debe respetarse aun cuando los impetrantes de amparo señalen un acto reclamado cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien es cierto que contra dicha particularidad procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, toda vez que, como ya se precisó, aun tratándose de actos de imposible reparación, tal determinación debe combatirse mediante los recursos o medios legales de defensa correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo. Por otra parte, respecto a los actos que los quejosos hacen valer en el desahogo de mérito como: "5.Omisión, al no respetar el derecho que nos asiste como imputados de nombrar un defensor que a nuestro interés convenga. Del cual a petición de parte en audiencia, le fue motivado y solicitado. 6. Omisión de no respetar el derecho que nos asiste como imputados de nombrar un defensor que a nuestro interés convenga." En mérito de lo anterior, por lo que respecta a los actos precisados en el párrafo que antecede; quien esto juzga advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 170 y 173, Apartado B, fracciones XIII, XVI y XIX, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: (.)." "Artículo 173. En los juicios del orden penal se consideraran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso cuando: . Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral XIII. No se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso; FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 XVI. No se permite interponer los recursos en los términos que la ley prevea respecto de las providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzca indefensión; XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Órgano jurisdiccional de amparo." Así, de la interpretación sistemática de los citados numerales se obtiene que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En ese tenor, los quejosos al reclamar "las omisiones a no respetar el derecho a nombrar a un defensor que a su interés convenga", no son actos susceptibles de reclamarse en amparo indirecto, por no constituir actos procesales cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que los mismos pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene sentencia favorable; por lo que, será en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo respectivo, cuando dicha determinación, pudiera influir o no, en el sentido de la decisión del juzgador, y será hasta entonces, cuando se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la resolución fuera adversa a los intereses de los promoventes; pues de resultarle favorable, desaparecería cualquier huella en la esfera jurídica de los quejosos. En esa tesitura, el amparo indirecto es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela de un procedimiento penal, por ser éstos actos susceptibles de reclamarse en amparo directo, una vez que se dicte la resolución que ponga fin al juicio, tal y como lo disponen los artículos 170 y 173, fracciones XIII, XVI y XIX, de la Ley de Amparo. Por tanto, se estima que los actos que se reclaman por los quejosos no constituyen actos de imposible reparación, que puedan ser combatidos mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 de los promoventes, razón por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página 49, Tomo 68, Agosto de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Finalmente, por lo que hace a los actos que se hicieren valer en el escrito de cuenta como: "1. La omisión de la autoridad responsable, al no informar de manera pronta sobre la resolución dictada en la carpeta judicial 10/448/2021, así como omitir lo establecido en la ley adjetiva en materia penal al no poner a disposición inmediata ante el Juez competente a los imputados. 2. La omisión de la autoridad responsable, después de pronunciarse sobre su determinación del Auto de Vinculación a Proceso ha sido omiso en generar el debate correspondiente para establecer plazo de investigación complementaria. 3. Omisión y por ende causal de dilación, ya que omitió dar trámite inmediato al ordenamiento del Juez de Control que resolviera en la carpeta judicial ya señalada, el cual ordenó enviar todos y cada uno de los registros de investigación que integran la carpeta judicial; a su homólogo en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 4. Omisión y dilación al proceso, aunado a este la abstención, ya que al actuar de la autoridad responsable, excusándose para conocer y resolver sobre la declinatoria por competencia, emitida por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México adscrito a la Unidad Judicial 10, con sede en el Reclusorio Oriente. 8. Omisión ante la aceptación sobre la competencia, lo que en consecuencia les permitiría poder determinar sobre la situación jurídica de los gobernados, según sea el caso, dentro de la Carpeta Judicial y/o Causa de Control respectivamente." FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 De un análisis integral del desahogo de prevención, este juzgador advierte que respecto de los actos transcritos con antelación se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, cuyo texto a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Lo anterior es así, toda vez que del desahogo de la prevención decretada por este juzgado de distrito, la cual es realizada bajo protesta de decir verdad, de los hechos narrados para cada acto reclamado, los quejosos manifiestan que conocen de los mismos, desde el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Manifestación que por constituir una confesión expresa, es admisible como medio de convicción en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La afirmación anterior se sustenta al considerar que el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que: "serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones". Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa, de lo que es claro que dicha legislación no prohíbe la prueba confesional, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. En efecto, debe decirse que el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece: "Artículo 95. La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; la que se presume en los casos señalados por la ley." En él se señalan las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida ésta como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento expreso o tácito, de una parte, formal o material, de un hecho que le perjudica. También permite distinguir los FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 distintos modos que dan nacimiento a la confesión de un hecho que produce efectos jurídicos en el proceso, entre las que se encuentra la expresa cuando deriva de la absolución de posiciones, que es a la que se refiere exclusivamente la prohibición establecida en el artículo 119 de la Ley de Amparo. En cambio, la confesión expresa que se hace al formular la demanda, sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos establecidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, por ser aplicable supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley de Amparo. Así, a esa confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena, al disponer los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio. Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Además, es aplicable a lo precedente, la tesis de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Seminario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXIX, visible en las páginas 294 y 295, Primera Parte, cuyo rubro y texto, son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa". En este orden de ideas, se concluye que como ya se dijo, de lo manifestado por los quejosos en los actos reclamados, evidencian que tuvieron conocimiento de los mismos en fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por lo que resulta indudable que transcurrió el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 descontando de dicho plazo los días inhábiles; en ese sentido, debe desecharse la demanda de amparo por notoriamente improcedente. En el entendido, que el término de los quince días que refiere el párrafo que antecede transcurrió del veinticuatro de marzo al veinte de abril del presente año, sin contar los días veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo y uno, dos, tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho de abril del año en curso, conforme lo refiere la jurisprudencia que al rubro y tenor indica: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa." Por igualdad de razón, sirve de apoyo la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 30/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, visible a fojas 286, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 12 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Así como la tesis I.8º.C.15 K (10ª), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, página 2380, que dice: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO. El párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el artículo 18 de la misma ley prevé que ese plazo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este precepto se deduce que el inicio del plazo de quince días para solicitar amparo, depende del supuesto que en cada asunto se actualice, a saber: primero, en aquellos casos en que exista una notificación al quejoso del acto reclamado, el plazo para presentar la demanda correrá al día siguiente a aquel en que surta efectos esa notificación; segundo, cuando el impetrante haya tenido conocimiento, obviamente por medios diversos a una notificación, de la existencia del acto; y tercero, por la confesión, que opera cuando el quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; en estos dos últimos supuestos el plazo de quince días comenzará al día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; sin que en estos casos inicie el cómputo a partir del día siguiente en que se surtan los efectos, pues no existe notificación cuyo efecto deba surtir, sino que como expresamente lo establece tal dispositivo, el cómputo inicia al día siguiente de la fecha en que haya tenido conocimiento del acto o de aquella en que haya confesado haberlo tenido." Asimismo, tiene aplicación a lo anterior la tesis de la Primera Sala 1ª.CCCXCIX/2014, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 539, cuyo rubro y texto dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. CASO EN QUE EL ÓRGANO, ENTIDAD O PODER ACTOR SE OSTENTA COMO SABEDOR O MANIFIESTA TENER CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN I DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA).Para efectos del cómputo para la presentación de la demanda, el citado precepto legal otorga la potestad al órgano, entidad o poder actor para manifestar la fecha en la que se ostente sabedor o haya tenido conocimiento de los actos impugnados; manifestación que está sujeta a prueba en contrario, prueba que deberá acreditarse de manera indubitable y con elementos de juicio que otorguen plena certeza de la fecha en que se haya tenido conocimiento de los actos impugnados y no inferirse con base en meras presunciones. Así, una vez admitida a trámite la demanda de controversia constitucional, la contraparte en el juicio podrá, ya sea en el recurso de reclamación que interponga o durante la secuela procesal de la instrucción de la controversia constitucional, aportar las pruebas que considere conducentes para desvirtuar la manifestación del actor respecto de la FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 13 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 fecha en que se ostentó como sabedor o en que tuvo conocimiento de los actos impugnados, lo que deberá ser valorado en la sentencia correspondiente." Por las manifestaciones de hecho y derecho plasmadas en el cuerpo del presente proveído, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Emmanuel Jesús Ramales Aguilar, Diana Estefanía Suverza Cardiel, Víctor Manuel Suverza Cardiel y Erik Arian Antele Carrillo. La anterior circunstancia hágase de conocimiento de los quejosos, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a los quejosos...MESA 6

  3. Principal

    Citatorio: Se notifica por lista de acuerdos a la quejosa el acuerdo de trece de agosto del año en curso, que en lo conducente señala: "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por Emmanuel Jesús Ramales Aguilar, Diana Estefania Suverza Cardiel, Víctor Manuel Suverza Cardiel y Erik Arian Antele Carrillo, por medio del cual desahogan en tiempo y forma la prevención realizada en auto de dos de agosto del año en curso. Ahora bien, previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Causales de improcedencia. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo y del desahogo de cuenta, respecto del acto señalado con el número 7, mismo que hicieron consistir en: "7. Omisión por no atender con prontitud a petición de parte, sea declarada la nulidad de la audiencia del día dieciséis de julio de dos mil veintiuno" se actualiza la causal de improcedencia señalada por el numeral 61 fracción XX de la Ley de Amparo vigente, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." El numeral reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que, conforme a las leyes que lo rijan, proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, ello sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para su otorgamiento. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Esto es así, debido a que la parte quejosa debió promover el medio ordinario de defensa correspondiente, previo a la interposición del juicio constitucional, ello a fin de cumplir con el principio de definitividad, y al respecto debe decirse que ciertamente los quejosos debieron promover el recurso previsto en el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente, previo a acudir a la presente instancia. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Así, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto de autoridad impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija; máxime que, se insiste, dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Aunado a lo anterior, cobra especial relevancia las excepciones que el propio numeral establece para no agotar los recursos procedentes que son: a) Cuando conforme a la ley que rija el acto reclamado, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, para suspender su ejecución; b) El acto reclamado carezca de fundamentación; c) Se hagan valer en su contra únicamente violaciones directas a la Constitución y; d) Proceda en su contra algún medio ordinario previsto en la normativa reglamentaria, sin que las leyes que rijan el acto contemplen su existencia. En la especie, los quejosos reclaman "la omisión en atender con prontitud la declaración de nulidad de la audiencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno", acto que no se encuentra en las excepciones planteadas en supra líneas, el cual es reclamado en el punto número siete del desahogo de cuenta, por lo que previo acudir al juicio de amparo, los quejosos debieron interponer el recurso de revocación, previsto en los numerales 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que a la letra indican: FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite. El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Lo anterior se sustenta con la interpretación que realiza el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.25 K (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2055, registro 2003107, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: 'PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.', se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." Lo cual es así, habida cuenta que conforme al criterio antes transcrito, el mencionado principio de definitividad, debe respetarse aun cuando los impetrantes de amparo señalen un acto reclamado cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien es cierto que contra dicha particularidad procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, toda vez que, como ya se precisó, aun tratándose de actos de imposible reparación, tal determinación debe combatirse mediante los recursos o medios legales de defensa correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo. Por otra parte, respecto a los actos que los quejosos hacen valer en el desahogo de mérito como: "5.Omisión, al no respetar el derecho que nos asiste como imputados de nombrar un defensor que a nuestro interés convenga. Del cual a petición de parte en audiencia, le fue motivado y solicitado. 6. Omisión de no respetar el derecho que nos asiste como imputados de nombrar un defensor que a nuestro interés convenga." En mérito de lo anterior, por lo que respecta a los actos precisados en el párrafo que antecede; quien esto juzga advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 170 y 173, Apartado B, fracciones XIII, XVI y XIX, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: (.)." "Artículo 173. En los juicios del orden penal se consideraran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso cuando: . Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral XIII. No se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso; FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 XVI. No se permite interponer los recursos en los términos que la ley prevea respecto de las providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzca indefensión; XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Órgano jurisdiccional de amparo." Así, de la interpretación sistemática de los citados numerales se obtiene que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En ese tenor, los quejosos al reclamar "las omisiones a no respetar el derecho a nombrar a un defensor que a su interés convenga", no son actos susceptibles de reclamarse en amparo indirecto, por no constituir actos procesales cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que los mismos pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene sentencia favorable; por lo que, será en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo respectivo, cuando dicha determinación, pudiera influir o no, en el sentido de la decisión del juzgador, y será hasta entonces, cuando se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la resolución fuera adversa a los intereses de los promoventes; pues de resultarle favorable, desaparecería cualquier huella en la esfera jurídica de los quejosos. En esa tesitura, el amparo indirecto es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela de un procedimiento penal, por ser éstos actos susceptibles de reclamarse en amparo directo, una vez que se dicte la resolución que ponga fin al juicio, tal y como lo disponen los artículos 170 y 173, fracciones XIII, XVI y XIX, de la Ley de Amparo. Por tanto, se estima que los actos que se reclaman por los quejosos no constituyen actos de imposible reparación, que puedan ser combatidos mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 de los promoventes, razón por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página 49, Tomo 68, Agosto de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Finalmente, por lo que hace a los actos que se hicieren valer en el escrito de cuenta como: "1. La omisión de la autoridad responsable, al no informar de manera pronta sobre la resolución dictada en la carpeta judicial 10/448/2021, así como omitir lo establecido en la ley adjetiva en materia penal al no poner a disposición inmediata ante el Juez competente a los imputados. 2. La omisión de la autoridad responsable, después de pronunciarse sobre su determinación del Auto de Vinculación a Proceso ha sido omiso en generar el debate correspondiente para establecer plazo de investigación complementaria. 3. Omisión y por ende causal de dilación, ya que omitió dar trámite inmediato al ordenamiento del Juez de Control que resolviera en la carpeta judicial ya señalada, el cual ordenó enviar todos y cada uno de los registros de investigación que integran la carpeta judicial; a su homólogo en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 4. Omisión y dilación al proceso, aunado a este la abstención, ya que al actuar de la autoridad responsable, excusándose para conocer y resolver sobre la declinatoria por competencia, emitida por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México adscrito a la Unidad Judicial 10, con sede en el Reclusorio Oriente. 8. Omisión ante la aceptación sobre la competencia, lo que en consecuencia les permitiría poder determinar sobre la situación jurídica de los gobernados, según sea el caso, dentro de la Carpeta Judicial y/o Causa de Control respectivamente." FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 De un análisis integral del desahogo de prevención, este juzgador advierte que respecto de los actos transcritos con antelación se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, cuyo texto a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Lo anterior es así, toda vez que del desahogo de la prevención decretada por este juzgado de distrito, la cual es realizada bajo protesta de decir verdad, de los hechos narrados para cada acto reclamado, los quejosos manifiestan que conocen de los mismos, desde el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Manifestación que por constituir una confesión expresa, es admisible como medio de convicción en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La afirmación anterior se sustenta al considerar que el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que: "serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones". Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa, de lo que es claro que dicha legislación no prohíbe la prueba confesional, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. En efecto, debe decirse que el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece: "Artículo 95. La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; la que se presume en los casos señalados por la ley." En él se señalan las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida ésta como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento expreso o tácito, de una parte, formal o material, de un hecho que le perjudica. También permite distinguir los FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 distintos modos que dan nacimiento a la confesión de un hecho que produce efectos jurídicos en el proceso, entre las que se encuentra la expresa cuando deriva de la absolución de posiciones, que es a la que se refiere exclusivamente la prohibición establecida en el artículo 119 de la Ley de Amparo. En cambio, la confesión expresa que se hace al formular la demanda, sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos establecidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, por ser aplicable supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley de Amparo. Así, a esa confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena, al disponer los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio. Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Además, es aplicable a lo precedente, la tesis de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Seminario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXIX, visible en las páginas 294 y 295, Primera Parte, cuyo rubro y texto, son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa". En este orden de ideas, se concluye que como ya se dijo, de lo manifestado por los quejosos en los actos reclamados, evidencian que tuvieron conocimiento de los mismos en fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por lo que resulta indudable que transcurrió el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 descontando de dicho plazo los días inhábiles; en ese sentido, debe desecharse la demanda de amparo por notoriamente improcedente. En el entendido, que el término de los quince días que refiere el párrafo que antecede transcurrió del veinticuatro de marzo al veinte de abril del presente año, sin contar los días veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo y uno, dos, tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho de abril del año en curso, conforme lo refiere la jurisprudencia que al rubro y tenor indica: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa." Por igualdad de razón, sirve de apoyo la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 30/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, visible a fojas 286, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 12 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Así como la tesis I.8º.C.15 K (10ª), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, página 2380, que dice: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO. El párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el artículo 18 de la misma ley prevé que ese plazo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este precepto se deduce que el inicio del plazo de quince días para solicitar amparo, depende del supuesto que en cada asunto se actualice, a saber: primero, en aquellos casos en que exista una notificación al quejoso del acto reclamado, el plazo para presentar la demanda correrá al día siguiente a aquel en que surta efectos esa notificación; segundo, cuando el impetrante haya tenido conocimiento, obviamente por medios diversos a una notificación, de la existencia del acto; y tercero, por la confesión, que opera cuando el quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; en estos dos últimos supuestos el plazo de quince días comenzará al día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; sin que en estos casos inicie el cómputo a partir del día siguiente en que se surtan los efectos, pues no existe notificación cuyo efecto deba surtir, sino que como expresamente lo establece tal dispositivo, el cómputo inicia al día siguiente de la fecha en que haya tenido conocimiento del acto o de aquella en que haya confesado haberlo tenido." Asimismo, tiene aplicación a lo anterior la tesis de la Primera Sala 1ª.CCCXCIX/2014, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 539, cuyo rubro y texto dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. CASO EN QUE EL ÓRGANO, ENTIDAD O PODER ACTOR SE OSTENTA COMO SABEDOR O MANIFIESTA TENER CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN I DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA).Para efectos del cómputo para la presentación de la demanda, el citado precepto legal otorga la potestad al órgano, entidad o poder actor para manifestar la fecha en la que se ostente sabedor o haya tenido conocimiento de los actos impugnados; manifestación que está sujeta a prueba en contrario, prueba que deberá acreditarse de manera indubitable y con elementos de juicio que otorguen plena certeza de la fecha en que se haya tenido conocimiento de los actos impugnados y no inferirse con base en meras presunciones. Así, una vez admitida a trámite la demanda de controversia constitucional, la contraparte en el juicio podrá, ya sea en el recurso de reclamación que interponga o durante la secuela procesal de la instrucción de la controversia constitucional, aportar las pruebas que considere conducentes para desvirtuar la manifestación del actor respecto de la FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 13 JUZGADO OCTAVO EXP. 716/2021 fecha en que se ostentó como sabedor o en que tuvo conocimiento de los actos impugnados, lo que deberá ser valorado en la sentencia correspondiente." Por las manifestaciones de hecho y derecho plasmadas en el cuerpo del presente proveído, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Emmanuel Jesús Ramales Aguilar, Diana Estefanía Suverza Cardiel, Víctor Manuel Suverza Cardiel y Erik Arian Antele Carrillo. La anterior circunstancia hágase de conocimiento de los quejosos, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a los quejosos...MESA 6

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo signada por Emmanuel Jesús Ramales Aguilar, Diana Estefanía Suverza Cardiel, Víctor Manuel Suverza Cardiel y Erik Arian Antele Carrillo, contra actos que reclama del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México adscrito a la Unidad de gestión Judicial 10, con sede en el Reclusorio Oriente y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 716/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Prevención. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De la transcripción anterior se desprende que, el citado numeral no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda solo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En la especie, se estima que en la demanda que nos ocupa se actualizan los supuestos señalados, como enseguida se demuestra. De la lectura integral del escrito de demanda se aprecia que los quejosos señalaron como actos reclamados los siguientes: ". 1. La vulneración al principio de continuidad establecido en la audiencia de vinculación en el debate del plazo complementario a la investigación al ser suspendido por el Juez de Control del Sistema Acusatorio Penal en la Ciudad de México dentro de la carpeta judicial 10/448/2021. 2. La vulneración al principio de una defensa técnica adecuada por parte de las cuatro autoridades señaladas como responsables al no permitir el nombramiento de mi abogado para tener acceso a la carpeta de investigación y a las carpetas judiciales. 3. La vulneración al principio de continuidad y derecho de defensa establecida en la audiencia de fecha 16/07/2021 por el Juez de Control del Sistema Acusatorio Penal en el Estado de México con residencia en el Distrito Judicial de Cuautitlán en la carpeta administrativa 600/2021 y el Agente del Ministerio Público que actúo en dicha diligencia al no tomar las medidas necesarias por las violaciones graves a mi derecho de defensa y el principio de continuidad expresadas como garantes de dichos derechos fundamentales. 4. La vulneración al principio de una protección judicial efectiva por parte el Juez de Control del Sistema Acusatorio Penal en la Ciudad de México dentro de la carpeta judicial 10/448/2021 en el nombramiento de mi abogado, sin que haya recaído acuerdo alguno hasta el día 27 de julio de 2021 a las 13.00 horas, aun habiendo sido presentado desde el día 19 de julio de 2021. Del cual se anexa copia simple de la promoción antes mencionada. 5. La vulneración al derecho a la seguridad jurídica por parte del Juez de Control del Sistema Acusatorio Penal en la Ciudad de México con residencia en el Reclusorio Oriente en la carpeta judicial 10/448/2021, toda vez que después de no ser aceptada la competencia por el Juez del Estado de México, esta fue devuelta al Juez de Control de la Ciudad de México, desde el día 16 de julio de 2021, por lo que al promover la designación de defensor particular desde el 19 de julio de 2021 se notifica a nuestro defensor hasta el día 27 de julio de 2021 a las 13:06 horas, la negativa a aceptar dicho nombramiento, toda vez que fue declinada competencia al Estado de México. 6. La vulneración al principio de protección judicial efectiva por parte del Juez de Control del Sistema Acusatorio Penal del Estado de México del Distrito Judicial de Cuautitlán en la carpeta administrativa 600/2021 al no requerir de mi defensor, de acuerdo a lo solicitado vía oral en audiencia referida, lo que consta en los registros de la causa. 7. La vulneración al derecho de petición por parte del Juez de Control del Sistema Acusatorio Penal del Estado de México del Distrito Judicial de Cuautitlán, toda vez que desde el día 18/07/2021 a petición de parte se le solicito la nulidad de la audiencia del día 16 de julio de 2021, sin que hasta el día de hoy se haya dictado el auto donde se acuerde favorable o la negativa a dicha petición. 8. La vulneración de mis derechos fundamentales de defensa técnica adecuada por la prueba de irreproducible que establece mi presunción de inocencia y de la cual no se me ha permitido solicitar su existencia ante las autoridades del C5 del Estado de México. 9. Por consiguiente y de todas las anteriores la violación al principio de presunción de inocencia al vulnerar dentro del proceso judicial el acceso a un recurso judicial efectivo, rápido y sencillo." Ahora, como se advierte de los preceptos transcritos con antelación, se conoce que el impetrante tiene la insoslayable obligación de precisar en su escrito constitucional el acto concreto que atribuye a la autoridad que señala como responsable; sin embargo, de la simple lectura de los expuestos por los aquí quejosos, se aprecia que constituyen argumentos que deben considerarse como conceptos de violación, sin que realizaran una manifestación clara y precisa de cuál es el acto que pretenden combatir en esta instancia. Ilustra lo anterior el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Por otra parte, en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado, los quejosos solicitan que se permita establecer un recurso efectivo con el auto de vinculación o en su caso, se estudie por este órgano jurisdiccional, de advertir violaciones graves a los derechos humanos; sin embargo el mismo no fue señalado como acto reclamado en el capítulo pertinente Por tanto, se itera, los quejosos no fueron claros en sus pretensiones, además de que existen discrepancias en cuanto a las fechas y actos concretos que reclaman. De igual manera, fueron omisos en precisar qué actos reclaman a las autoridades ministeriales responsables. En ese sentido, a efecto de proveer sobre la admisión de la demanda, requiérase a los promoventes de amparo, para que, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad: 1. Precisen los actos concretos que reclaman de manera clara y en su caso si constituyen determinaciones u omisiones; deberán precisar la fecha en que fueron emitidas dichas determinaciones, o bien, cuáles son dichas omisiones a las autoridad señaladas como responsables. 2. A qué autoridad o autoridades responsables, atribuyen cada uno de los actos que señale; 3. Deberán aclarar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, de manera, ordenada y cronológica; De igual forma deberán exhibir tantas copias como sean necesarias de su escrito aclaratorio para el completo de los traslados aludidos a las partes que intervienen en el presente juicio, en términos de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 9/2000, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Es aplicable a lo anterior por identidad jurídica, la tesis número XX.57 K de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 871 del Tomo III del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". Sin que ello implique dejarlos en estado de indefensión, y la finalidad de esta medida es evitar constantes e inútiles dilaciones procesales que haría interminable el juicio de amparo con prevenciones indefinidas, ello, para una impartición de justicia pronta y expedita de conformidad en lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apercibimiento a la parte quejosa. Apercíbase a los promoventes que de no cumplir con el requerimiento formulado en el presente proveído, en la forma y plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos, a Emmanuel Jesús Ramales Aguilar, sin perjuicio de que puedan nombrar uno diverso con posterioridad. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. En otro aspecto, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Presidente Juárez 56, Primer Piso, Interior 101, despacho "B", Naucalpan de Juárez, Estado de México. Autorizados. Por cuanto hace al profesionista que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizado para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto, acredite haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Medios de contacto Por otra parte, se advierte que los promoventes señalan como medio de contacto el correo electrónico: fgayossoa@gmail.com. Lo anterior, atendiendo al estado de emergencia sanitaria por causa mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCOV2(COVID-19), y conforme al Acuerdo 8/2020 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Finalmente, también se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa1 Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, 1 Sustenta dicha orden lo establecido en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, en la parte relativa a la Descripción del Puesto de Actuario Judicial, apartado II.2 relativo a las funciones, el cual en el punto 5., señala: Registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), la práctica y constancia de notificaciones. publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese....mesa 6

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