Emmanuel Izquierdo Martinez

Expediente 517/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
517/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
14/10/2020

Partes del expediente

  • Emmanuel Izquierdo Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de once de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el capítulo segundo, punto cuarto, capítulo tercero, punto decimocuarto y capítulo quinto, puntos vigésimo al vigesimotercero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo quinto, punto vigesimoprimero, fracción II, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo donde se decretó el sobreseimiento y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal como lo dispone el punto vigesimocuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo tercero, puntos decimotercero, decimocuarto y capítulo quinto, punto vigesimoquinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE CITA:Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Presidente, Tercer Arbitro y Secretaria General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de las constancias de notificación realizadas a las partes respecto a los acuerdos dictados el veintiuno de febrero y veintitrés de junio del presente año, dentro del juicio laboral ***. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes de mérito, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, en específico, la demanda de amparo que dio origen a esta contienda constitucional, promovida por ****, por conducto de su apoderado legal.En ese sentido, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, se advierte que dicha autoridad aceptó la existencia de lo reclamado; sin embargo, aclaró que el veintiuno de febrero de dos mil veinte, se emitió el auto de admisión de pruebas, el cual fue regularizado mediante el diverso acuerdo de veintitrés de junio del año en curso, y que dichas determinaciones las hizo del conocimiento a la partes el diez de septiembre del año en curso, tal como se advierte de las copias certificadas que acompañan al informe justificado y el oficio de cuenta, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De lo anterior, es claro advertir que en el caso en particular, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, si bien, al siete de agosto de dos mil veinte, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad ya se había pronunciado respecto a las pruebas ofrecidas por las partes, lo cierto es, que no fue sino hasta el diez de los corrientes en que notificó a las partes los acuerdos relativos a las probanzas de mérito, por lo que, resulta evidente determinar que en el caso, cesó la omisión reclamada, desapareciendo así la finalidad de este juicio constitucional, pues, la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio de amparo. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.

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