Emmanuel Hernández Franco
Expediente 1223/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1223/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Emmanuel Hernández Franco
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo y ya que, de conformidad con el diverso 3, penúltimo párrafo, de la misma legislación, el expediente electrónico coincide con el expediente, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...III
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. QUEJOSOS RATIFICAN DEMANDA. Vista la diligencia actuarial de veinte de octubre del año en curso, se tiene a los quejosos Emmanuel Hernández Franco y Jorge Isaac Velázquez Esquivies ratificando la demanda promovida a su favor. REPRESENTANTE COMÚN. En términos de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional designa como representante común de los quejosos a Emmanuel Hernández Franco, sin perjuicio de que posteriormente sea sustituido. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que no va a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración. Al examinar la demanda se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6, primer párrafo del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, esto es, la relativa a la falta de legitimación del promovente en el presente juicio, numerales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" De la interpretación de estos preceptos, se advierte que el ejercicio de la acción de amparo está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una ley, tratado internacional o reglamento o cualquier otro acto que se reclame y conculque derechos humanos; esto es, el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte que sufre directa y personalmente el agravio originado por el acto de autoridad que se reclama. Es decir, los artículos citados aluden a la institución jurídico-procesal de la legitimación. Con relación a este tema, es pertinente hacer las siguientes acotaciones. El concepto de legitimación se define bajo dos ópticas: en la causa y en el proceso. La legitimación en la causa hace referencia a la relación sustancial que, con el carácter de litigiosa, es materia del juicio; es decir, contempla la relación sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado y el interés perseguido en el juicio. Por otra parte, la legitimación procesal se refiere a la calidad o carácter con el cual actúa quien comparece a juicio; esto es, por quien tiene derecho de hacer valer la acción o excepción materia de la controversia, lo que determina si actúa a nombre propio o en nombre de otro. En ese tenor, la legitimación en la causa llevada al juicio de amparo adquiere una connotación particular, pues quien está legitimado activamente para la promoción del juicio de amparo es la persona física o moral que es titular de los bienes, derechos o posesiones afectados por el acto de autoridad y en razón de ello, haya sufrido un agravio por la violación a sus derechos públicos subjetivos que impugna. Sobre el tema, es ilustrativa la tesis XVII.2o.9 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, página 412, de rubro y texto siguientes: LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho. En el caso particular, los quejosos reclaman la no autorización del procedimiento abreviado dentro de la causa penal 141/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, instruida a los quejosos Emmanuel Hernández Franco y Jorge Isaac Velázquez Esquivies, por su responsabilidad en los hechos con apariencia del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. Como se ve, los promoventes carecen de legitimación para reclamar ese acto a través del juicio de amparo, ya que la no autorización del procedimiento abreviado, no produce una afecta personal y directa a los accionantes. Esto es así, porque en la exposición de motivos que originó la reforma constitucional de dos mil ocho, se destacó que con el sistema penal acusatorio se "abre la posibilidad para el dictado de sentencias en procedimientos abreviados seguidos por los jueces de control. La admisión de estos procedimientos, aunado a los medios alternos de solución de conflictos penales, son indispensables para que el sistema de justicia penal pueda funcionar sin verse colapsado por los juicios orales que se celebren". La regla de este sistema procesal es la solución de los conflictos jurídico-penales mediante el procedimiento ordinario, el cual se compone por diversas etapas secuenciales hasta llegar al juicio oral, pero se estableció como excepción a dicha regla general el procedimiento abreviado, a través del cual se permite la solución del caso sin tener que pasar por todas las etapas del proceso ordinario. Lo anterior tiene sustento en los artículos 17 y 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución federal, en los términos siguientes: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; [.]." Los preceptos constitucionales transcritos constituyen el fundamento de las formas anticipadas de terminación del proceso, para dotar de mayor eficiencia a la operación del sistema penal acusatorio. De la exposición de motivos que justificó la adición del párrafo tercero del artículo 17 Constitucional, se advierte que fue clara la voluntad del constituyente en priorizar la solución de los conflictos por encima de formalismos procedimentales que lo impidan. Por su parte, el artículo 20, apartado A fracción VII, de la Constitución federal establece que el proceso penal acusatorio podrá terminarse anticipadamente "en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley", lo que permite concluir que el constituyente delegó al legislador ordinario las formas en cómo se podrá decretar la terminación anticipada del proceso penal. Ante esos parámetros, el legislador secundario al crear el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la exposición de motivos presentada el treinta de abril de dos mil trece, por varios grupos parlamentarios, se estableció que: El procedimiento abreviado se tramitará a solicitud del agente del Ministerio Público y procederá cuando no haya debate sobre la licitud de los registros de investigación; el acusado expresamente renuncie al juicio, consienta la aplicación de este procedimiento y admita su responsabilidad en el hecho materia de la acusación, siempre que existan datos de prueba que hagan verosímil la responsabilidad del imputado. En ese orden de ideas, el Código deja en las Procuradurías, el encargo de expedir los lineamientos y directrices correspondientes para su solicitud por parte del Ministerio Público. Lo anterior, porque siendo congruentes con la naturaleza de esta herramienta de política criminal en cuanto a la persecución penal, son las Procuradurías como órganos de gobierno encargadas de la persecución penal las que deben controlar al interior de la institución los casos en que proceda que un Ministerio Público pueda aceptar y solicitar un procedimiento abreviado. Esta decisión, se deja a las Procuradurías de cada entidad federativa, como en la de competencia federal, ya que el uso del procedimiento abreviado debe atender a la realidad de la incidencia delictiva en cada jurisdicción y, en su caso, a la situación de cada entidad federativa. Por otra parte, el dictamen de cuatro de febrero de dos mil catorce, emitido por la Cámara de Diputados (que fungió como cámara revisora), estableció lo siguiente: "Esta dictaminadora reconoce el derecho de toda persona a un juicio oral y público con la posibilidad de que esta ejerza contradicción respecto de las pruebas que lo acusan, sin embargo, consciente de la necesidad de que no todos los casos deben culminar mediante un juicio oral regula el precepto constitucional de formas anticipadas de terminación del proceso mediante la aplicación del procedimiento abreviado como una vertiente del principio de oportunidad, ejercida exclusivamente por el Ministerio Público." En este sentido el procedimiento abreviado debe ser entendido no como un derecho o prerrogativa del imputado para acceder a una reducción de la pena, sino como una medida de política criminal a cargo del Estado, toda vez que la Minuta establece que solo será procedente en el caso en que lo solicite el Ministerio Público y que el imputado o la víctima u ofendido no se opongan a su aplicación y dejando la posibilidad de que sea las que permitirán en conjunto con las demás figuras del Código establecer un sistema operativamente viable y evitar la saturación de juicios orales que impidan su correcta aplicación. Bajo esas consideraciones fue creado el Código Nacional de Procedimientos Penales en el que el legislador secundario al tener un amplio margen de configuración para determinar los requisitos para acceder al procedimiento abreviado, estableció los que deben cubrirse y que al efecto se señalan en los numerales 201 a 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el acceso al procedimiento especial referido. Numerales que establecen los requisitos de procedencia del procedimiento abreviado que debe verificar el juez de control, así como la oportunidad para que el Ministerio Público solicite la apertura del procedimiento abreviado, una vez que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Dicho procedimiento se tramita a solicitud del Ministerio Público, siempre que el imputado no muestre oposición, pues debe admitir el delito que se le atribuye en la acusación y consentir la aplicación de este procedimiento; en tanto que la víctima u ofendido tampoco debe presentar oposición fundada. En términos de la normativa señalada, existen tres elementos que necesariamente deben cumplirse para la tramitación del procedimiento abreviado, a saber: 1) que el acusado admita ante la autoridad judicial el hecho que se le atribuye en el escrito de acusación; 2) que consienta la aplicación del procedimiento especial abreviado; y 3) que la víctima u ofendido no presenten oposición fundada a la tramitación de dicho procedimiento. En conclusión, de la redacción del artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución federal, se advierte que el constituyente delegó al legislador ordinario las formas en cómo se podrá decretar la terminación anticipada del proceso penal, pues estableció que el referido proceso podrá terminarse anticipadamente "en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley". Bajo esas condiciones, se advierte que el constituyente al crear el proceso penal acusatorio estableció que su finalidad era descongestionar el sistema penal, lo cual quedó plasmado en el artículo 20 Constitucional, apartado A, fracción VII, citado, en el cual el constituyente no estableció como un derecho del imputado el acceder al procedimiento abreviado, por el contrario, delegó al legislador secundario el hecho de que se podrá decretar la terminación anticipada del proceso "en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley". En ese sentido, cuando resulte conveniente para el sistema penal acusatorio, por política criminal del Estado, tras estudiarse detalladamente la carpeta de investigación, las circunstancias particulares del caso y las posibilidades procesales existentes, el Ministerio Público puede proponer a los imputados optar por esa terminación anticipada, quienes también analizado los referidos aspectos, podrán aceptar la propuesta, la que autorizará el juez respectivo, siempre y cuando se reúnan los demás requisitos. Ciertamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales estableció que el procedimiento abreviado sólo se puede abrir cuando el Ministerio Público lo solicite, es decir, que estime la viabilidad jurídica de su solicitud. Sin embargo, dicha circunstancias no vulnera su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, porque dicha condición constitucional debe verse como una medida adecuada y funcional en la justicia penal, ya que el Ministerio Público ha de valorar discrecionalmente las estrategias que faciliten la terminación anticipada de los procedimientos penales, garantizando la reparación del daño a la víctima del delito, con respeto a los derechos humanos del imputado. En consecuencia, al quedar acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, procede desechar de plano la demanda promovida por Emmanuel Hernández Franco y Jorge Isaac Velázquez Esquivies. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Agréguese el escrito de cuenta. Se tienen como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mario de Lucio Sosa. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a los quejosos Emmanuel Hernández Franco y Jorge Isaac Velázquez Esquivies solicitando se les autorice el acceso al expediente electrónico para su consulta por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del nombre usuario mariodelucio; en atención a lo anterior, dígase a los promoventes que se estén a lo acordado en auto de treinta de septiembre del año en curso, en el que se les autorizó la consulta. NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSOS. Toda vez que los Emmanuel Hernández Franco y Jorge Isaac Velázquez Esquivies se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que se constituya en dicho centro de reclusión y notifique personalmente a los quejosos el presente proveído.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a Mario de Lucio Sosa, quien se ostenta como defensor de Emmanuel Hernández Franco y Jorge Isaac Velázquez Esquivies, en proveído de treinta de septiembre del año en curso, sin que haya desahogado la prevención formulada en dicho acuerdo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y no se le tiene por reconocido el carácter con el que promueve como defensor de los quejosos Emmanuel Hernández Franco y Jorge Isaac Velázquez Esquivies; por tanto, se requiere a los imperantes del amparo, a efecto de que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor. SE ORDENA RATIFICACIÓN DE DEMANDA. En consecuencia, y toda vez que de la demanda de amparo se advierte que los quejosos en comento se encuentran en el Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo, se ordena a la actuaria judicial de la adscripción, que se constituya en ese sitio, y requiera personalmente a Emmanuel Hernández Franco y 26/05/23 14:49:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 Gerardo Damián Luna Reyna Jorge Isaac Velázquez Esquivies, para que en la diligencia manifiesten, si ratifican o no, la demanda de amparo promovida por Mario de Lucio Sosa, quien se ostenta como su defensor.III
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de septiembre de dos mil veintiuno. INFORMA VÍAS DE CUMPLIMIENTO. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Penal de Primera instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, y anexo que acompaña consistente en acuerdo de veintisiete de septiembre del año en curso, emitido dentro de la causa penal 132/2011, de su índice; asimismo, informa que una vez que sea dictado el auto de plazo constitucional, será enviado a la brevedad. Con lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante informando que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento. REQUERIMIENTO. En tal tenor, requiérase a la responsable para que, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, una vez que, de total cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto, remita las constancias que acrediten tal circunstancia en el término de veinticuatro horas; con el apercibimiento que, de no hacerlo así sin causa justificada, se le harán efectivos los apercibimientos insertos en el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno...III
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