Emmanuel Guadarrama Victoria

Expediente 466/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
466/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Emmanuel Guadarrama Victoria
  • EMMANUEL GUADARRAMA VICTORIA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana por medio del cual se informa que acepta la competencia del juicio de amparo en que se actúa. Archivo Atento a ello, toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, y, previa anotación en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese y personalmente a la Oficial Judicial "A" adscrita.

  2. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, contra actos del Magistrado integrante de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar y el Juez Militar de Control de la Segunda Región Militar en la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja California. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 466/2022-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. Competencia Ahora bien, visto el escrito que se atiende, se advierte que este juzgador carece de competencia por razón de territorio para conocer del presente asunto, en atención las siguientes consideraciones: Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese sentido, los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, disponen: "ARTICULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. (.) ARTÍCULO 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Esto es, la obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Así, la competencia constitucional de los jueces de distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia. En el caso, los actos que reclama el justiciable son, a saber: La resolución de veinte de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca penal TSU1-54/2022, en la que se confirmó la diversa de dieciséis de marzo del mismo año, ordenada en la causa penal 259/2021 que emitió el Juez Militar de Control de la Segunda Región Militar en la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja California. El cumplimiento y ejecución de la resolución de veinte de abril de dos mil veintidós, que le atribuye al Juez de Control responsable. Mismos que les atribuye a las autoridades responsables que a continuación se enuncian: Magistrado integrante de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior Militar. Juez Militar de Control de la Segunda Región Militar en la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja California. De lo antes narrado se desprende que la causa penal 259/2021, en la que se emitieron los actos reclamados, actualmente está radicada ante el Juez Militar de Control de la Segunda Región Militar en la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja California. En ese orden de ideas, y de la lectura integral del escrito que se atiende se observa, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, que el justiciable refirió: "2).- En fecha dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021), tuvo verificativo ante citado Juez Militar de Control y dentro de la causa penal referida en el hecho que antecede; la diligencia de audiencia inicial, en la cual previa formulación de imputación que se me realizó (.) se dictó en mi contra auto de vinculación a proceso, (.).". Lo destacado es nuestro. Por tanto, si la decisión aquí combatida se dio posteriormente al dictado del auto de vinculación a proceso, el suscrito estima que se actualiza su incompetencia por razón de territorio para conocer del presente juicio constitucional. Además, es importante resaltar que el dictado de un auto de vinculación a proceso, tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación formalizada, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones posibles, continuando así dicho proceso que puede terminar con el dictado de una sentencia privativa de su libertad personal. Entonces, dado que los efectos del auto de vinculación se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, se estima que el Juez de Distrito competente para conocer del asunto que nos ocupa es aquel en cuya jurisdicción resida el Juez que conoce del proceso penal; lo anterior, en virtud que en la especie el aquí quejoso solicitó al Juez de la causa la suspensión condicional del proceso, y éste negó tal petición, provocando que el justiciable acudiera ante la Sala Penal también responsable y con ello se dictara la resolución aquí combatida. De ahí que este Juzgado de Distrito carezca de competencia legal por razón de territorio para conocer del asunto. Tiene aplicación en lo que interesa la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: y "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad.". Así, de conformidad con el criterio jurisprudencial citado, de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se concluye que el Juez de Distrito competente para conocer del presente asunto es aquel en cuya jurisdicción reside el Juez que conoce del proceso penal (Juez de Distrito en el Estado de Baja California). Ahora, en el supuesto de que un acto tenga ejecución no solo en un Distrito, sino en diversos, precisando que en tal caso sigue rigiendo para la competencia el principio de ejecución, solo que queda a sujeto a en cuál de esos lugares en donde haya tenido ejecución, se haya presentado la demanda de amparo (a prevención) apoya a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO EJECUTADO O EJECUTABLE EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE CUALQUIERA DE ESAS DEMARCACIONES, A PREVENCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.". Sin embargo, ese enunciado normativo no debe entenderse literal y aisladamente en el sentido de que podrá conocer del asunto cualquier Juez de Distrito del país. Antes bien, es necesario interpretarlo en armonía con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto deberá presentarse "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". De esta disposición se infiere que, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Así, mediante la interpretación de la norma secundaria conforme al precepto constitucional, se concluye que cuando el acto reclamado haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención. Por tanto, la presentación de la demanda ante este juzgador no puede generar competencia a prevención, en razón de que en este Distrito no tendrá ejecución el o los actos reclamados, y del citado escrito se advierte el lugar en el que sí tendrá inminentemente ejecución el o los actos. En esa tesitura, este juzgado se declara incompetente en razón de territorio para conocer y resolver este juicio, declinándola en favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno; por tanto, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en dicho Estado, para que por su conducto sea remitida al Juzgado que corresponda conocer en razón de turno, para los efectos de su competencia. Con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar; solicitando atentamente acuse de recibo, así como informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizada a la persona que menciona en su escrito inicial de demanda, con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando acredite estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Se tiene por autorizadas exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señala, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia. Datos de contacto Así, se tiene únicamente como datos de contacto, los números telefónicos y correos electrónicos que proporciona el promovente, a efecto de ser utilizados para tal efecto por el personal de este juzgado, en caso de ser necesario. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Datos de contacto Finalmente, se toma de conocimiento el número de teléfono y correo electrónico que se proporciona, con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese. ".

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Glósense a los autos los oficios signados por el Director de Especialidades Médicas y por la Directora General de Laboratorios Criminalísticos de la Fiscalía General de la República, en los que se informan que notificaron por su conducto a los peritos Carolina Robledo Rosas y José Uriel Rodríguez Pinzón de los proveídos de veintinueve de abril último y diecisiete de los corrientes, respectivamente; en ese sentido, se tienen por cumplidos los requerimientos de mérito para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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