Emmanuel Guadalupe Ramírez Vargas
Expediente 1021/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1021/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Emmanuel Guadalupe Ramírez Vargas
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
CONSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA, la resolución dictada el quince de diciembre de dos mil dieciséis, en atención a que no compareció los días diecinueve o veinte de diciembre del presente año, para tal efecto, la cual en lo conducente dice: Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ******, contra actos del Juez de Partido Primero Civil de esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1021/2016-IV, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye la obligación del Juez de Distrito para examinar ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo; mismos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. (.)". Para demostrar lo anterior, conviene señalar que mediante escrito aclaratorio, el quejoso señaló como acto reclamado, la resolución interlocutoria de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, que declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por el aquí quejoso, dentro del juicio ejecutivo mercantil ***** procedimiento que se encuentra en etapa de ejecución, según lo refiere el promovente. Manifestaciones vertidas por el propio solicitante del amparo en su escrito de demanda y su escrito aclaratorio, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2ª./J.50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." De lo anterior se sigue que el hoy quejoso fue parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, mismo que se encuentra en etapa de ejecución, pues en el referido ocurso el quejoso indica textualmente lo siguiente: ".CUARTO. EN FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2014, SE DICTÓ SENTENCIA DEFINITIVA, DONDE SE CONDENA A ******, AL PAGO DE LA CANTIDAD DE***** ASÍ COMO AL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS GENERADOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGARÉ BASE DE LA ACCIÓN. QUINQUAGESIMO QUINTO. EN FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2015, SE DICTÓ SENTENCIA INTERLOCUTORIA, QUE PUSO FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES PROMOVIDO POR LA PARTE ACTORA EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015. OCTAGESIMO SEXTO. EN FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2016,******, PROMOVIÓ INCIDENTE SOBRE NULIDAD DE ACTUACIONES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN HECHA INDEBIDAMENTE Y OMITIDA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2014 Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO LA NULIDAD ABSOLUTA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES QUE SE HAYAN REALIZADO A PARTIR DE ESA PARTICULAR DILIGENCIA." En ese sentido, toda vez que para la procedencia del amparo indirecto en esta etapa, es necesario que se trate de la última resolución dictada en el juicio, y al haber ordenado la responsable la ejecución de la sentencia en él dictada, no se actualiza esta hipótesis, ya que considerar lo contrario, haría interminable la ejecución de la sentencia, y se permitiría el abuso del juicio de garantías. Resulta aplicable al caso la tesis emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible a página 620, Tomo II, Octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "REQUERIMIENTO PARA CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE UNA SENTENCIA. NO ES ACTO DEFINITIVO. AMPARO IMPROCEDENTE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE OAXACA). El acuerdo reclamado, por el que se requiere al quejoso para que cumpla voluntariamente la sentencia respectiva, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se ejecutaría en forma forzosa, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de la sentencia, en tanto que por regla general el procedimiento no culmina con ese acuerdo (salvo que se cumpla voluntariamente), sino con el que ordena la ejecución forzosa, según se desprende de lo dispuesto por los artículos 493 y 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por lo que el juicio de amparo interpuesto contra el acuerdo reclamado, resulta improcedente al tenor de lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, en relación con el 73 fracción XVIII de la misma Ley." De los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, transcritos con antelación, se desprende que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de tal manera que el juicio de garantías es improcedente cuando se reclama cualquier resolución intermedia que se de en ese periodo de ejecución. En ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en jurisprudencia firme que la última resolución a la que se refiere el artículo 107, fracción IV, antes trascrito, es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que en el caso concreto el presente juicio de garantías resulta improcedente de manera notoria, ya que el promovente reclama una actuación intermedia en el período de ejecución de sentencia y no la última. De acuerdo con lo anterior, el presente juicio constitucional resulta improcedente, en razón de que el inconforme reclama la resolución interlocutoria de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, que declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones, promovido por el aquí quejoso, dentro del juicio ejecutivo mercantil *****, por lo que si tal acto aconteció dentro de la etapa de ejecución de sentencia no puede considerarse como un proveído o resolución judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni tampoco se promovió el incidente de nulidad en contra de la notificación efectuada para dar a conocer a las partes la sentencia dictada en el juicio de origen. Con base en lo anterior, el acto reclamado, no es acto impugnable en amparo indirecto, al tratarse de una resolución que no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, ni está directamente encaminada a impedir su cumplimiento, sino al contrario tiende a ejecutar la sentencia, ya que en el proveído impugnado se negó el trámite del incidente de nulidad de notificaciones promovido por el impetrante, por lo que el citado acuerdo no impide la ejecución de la sentencia, ni tampoco se promovió ese incidente en contra de la notificación que se haya practicado de la sentencia. Cierto, se entiende que la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, tal y como lo ha determinado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia P./J. 32/2001, de observancia obligatoria para este Juzgado Federal, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, publicada en la página 31 del Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." }De lo anterior se deduce que el acuerdo reclamado no constituye "la última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia dictado en el juicio laboral, pues si bien fue emitido después de concluido el juicio civil dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, de su texto no se desprende que se aprobara o reconociera el cumplimiento total de la indicada sentencia, ni tampoco con dicha determinación se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, máxime que dicho incidente de nulidad no se promovió en contra de la notificación practicada a las partes para hacerles de su conocimiento la sentencia dictada en la litis natural; como consecuencia, sólo se trata de un proveído intermedio dictado dentro del periodo de ejecución de sentencia que no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Apoya lo anterior la tesis aislada 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y tenor siguientes: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." por lo que se concluye que el acto combatido en el presente juicio de garantías no se trata de "la última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, por no ser ésta la determinación que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que se trata de una resolución que forma parte de la ejecución de sentencia, contra la cual sólo procede el amparo indirecto una vez que se dicte "la última resolución", pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas en dicho procedimiento, máxime que ese incidente de nulidad no se promovió en contra de la notificación que le fue practicada de la sentencia dictada en el juicio natural. Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo XVII, junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." También la jurisprudencia 177 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 145, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Asimismo, por lo que establece la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que con el número VII.2o.C.23 K, a fojas 1947, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia." Y, por analogía la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, consultable a página 917, Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES CUANDO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES SE DECLARA INFUNDADO Y SE TRAMITÓ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIN QUE LA INTERLOCUTORIA QUE LE PONE FIN SEA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. El juicio de amparo es improcedente contra la interlocutoria que declara infundado el incidente de nulidad de notificaciones que se ventiló en el periodo de ejecución de sentencia; ello, en virtud de que el resultado del incidente trae como consecuencia que siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que el quejoso fue oído y vencido con las formalidades que prevé el artículo 14 constitucional. En consecuencia, el amparo procede hasta que se dicte la última resolución en el periodo ejecutivo, y en los conceptos de violación se podrán alegar las violaciones que considere se cometieron en el trámite del citado incidente de nulidad de notificaciones, o bien, en la resolución que recayó al mismo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicando en su escrito de cuenta; asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12, de la Ley de Amparo, a *****, mientras que a las personas restantes, en términos restringidos de dicho numeral, por así solicitarlo. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Por último, con fundamento en el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso al Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes, que con el fin de respetar su derecho a la intimidad dentro del presente juicio, al hacerse pública la sentencia y demás resoluciones, en correlación a lo dispuesto en los artículos 110,113,117,118,119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se suprimirán sus datos personales por constituir información confidencial, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido.
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