Emmanuel Grajales Hernández
Expediente 903/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 23 de diciembre de 2014.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/12/2014
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Emmanuel Grajales Hernández
Actuaciones
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTITRES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintitrés de diciembre de dos mil catorce. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del año dos mil trece, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, esta Potestad Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia dictada el treinta y uno de octubre de la anualidad que transcurre (fojas 190 a 218), el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, en términos de los artículos 74, 75, 76, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del año dos mil trece, concedió la protección de la justicia federal solicitada por Emmanuel Grajales Hernández, en los siguientes términos: ".Luego, se concluye que la resolución controvertida no se dictó apegada los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas establecidas en los ordinales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que como se dijo, la responsable no dio cabal respuesta a las inconformidades que realizó el quejoso en el recurso de reclamación, por lo que no resulta congruente y como consecuencia de ello no está debidamente fundada ni motivada. Lo que da pauta a conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal solicita para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada de dieciséis de junio de dos mil catorce, y dicte otra en la que atienda las inconformidades que expuso el recurrente y pondere atento a los documentos que se aportaron a la reclamación, si la reducción que hizo de la pensión alimenticia provisional es proporcional y equitativa a la necesidad de la parte acreedora y a la posibilidad económica del deudor, ya que pasó por alto que el recurrente, por ejemplo, en el recibo de pago correspondiente al catorce de febrero de dos mil catorce, se le hicieron los descuentos correspondientes a los conceptos de ISR, FONDO DE ARRO, FONDO DE AHORRO A LARGO PLAZO, AHORRO ESPECIAL, SOBRES NEGATIVOS, CRÉDITO INFONAVIT, DESPENSA, PENSIÓN ALIMENTICIA e IMSS, los que sumandos dan un total de $4,187.11 (cuatro mil ciento ochenta y siete con once centavos), por lo que sí el demandado por comisión en esa ocasión tuvo la suma de $1,582.65 (mil quinientos ochenta y dos pesos con sesenta y cinco centavos) y como sueldo la cantidad $1,270.22 (mil doscientos setenta pesos con veintidós centavos), dan un total de $2,853.87 (dos mil ochocientos cincuenta y tres pesos con ochenta y siete centavos), es claro que las deducciones que tiene legales y personales rebasan del salario que percibe. En suma, deberá distinguir los descuentos legales y derivados del contrato colectivo frente a los personales; luego determinar si de los recibos de pago se desprende el descuento de la diversa pensión (padres) lo cual también sería un descuento legal en su caso; posteriormente deberá determinar a cuánto asciende los descuentos legales o contractuales y a cuánto los voluntarios o personales; de esta forma, excluyendo los préstamos personales, decidirá si los ingresos del demandado le permiten cubrir el 40% de pensión provisional, sin colocarlo en riesgo de su propia subsistencia. También deberá expresar si el hecho de que tiene cubierto (esposa e hija) la seguridad social (IMSS) por virtud del trabajo del demandado, es suficiente o no para disminuir el 40% de pensión; y finalmente, deberá exponer la forma en que el crédito infonavit que tiene a cargo el demandado (en cuya casa aparentemente vive el demandado) impacta en la pensión, es decir, si es suficiente o no para disminuir la pensión decretada. Debiendo significarse que las comisiones que percibe el deudor varían y lo único fijo es su salario que es de $1,221.36 (mil doscientos veintiún pesos con treinta y seis centavos), por tanto es importante que la responsable valore debida y cuidadosamente los recibos de pago que exhibió el deudor para establecer, como se dijo, si la pensión alimenticia provisional es proporcional y equitativa a las necesidades de las acreedoras y a las posibilidades económicas del deudor; y de acuerdo con lo anterior, con plenitud de jurisdicción dicte otra en la que resuelva la cuestión debatida conforme a derecho." Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo protector emitido, por auto de dos de diciembre siguiente, causó ejecutoria el mismo, y se ordenó requerir su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad capital, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora de mérito (fojas 254 y 255). Mediante oficio número 7395, la juez responsable, informó y remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector (fojas 259 a 268); por lo anterior, mediante acuerdo de diez de diciembre de la presente anualidad, quedaron los autos a la vista de la parte quejosa, así como de la tercero interesada, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (fojas 270 y 271); sin que hubieren hecho manifestación alguna. Ahora, el amparo concedido a Emmanuel Grajales Hernández, fue para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente el acto reclamado, es decir, la resolución de dieciséis de junio de dos mil catorce, dictada en el Juicio Ordinario Civil 971/2013/III de su índice, que declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado en el juicio de origen -parte quejosa en el presente asunto-, y en su lugar resolviera lo que en derecho correspondiera, pero acatando de manera cabal lo ordenado en la sentencia aquí pronunciada. En esas condiciones, la Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la sentencia de mérito, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el nueve de diciembre del año en curso, informó que dejó insubsistente la resolución de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, emitiendo una diversa el ocho de diciembre de la presente anualidad, donde dio respuesta a todos y cada una de las inconformidades hechas valer por el ahora quejoso en su escrito a través del cual interponía recurso de reclamación contra el auto de cuatro de junio de dos mil trece, que fijó como pensión provisional el cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que recibe el demandado, y tomando en consideración todas las pruebas ofrecidas por éste, valorándolas pormenorizadamente y en conjunto, la juez responsable arribó a la conclusión que la pensión provisional decretada en un inicio, resultaba excesiva en razón de todas las deducciones que recibe el aquí quejoso a su sueldo base, motivo por el cual declaró procedente reducir la medida provisional a favor de las acreedoras -tercero interesadas en el presente controvertido- del cuarenta al treinta por ciento, pues a juicio de la juzgadora responsable, dicho porcentaje resulta justo y equitativo, en base al principio de proporcionalidad que consagra el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, pues con el setenta por ciento restante, la parte quejosa estaría en aptitud de cubrir sus propias necesidades; advirtiéndose así, que la citada Juez en la resolución que dictó en cumplimiento a la sentencia amparadora a que este juicio se refiere, sí satisfizo los efectos del amparo y observó los lineamientos trazados en el fallo de mérito. De igual forma, debe precisarse que la resolución que aquí se analiza, fue emitida por la autoridad responsable bajo su más estricta responsabilidad de acuerdo a las facultades que la ley le otorga, dado que este órgano federal únicamente analizó si existía violaciones a los derechos fundamentales del quejoso en la resolución que emitió la autoridad, así como los vicios de forma que fueron por los que se otorgó la protección constitucional. En relatadas circunstancias, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron plenamente satisfechos y que se restituyó al quejoso en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción I de Nueva Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, del ordenamiento legal en cita, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese el presente asunto como concluido. Gírese oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección federal solicitada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda como corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha, debiendo conservar del expediente principal únicamente la demanda y la sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Zoila Flor Juárez San Martín, Secretaria quien autoriza y da fe.
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