Emmanuel García Rivera y Otros.

Expediente 198/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
198/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
08/04/2016

Partes del expediente

  • Emmanuel García Rivera y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la suprema corte de justicia de la nación y del consejo de la judicatura federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al centro de documentación y análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Del estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis (foja 17-23); a fin de que cumpliera con la prevención que le fuera formulada, sin que lo hubiere hecho, no obstante haberse notificado conforme a derecho el once de marzo del año en curso (foja 50); en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo.

  3. Principal

    EN DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE DIEZ DE MARZO DE ESTE AÑO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN III INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE DICE: Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Villa Aldama, Veracruz, a través del cual remite los autos del juicio de amparo 105/2016-VII del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Estado de México, con sede en Naucalpan, promovido por Virginia García Rivera, por propio derecho y en favor de Emmanuel García Rivera, contra de actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz y otra autoridad; de cuyo contenido se advierte que ambos juzgados se declararon legalmente incompetentes para conocer de este asunto y declinaron la competencia al Juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. I. ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 de la Ley de Amparo, y en atención a que se comparten las consideraciones vertidas por el Juez de Distrito declinante, se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; acúsese recibo vía fax y regístrese este asunto con el número 198/2016, no obstante lo anterior, procede a realizar el siguiente pronunciamiento: PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS De los artículos 108, fracciones I, IV y V, 112, 113 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte la facultad de este juzgado de Distrito de prevenir a la parte quejosa para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad, o se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo. Además, la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, de la que se advierta el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre (quien deberá acreditar su representación), la norma general, acto u omisión que se reclame y en la que la promovente manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Asimismo, el artículo 15 de la Ley de Amparo establece las hipótesis en las que la demanda de amparo puede ser promovida por persona diversa del directo quejoso. HECHOS En el caso, la demanda de amparo es promovida por Virginia García Rivera por propio derecho y en favor de Emmanuel García Rivera, por el acto reclamado que hace consistir en: ? La negativa de la autoridad responsable de trasladar al hospital especializado a Emmanuel García Rivera a fin de que sea intervenido quirúrgicamente con la urgencia debida, en razón de graves dolores en el área de la vesícula. Sin embargo, pese a que la promovente manifiesta promover la demanda por propio derecho, no menciona el acto que reclama en ese sentido. Asimismo, del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que la promovente omitió explicar bajo protesta de decir verdad por qué el directo quejoso está imposibilitado para promover la demanda de amparo directamente. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es irregular, pues la promovente omitió manifestar bajo protesta de decir verdad por qué el quejoso está imposibilitado para promover la demanda de amparo directamente, y cuál es el acto que reclama por propio derecho. REQUERIMIENTO En consecuencia, a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere a la promovente para que en el plazo de CINCO DÍAS legalmente computado, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con lo siguiente: a) Aclare por qué el quejoso está imposibilitado para promover la demanda de amparo directamente. b) Señale qué acto reclama por propio derecho. Lo anterior se considera necesario para la tramitación de este asunto. Tiene aplicación al caso, las tesis siguientes: Registro No. 175345 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Abril de 2006 Página: 990 Tesis: I.7o.A.100 K Tesis Aislada Materia(s): Común "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Asimismo, se hace saber a la parte promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personal. Resulta aplicable, la tesis siguiente: Registro No. 2007285 Localización: Décima Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Agosto de 2014 Página: 210 Tesis: 1a./J. 50/2014 Jurisprudencia Materia(s): Común "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". Se hace del conocimiento de la promovente del delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo mismo que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento siguiente: ? En caso de no dar cumplimiento a cualquiera de lo requerido, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que en este órgano jurisdiccional se han admitido demandas similares a la que aquí se analiza; sin embargo, se considera pertinente cambiar dicho criterio, pues resulta un hecho notorio para este juzgador que en diversos asuntos, al momento de que el Actuario Judicial de la adscripción se traslada al centro de reclusión donde se encuentran los directos quejosos, éstos en varios casos han manifestado que no conocen a la parte promovente respectiva y que no es su deseo ratificar la demanda de amparo, o algunos no son encontrados por haber sido trasladados a otros centros federales de readaptación social incluso en fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo relativa, lo cual pudiera implicar un uso abusivo del juicio de amparo. DOMICILIO En razón de que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Manantiales número treinta y ocho, Barrio Chautonco, municipio de Coyotepec, Estado de México, con apoyo en los artículos 1, fracción V y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva notificar personalmente a la promovente Virginia García Rivera, el presente proveído; igualmente, con fundamento en el artículo 300 del ordenamiento legal invocado, se faculta al titular del órgano jurisdiccional que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellos acordar promociones, girar oficios, habilitar días y horas inhábiles, así como imponer sanciones y además les requiera para que dentro del término de TRES DÍAS, de conformidad con el artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señale domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que, en caso de no hacerlo las subsecuentes, aun las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos, como lo establece el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, con apoyo en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el artículo 157 de la propia ley. PRONUNCIAMIENTO RELACIONADO CON LOS POSIBLES ACTOS TORTURA MENCIONADOS EN LA DEMANDA Debido a que la promovente en el apartado de "ACTO RECLAMADO" de su demanda de amparo, manifestó que el quejoso sufrió graves actos de tortura por parte de elementos de seguridad en el centro de su reclusión, se toman en cuenta las disposiciones legales siguientes: El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Artículo 1. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." Asimismo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece lo siguiente: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social." "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano." En la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se determinó lo siguiente: "ARTÍCULO 1. Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención." "ARTÍCULO 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción. Los Estados Partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad. Igualmente, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción." "ARTÍCULO 8. Los Estados Partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado". Con apoyo en las disposiciones anteriores, a efecto de esclarecer los posibles hechos de tortura que menciona la promovente en su demanda, dese vista a la Procuradora General de la República, con sede en Ciudad de México, para que en uso de sus facultades ordene a quien corresponda, inicie de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la existencia de los hechos de golpes y posible tortura alegados por la promovente, identificar a los responsables y, en su caso, iniciar su procesamiento penal, auxiliándose con los medios y expertos idóneos para la investigación de estos casos; si del resultado de la averiguación previa se acreditan los posibles actos de tortura que alude el quejoso, determine las eventuales responsabilidades penales y, en esa hipótesis, aplique las sanciones y consecuencias que la ley prevea, asimismo, garantice la reparación del daño físico-psicológico, que, de ser así, haya sido causado al quejoso, con el objeto de establecer la secuela total del daño producido por la tortura y proponer el tratamiento correspondiente. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le requiere para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, por la misma vía informe el trámite dado a lo manifestado por la promovente, apercibida que de no hacerlo, o informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, se le impondrá una multa de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. El criterio anterior, fue igualmente sostenido por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el juicio de amparo directo 78/2012 de su índice, en sesión de dos de mayo de dos mil doce, en la cual la parte quejosa, alegó que fue objeto de actos de tortura al momento de su detención por parte de los policías aprehensores, por tanto, atendiendo dichas manifestaciones, se ordenó que se iniciara la averiguación correspondiente, para el esclarecimiento de tales hechos de tortura. Esta determinación no excede el ámbito de aplicabilidad del juicio de amparo, aunque la Procuradora General de la República, no figure como autoridad responsable, pues conforme al artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, este juicio es el medio legal para reparar la violación de los derechos humanos reconocidos en ella y en tratados internacionales suscritos por México, ya que este órgano de amparo debe garantizar que el respeto a los derechos humanos avance, conforme con el principio de progresividad, además, de que el incumplimiento de la obligación de investigación oficiosa implica violación al derecho a la integridad física y psíquica y ambas deben repararse, pues el tribunal del proceso penal, en su oportunidad, debió requerir se iniciara dicha investigación, acorde también con el derecho del hoy quejoso a un recurso judicial efectivo y sencillo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es aplicable al caso, la tesis siguiente: Décima Época Registro: 2001218 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.) Página: 1107 "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro hómine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito". LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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