Emmanuel García García
Expediente 1713/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1713/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/12/2018
Partes del expediente
- Emmanuel García García
Actuaciones
- Principal
MESA V La certificación precedente, evidencia que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, (punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo de dicho Acuerdo). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
MESA V. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
MESA V. (AVISO PARTE QUEJOSA), se hace efectivo el apercibimiento y se notifica por lista el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el que: RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ****************, por propio derecho, contra actos de los Magistrados del Segundo Tribunal de Alzada en materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1713/2018-V. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: Se transcribe. DESECHAMIENTO. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último, aplicado a contrario sensu, 112, 113, 170, 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. El numeral 107, fracción V, de la Ley en cita contempla que: Se transcribe. Es pertinente señalar que en el caso a estudio, el quejoso reclama: La resolución dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho en el toca *************por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, que desechó el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo dictado en la audiencia intermedia de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, en lo atinente a la admisión de pruebas. Establecido lo anterior, se está en condiciones de puntualizar, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional y 170 de la Ley de Amparo; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), de la Carta Magna y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 173, Apartado B, relativo al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Y por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 144, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente: Se transcribe. Y el Pleno del más Alto Tribunal de la República emitió la jurisprudencia Tesis: P./J. 24/92, de la Octava Época, con número de registro 205651, consultable en la página 11, número 46, del Mes de Agosto de 1992, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: Se transcribe. Ahora, bajo la premisa que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten medularmente derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal y Tratados Internacionales; y en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica. En efecto, la resolución dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho en el toca *************por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, que desechó el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo dictado en la audiencia intermedia de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, en lo atinente a la admisión de pruebas, de manera alguna afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos, tales como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo establecido en el numeral 107 fracción IV de la Ley Reglamentaria a los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, no se trastoca contra el justiciable algún derecho humano de los consagrados en la Carta Magna, pues como se ha dicho, no le genera un agravio en sus derechos fundamentales; de ahí que, el acto que en esta vía se reclama no se trata de un acto de imposible reparación que viole los derechos sustantivos del impetrante del amparo. Ahora, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en los derechos humanos, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), de la Décima Época, registrada con el ordinal 2006338, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes dos de mayo de dos mil catorce, que a la letra dice: Se transcribe. Lo anterior se concatena con la circunstancia de que el procedimiento penal de tipo acusatorio y oral dependerá de un factor determinante y que consiste en la forma en que se regula el ordenamiento procesal aplicable en cuanto a que en la segunda instancia se está en posibilidad de reponer, aun de oficio, si hubiera violaciones formales vinculadas con la admisión de la prueba; es decir, hay posibilidad que una prueba mal admitida vuelva a ser materia de estudio en la sentencia de segunda instancia. Sobre todo tomando en consideración que la admisión de que se duele el quejoso se dio en la etapa intermedia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito Judicial, en la tesis publicada en la página 3094 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017175, de la Décima Época, cuya literalidad es: Se transcribe. Asimismo, se cita, por las razones jurídicas que contiene tesis aislada II.2o.P.10 P (10a.), procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a foja 1891, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, materias común, bajo registro 2000637, que a la letra dice: Se transcribe. Bajo ese contexto, con fundamento en el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo por concurrir el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del diverso 107 de la citada Ley. Similar criterio relativo a la irreparabilidad de la admisión de pruebas sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito Judicial, al resolver la queja 190/2017, el veinticinco de enero de dos mil dieciocho. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y de forma restringida al diverso profesionista que menciona en el ocurso que se provee, limitación que subsistirá hasta en tanto acredite tener registrada su cédula profesional en el aludido Sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. CILN.
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