Emmanuel Flores Ramírez
Expediente 730/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Emmanuel Flores Ramírez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Emmanuel Flores Ramírez, contra actos del Fiscal General del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades; que estima son violatorios de las garantías consagradas en el artículos 17 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 730/2021-I. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, la demanda de amparo; y si se encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano. En el caso concreto, el quejoso señaló como autoridad responsable y actos reclamados, los siguientes: La notificación de un citatorio y el propio documento. A criterio de esta jueza, se surte la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en torno al diverso 107, fracción V, de tal ordenamiento, aplicado en sentido contrario, dado que los actos carecen de una ejecución irreparable para efecto de esta vía, al menos los relativos a la presentación voluntaria de la quejosa ante la autoridad judicial. En aras de justificar tal conclusión, cabe dejar establecido el texto de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, así como de los diversos 107, fracción V y 170 de la Ley de Amparo. Así pues, el examen relacionado de las disposiciones legales revela, como regla general, que en contra de actos violatorios de derechos fundamentales suscitados en el juicio es procedente el amparo directo, siempre que las violaciones afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, pero cuando se trate de actos pronunciados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, o bien, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de igual índole, procede el juicio de amparo indirecto. Ahora, como se dijo, la parte quejosa controvierte en esta vía, la citación y presentación voluntaria ante la autoridad judicial, junto con los efectos respectivos. Con esto no hay duda que los actos atacados en este juicio, por los efectos y las consecuencias que generan, no tienen una ejecución irreparable que justifique la procedencia de esta vía. En principio, los actos atacados en este juicio no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la carta magna, pues de ninguna forma son constitutivos de derechos ni de condena. Por si fuera poco, debe tenerse presente que esos actos no conllevan una situación relevante para efecto del juicio de origen, pues la autoridad judicial será la que, en su caso, examinará oficiosamente la procedencia de la acción penal y, con esto, si la pretensión que en su momento se haga valer se ajusta a los lineamientos legales que la ley de la materia prevé para tal efecto. En esas condiciones, más allá de que los actos reclamados se relacionen con un derecho sustantivo, en el mejor de los casos exclusivamente involucran con derechos adjetivos que producen efectos intraprocesales, de ahí que, sin duda, no ocasionan a la parte inconforme un perjuicio actual o presente sobre un derecho cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, ni lesionan bienes jurídicos cuya fuente no deriva únicamente de las leyes adjetivas aplicables. Incluso, aunque subsista tanto el acto atacado en el juicio de amparo, como los efectos y las consecuencias que procesalmente puedan provocar en la esfera jurídica de la parte quejosa, todavía existe la posibilidad de que pueda obtener un fallo favorable en el juicio relativo, que acarree que se conviertan en intrascendentes las violaciones que deriven de ese acto reclamado, así como de sus efectos y consecuencias, lo que resulta de especial relevancia sobre todo si se recuerda que la ejecución irreparable para efecto del propio amparo, debe presentarse en forma tal que el vicio o la violación no pueda remediarse aun con el pronunciamiento de un fallo favorable, lo cual, sin duda, no ocurre en la especie. Así, las razones anteriores conducen a estimar que, en este caso, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de ese ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, precisamente, porque los actos de que se trata en este amparo, atento a su naturaleza legal y jurídica, los efectos y las consecuencias que producen, carecen de una ejecución de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda. Asimismo, se toma nota de la cuenta de correo electrónico proporcionada por la parte quejosa, a través de la cual se podrán entablar comunicaciones no procesales. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACION QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Emmanuel Flores Ramírez, contra actos del Fiscal General del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades; que estima son violatorios de las garantías consagradas en el artículos 17 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 730/2021-I. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, la demanda de amparo; y si se encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano. En el caso concreto, el quejoso señaló como autoridad responsable y actos reclamados, los siguientes: La notificación de un citatorio y el propio documento. A criterio de esta jueza, se surte la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en torno al diverso 107, fracción V, de tal ordenamiento, aplicado en sentido contrario, dado que los actos carecen de una ejecución irreparable para efecto de esta vía, al menos los relativos a la presentación voluntaria de la quejosa ante la autoridad judicial. En aras de justificar tal conclusión, cabe dejar establecido el texto de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, así como de los diversos 107, fracción V y 170 de la Ley de Amparo. Así pues, el examen relacionado de las disposiciones legales revela, como regla general, que en contra de actos violatorios de derechos fundamentales suscitados en el juicio es procedente el amparo directo, siempre que las violaciones afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, pero cuando se trate de actos pronunciados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, o bien, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de igual índole, procede el juicio de amparo indirecto. Ahora, como se dijo, la parte quejosa controvierte en esta vía, la citación y presentación voluntaria ante la autoridad judicial, junto con los efectos respectivos. Con esto no hay duda que los actos atacados en este juicio, por los efectos y las consecuencias que generan, no tienen una ejecución irreparable que justifique la procedencia de esta vía. En principio, los actos atacados en este juicio no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la carta magna, pues de ninguna forma son constitutivos de derechos ni de condena. Por si fuera poco, debe tenerse presente que esos actos no conllevan una situación relevante para efecto del juicio de origen, pues la autoridad judicial será la que, en su caso, examinará oficiosamente la procedencia de la acción penal y, con esto, si la pretensión que en su momento se haga valer se ajusta a los lineamientos legales que la ley de la materia prevé para tal efecto. En esas condiciones, más allá de que los actos reclamados se relacionen con un derecho sustantivo, en el mejor de los casos exclusivamente involucran con derechos adjetivos que producen efectos intraprocesales, de ahí que, sin duda, no ocasionan a la parte inconforme un perjuicio actual o presente sobre un derecho cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, ni lesionan bienes jurídicos cuya fuente no deriva únicamente de las leyes adjetivas aplicables. Incluso, aunque subsista tanto el acto atacado en el juicio de amparo, como los efectos y las consecuencias que procesalmente puedan provocar en la esfera jurídica de la parte quejosa, todavía existe la posibilidad de que pueda obtener un fallo favorable en el juicio relativo, que acarree que se conviertan en intrascendentes las violaciones que deriven de ese acto reclamado, así como de sus efectos y consecuencias, lo que resulta de especial relevancia sobre todo si se recuerda que la ejecución irreparable para efecto del propio amparo, debe presentarse en forma tal que el vicio o la violación no pueda remediarse aun con el pronunciamiento de un fallo favorable, lo cual, sin duda, no ocurre en la especie. Así, las razones anteriores conducen a estimar que, en este caso, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de ese ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, precisamente, porque los actos de que se trata en este amparo, atento a su naturaleza legal y jurídica, los efectos y las consecuencias que producen, carecen de una ejecución de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda. Asimismo, se toma nota de la cuenta de correo electrónico proporcionada por la parte quejosa, a través de la cual se podrán entablar comunicaciones no procesales. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente.
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