Emmanuel Flores Ramírez

Expediente 771/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
771/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Emmanuel Flores Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto de trece de enero de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se hubiera recurrido dicho auto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Mediante el Acuerdo General 25/2020 amplió la vigencia del anteriormente citado, contemplándose ésta para el periodo que abarca del tres de agosto de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno. En la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Instrumento de observancia general el relatado en el punto anterior que indica que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en ocho de enero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Regularización del procedimiento. Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de la circular CAP/3/2020, este asunto se encontraba con auto de prevención, por tanto, se provee: Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Comuníquese esta decisión a la parte quejosa. Túrnense los autos al Actuario, para que comunique esta determinación; en caso de existir algún impedimento, deberá realizar las actuaciones necesarias para lograrlo en el momento en que éste cese, debiendo asentar la razón que así lo justifique. Así mismo, hágasele saber a dicho funcionario que las diligencias que deba practicar, deberá desahogarlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para asegurar la integridad de su salud y de las personas justiciables. Estado de autos. No presentada. Visto el estado que guarda el presente expediente, y toda vez que mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se ordenó requerir al promovente para el efecto de que: "[.] Precise con exactitud cuál es el acto que reclama en este asunto. Toda vez que del apartado relativo al acto reclamado del escrito de demanda, se advierten diversos preceptos legales; sin embargo, no precisa si reclama la constitucionalidad de dichos preceptos ni cuál de ellos considera que le agravia en sus derechos. Lo anterior, en el entendido de que si reclama la constitucionalidad de algún precepto legal, deberá manifestar si lo hace con motivo de su primer acto de aplicación y en que hace consistir dicho acto; o bien, motivo de su entrada en vigor. Es decir, deberá manifestar si la naturaleza de aquellas es de carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa. Además, de reclamar la constitucionalidad de alguna norma legal, deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. Y, únicamente en caso de impugnar sus actos por vicios propios a las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación. De igual forma, deberá relatar de manera objetiva los antecedentes del acto reclamado, es decir, únicamente los hechos que tengan vinculación con el acto que en esta vía constitucional se reclama. Lo previamente destacado se estima necesario para fijar correctamente la litis planteada en este asunto. Lo anterior, en la inteligencia de que si señala más autoridades como responsables, deberá allegar las copias respectivas de la demanda de amparo, además de las que correspondan del escrito aclaratorio de la demanda, en términos del numeral 110 de la Ley de Amparo. [.]" Ahora bien, mediante escritos presentados por la parte quejosa el cinco, dieciocho y veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el promovente pretendió dar cumplimiento a la prevención anteriormente señalada y manifestó en el primero de ellos: ". 1.- La Ley Reglamentaria del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitida para el ejercicio de las profesiones en el Estado de San Luis Potosí, data del 9 de mayo de 1954, siendo esta de carácter heteroaplicativo, el transcurso del tiempo a partir de su vigencia ha traído consigo cambios y modalidades en materia delejercicio profesional." ". En atención a lo correspondiente a la promulgación de la disposición que causa agravio a la parte quejosa, se describe y se indica en lineas que anteceden, así como en lo contenido dentro de la fracción VIII del artículo 3 de la Ley Suprema para la Unión Federal." En el segundo de sus escritos manifestó: ".Se le atribuye tanto a las autoridades responsables así como al señalado como tercero interesado, la ejecución y la omisión de lineamientos educacionales que producen afectación al libre desarrollo de un plan de vida al suscrito." Por otro lado, refiere: ". las instituciones privadas que prestan servicios de educación superior, que corresponden de forma originaria al Estado, en forma similar a las universidades públicas autónomas, tienen la calidad de particulares que realizan actos equivalentes a los de autoridad cuando se les reclame la omisión de entregar a sus egresados el certificado de estudios y el título profesional, así como de tramitar la cédula correspondiente, ya que: a) Si bien no pertenecen al Estado, sus funciones están determinadas en el artículo 3 Constitucional y reguladas en los preceptos 54 a 58 de la Ley General de Educación." En el tercero de sus ocursos refirió: ".La posibilidad de atravesar una etapa económicamente inactiva, es fundamental en un ámbito académico y laboral consistente en la conclusión de la educación superior y la experiencia profesional que a los egresados se les requiere, siendo esta indispensable, toda vez que el conocimiento teórico y el empírico deben obrar conjuntamente. Es así, que la parte final de la conclusión de la educación superior puede generar en ciertas particularidades, insolvencia económica, siendo el caso que acontece en el recurrente, al no contar con documento alguno para el adecuado ejercicio de la profesión de abogado o Licenciado en Derecho, esto por no cumplir requisitos en cuanto a la existencia y expedición del mismo, pudiendo existir posibles y aspiraciones de logros y metas a corto, mediano y largo plazo, en la que se alleguen de los recursos necesarios que les darán una base para desarrollar sus planes de vida, de los cuales se advierte que el título profesional constituye un requisito indispensable para el ejercicio de algunas profesiones e incluso se sanciona a quien sin tenerlo actúe como profesionista." Así como: "Por lo que la insolvencia, se prolongara hasta la obtención de un título profesional para el adecuado ejercicio de la profesión del derecho, en ese orden, el juzgador deberá analizar las situaciones en particular, y todas las circunstancias que se exhiben en documentos adjuntos al escrito inicial y los que se encuentran en posesión del tercero interesado y relacionarlos con cada uno de los hechos que se narran, aunado al hecho de que se tiene el conocimiento por parte de la Universidad Cuauhtémoc, A.C. que el término para la entrega del documento que acredita la conclusión de estudios que ofrece la universidad es de tres meses, solicitándose en el mes de julio, feneciendo dicho término el día de hoy." Sin embargo, de los escritos presentados por el quejoso por los que pretendió dar cumplimiento a la prevención ordenada el veintiocho de octubre de dos mil veinte, no se advirtió de qué se duele en este juicio de amparo; tampoco señaló de manera expresa lo requerido en relación con el acto que en específico impugna, ni si reclamó la constitucionalidad de los preceptos legales que cita en sus escritos, ni cuál de ellos considera que le causa un agravio, tampoco señala, en caso de ser así, si lo hace con motivo de su primer acto de aplicación o con motivo de su entrada en vigor. De igual forma, fue omiso en relatar de manera objetiva los antecedentes del acto reclamado. Por tanto, como en el término señalado en la certificación de cuenta se advierte que no se dio cabal cumplimiento a la prevención formulada, es innegable que el promovente no cumplió con lo solicitado; de ahí que, si en términos de la certificación de cuenta transcurrió el lapso concedido para aclarar la demanda y el promovente omitió desahogar dicho requerimiento, por ello, procede tener por no presentada la demanda de referencia, con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la Ley de la Materia. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que en proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, se agregó un escrito por el que el quejoso interpuso recurso de queja, pues dicha prevención no tiene relación directa con la aclaración de demanda de que se viene hablando, por ello no se considera que el mismo influya en el término aquí fenecido. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de trece de enero de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Mediante el Acuerdo General 25/2020 amplió la vigencia del anteriormente citado, contemplándose ésta para el periodo que abarca del tres de agosto de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno. En la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Instrumento de observancia general el relatado en el punto anterior que indica que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en ocho de enero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Regularización del procedimiento. Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de la circular CAP/3/2020, este asunto se encontraba con auto de prevención, por tanto, se provee: Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Comuníquese esta decisión a la parte quejosa. Túrnense los autos al Actuario, para que comunique esta determinación; en caso de existir algún impedimento, deberá realizar las actuaciones necesarias para lograrlo en el momento en que éste cese, debiendo asentar la razón que así lo justifique. Así mismo, hágasele saber a dicho funcionario que las diligencias que deba practicar, deberá desahogarlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para asegurar la integridad de su salud y de las personas justiciables. Estado de autos. No presentada. Visto el estado que guarda el presente expediente, y toda vez que mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se ordenó requerir al promovente para el efecto de que: "[.] Precise con exactitud cuál es el acto que reclama en este asunto. Toda vez que del apartado relativo al acto reclamado del escrito de demanda, se advierten diversos preceptos legales; sin embargo, no precisa si reclama la constitucionalidad de dichos preceptos ni cuál de ellos considera que le agravia en sus derechos. Lo anterior, en el entendido de que si reclama la constitucionalidad de algún precepto legal, deberá manifestar si lo hace con motivo de su primer acto de aplicación y en que hace consistir dicho acto; o bien, motivo de su entrada en vigor. Es decir, deberá manifestar si la naturaleza de aquellas es de carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa. Además, de reclamar la constitucionalidad de alguna norma legal, deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. Y, únicamente en caso de impugnar sus actos por vicios propios a las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación. De igual forma, deberá relatar de manera objetiva los antecedentes del acto reclamado, es decir, únicamente los hechos que tengan vinculación con el acto que en esta vía constitucional se reclama. Lo previamente destacado se estima necesario para fijar correctamente la litis planteada en este asunto. Lo anterior, en la inteligencia de que si señala más autoridades como responsables, deberá allegar las copias respectivas de la demanda de amparo, además de las que correspondan del escrito aclaratorio de la demanda, en términos del numeral 110 de la Ley de Amparo. [.]" Ahora bien, mediante escritos presentados por la parte quejosa el cinco, dieciocho y veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el promovente pretendió dar cumplimiento a la prevención anteriormente señalada y manifestó en el primero de ellos: ". 1.- La Ley Reglamentaria del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitida para el ejercicio de las profesiones en el Estado de San Luis Potosí, data del 9 de mayo de 1954, siendo esta de carácter heteroaplicativo, el transcurso del tiempo a partir de su vigencia ha traído consigo cambios y modalidades en materia delejercicio profesional." ". En atención a lo correspondiente a la promulgación de la disposición que causa agravio a la parte quejosa, se describe y se indica en lineas que anteceden, así como en lo contenido dentro de la fracción VIII del artículo 3 de la Ley Suprema para la Unión Federal." En el segundo de sus escritos manifestó: ".Se le atribuye tanto a las autoridades responsables así como al señalado como tercero interesado, la ejecución y la omisión de lineamientos educacionales que producen afectación al libre desarrollo de un plan de vida al suscrito." Por otro lado, refiere: ". las instituciones privadas que prestan servicios de educación superior, que corresponden de forma originaria al Estado, en forma similar a las universidades públicas autónomas, tienen la calidad de particulares que realizan actos equivalentes a los de autoridad cuando se les reclame la omisión de entregar a sus egresados el certificado de estudios y el título profesional, así como de tramitar la cédula correspondiente, ya que: a) Si bien no pertenecen al Estado, sus funciones están determinadas en el artículo 3 Constitucional y reguladas en los preceptos 54 a 58 de la Ley General de Educación." En el tercero de sus ocursos refirió: ".La posibilidad de atravesar una etapa económicamente inactiva, es fundamental en un ámbito académico y laboral consistente en la conclusión de la educación superior y la experiencia profesional que a los egresados se les requiere, siendo esta indispensable, toda vez que el conocimiento teórico y el empírico deben obrar conjuntamente. Es así, que la parte final de la conclusión de la educación superior puede generar en ciertas particularidades, insolvencia económica, siendo el caso que acontece en el recurrente, al no contar con documento alguno para el adecuado ejercicio de la profesión de abogado o Licenciado en Derecho, esto por no cumplir requisitos en cuanto a la existencia y expedición del mismo, pudiendo existir posibles y aspiraciones de logros y metas a corto, mediano y largo plazo, en la que se alleguen de los recursos necesarios que les darán una base para desarrollar sus planes de vida, de los cuales se advierte que el título profesional constituye un requisito indispensable para el ejercicio de algunas profesiones e incluso se sanciona a quien sin tenerlo actúe como profesionista." Así como: "Por lo que la insolvencia, se prolongara hasta la obtención de un título profesional para el adecuado ejercicio de la profesión del derecho, en ese orden, el juzgador deberá analizar las situaciones en particular, y todas las circunstancias que se exhiben en documentos adjuntos al escrito inicial y los que se encuentran en posesión del tercero interesado y relacionarlos con cada uno de los hechos que se narran, aunado al hecho de que se tiene el conocimiento por parte de la Universidad Cuauhtémoc, A.C. que el término para la entrega del documento que acredita la conclusión de estudios que ofrece la universidad es de tres meses, solicitándose en el mes de julio, feneciendo dicho término el día de hoy." Sin embargo, de los escritos presentados por el quejoso por los que pretendió dar cumplimiento a la prevención ordenada el veintiocho de octubre de dos mil veinte, no se advirtió de qué se duele en este juicio de amparo; tampoco señaló de manera expresa lo requerido en relación con el acto que en específico impugna, ni si reclamó la constitucionalidad de los preceptos legales que cita en sus escritos, ni cuál de ellos considera que le causa un agravio, tampoco señala, en caso de ser así, si lo hace con motivo de su primer acto de aplicación o con motivo de su entrada en vigor. De igual forma, fue omiso en relatar de manera objetiva los antecedentes del acto reclamado. Por tanto, como en el término señalado en la certificación de cuenta se advierte que no se dio cabal cumplimiento a la prevención formulada, es innegable que el promovente no cumplió con lo solicitado; de ahí que, si en términos de la certificación de cuenta transcurrió el lapso concedido para aclarar la demanda y el promovente omitió desahogar dicho requerimiento, por ello, procede tener por no presentada la demanda de referencia, con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la Ley de la Materia. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que en proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, se agregó un escrito por el que el quejoso interpuso recurso de queja, pues dicha prevención no tiene relación directa con la aclaración de demanda de que se viene hablando, por ello no se considera que el mismo influya en el término aquí fenecido. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, en atención a su contenido, se provee: Téngase por reiterado el domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica; asimismo, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********, quienes tienen registrada su cédula profesional 08733268 y 11678709, respectivamente, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del dos mil cinco. Y, como autorizado en términos restringidos del citado numeral a ********, toda vez que no se encuentra registrada su cédula profesional en el referido sistema, y en los mismos términos a los pasantes de derecho que menciona. Por otro lado, en atención a la interposición de recurso de queja que refiere dicho quejoso, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dígasele que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, deberá informar a este Juzgado en contra de qué actuación promueve dicho recurso, toda vez que fue omiso al respecto. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término, se tendrá por no presentado el referido recurso. Notifíquese personalmente.

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