Emmanuel Enrique Hernández Arenas

Expediente 770/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
770/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Emmanuel Enrique Hernández Arenas

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito firmado por el quejoso, mediante el cual solicita se le devuelvan los documentos que adjuntó al escrito inicial; por tanto, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional pone a disposición de la parte quejosa las documentales de referencia. Lo anterior, para el efecto de que comparezca el promovente o cualquiera de los autorizados por la propia parte quejosa en el escrito inicial de demanda, previa razón que de su recibo conste en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente de amparo, hubiese recurrido el auto de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se tuvo por desechada la demanda, se declara que este expediente es susceptible de destrucción.

  3. Principal

    SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Cuernavaca, Morelos, a catorce de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Emmanuel Enrique Hernández Arenas, por propio derecho, contra los actos que reclama del Gobierno del Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 770/2022-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causal manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la ley en consulta, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] 1 Artículo 113. *** II.*** De los preceptos transcritos, se infiere que el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es por ello que, la relación entre el Gobierno del Estado de Morelos y el quejoso, no corresponde a la de autoridad y gobernado, sino a una relación que deriva entre particulares, dada la existencia de una relación laboral entre la trabajadora fallecida con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Ahora bien, se estima necesario establecer que la parte quejosa reclama como acto reclamado la negativa de iniciar el trámite para el pago del seguro de vida de Martha Arenas Solís, quien fue trabajadora del Gobierno del Estado de Morelos, así como gastos funerarios, finiquito, requerimiento de la declaración de designación de beneficiarios, el pago del seguro de vida y demás prestaciones que se le adeuden. De lo anterior, se advierte que entre la fallecida Martha Arenas Solís y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos existía una relación laboral. Al acontecer el deceso de la trabajadora se generaron diversas prestaciones a favor de sus beneficiarios, tales como gastos funerarios y seguro de vida, previstas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuyos artículos 1, 2, 43, fracciones XV y XVI y 114 establecen lo siguiente: "Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio". "Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado es la persona física que presta un servicio en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Dirección General de Legislación. Subdirección de Informática Jurídica Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones. "Artículo 43.- Los trabajadores del Gobierno del Estado y de los Municipios tendrán derecho a: (.) XV.- Seguro de vida; XVI.- La percepción hasta por el importe de doce meses de salario mínimo general, a los familiares del trabajador fallecido por concepto de apoyo para gastos funerales". "Artículo 114. *** De ahí que, al haber existido una relación laboral entre la trabajadora fallecida y el Gobierno del Estado de Morelos y con motivo del deceso se generaron diversas prestaciones derivadas de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, entonces será en la vía laboral en la que se ventile tal problemática y no mediante esta vía constitucional. Por tanto, la omisión de pago por parte de las autoridades responsables, todas ellas dependencias del Gobierno del Estado de Morelos, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón de que Gobierno del Estado de Morelos actúa como patrón equiparado y no como autoridad; caso en el que se insiste, actúa en un plano de igualdad frente al quejoso. Además, tampoco se está en el supuesto señalado por el artículo 5, fracción ll, de la Ley de Amparo, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En esa tesitura, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, tiene una naturaleza eminentemente laboral, en un plano de coordinación y no de supra a subordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones, el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruentemente con la doble personalidad del Estado. Por ende, el acto reclamado no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Luego, debido a que los actos que se reclaman en esta vía, no son susceptibles de analizarse a través del juicio de amparo, ello no significa que se deje al promovente en estado de indefensión, ya que tiene expedito el derecho de acudir ante el tribunal laboral correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende. Sin que el presente auto signifique el reconocimiento de derecho alguno a favor del quejoso Emmanuel Enrique Hernández Arenas, en razón de que la autoridad competente para dilucidar el carácter de beneficiario es la autoridad laboral correspondiente y no este órgano de control constitucional, mediante un procedimiento en el que se publican convocatorias en un lugar visible del centro de trabajo para que comparezcan a juicio quienes se consideren con derecho al pago de las prestaciones devengadas por la trabajadora fallecida. En el procedimiento de tal naturaleza, inclusive, podría ser que otros beneficiarios concurran con el quejoso, lo que eventualmente sería materia de prueba, de ahí la necesidad de que se ventile un procedimiento diverso al juicio de amparo. En consecuencia, en el caso, queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del diverso artículo 113 de la Ley de la materia. Consulta del expediente electrónico Toda vez que la parte quejosa solicita la consulta del expediente de manera electrónica, con fundamento en los artículos 21 y 36, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes citado, se autoriza el acceso al expediente electrónico, siempre y cuando se realice con base en el usuario "EmmanuelEHdzAr". En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo.

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