Emmanuel Diaz Mendoza
Expediente 31/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Emmanuel Diaz Mendoza
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se declaró firme la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección a la parte quejosa y se ordenó el archivo del presente juicio; ahora bien, se advierte que obran en autos dos discos en formato DVD remitidos por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal del Estado de Morelos, con motivo de su informe justificado . Devolución de anexos. En consecuencia, hágase la devolución de los discos en formato DVD remitidos por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente de la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, en sus puntos resolutivos, se sobreseyó y se negó el amparo. Firmeza del fallo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destruible el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en los artículos 21, párrafo primero, inciso a), y 18, párrafo primero, fracción I, inciso b), del Acuerdo General citado; por tanto, el principal y el cuadernillo original de la incidencia de depuración. Transferencia del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Acuse de recepción de comunicaciones innecesario. Finalmente, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que se abstengan de acusar recibo del oficio que derive del presente proveído, pues basta el sello de recepción que se estampe en la minuta respectiva. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 31/2021, promovido por +++ por su propio derecho; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiuno de enero de dos mil veintiuno (fojas 2 a 33). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El cinco de febrero de dos mil veintiuno (fojas 34 a 39). TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 43). El trece de octubre de dos mil veintiuno, a la agente del Ministerio Púbico adscrita a la Fiscalía de Robos que intervino en la causa penal +++ (foja 68). Asimismo, el catorce de julio de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar por edictos a la tercero interesado ++++ con cargo al Consejo de la Judicatura Federal (foja 132 y 133). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 4,14, 16, 17, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. Audiencia Constitucional. El tres de diciembre de dos mil veintiuno (foja 236). SEXTO. Remisión de autos para dictado de sentencia. En dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento al oficio +++ de ocho de diciembre del mismo año, signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos; y al Acuerdo 120/2021, envió a este juzgado de Distrito el juicio de amparo 43/2021, de su índice, para el dictado de la sentencia correspondiente. SÉPTIMO. Recepción de autos. En ese orden, tal asunto fue remitido a través de la Oficina de Correspondencia Común, y por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, se avocó al conocimiento del asunto, el cual se radicó bajo el expediente 31/2021; se convalidaron las actuaciones efectuadas por el homólogo federal y se requirió a las partes para que expresaran si tienen conocimiento de algún impedimento que tuviera el suscrito, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, sin que se haya efectuado alguna manifestación al respecto; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. Cabe aclarar que la competencia de este Juzgado de Distrito es exclusivamente la de resolver los asuntos remitidos por el órgano jurisdiccional auxiliado, por lo que carece de facultades para analizar o calificar el trámite seguido en el juicio de amparo; máxime que ya se celebró la audiencia constitucional. Lo anterior de conformidad con el Punto de Acuerdo 120/2021, que dispone que los juzgados de distrito remitirán diez asuntos con audiencia celebrada para el efecto del dictado de la sentencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa solicitó por propio derecho el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el catorce de diciembre de dos mil veinte, en la causa penal ++++ por la Jueza de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, que igualmente atribuye a la agente del Ministerio Público. TERCERO. Inexistencia de actos. La institución ministerial señalada como responsable negó el acto reclamado por el quejoso sin que éste desvirtuara esa negativa, misma que se corrobora con las constancias que anexa a su informe justificado la autoridad jurisdiccional responsable, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, de las que se desprende que el auto de vinculación a proceso reclamado fue emitido por la Jueza de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. En ese tenor procede sobreseer en el presente juicio por lo que respecta a ese acto y tal autoridad responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Jueza de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, aceptó la existencia del acto reclamado, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que anexó consistentes en copia certificada de la causa penal ++++ en la que obra la sentencia reclamada. Así como los discos versátiles digitales que contienen las videograbaciones de la audiencia inicial en la que consta el acto reclamado, valoradas con anterioridad; por tanto, se tiene por existente. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". De igual manera, es aplicable a la determinación anterior, la Jurisprudencia. sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, instancia de Primera Sala, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Materias Común-Penal, con registro 2004362, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Causales de improcedencia. Las partes no invocaron causa de improcedencia alguna, ni este órgano constitucional advierte que se surta ninguna. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mayor comprensión de la litis constitucional, es pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado, mismos que derivan de las constancias de autos y del contenido de los discos versátiles remitidos con el informe justificado por la Sala responsable, a saber: 1. Consignación. El trece de diciembre de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público puso a disposición de la jueza natural a Emmanuel Díaz Mendoza, por el hecho delictivo de robo calificado cometido en agravio de Daira Teresita Pedraza Roque. 2. Audiencia inicial. El catorce siguiente se desahogó la audiencia inicial de control de la detención, formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares, en la que el agente del Ministerio Público imputó a Emmanuel Díaz Mendoza, el delito de Robo calificado previsto y sancionado por el artículo 174, fracción II, en relación con el 176, inciso a), fracción I, del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en agravio de Daira Teresita Pedraza Roque y se decretó auto de vinculación a proceso por ese hecho que la ley señala como delito. La resolución anterior constituye el acto reclamado en el presente juicio. SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, sin que sea necesario transcribirlos toda vez que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad, porque este juzgador procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado. Es aplicable a la resolución anterior, la Jurisprudencia. sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ochocientos treinta del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, con registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". OCTAVO. Determinación de este juzgado. Previo al análisis de los conceptos de violación se procederá al estudio de la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado. Contra lo expresado por el quejoso en su primer concepto de violación, del estudio del asunto en particular, debe destacarse que de conformidad con los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se vulneró en su perjuicio derecho fundamental alguno, pues para la emisión del auto de vinculación a proceso, se verificó la existencia de los requisitos siguientes: a). Que se hubiere formulado la imputación; b). Que se otorgue al imputado la oportunidad para declarar; y, c). Que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En efecto, en el caso sometido a la jurisdicción de este órgano de control constitucional, se advierte que se cumplieron tales requisitos pues en audiencia de catorce diciembre de dos mil veintiuno, se formuló imputación contra Emmanuel Díaz Mendoza, por el hecho que la ley señala como delito de Robo calificado previsto y sancionado por el artículo 174, fracción II, en relación con el 176, inciso a), fracción I, del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en agravio de Daira Teresita Pedraza Roque; diligencia en la que se le otorgó la oportunidad de declarar a lo que manifestó que no era su deseo hacerlo. Una vez solicitada la vinculación a proceso por la institución ministerial el imputado referido y su defensa solicitaron se resolviera su situación jurídica en ese momento, por lo que la juez natural emitió en su contra auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito materia de la imputación. Así, este resolutor de amparo advierte que se cumplieron en el caso del quejoso las formalidades esenciales del procedimiento pues es evidente que el quejoso tuvo conocimiento del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque la defensa; la oportunidad de declarar; y se dictó una resolución que dirimió su situación jurídica, la que tuvo oportunidad de impugnar. Apoya lo anterior, la jurisprudencia. del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 200234, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Además, se respetaron cabalmente los principios rectores del proceso penal de corte acusatorio, que son los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, previstos en el artículo 20, párrafo primero, constitucional, y cuyo contenido se desprende en los preceptos 4, 5, 6, 8, 7 y 9, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, la sentencia reclamada, emitida de manera escrita, se ajustó a lo establecido en el artículo 16 constitucional, que constriñe a toda autoridad a emitir sus actos en forma fundada y motivada. Ello es así, pues se observa que antes de emitir el auto reclamado citó los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen los requisitos de forma y fondo que debe contener una resolución de esa naturaleza y los diversos 174, fracción II, en relación con el 176, inciso a), fracción I, del Código Penal para el Estado de Morelos, que tipifican el delito de Robo calificado, como los diversos 15 y 18, fracción I, del mismo ordenamiento que prevé la comisión dolosa del delito y la autoría material como forma de intervención; asimismo, hizo alusión a las pruebas que tomó en cuenta para tener por acreditado el hecho materia de la imputación y la probable participación del imputado en su comisión; señalando las razones que tuvo para ello. Asimismo, citó los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen los principios reguladores de la valoración de la prueba. De manera que la autoridad responsable expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso y señaló además, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto que ahora se le reclama. Apoya lo anterior, la jurisprudencia. emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 176546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Consecuentemente, se satisfacen las exigencias de los artículos 14 y 16, párrafo primero, constitucionales. Por otra parte, la jueza responsable no violó los derechos fundamentales del quejoso al declarar, con la facultad que le otorga el artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que los hechos materia de la imputación encuadran en la conducta desplegada en la hipótesis normativa descrita en el artículo174, fracción II, en relación con el 176, inciso a), fracción I, del Código Penal para el Estado de Morelos, que tipifican el delito de Robo calificado, cuyos elementos consideró son: El apoderamiento de una cosa mueble ajena por parte del sujeto activo; Que se realice con ánimo de dominio; y, Sin consentimiento de quien pueda otorgarlo. Matizada la conducta con la gravante relativa a la violencia física. Para acreditar lo anterior justipreció legalmente los siguientes datos de prueba: El informe policial homologado de los agentes que realizaron la persecución del imputado por Jardín Juárez y su detención en la calle Guerrero del centro de Cuernavaca, Morelos, a la altura de la tienda García. Relacionada con la entrevista realizada a la pasivo ++++ quien narró, en síntesis, que el once de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las once horas con cuarenta minutos, estaba a espaldas del Banco Bancomer, en la calle +++ Morelos, el activo navaja en mano le arrebató su celular marca Huawei, azul, con funda roja, hecho lo cual se dio a la fuga, por lo que pidió auxilio policiaco. Adminiculadas legalmente con tres cadenas de custodia de once de diciembre de dos mil veinte, suscritas por +++ (i) del celular; (ii) una mochila tipo cangurera café; y (iii) una navaja con punta de metal, empuñadura negra, de aproximadamente quince centímetros de largo. Igual que con el certificado médico realizado a +++ por la doctora Rocío Montserrat Giles Mendoza, quien asentó que presentó zonas de eritema en malar derecho, tórax anterior y posterior, y escoriación por hematoma en abdomen. El dictamen pericial en materia de valuación de doce de diciembre de dos mil veinte, suscrito por Gabriela Mendoza Domínguez, quien determinó que el valor del teléfono Huawei Y7, es de cuatro mil quinientos pesos. Asimismo, con el diverso dictamen en materia de rastreo dactiloscópico de once de diciembre de dos mil veinte, suscrito por Luis Enrique Benítez Valle, quien describe la navaja afecta a la causa y determina que no halló elementos dactiloscópico que resultaran de la confronta AFIS. El dictamen en materia de medicina legal de doce de diciembre de dos mil veintiuno, suscrito por el doctor Héctor Javier Martínez Rodríguez, realizado a +++ quien determinó que presentó lesiones de las que tardan en sanar menos de quince días, ebrio e intoxicado al momento de la exploración. Y, lo declarado por la ofendida el once de noviembre de dos mil veinte, de la que tuvo por reproducido lo expuesto en la entrevista. Pruebas que valoró legalmente en términos de los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la víctima Daira Teresita Pedroza Roque, fue quien resintió el hecho delictivo en su humanidad y narró la forma en que fue desapoderada de su teléfono celular. Narración de los sucesos que efectivamente, tal como lo apreció el ad quem, se adminiculó con los datos relativos a que el imputado le fueron asegurados el teléfono celular propiedad de la víctima y la navaja afectos a la causa; objetos que fueron materia de los dictámenes periciales que justipreció. De ahí que efectivamente, como lo consideró la jueza responsable, se desprendan datos de prueba que establecen que el sujeto activo, actuando por sí mismo, de manera dolosa, se apoderó de un teléfono celular, sin el consentimiento de quien podía otorgarlo, en el caso la pasivo Daira Teresita Pedroza Roque, con lo que lesionó el bien jurídico tutelado que es el patrimonio de ésta, encuadrándose así el hecho que la ley señala como delito de Robo calificado, previsto en el artículo 174, fracción II, en relación con el 176, inciso a), fracción I, del Código Penal para el Estado de Morelos. Esa conducta delictiva, ciertamente se vio matizada con la calificativa de ventaja a que se refiere el artículo 126, fracción I, inciso b), del código sustantivo, ya que como apropiadamente lo ponderó la ordenadora, las constancias de autos ponen de manifiesto que al momento del suceso, el activo se hallaba armado con un instrumento punzocortante. Tocante a que exista la probabilidad de que el imputado +++ lo cometió o participó en su comisión, la jueza responsable actuó correcta y legalmente al determinar que esa probabilidad se sustenta en los mismos datos de prueba valorados en términos de los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues existe el señalamiento directo de la víctima Daira Teresita Pedroza Roque, relacionada con el informe policial homologado en el que consta la detención del imputado en flagrancia, por lo que fue legal que considerara su participación en términos del artículos 18, fracción I y 15, del código sustantivo aplicable, que describen la autoría material del delito y la comisión dolosa de éste. De lo anterior se constata que la resolución reclamada cumple con los requisitos de forma y fondo que del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal y por ende, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos a que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, pues para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar el tipo penal aplicable y la posibilidad de que el imputado haya intervenido o participado en su comisión; toda vez que, la finalidad de tales elementos es justificar que se someta al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia. sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos sesenta de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima época, instancia de Primera Sala, Libro cuarenta y cinco, agosto de dos mil diecisiete, Tomo I, Materia Penal, con registro 2014800, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." En el segundo de los motivos de inconformidad, aduce el quejoso que no existe diligencia de reconocimiento en términos del artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no está acreditada su probable participación en el delito que se le imputa, lo que es infundado, pues como bien lo determinó la jueza responsable, de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió pues los policías Cristian José reyes Martínez y Juan José Estrada Hernández en su informe de policía homologado asentaron que lo detuvieron en flagrancia después de que la ofendida Daira Teresita Pedroza Roque, lo señaló como la persona que la desapoderó del teléfono celular de su propiedad, mismo que fue hallado en su poder con la navaja con que perpetró la conducta narrada por la pasivo en su entrevista y comparecencia ministerial. Agregó que no se precisaron qué tipo de acciones desplegó para considerarlas constitutivas de delito, lo que es infundado pues la jueza responsable precisó que el activo aquí quejoso el once de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las once horas con cuarenta minutos, amagó con una navaja y desapoderó a la víctima Daira Teresita Pedraza Roque del teléfono celular de su propiedad, cuando estaba a espaldas del Banco Bancomer, ubicado en calle Matamoros, colonia centro, Cuernavaca, Morelos, por lo que concluyó correctamente que esa conducta encuadra en el hecho que la ley señala como delito de Robo calificado, previsto en el artículo 174, fracción II, en relación con el 176, inciso a), fracción I, del Código Penal para el Estado de Morelos. En el tercer concepto de violación, el quejoso destaca como contradicción que la ofendida dijo que vio que éste sacó una navaja con la mano izquierda con la que la amagó y con la derecha se apoderó del teléfono, pero en el segmentó factico materia de la imputación se asentó que contaba de antemano con una navaja empuñada, argumento del que este órgano de control constitucional no advierte contradicción sustancial alguna, que lleve a negarle valor probatorio a lo referido por la pasivo Daira Teresita Pedroza Roque, pues de ambas versiones se evidencia que el aquí quejoso empuñaba un arma al perpetrar el apoderamiento ilícito que se le imputó. En el cuarto motivo de disenso, se duele el impetrante que le sembraron la cangurera, la navaja y el teléfono celular afectos a la causa, pues el policía Cristian Moisés Reyes Martínez entre las 11:47 y 11:58 horas del once de noviembre de dos mil veinte, no puso a disposición los objetos que le fueron asegurados, sino lo hizo entre las 19:44 y 20:42 horas, cuando los dejó a disposición de Luis Enrique Benítez Valle, lo que contradice lo acordado por el Ministerio Público en el sentido que. fue puesto a disposición con los objetos mencionados. Lo así expresado es infundado, pues la posible omisión de aspectos meramente formales, como la que destaca el quejoso, no tiene el alcance de anular la prueba fehaciente de su existencia e identidad cuando se advierte la certeza de ello derivada de otros datos, como el reconocimiento de los captores y víctima que reconocen esa navaja como instrumento del delito y el teléfono como materia de éste; además, se advierten la racionalidad y corrección con que suficientemente actuaron los elementos de la policía que acudieron al lugar y encontraron tales objetos de acuerdo a las circunstancias del aseguramiento. Por tanto, la anulación de indicios derivada de las mencionadas deficiencias técnicas ocurridas en las fases iniciales del embalaje y traslado para su entrega a la autoridad investigadora, depende de su potencial relevancia, para la posibilitación o no de la práctica de otras pruebas, como las de pericia, en la medida en que trasciendan a su eventual eficacia y ello, a su vez, derivará del análisis y valoración que en cada caso realice el órgano judicial, conforme a las reglas de la lógica, la cientificidad y la experiencia que el supuesto amerite. En efecto, la transgresión a los principios legales de cadena de custodia no torna ilícitos los datos de prueba relacionados con la evidencia respectiva. La ilicitud es un tema que atañe a la manera en que se obtiene la prueba en tanto que la cadena de custodia es la manera en que se preserva la misma. Conforme al artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba obtenidos contra derechos fundamentales conllevan su exclusión o nulidad; en cambio, los indicios alterados por violación a la cadena de custodia repercuten en su valoración, pues el numeral 228 del mismo código, determina que aquéllos no perderán su valor probatorio a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que pierdan su eficacia, lo que no sucedió en la especie. Aduce el quejoso que, en tanto la ofendida se abstuve de formular cargos en su contra, el delito que se le imputa se persigue ahora de oficio, de manera que la ofendida es la sociedad representada por el Ministerio Público, quien no hizo manifestación alguna relativa a que esa entidad fuera la pasivo del delito. Lo infundado de tal agravio, estriba en que es de explorado derecho que la denuncia es un requisito para que el Ministerio Público esté en posibilidad de solicitar al juez una orden de aprehensión contra el posible autor del delito, según se establece en el artículo 16 constitucional, pero una vez que se denuncia un delito, el Ministerio Público lo persigue de oficio. Esto significa que realizará las acciones de investigación y persecución correspondientes, aun en el caso de que el o la denunciante no quisiera continuar el procedimiento, por lo que no se requiere precisar que la ofendida es la sociedad dado que ella misma actúa por conducto de la institución ministerial. En las relatadas consideraciones se determina que los datos de prueba, en que se apoya la resolución recurrida, son suficientes y fue correcta su valoración, porque se realizó en términos de los artículos 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ende, la resolución recurrida se encuentra debidamente fundada y motivada, por tanto, cumple con lo establecido en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, porque en la audiencia de formulación de la imputación el agente del Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho, menos la responsabilidad del imputado, sólo se exigen indicios razonables que así permitan suponerlo o establecerlo, cuyo estándar probatorio debe ser en un grado atenuado, precisamente porque en la fase de investigación complementaria, una vez formalizada la investigación con el dictado del auto de vinculación a proceso, las partes procesales continuarán con la recolección de elementos que permitan fundar la acusación y la defensa respectivamente. Es aplicable a la resolución anterior la Jurisprudencia. sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible a página tres mil trescientos veintitrés, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, libro veintitrés, octubre de dos mil quince, Tomo IV, Materia Penal, con registro 2010165, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." Asimismo, es orientadora la tesis. sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible a página dos mil ciento sesenta y siete, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, libro treinta y nueve, febrero de dos mil diecisiete, Tomo III, Materia Penal, con registro 2013695, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL." Finalmente, es pertinente señalar que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente ejecutoria, se aplican en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, ya que el criterio imperante en ellas se sigue sustentando aun aplicando aquella legislación; así como en lo ordenado en la Jurisprudencia. emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en Febrero de 2016, consultable en el Libro 27, Tomo I, página 705, registro 2010982, de contenido siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". En tal orden de ideas, al resultar infundados los conceptos de violación analizados y en virtud de que este órgano de control constitucional no advierte deficiencia qué suplir a favor del quejoso, es procedente negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio por el acto y autoridad determinados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a +++ contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y cuarto, por los motivos y consideraciones expresadas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción juicio de amparo con audiencia celebrada. Téngase por recibido el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual, en atención al Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, remite el juicio de amparo ******************** de su estadística, promovido por ******************** contra actos del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en todo el Estado de Morelos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, con sede el Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, y otra autoridad, sumario dentro del cual la audiencia constitucional fue celebrada a las diez horas del tres de diciembre de dos mil veintiuno. Acuse de recibo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano oficiante. Radicación del juicio. Regístrese en el libro de gobierno con el número 31/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antepóngase la carátula correspondiente e intégrese el expediente electrónico respectivo, el cual deberá coincidir cabalmente con el sumario físico que se recibe. Homologación de actuaciones. En tal virtud, acorde con lo dispuesto en el Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de este juicio de amparo y continúa con su tramitación, a efectos de su resolución, validándose las actuaciones practicadas por el juzgado oficiante, para todos los efectos legales a que haya lugar. Resolución del juicio de amparo. Bajo esa tesitura, se hace del conocimiento de las partes que esta sede federal, resolverá el presente juicio de amparo; así, con el propósito de evitar posibles nulidades, irregularidades o, en su caso, incurrir en alguna responsabilidad, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia, se requiere a las partes para que en un término común de tres días, expresen si tienen conocimiento de algún impedimento que tenga el titular de este órgano, Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, acorde con lo estatuido en el numeral 51 de la Ley de Amparo, en el entendido de que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo otorgado, sin ulterior acuerdo, se procederá a turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. Comunicación a las responsables. De igual manera, expídase el oficio correspondiente a las autoridades responsables a fin de informarles que este Juzgado Décimo de Distrito a partir de este momento se avoca al conocimiento del sumario en que se actúa, a efectos de su resolución, de ahí que, en lo subsecuente, sus oficios o promociones deberán dirigirlos a este órgano jurisdiccional. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 14:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto del año en curso, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizados con facultades amplias a ********************, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Autorizados con facultades restringidas. Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que señala con tales facultades, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Solicitud de compensación. Finalmente, hágase del conocimiento la presente determinación al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a efecto de que proceda a realizar la compensación del asunto remitido a este juzgado de Distrito a fin de equilibrar las cargas de trabajo. Notifíquese; y personalmente a las partes.
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