Emmanuel Denalí Valdez Bocanegra
Expediente 880/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Emmanuel Denalí Valdez Bocanegra
- Agente del Ministerio Público Adscrito A la Unidad Especializada En la Investigación de Homicidios, Región "A", de León, Guanajuato
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DETERMINACIÓN EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL PLAZO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN Y ARCHIVO. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE Y MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES RESGUARDADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN APROBADO EL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, SE DETERMINA DESTRUIR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES, TODA VEZ QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
SE AGREGAN ESCRITOS. VISTOS LOS OCURSOS PRESENTADOS POR MARÍA ISIDRA CUEVAS PEDROZA, DEFENSORA PARTICULAR DEL QUEJOSO EMMANUEL DENALÍ VALDEZ BOCANEGRA, MEDIANTE LOS CUALES REITERA LOS CORREOS ELECTRÓNICOS QUE PRECISÓ EN LA DEMANDA DE AMPARO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, DÍGASELE QUE SE ÉSTE A LO PROVEÍDO EN AUTO DE VEINTINUEVE DE JUNIO PASADO; POR OTRO LADO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE QUE SE LE PERMITA TANTO A LA PROMOVENTE, COMO AL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DE LA LEY DE AMPARO DE LA PARTE QUEJOSA, EL ACCESO, PARA CONSULTAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, INFÓRMESELE QUE SE ENCUENTRAN FACULTADOS PARA REALIZARLO A TRAVÉS DE LA PÁGINA QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PONE A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES PARA TAL FIN, SIN QUE SE REQUIERA DE AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL
- Principal
León, Guanajuato, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, en su carácter de defensora particular de Emmanuel Denalí Valdez Bocanegra, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, región "A", con sede en esta ciudad, de la que se advierte que reclama la inminente obtención de muestra biológica (sangre, elementos pilosos y saliva) que pretende recabar al directo quejoso Emmanuel Denalí Valdez Bocanegra, así como la evaluación psicológica que pretende recabar en contra de su voluntad y sin autorización judicial, así como sus consecuencias, se determina que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. La presente determinación se justifica en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, este órgano jurisdiccional se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración de la suscrita, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa insta la protección constitucional en contra de la inminente obtención de muestra biológica (sangre, elementos pilosos y saliva) que pretende recabarle el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, región "A", con sede en esta ciudad, así como la evaluación psicológica, en contra de su voluntad y sin autorización judicial, todo lo anterior dentro de la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Oralidad Penal de esta ciudad y dentro de la etapa de investigación complementaria del juicio. Derivado de lo anterior, resulta pertinente acotar que, tal y como lo prevé el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los sujetos del procedimiento penal que tienen la calidad de parte en los procedimientos previstos en el aludido Código, son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del aludido código las etapas del procedimiento penal son: La de investigación, que comprende las siguientes etapas: Investigación inicial Investigación complementaria La intermedia o de preparación del juicio, y La de juicio. De lo que se sigue, que los actos que impugna el aquí quejoso y que se precisaron con antelación, no constituyen actos de autoridad susceptibles de control constitucional, toda vez que reclama la inminente obtención de muestra biológica (sangre, elementos pilosos y saliva) que pretende recabarle el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, región "A", con sede en esta ciudad, así como la evaluación psicológica, en contra de su voluntad y sin autorización judicial, todo lo anterior dentro de la etapa de investigación complementaria, de la causa penal ********************, debido a que en esa etapa del procedimiento penal acusatorio el Ministerio Público ha dejado de tener el carácter de autoridad para asumir el rol de parte acusadora. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía jurídica la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se localiza en la página 9, Tomo XIII, Febrero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO. La etapa de preinstrucción que abarca desde la radicación por el Juez, hasta el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, constituye un periodo procedimental que debe reunir las formalidades esenciales requeridas por los artículos 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentran las de hacer saber al indiciado, previamente a serle tomada su declaración preparatoria, los nombres de quienes presentaron la denuncia o querella y de quienes fueron los testigos que declararon en su contra, así como cuáles fueron los hechos que se le atribuyen como delictuosos que hayan motivado la integración de la averiguación previa, y cuáles son los elementos de prueba que pudieran determinar su presunta responsabilidad, ello a efecto de que pueda proveer la defensa de sus intereses y aportar, en su caso, pruebas de inocencia. Es en razón de lo anterior, que a partir de que el órgano jurisdiccional radica la causa penal, las actuaciones posteriores que llegare a realizar el Ministerio Público en ejercicio de su pretendida atribución investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectuó la consignación ante el Juez penal, no podrá legalmente proponerlas como prueba de autoridad en la fase de preinstrucción, menos una vez que ha sido tomada ya la declaración preparatoria del inculpado, porque se tratará de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad, pues debe tomarse en cuenta que surgieron sin la intervención del órgano jurisdiccional y de las que, como parte en la relación procesal y que debieran constar en formal actuación judicial, no tuvo conocimiento e intervención el inculpado. Sin embargo, ello no impide que el Ministerio Público, como parte, pueda aportar pruebas, mas las que proponga en esa etapa de preinstrucción, deben aportarse y recibirse ante el Juez con conocimiento del inculpado. En tal virtud, el Juez al dictar el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, deberá cerciorarse del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento en la preinstrucción y, con base en ello, las pruebas de cargo que presente el Ministerio Público, puede considerarlas para los efectos del acreditamiento del tipo penal y de la presunta responsabilidad del inculpado, si previamente, como se estableció, fueron hechas del conocimiento de éste y de su defensor, pues de esta forma se respeta el equilibrio procesal de las partes." En consecuencia, la suscrita juzgadora estima que los actos que aquí se reclaman derivan de una relación entre partes, esto es, el imputado y la parte acusadora (fiscal investigador), pues acontece en la fase de investigación complementaria, tal y como refiere la parte quejosa en su demanda de amparo. En mérito de lo anterior, resulta inconcuso que el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, región "A", con residencia en la localidad, no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues al ser parte dentro de esta etapa del proceso penal no está investido de imperio. Po tanto, como se expuso en párrafos precedentes, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Para corroborar tal aserto, es importante asentar que la etapa con la que inicia el nuevo sistema de justicia penal es la denominada de investigación, misma que tiene como finalidad que la trilogía investigadora (Ministerio Público, policía y peritos) recolecten datos de prueba para la acreditación del hecho delictivo, así como la probable participación de un sujeto en su comisión, iniciando la integración de la carpeta de investigación y la construcción de la teoría del caso. Esta información probatoria sustentará las peticiones de las fiscalías realizadas en las audiencias orales preliminares (control de detención, formulación de imputación, medidas cautelares, cierre de investigación) o bien, podrá ser utilizada en algún mecanismo procesal o extra procesal que logre la resolución del caso planteado; en esa medida, cabe distinguir que esta etapa investigativa posee dos fases, a saber: Preliminar. En esta fase los investigadores recaban los datos de prueba necesarios para la formulación de la imputación o si existe una persona detenida, los elementos necesarios para sustentar la legalidad de la detención, en esta etapa aún no se hace del conocimiento del juez la investigación, por eso se le conoce como investigación no judicializada que se sigue por la comisión de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que un sujeto haya participado en su comisión. Complementaria. Esta fase también es conocida como investigación judicializada, pues a partir de este momento el juez y el imputado conocen de la investigación, con ello, se inician las demás actuaciones procesales tales como la solicitud de la vinculación a proceso, la aplicación de medidas cautelares y el establecimiento de un plazo para culminar o cerrar la investigación. De lo que se obtiene que el agente del Ministerio Público es el encargado de la persecución de los delitos, así como del ejercicio de la acción penal, es decir, es el organismo público encargado de poner en movimiento los medios punitivos del Estado, lo anterior se desprende del contenido del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual le otorga la facultad de investigación del delito, de ahí que deba agotar la indagación de los hechos puestos a su consideración, es decir, tiene la obligación de realizar las gestiones necesarias que sean tendientes a esclarecer los hechos puestos a su conocimiento, lo cual se da en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con el objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. En base a lo anterior, es posible establecer que el Ministerio Público es autoridad durante la investigación de los delitos y parte en el procedimiento acusatorio una vez que se somete a la potestad judicial, es decir, desde que ejercita la acción penal. Cierto, su carácter de autoridad durante la investigación inicial del ilícito, se pone de manifiesto puesto que en esta fase todas sus actuaciones tienen valor probatorio, al comprender las diligencias necesarias para que el representante social resuelva sobre el ejercicio o no de la acción penal. En este periodo se le confía desde recibir denuncias y querellas, practicar averiguaciones y recabar pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los participantes, así como ejercer, en su caso, la acción penal, de ahí que se insista que en esta etapa el Ministerio Público siempre actúa como autoridad y no como parte. Cosa distinta acontece en la etapa en la que se encuentra el juicio de donde emana el acto reclamado, es decir, la de investigación complementaria, toda vez que en esta fase procesal al representante social no le reviste el carácter de autoridad, pues su actuación se encuentra regida bajo el imperio del juez de control que conoce del caso, en donde la totalidad de los actos investigativos tendrán que ser puestos a consideración de la potestad judicial, siendo ésta circunstancia una arista que posee el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, dado que en esta nueva forma de enjuiciamiento se incorporó una etapa de investigación que se desahoga de manera judicializada, en donde la representación social pierde sus facultades constitucionalmente conferidas de indagadora, siendo que en esta etapa toda pesquisa deberá ser solicitada al juzgador, quien es el responsable de controlar la averiguación de los hechos. Así las cosas, se advierte que el peticionario de garantías se duele de la inminente obtención de muestra biológica (sangre, elementos pilosos y saliva) que pretende recabar el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, región "A", con sede en esta ciudad, así como de la evaluación psicológica en contra de su voluntad y sin autorización judicial, todo lo anterior dentro de la causa penal ********************; reclamo que, en razón de la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento natural, a todas luces indica que no puede ser atribuido el agente ministerial y por ende, éste no puede ser considerado como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, pues como se mencionó, el responsable de la investigación, una vez que ésta se encuentra judicializada, lo es el juez de control, siendo a él a quien se le deberá solicitar toda pesquisa dirigida a robustecer la acusación. Igual criterio fue asumido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, al resolver los recursos de queja 31/2015, 49/2015 y 83/2015 de su índice. En estas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número ********************. Como la parte promovente solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio y solo en caso de imposibilidad, en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, en el que se encuentra recluido el directo quejoso, toda vez que el diverso domicilio que indica se localiza en la ciudad de Aguascalientes, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado; asimismo, se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gastón Adán Zamarripa Ortiz y Miguel Ángel Rendón González, así como en términos restringidos del citado numeral a las demás personas señaladas en el proemio del libelo constitucional, en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Por otra parte, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente.
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