Emmanuel de Jesus Espinoza Valdez

Expediente 534/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
534/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Emmanuel de Jesus Espinoza Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA EJECUTORIA RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL, SE ORDENA ARCHIVO Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTALES...

  2. Principal

    "Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar los oficios 479/2018 y 482/2018, dirigidos a las autoridades "JUEZ SEXTO DE LO PENAL CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD" y "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD", toda vez que en dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se decretó el cierre y conclusión de funciones del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Penal; sin embargo, de la certificación de cuenta, se advierte que la causa penal 153/2015TER, fue turnada al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal, motivo por el cual se ordena notificar mediante oficio al Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal, con sede en esta ciudad, así como al Agente del Ministerio Público adscrito a ese órgano judicial, la resolución constitucional de nueve de abril del año en curso..."

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO EMMANUEL DE JESÚS ESPINOZA VALDEZ, LA RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, que en lo conducente dice: "...RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Emmanuel de Jesús Espinoza Valdez, contra el acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión girada en su contra y su ejecución por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución..."

  4. Principal

    "Visto el estado de los autos, se desprende que, a pesar de investigaciones realizadas por este tribunal, no se ha logrado la ubicación, ni mucho menos el emplazamiento de la tercero interesada Mónica García Sánchez. Asimismo, se advierte que en proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, se requirió nuevamente al quejoso Emmanuel de Jesús Espinoza Valdez, a fin de que en el plazo de tres días proporcionara un domicilio donde pueda ser emplazada la referida tercero interesada, requerimiento que no fue atendido en el plazo concedido. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, procédase a emplazar por medio de edictos a la tercero interesada en comento Mónica García Sánchez, los cuales deberán contener una relación suscinta de la demanda, que se publiquen a costa de la quejosa en el "Diario Oficial de la Federación" y en el periódico "Excelsior", por ser éste uno de los periódicos de mayor circulación en el territorio nacional, los que se publicarán tres veces de siete en siete días. Asimismo, se ordena fijar en la puerta de este tribunal, copia de los edictos correspondientes por todo el tiempo que dure el emplazamiento, comunicándole a la tercero interesada, que deberá señalar domicilio en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, donde oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le surtirán efectos por lista en términos de los artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo; asimismo, hágase de su conocimiento que deberá presentarse ante este Juzgado dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, por apoderado o por gestor que pueda representarlos a defender sus derechos. Además, se le hace saber a la parte quejosa que quedan a su disposición los edictos en la Secretaría de este juzgado, a efecto de que los reciba para su publicación y se le requiere para que dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes al del día de su recepción, exhiba ante este juzgado los ejemplares de las publicaciones. Asimismo, se hace del conocimiento del peticionario de amparo que, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), último párrafo, de la ley de la materia, el plazo precisado en el párrafo que precede -veinte días- abarca: I. La recepción de los edictos en este juzgado; II. La entrega de los mismos para su publicación; y, III. El acreditamiento ante este órgano jurisdiccional de su entrega, o en su defecto, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos. Término que conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo en el que se ponen a disposición los edictos en comento. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P/J. 27/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 27, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que dice: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo. Se le apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con requerimiento formulado en párrafos precedentes, en los términos que se establecieron y en el plazo fijado -veinte días- se decretará el sobreseimiento de este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que de un análisis detallado de las constancias que obran en autos, no se desprende dato o indicio alguno que permita a este órgano jurisdiccional arribar a la convicción de que el ahora quejoso se encuentra imposibilitado económicamente para sufragar el costo de la publicación de los edictos en comento, pues como se adelantó, no existen indicios en autos que confirmen la situación de precariedad relevante. Lo anterior obedece a la circunstancia de que cuando no se tiene la capacidad económica para cubrir ese gasto, puede dispensarse el mismo, en aras de no hacer nugatorio el acceso efectivo a la justicia, de conformidad con el citado dispositivo 17 constitucional, circunstancia que no aconteció en la especie. Resulta ilustrativa a lo anterior la tesis 1a. CXXIII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1110, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor siguientes: PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso. Ello es así, pues sólo obra en autos el escrito de demanda, de donde no se desprende dato alguno que permita establecer el estado de insolvencia de la parte quejosa, pues en la misma sólo controvierte cuestiones atinentes al procedimiento del que deriva el acto reclamado. De ahí que, resulte procedente el requerimiento efectuado al promovente de amparo, en el presente proveído para la exhibición de los edictos en comento. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que con posterioridad, la mencionada parte proporcione los medios de prueba que al efecto estime pertinentes. Para dar margen a todo lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con diez minutos del siete de febrero de dos mil dieciocho, para su desahogo..."

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