Emmanuel David Rodríguez Magallanes
Expediente 2399/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 19 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2399/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 05/08/2022
Partes del expediente
- Emmanuel David Rodríguez Magallanes
- Juez Decimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia , se declara que la sentencia aludida ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. En esas condiciones, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este juicio de amparo como asunto concluido. Ahora bien, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, tomando en consideración que se negó el amparo solicitado, es susceptible de depurarse y deberá de conservarse. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General invocado, este asunto se considera no relevante. Con el contenido del presente acuerdo se ordena dar cuenta al cuaderno incidental para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, resulta innecesaria la permanencia en este juzgado de los cuadernos de pruebas que se formaron con motivo de la tramitación del presente juicio, consistentes en copias certificadas del expediente , del índice de la responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen para los efectos legales procedentes.
- Incidental
Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; asimismo, el original del incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión definitiva se considera susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, y por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Asimismo, de conformidad al punto vigésimo primero, fracción V, capitulo quinto, segundo párrafo, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Visto el estado que guardan los presente autos, se advierte que no obra la constancia de notificación electrónica de la tercera interesadarespecto de la sentencia dictada el veintiuno de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, túrnense los autos al Actuario Judicial que corresponda para que de inmediato proceda a realizar la notificación en comento.Zapopan, Jalisco; a veintiuno de junio de dos mil veintidós. V I S T O S, para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 2399/2021, promovido por Emmanuel David Rodríguez Magallanes, por su propio derecho, contra actos del Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Secretario de Acuerdos y Secretario Ejecutor, ambos del citado juzgado. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, Emmanuel David Rodríguez Magallanes, por su propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Secretario de Acuerdos y Secretario Ejecutor, ambos del citado juzgado, mismos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió; se formó el expediente y se registró bajo el número 2399/2021; de igual forma, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó emplazar a la tercera interesada, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación, quien sí formuló su pedimento relativo; y, finalmente se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional la cual se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado mediante acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En el caso concreto, resulta indispensable hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, y 76 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual también se contiene en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se obtiene que los actos reclamados se hicieron consistir en: Del Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: - El acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio número 1305/2021, mediante el cual se ordenó un embargo por concepto de alimentos provisionales. - El acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio número 1305/2021, mediante el cual se decreta la fijación de alimentos provisionales a razón del 25% de los ingresos del aquí quejoso. - La ejecución del acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio número 1305/2021, mediante la cual se ejecutó el embargo del 25% de los ingresos del aquí quejoso. - El emplazamiento y requerimiento de pago, realizado a la parte demandada ahora quejosa, en el juicio número 1305/2021, por ser éste ilegal, así como todo lo actuado en el referido expediente con posterioridad al mismo. Del Secretario de Acuerdos y Secretario Ejecutor, ambos del Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: - La ilegal diligencia de requerimiento de embargo y emplazamiento realizado a la parte demandada ahora quejosa, en el juicio número 1305/2021, practicada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que se ejecutó el embargo del 25% de los ingresos del aquí quejoso. Por lo mismo, respecto de dichos actos versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Secretario de Acuerdos y Secretario Ejecutor, ambos del citado juzgado, al rendir sus informes justificados, reconocieron la existencia de los actos reclamados, mismos que quedaron precisados en el considerando que antecede. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil uno, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". CUARTO. Causales de improcedencia. Atento a que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar el sumario a efecto de determinar si se actualiza alguna causa de improcedencia. Este Juzgado Federal de oficio, se advierte que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados que se hicieron consistir en el emplazamiento y requerimiento de pago, realizado a la parte demandada ahora quejosa, en el juicio número 1305/2021, practicada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que se ejecutó el embargo del 25% de los ingresos del aquí quejoso, por ser éste ilegal, así como todo lo actuado con posterioridad. Los preceptos legales que prevén la causa de improcedencia que se invoca, literalmente establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;". De la interpretación literal de la fracción VI, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto, contra actos dentro o fuera de juicio, cuando se solicite por personas extrañas a dicho procedimiento. Por lo que, al realizar una aplicación, a contrario sensu, del artículo citado, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando quien lo promueve con ese carácter, en realidad, no es persona extraña al juicio de origen. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido qué debe entenderse como persona extraña al juicio, para efectos del juicio de amparo, al resolver la contradicción de tesis 11/95, suscitada entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, de las que derivaron las jurisprudencias 6/98 y 7/98, entendida como aquella que no tenga la condición de parte constituida en el juicio o en el procedimiento y que sufre un perjuicio dentro de aquél o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas -tercero extraño en sentido estricto-; además, queda incluida en ese concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente -tercero extraño por equiparación-, lo que dio origen a la jurisprudencia P./J. 7/98 de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.". En ese asunto se llegó a la conclusión de que es la afectación al interés jurídico el que determina el momento en que la persona que se ostenta tercera extraña debe acudirse al juicio de amparo y, por ende, qué autoridades deben llamarse como responsables, en relación a lo cual se dijo lo siguiente: "Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ahora bien, la determinación de qué autoridades deben ser llamadas como responsables cuando alguien promueve amparo ostentándose como persona extraña a un juicio, debe hacerse precisándose, en primer lugar, cuáles son los actos autoritarios que afectan el interés jurídico del quejoso, dándose aquí por reiterados todos los conceptos relativos mencionados en el considerando anterior, de los cuales se dedujo, en síntesis, que esa afectación es variable, dependiendo del momento en que ARTURO RAMON TAMAYO SALAZAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c2.1c 10/09/23 18:29:51 11 A.I. 2399/2021-VI ??????????????? los actos le causan perjuicio, en el entendido de que, como ya se dijo, éste no se circunscribe o limita, necesariamente, a los actos de ejecución, y ya descubiertos los actos afectatorios de su interés jurídicamente protegido, puede válidamente concluirse que resultan autoridades responsables las que dictaron, ordenaron, ejecutaron o tratan de ejecutar tales actos. Como se ve, sólo es lógicamente posible señalar esa regla general y amplísima, pues dentro de la profusa gama de situaciones jurídicas que pueden deducirse de los derechos afectados a la persona extraña, sea dentro del juicio, sea en cualquiera de los acuerdos y resoluciones, en las órdenes de ejecución o en la ejecución misma, no cabe establecer, a priori, con toda precisión, cuáles son las autoridades responsables. Esto sólo puede lograrse a través del examen de situaciones hipotéticas que, a manera de ejemplo, se estudian a continuación con el propósito de una mejor ilustración del criterio apuntado. A) Si la persona extraña es titular del derecho o del bien que debaten actor y demandado en el juicio, sufre el perjuicio desde el momento en que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado o haberse realizado el emplazamiento con vicios tales que le impidieron comparecer a defender los derechos de que es titular; si en esas condiciones se sigue el juicio, todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución en el supuesto de que hasta tales puntos se hubiese llegado. Por tanto, acorde con la regla general arriba mencionada, ya determinado que la persona extraña es afectada por todo el procedimiento llevado sin ARTURO RAMON TAMAYO SALAZAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c2.1c 10/09/23 18:29:51 12 A.I. 2399/2021-VI darle oportunidad de ser oído, resultarán responsables todas las autoridades que dictaron, ordenaron, ejecutaron o tratan de ejecutar los actos correspondientes y que hayan concurrido para producir la afectación a la persona extraña, que serían, en su caso, el Juez y el actuario respectivo (este último, obviamente, cuando el emplazamiento ordenado no se hubiere llevado a cabo, o se hubiere realizado incorrectamente); en el supuesto de que la afectación se haya producido porque el Juez no ordenó el emplazamiento, sólo éste sería responsable y, por último, en su caso, lo será también el tribunal de segunda instancia que dictó resolución en ese viciado procedimiento y que culminó con la afectación, reiterándose que estas hipótesis señaladas en vía ejemplificativa, de ningún modo agotan todos los supuestos que pueden deducirse de la regla general de que son autoridades responsables las que dictaron, ordenaron, ejecutaron o tratan de ejecutar los actos que afectan los derechos de los que es titular la persona extraña a juicio.". En lo así decidido consta que el conocimiento sobre la existencia del juicio donde el quejoso se ostenta extraño pierde relevancia cuando se trata de un extraño a juicio stricto sensu, pues se parte de la base de que dicho conocimiento no necesariamente le genera alguna afectación a su esfera jurídica, en cuyo caso la autoridad de amparo ha de observar cuándo se genera el perjuicio para estar en aptitud de resolver sobre la procedencia del amparo. Lo destacable es que en el marco de la resolución de esa contradicción de tesis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de haber realizado un análisis puntual de la evolución jurisprudencial del concepto de tercero extraño en "sentido estricto" o por "equiparación", concluyó que subyace la misma razón en torno a la pérdida del carácter de tercero extraño a juicio cuando éste conoce de la existencia del juicio y de sus datos de identificación, y es que basta ese conocimiento para dar por sentado que está en aptitud de acudir al juicio a hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios que la ley prevé, pues es desde el momento mismo de la falta de llamamiento a juicio que se ocasiona una afectación a su esfera jurídica. Importa destacar la parte conducente de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la aludida contradicción de tesis 379/2011, en donde textualmente, consideró lo siguiente: ".debe concluirse que la calidad de extraño a juicio por equiparación (en el preciso caso en que dicho juicio no se ha resuelto) se pierde cuando se tiene conocimiento del juicio, sin que sea un requisito adicional la comparecencia del quejoso a dicho proceso judicial.". De lo anterior, se colige que cuando la parte quejosa conoce de la existencia del juicio a pesar de no haber sido llamada al procedimiento, se desvirtúa su carácter de persona extraña, en tanto que está en posibilidad de acudir al juicio en defensa de sus intereses. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo, y de la totalidad de las constancias que fueron recabadas por este órgano jurisdiccional se evidencia que los actos reclamados y de los cuales surgen las consecuencias que dieron origen a este sumario, se hacen consistir, como ya se dijo, en el emplazamiento y requerimiento de pago, realizado a la parte demandada ahora quejosa, en el juicio número 1305/2021, practicada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que se ejecutó el embargo del 25% de los ingresos del aquí quejoso, por ser éste ilegal, así como todo lo actuado con posterioridad. Sin embargo, del contenido de las constancias que en copias certificadas allegó la responsable al rendir su informe justificado, mismas que merecen eficacia convictiva plena, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en forma supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que en dicho sumario aún no se emite la sentencia definitiva, dado que la última actuación se practicó el diez de marzo de dos mil veintidós, en que tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos dentro del referido juicio natural 1305/2021. Por tanto, con las constancias que integran el procedimiento de origen, queda acreditado en forma fehaciente que en dicho juicio no se ha dictado sentencia. Conforme a lo anterior, se tiene que por una parte, la quejosa se ostenta persona extraña al juicio de origen y a través de la tramitación y resolución del presente juicio pretende figurar en la relación jurídica procesal pues estima que le afectan las determinaciones que se dictan dentro del juicio de origen; sin embargo, este órgano de control constitucional advierte que, contrario a lo que aduce, no le reviste carácter de tercero extraño ya que no se ha dictado la sentencia definitiva, por lo que se arriba a la conclusión de que dicho juicio no se encuentra concluido y está en oportunidad legal de comparecer a él para hacer valer lo que a su derecho convenga. En tales condiciones, no es dable que la aquí quejosa, acuda a la sede constitucional como tercero extraño al juicio en comento, porque se enteró de su tramitación sin que en éste se haya dictado sentencia definitiva que le haya puesto fin, por lo que, está en aptitud de acudir a él en defensa de sus derechos, esto es, a ejercer su garantía de audiencia. Por tanto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XVIII, con relación al diverso 107, fracción VI, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.". En consecuencia, al actualizarse la citada causal de improcedencia, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de violación. Agotado el estudio de la causal de improcedencia invocada, de oficio, al no advertirse que opere otra diversa, procede examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada en los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SEXTO. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación vertidos con el objeto de evidenciar la inconstitucionalidad del acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio número 1305/2021, mediante el cual se ordenó un embargo por concepto de alimentos provisionales, y se decretó la fijación de alimentos provisionales a razón del 25% de los ingresos del aquí quejoso, así como su ejecución, resultan infundados, como enseguida se verá. El quejoso sostiene, que se transgrede en su perjuicio, lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al derecho fundamental de audiencia y defensa, ya que en la determinación contenida en el acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio número 1305/2021, mediante el cual decretó la fijación de alimentos provisionales a razón del 25% de los ingresos del aquí quejoso, y se ordenó su embargo y ejecución, sin que la autoridad responsable le otorgara garantía de audiencia y defensa. Como se anticipó son infundados, los motivos de disenso y para ello es necesario acudir al criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis cuyo rubro dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.", en el que básicamente aborda que tratándose de las medidas cautelares no rige la garantía de previa audiencia, puesto que no constituyen actos privativos definitivos, sino que sus efectos provisionales y accesorios quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere pertinentes. En efecto, con el propósito de ubicar adecuadamente el problema que se plantea, se considera necesario establecer cuál es el concepto que en la ley, la doctrina y la jurisprudencia se tiene de los conceptos jurídicos consistentes en las medidas cautelares o providencias precautorias. Por lo que se refiere a la legislación aplicable al presente juicio, debe señalarse que en el artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que trata de las providencias precautorias, se establece lo siguiente: "Artículo 249. Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Para decretar cualesquiera de las medidas cautelares a que se refiere este título, el promovente deberá justificar el derecho que le asiste para ello, con prueba documental, y a falta de ésta, con la declaración bajo protesta de dos personas dignas de fe. Estas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Si se solicita después de iniciado el procedimiento se substanciará en expediente por separado ante el mismo Juez que conozca del negocio, el cual se identificará con el mismo número del principal, al que se agregará una vez que sea ejecutada la medida.". Como dato adicional, cabe destacar que tanto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (artículos 235 al 254) como en el Código Federal de Procedimientos Civiles (artículos 389 al 399), se contempla la figura de las providencias y medidas precautorias, estableciéndose, en el primer caso, que para dictar una medida precautoria no se citará a la persona contra quien se pida, en tanto que en el segundo ordenamiento se concluye que todas las medidas ahí autorizadas se decretarán sin audiencia de la contraparte y se ejecutarán sin notificación previa. Respecto de las definiciones que sobre el tema se han vertido en la doctrina destacan las siguientes: 1. En el Diccionario de Derecho Procesal Civil de Eduardo Pallares se define a las medidas cautelares como aquellas "que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual pueda de inmediato obtener la ejecución judicial del mismo". Dicho doctrinario señala igualmente que las citadas medidas cautelares se encuentran sujetas a los siguientes principios: a) La medida cautelar se funda en una acción autónoma que otorga la ley y que es independiente de la existencia o inexistencia del derecho subjetivo que tiende a proteger la medida; en otras palabras, ésta no deriva de él; b) Se dictan siempre con el carácter de provisionales y están sujetas a lo que resuelva la sentencia definitiva que se pronuncia en el juicio donde aquéllas se llevan a cabo; c) Excepcionalmente dan lugar a juicio autónomo como en los interdictos, pero aun en estos casos tienen el carácter de provisionales; d) Pueden promoverse antes de que se inicie el juicio en el que se haga valer el derecho subjetivo que tiende a proteger la medida cautelar o durante la tramitación del mismo; e) Las medidas precautorias son, según nuestra ley, las siguientes: embargos precautorios, arraigo, depósito de personas, interdictos tanto respecto de bienes inmuebles como de personas y en este último caso cuando se trata de las acciones de estado civil; las medidas provisionales que se dictan en los juicios sucesorios para impedir que se oculten o dilapiden los bienes dejados por el difunto, medidas que ordena el artículo 769 del Código de Procedimientos Civiles en los casos de concurso y las correspondientes a los juicios de quiebra; las que previene el artículo 282 del Código Civil en los juicios de divorcio necesario y las relativas a los casos de ausentes e ignorados y guarda de menores y expósitos, etcétera; f) Para que se dicte una medida precautoria, la persona que pretende obtenerla debe probar la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, además de garantizar el pago de los daños y perjuicios para el caso de que se declare improcedente; y, g) La doctrina relativa a las medidas de seguridad debe completarse con el estudio de cada una de sus especies, en los vocablos respectivos, y no hay que olvidar que siempre se otorgan sin perjuicio de tercero y dando a la persona contra la cual se dictan, la facultad de pedir su levantamiento. 2. En la Enciclopedia Jurídica Mexicana publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Héctor Fix-Zamudio y José Ovalle Favela señalan, respecto de las medidas cautelares, en la parte que interesa, lo siguiente: "I. Calificadas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio; así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. "II. Éste es uno de los aspectos esenciales del proceso, ya que el plazo inevitable (que en la práctica llega a convertirse frecuentemente en una dilación a veces considerable por el enorme rezago que padecen nuestros tribunales), por lo cual se prolonga el procedimiento hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de estas medidas precautorias para evitar que se haga inútil la sentencia de fondo y, por el contrario, lograr que la misma tenga eficacia práctica. Desafortunadamente, nuestro ordenamiento procesal no toma en cuenta, en términos generales, los avances que la doctrina tanto nacional como extranjera ha alcanzado en el estudio de estos instrumentos ni tampoco los adelantos compatibles con nuestro propio ordenamiento de la legislación y la jurisprudencia de otros países. Dichas medidas pueden tomarse tanto con anterioridad a la iniciación del proceso como durante toda la tramitación del mismo, en tanto se dicta la sentencia firme que le ponga fin, o cuando termina definitivamente el juicio por alguna otra causa y, por ello, la confusión producida en el derecho procesal mexicano ante los medios preparatorios y las medidas cautelares, en virtud de que varios de los primeros se regulan como tales en nuestros códigos procesales civiles y en el de comercio no son sino medidas precautorias anticipadas. Para realizar un breve examen de tales instrumentos, es preciso hacer una sistematización de los mismos tomando en cuenta las ramas de enjuiciamiento en las cuales se aplican. "III. En materia civil, mercantil y laboral, las disposiciones respectivas regulan esencialmente dos medidas precautorias o cautelares: el arraigo del demandado y el secuestro de bienes, y el CFPC agrega las que llama medidas asegurativas. El arraigo consiste en prevenir al demandado para que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo suficientemente instruido y expensado para responder de los resultados del proceso; pero si quebranta dicho arraigo, además de la pena que señala el Código Penal respecto al delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad pública, puede ser obligado por medio de apremio a volver al lugar del juicio (aa. 241 y 242, CPC; 1175 y 1177, CCo., y 859-860 LFT). En cuanto al secuestro de bienes, puede decretarse cuando exista peligro de que el demandado disponga de los mismos; o por cualquier otro motivo quede insolvente, providencia que se deja sin efecto cuando el mismo demandado garantice por cualquier medio que puede responder del éxito de la demanda (aa. 243-254, CPC; 1179- 1193, CCo.; 390 y 391, CFPC, y 861-864, LFT). Además de las dos providencias anteriores, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece el depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre los que verse el pleito (aa. 389, frac. II, 392 y 393) así como las medidas que califica de asegurativas y que consisten en todas las necesarias para mantener la situación de hecho existente (a. 384). Una característica general del procedimiento para decretar esas providencias consiste en que se pronuncian sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, aun cuando el afectado puede impugnar posteriormente la medida, generalmente a través del recurso de apelación (aa. 246, 252 y 253, CPC; 394-395, CFPC y 1181, 1187- 1191, CCo.).". 3. Por su parte, el doctrinario Francisco José Contreras Vaca, en el volumen 1 de la obra denominada Derecho Procesal Civil, expresa, también en la parte que interesa, los siguientes conceptos sobre las providencias precautorias o medidas cautelares: "Son las determinaciones que puede decretar el juzgador a solicitud de la parte interesada, antes de iniciar el proceso o durante su tramitación, con la finalidad de conservar la materia del actual o futuro litigio, y evitar que la sentencia que llegue a dictarse sea de imposible ejecución o que cause un daño irreparable.". Agrega que las medidas cautelares pueden dividirse, atendiendo al tiempo de su interposición, en prejudiciales que son las que se intentan antes de iniciar el proceso y tienen por objeto garantizar las resultas del mismo, y judiciales que son las que se intentan una vez iniciado el proceso y tienen la finalidad de garantizar la ejecución de la sentencia que se dicte o evitar se cause un daño de imposible reparación. Señala que, de conformidad con el código adjetivo civil, las medidas cautelares previstas son: "-Arraigo de personas. Procede cuando se presume fehacientemente que el demandado, antes o una vez que se ha ejercitado la acción, se va a ausentar u ocultar del lugar del juicio sin dejar apoderado debidamente instruido y expensado para responder de las resultas del proceso. "-Secuestro provisional o embargo precautorio. Procede cuando se presume fehacientemente que el demandado, antes o una vez que se ha ejercitado la acción, va a ocultar o dilapidar los bienes sobre los que recaiga la misma, si se trata de una acción real; o que va a ocultar o enajenar bienes sin que existan otros con los que pueda responder de las resultas del proceso, si se trata de acciones personales.". Los requisitos comunes que deben atender tanto el arraigo de personas como el secuestro provisional son los siguientes: "-Pueden decretarse como actos prejudiciales o después de iniciado el juicio respectivo. Es importante destacar que en este último caso la medida se debe sustanciar en un incidente (tramitado por cuerda separada) ante el Juez que conoce del negocio principal.". "-El que solicita la medida debe acreditar el derecho que tiene para gestionar la necesidad de la misma y ofrecer las pruebas pertinentes, las cuales pueden consistir en documentos o cuando menos tres testigos idóneos.". "-El que solicita la medida es responsable de los daños y perjuicios que se causen.". "-No se debe citar a la persona contra quien se solicita la medida, ya sea para recibir informes o para dictar la medida en cuestión.". "-En la ejecución de la medida no se admite excepción alguna.". "-Si la medida es prejudicial y se dicta por un Juez que no debe conocer del negocio principal, una vez ejecutada tiene que remitir lo actuado al Juez competente.". "-Si la medida es prejudicial, una vez ejecutada se debe conceder a quien la solicitó un plazo de tres días para entablar la demanda, en caso de que el proceso se diga en el lugar donde se decretó, y si es en otro lugar se aumentarán tres días por cada doscientos kilómetros. Se debe tener en cuenta que si la misma no se interpone en el plazo indicado, se levantará la providencia a solicitud del afectado.". "-Pueden reclamar la medida en cualquier tiempo la persona contra la cual se dictó o los terceros, cuando sus bienes hayan sido objeto de secuestro. En el primer caso, se tramitará en la vía incidental y en el segundo en un juicio de tercería.". Por lo que se refiere al criterio de jurisprudencia 1a/J.28/2004, sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 138, Noveno Época, Materia Civil, Tomo XIX, Junio de 2004, Registro Digital 181312 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en relación con el tema que aquí interesa, sustentó: "MEDIDAS PRECAUTORIAS TRATÁNDOSE DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE EDAD. NO PROCEDE, PREVIO A SU IMPOSICIÓN, OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SU FAVOR Y EN EL DEL CÓNYUGE EJECUTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere al capítulo de las providencias precautorias, establece expresamente que antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Asimismo, establece que dichas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Por su parte, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis de jurisprudencia 21/98, que las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y sumarias y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Luego, si con fundamento en el numeral citado un cónyuge promueve ante el Juez competente providencias precautorias a efecto de obtener la guarda y custodia de menores de edad, resulta incuestionable que para decretar la medida solicitada no existe obligación de otorgar la garantía de audiencia a favor del cónyuge afectado y de los menores involucrados. No obstante lo anterior, como uno de los requisitos para decretar la medida cautelar es que esté justificada la necesidad de la misma, el Juez atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, podrá determinar en qué caso la audiencia que se dé en su favor debe ser previa y cuándo deberá primero lograr el aseguramiento del infante para escucharlo con posterioridad.- Contradicción de tesis 141/2002- PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 21 de abril de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. Tesis de jurisprudencia 28/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiuno de abril de dos mil cuatro. Nota: La tesis P./J. 21/98 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 18, con el rubro: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.". No obstante a lo anterior, se debe destacar especialmente el contenido de los artículos 567, 570 y 573, los cuales constituyeron fundamento esencial de la ejecutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y que contendió con el criterio firme antes citado de rubro "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO". En efecto, el artículo 567 del Código Civil del Estado de Jalisco establece literalmente que la niñez debe ser objeto de especial atención, cuidado y reconocimiento. Dicho texto, analizado de manera objetiva, conduce a determinar que contiene un enunciado genérico que no incide de manera alguna en el ámbito procesal de las medidas precautorias. El artículo 570 establece categóricamente que ninguna de las disposiciones enunciadas en el Código Civil debe ser interpretada en forma restrictiva respecto de los derechos y de los intereses superiores de la niñez. Sobre el particular, debe decirse que dicha disposición tampoco representa un obstáculo para la cabal aplicación de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que contemplan el procedimiento para la promoción y la imposición de las medidas cautelares. Esto es así, porque el mandato de que no se deben interpretar de manera estricta las disposiciones relacionadas con los derechos y los intereses superiores de la niñez atañe justamente al ordenamiento sustantivo de la entidad federativa y no al adjetivo que establece dicha determinación. Pero aun suponiendo que esa disposición legal contenida en el Código Civil pudiera surtir efectos en relación con el Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Jalisco, debe quedar de manifiesto que la aplicación de ese mandato no puede entenderse en el sentido de desvirtuar y desnaturalizar la figura jurídica de las providencias precautorias prevista en el artículo 249 del ordenamiento procesal, puesto que la exigencia de que no se interpreten rígidamente las disposiciones que incidan en los derechos e intereses superiores de la niñez, no puede tener la fuerza de una derogación de facto y, por ende, de su inaplicación. En los mismos términos, debe concluirse por lo que se refiere al artículo 573 del Código Civil del Estado de Jalisco, el cual dispone literalmente que cuando se vaya a tomar una determinación relacionada con los intereses del menor, que deberá oírsele y considerársele su opinión, la cual deberá ser valorada en función de su edad y madurez. De ahí, que se estima que los artículos 567, 570 y 573 del Código Civil del Estado de Jalisco, no pueden servir de fundamento para establecer que tratándose de la medida precautoria relativa a la fijación de alimentos respecto a un menor de edad, procede otorgar la garantía de audiencia. Por las razones apuntadas se consideran infundados los motivos de disenso que hace valer el quejoso, dado que en el presente asunto no puede afirmarse que prevalecen las mismas circunstancias a que se refiere la jurisprudencia de rubro "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO."; antes citada, puesto que en la especie no se trata de la omisión en la ley aplicable de un precepto que contemple la obligación de respetar a favor de alguno de los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución del asunto, sino que nos encontramos en presencia de una medida cautelar respecto de la cual, tanto la ley como la doctrina, así como la jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, coinciden en que no procede otorgar a la contraparte tal garantía de audiencia. Esto es, no se trata de una laguna o de una omisión de la ley, sino que existe una disposición categórica que prohíbe la concesión de la garantía constitucional aludida, en virtud de los fines que se persiguen con la medida. Consecuentemente, debe señalarse que en los supuestos legales como el que aquí se presenta no procede invocar el espíritu protector de los artículos constitucionales 14 y 16 Constitucionales, dado que, sin desconocer la supremacía de la Carta Magna, se advierte que en la ley secundaria existe precepto expreso en el cual se ordena que no debe otorgarse audiencia a la contraparte, en virtud de que existen otras garantías que es necesario proteger y que se caracterizan por la urgencia de las mismas, a fin de hacer prevalecer el estado de derecho y la seguridad jurídica de los gobernados. En orden con lo expuesto, debe asumirse que de acuerdo con el contenido de los preceptos legales que rigen la figura jurídica materia del presente análisis, las providencias precautorias deben decretarse sin audiencia del cónyuge afectado, toda vez que desatender el contenido de la ley para conceder dicha garantía de audiencia implicaría desnaturalizar el espíritu de tal ARTURO RAMON TAMAYO SALAZAR institución legal; además, debe atenderse de manera especial al hecho de que el Pleno de este Alto Tribunal ha sostenido mediante jurisprudencia que las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias, y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia, salvo en el extraordinario supuesto de que atendiendo a las circunstancias del caso específico, el Juez del asunto determine si la audiencia debe ser previa, o bien, debe primero lograrse la protección del interés superior del menor. Sin que obste a la anterior, las documentales ofrecidas en autos por el quejoso, y sus manifestaciones respecto al diverso juicio número 331/2012, del índice del Juzgado Sexto Oral en Materia Familiar, en Monterrey, Nuevo León, en el cual se celebró un convenio judicial relativo al pago de alimentos del 10% de los ingresos del quejoso, el cual fue sancionado y aprobado, por lo que resulta ilegal el embargo del salario a razón del 25% de sus ingresos, ordenado por el Juez responsable dentro del juicio 1305/2021. Sin embargo, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, en materia de alimentos no opera la figura de cosa juzgada; aunado al hecho de que lo que promovió la parte actora -aquí tercera interesada- en el juicio de origen, es la modificación a la monto de la pensión alimenticia. De ahí que, no le asista la razón en sus motivos de disenso al promovente de amparo. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación antes estudiados y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 2399/2021-VI, promovido por Emmanuel David Rodríguez Magallanes, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo, por las razones y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Emmanuel David Rodríguez Magallanes, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo, por las razones y motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
Zapopan, Jalisco; a veintiuno de junio de dos mil veintidós. V I S T O S, para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 2399/2021, promovido por Emmanuel David Rodríguez Magallanes, por su propio derecho, contra actos del Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Secretario de Acuerdos y Secretario Ejecutor, ambos del citado juzgado. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, Emmanuel David Rodríguez Magallanes, por su propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Secretario de Acuerdos y Secretario Ejecutor, ambos del citado juzgado, mismos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió; se formó el expediente y se registró bajo el número 2399/2021; de igual forma, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó emplazar a la tercera interesada, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación, quien sí formuló su pedimento relativo; y, finalmente se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional la cual se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado mediante acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En el caso concreto, resulta indispensable hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, y 76 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual también se contiene en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se obtiene que los actos reclamados se hicieron consistir en: Del Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: - El acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio número 1305/2021, mediante el cual se ordenó un embargo por concepto de alimentos provisionales. - El acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio número 1305/2021, mediante el cual se decreta la fijación de alimentos provisionales a razón del 25% de los ingresos del aquí quejoso. - La ejecución del acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio número 1305/2021, mediante la cual se ejecutó el embargo del 25% de los ingresos del aquí quejoso. - El emplazamiento y requerimiento de pago, realizado a la parte demandada ahora quejosa, en el juicio número 1305/2021, por ser éste ilegal, así como todo lo actuado en el referido expediente con posterioridad al mismo. Del Secretario de Acuerdos y Secretario Ejecutor, ambos del Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: - La ilegal diligencia de requerimiento de embargo y emplazamiento realizado a la parte demandada ahora quejosa, en el juicio número 1305/2021, practicada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que se ejecutó el embargo del 25% de los ingresos del aquí quejoso. Por lo mismo, respecto de dichos actos versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Secretario de Acuerdos y Secretario Ejecutor, ambos del citado juzgado, al rendir sus informes justificados, reconocieron la existencia de los actos reclamados, mismos que quedaron precisados en el considerando que antecede. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil uno, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". CUARTO. Causales de improcedencia. Atento a que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar el sumario a efecto de determinar si se actualiza alguna causa de improcedencia. Este Juzgado Federal de oficio, se advierte que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados que se hicieron consistir en el emplazamiento y requerimiento de pago, realizado a la parte demandada ahora quejosa, en el juicio número 1305/2021, practicada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que se ejecutó el embargo del 25% de los ingresos del aquí quejoso, por ser éste ilegal, así como todo lo actuado con posterioridad. Los preceptos legales que prevén la causa de improcedencia que se invoca, literalmente establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;". De la interpretación literal de la fracción VI, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto, contra actos dentro o fuera de juicio, cuando se solicite por personas extrañas a dicho procedimiento. Por lo que, al realizar una aplicación, a contrario sensu, del artículo citado, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando quien lo promueve con ese carácter, en realidad, no es persona extraña al juicio de origen. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido qué debe entenderse como persona extraña al juicio, para efectos del juicio de amparo, al resolver la contradicción de tesis 11/95, suscitada entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, de las que derivaron las jurisprudencias 6/98 y 7/98, entendida como aquella que no tenga la condición de parte constituida en el juicio o en el procedimiento y que sufre un perjuicio dentro de aquél o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas -tercero extraño en sentido estricto-; además, queda incluida en ese concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente -tercero extraño por equiparación-, lo que dio origen a la jurisprudencia P./J. 7/98 de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.". En ese asunto se llegó a la conclusión de que es la afectación al interés jurídico el que determina el momento en que la persona que se ostenta tercera extraña debe acudirse al juicio de amparo y, por ende, qué autoridades deben llamarse como responsables, en relación a lo cual se dijo lo siguiente: "Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ahora bien, la determinación de qué autoridades deben ser llamadas como responsables cuando alguien promueve amparo ostentándose como persona extraña a un juicio, debe hacerse precisándose, en primer lugar, cuáles son los actos autoritarios que afectan el interés jurídico del quejoso, dándose aquí por reiterados todos los conceptos relativos mencionados en el considerando anterior, de los cuales se dedujo, en síntesis, que esa afectación es variable, dependiendo del momento en que ARTURO RAMON TAMAYO SALAZAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c2.1c 10/09/23 18:29:51 11 A.I. 2399/2021-VI ??????????????? los actos le causan perjuicio, en el entendido de que, como ya se dijo, éste no se circunscribe o limita, necesariamente, a los actos de ejecución, y ya descubiertos los actos afectatorios de su interés jurídicamente protegido, puede válidamente concluirse que resultan autoridades responsables las que dictaron, ordenaron, ejecutaron o tratan de ejecutar tales actos. Como se ve, sólo es lógicamente posible señalar esa regla general y amplísima, pues dentro de la profusa gama de situaciones jurídicas que pueden deducirse de los derechos afectados a la persona extraña, sea dentro del juicio, sea en cualquiera de los acuerdos y resoluciones, en las órdenes de ejecución o en la ejecución misma, no cabe establecer, a priori, con toda precisión, cuáles son las autoridades responsables. Esto sólo puede lograrse a través del examen de situaciones hipotéticas que, a manera de ejemplo, se estudian a continuación con el propósito de una mejor ilustración del criterio apuntado. A) Si la persona extraña es titular del derecho o del bien que debaten actor y demandado en el juicio, sufre el perjuicio desde el momento en que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado o haberse realizado el emplazamiento con vicios tales que le impidieron comparecer a defender los derechos de que es titular; si en esas condiciones se sigue el juicio, todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución en el supuesto de que hasta tales puntos se hubiese llegado. Por tanto, acorde con la regla general arriba mencionada, ya determinado que la persona extraña es afectada por todo el procedimiento llevado sin ARTURO RAMON TAMAYO SALAZAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c2.1c 10/09/23 18:29:51 12 A.I. 2399/2021-VI darle oportunidad de ser oído, resultarán responsables todas las autoridades que dictaron, ordenaron, ejecutaron o tratan de ejecutar los actos correspondientes y que hayan concurrido para producir la afectación a la persona extraña, que serían, en su caso, el Juez y el actuario respectivo (este último, obviamente, cuando el emplazamiento ordenado no se hubiere llevado a cabo, o se hubiere realizado incorrectamente); en el supuesto de que la afectación se haya producido porque el Juez no ordenó el emplazamiento, sólo éste sería responsable y, por último, en su caso, lo será también el tribunal de segunda instancia que dictó resolución en ese viciado procedimiento y que culminó con la afectación, reiterándose que estas hipótesis señaladas en vía ejemplificativa, de ningún modo agotan todos los supuestos que pueden deducirse de la regla general de que son autoridades responsables las que dictaron, ordenaron, ejecutaron o tratan de ejecutar los actos que afectan los derechos de los que es titular la persona extraña a juicio.". En lo así decidido consta que el conocimiento sobre la existencia del juicio donde el quejoso se ostenta extraño pierde relevancia cuando se trata de un extraño a juicio stricto sensu, pues se parte de la base de que dicho conocimiento no necesariamente le genera alguna afectación a su esfera jurídica, en cuyo caso la autoridad de amparo ha de observar cuándo se genera el perjuicio para estar en aptitud de resolver sobre la procedencia del amparo. Lo destacable es que en el marco de la resolución de esa contradicción de tesis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de haber realizado un análisis puntual de la evolución jurisprudencial del concepto de tercero extraño en "sentido estricto" o por "equiparación", concluyó que subyace la misma razón en torno a la pérdida del carácter de tercero extraño a juicio cuando éste conoce de la existencia del juicio y de sus datos de identificación, y es que basta ese conocimiento para dar por sentado que está en aptitud de acudir al juicio a hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios que la ley prevé, pues es desde el momento mismo de la falta de llamamiento a juicio que se ocasiona una afectación a su esfera jurídica. Importa destacar la parte conducente de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la aludida contradicción de tesis 379/2011, en donde textualmente, consideró lo siguiente: ".debe concluirse que la calidad de extraño a juicio por equiparación (en el preciso caso en que dicho juicio no se ha resuelto) se pierde cuando se tiene conocimiento del juicio, sin que sea un requisito adicional la comparecencia del quejoso a dicho proceso judicial.". De lo anterior, se colige que cuando la parte quejosa conoce de la existencia del juicio a pesar de no haber sido llamada al procedimiento, se desvirtúa su carácter de persona extraña, en tanto que está en posibilidad de acudir al juicio en defensa de sus intereses. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo, y de la totalidad de las constancias que fueron recabadas por este órgano jurisdiccional se evidencia que los actos reclamados y de los cuales surgen las consecuencias que dieron origen a este sumario, se hacen consistir, como ya se dijo, en el emplazamiento y requerimiento de pago, realizado a la parte demandada ahora quejosa, en el juicio número 1305/2021, practicada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que se ejecutó el embargo del 25% de los ingresos del aquí quejoso, por ser éste ilegal, así como todo lo actuado con posterioridad. Sin embargo, del contenido de las constancias que en copias certificadas allegó la responsable al rendir su informe justificado, mismas que merecen eficacia convictiva plena, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en forma supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que en dicho sumario aún no se emite la sentencia definitiva, dado que la última actuación se practicó el diez de marzo de dos mil veintidós, en que tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos dentro del referido juicio natural 1305/2021. Por tanto, con las constancias que integran el procedimiento de origen, queda acreditado en forma fehaciente que en dicho juicio no se ha dictado sentencia. Conforme a lo anterior, se tiene que por una parte, la quejosa se ostenta persona extraña al juicio de origen y a través de la tramitación y resolución del presente juicio pretende figurar en la relación jurídica procesal pues estima que le afectan las determinaciones que se dictan dentro del juicio de origen; sin embargo, este órgano de control constitucional advierte que, contrario a lo que aduce, no le reviste carácter de tercero extraño ya que no se ha dictado la sentencia definitiva, por lo que se arriba a la conclusión de que dicho juicio no se encuentra concluido y está en oportunidad legal de comparecer a él para hacer valer lo que a su derecho convenga. En tales condiciones, no es dable que la aquí quejosa, acuda a la sede constitucional como tercero extraño al juicio en comento, porque se enteró de su tramitación sin que en éste se haya dictado sentencia definitiva que le haya puesto fin, por lo que, está en aptitud de acudir a él en defensa de sus derechos, esto es, a ejercer su garantía de audiencia. Por tanto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XVIII, con relación al diverso 107, fracción VI, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.". En consecuencia, al actualizarse la citada causal de improcedencia, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de violación. Agotado el estudio de la causal de improcedencia invocada, de oficio, al no advertirse que opere otra diversa, procede examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada en los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SEXTO. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación vertidos con el objeto de evidenciar la inconstitucionalidad del acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio número 1305/2021, mediante el cual se ordenó un embargo por concepto de alimentos provisionales, y se decretó la fijación de alimentos provisionales a razón del 25% de los ingresos del aquí quejoso, así como su ejecución, resultan infundados, como enseguida se verá. El quejoso sostiene, que se transgrede en su perjuicio, lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al derecho fundamental de audiencia y defensa, ya que en la determinación contenida en el acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio número 1305/2021, mediante el cual decretó la fijación de alimentos provisionales a razón del 25% de los ingresos del aquí quejoso, y se ordenó su embargo y ejecución, sin que la autoridad responsable le otorgara garantía de audiencia y defensa. Como se anticipó son infundados, los motivos de disenso y para ello es necesario acudir al criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis cuyo rubro dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.", en el que básicamente aborda que tratándose de las medidas cautelares no rige la garantía de previa audiencia, puesto que no constituyen actos privativos definitivos, sino que sus efectos provisionales y accesorios quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere pertinentes. En efecto, con el propósito de ubicar adecuadamente el problema que se plantea, se considera necesario establecer cuál es el concepto que en la ley, la doctrina y la jurisprudencia se tiene de los conceptos jurídicos consistentes en las medidas cautelares o providencias precautorias. Por lo que se refiere a la legislación aplicable al presente juicio, debe señalarse que en el artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que trata de las providencias precautorias, se establece lo siguiente: "Artículo 249. Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Para decretar cualesquiera de las medidas cautelares a que se refiere este título, el promovente deberá justificar el derecho que le asiste para ello, con prueba documental, y a falta de ésta, con la declaración bajo protesta de dos personas dignas de fe. Estas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Si se solicita después de iniciado el procedimiento se substanciará en expediente por separado ante el mismo Juez que conozca del negocio, el cual se identificará con el mismo número del principal, al que se agregará una vez que sea ejecutada la medida.". Como dato adicional, cabe destacar que tanto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (artículos 235 al 254) como en el Código Federal de Procedimientos Civiles (artículos 389 al 399), se contempla la figura de las providencias y medidas precautorias, estableciéndose, en el primer caso, que para dictar una medida precautoria no se citará a la persona contra quien se pida, en tanto que en el segundo ordenamiento se concluye que todas las medidas ahí autorizadas se decretarán sin audiencia de la contraparte y se ejecutarán sin notificación previa. Respecto de las definiciones que sobre el tema se han vertido en la doctrina destacan las siguientes: 1. En el Diccionario de Derecho Procesal Civil de Eduardo Pallares se define a las medidas cautelares como aquellas "que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual pueda de inmediato obtener la ejecución judicial del mismo". Dicho doctrinario señala igualmente que las citadas medidas cautelares se encuentran sujetas a los siguientes principios: a) La medida cautelar se funda en una acción autónoma que otorga la ley y que es independiente de la existencia o inexistencia del derecho subjetivo que tiende a proteger la medida; en otras palabras, ésta no deriva de él; b) Se dictan siempre con el carácter de provisionales y están sujetas a lo que resuelva la sentencia definitiva que se pronuncia en el juicio donde aquéllas se llevan a cabo; c) Excepcionalmente dan lugar a juicio autónomo como en los interdictos, pero aun en estos casos tienen el carácter de provisionales; d) Pueden promoverse antes de que se inicie el juicio en el que se haga valer el derecho subjetivo que tiende a proteger la medida cautelar o durante la tramitación del mismo; e) Las medidas precautorias son, según nuestra ley, las siguientes: embargos precautorios, arraigo, depósito de personas, interdictos tanto respecto de bienes inmuebles como de personas y en este último caso cuando se trata de las acciones de estado civil; las medidas provisionales que se dictan en los juicios sucesorios para impedir que se oculten o dilapiden los bienes dejados por el difunto, medidas que ordena el artículo 769 del Código de Procedimientos Civiles en los casos de concurso y las correspondientes a los juicios de quiebra; las que previene el artículo 282 del Código Civil en los juicios de divorcio necesario y las relativas a los casos de ausentes e ignorados y guarda de menores y expósitos, etcétera; f) Para que se dicte una medida precautoria, la persona que pretende obtenerla debe probar la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, además de garantizar el pago de los daños y perjuicios para el caso de que se declare improcedente; y, g) La doctrina relativa a las medidas de seguridad debe completarse con el estudio de cada una de sus especies, en los vocablos respectivos, y no hay que olvidar que siempre se otorgan sin perjuicio de tercero y dando a la persona contra la cual se dictan, la facultad de pedir su levantamiento. 2. En la Enciclopedia Jurídica Mexicana publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Héctor Fix-Zamudio y José Ovalle Favela señalan, respecto de las medidas cautelares, en la parte que interesa, lo siguiente: "I. Calificadas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio; así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. "II. Éste es uno de los aspectos esenciales del proceso, ya que el plazo inevitable (que en la práctica llega a convertirse frecuentemente en una dilación a veces considerable por el enorme rezago que padecen nuestros tribunales), por lo cual se prolonga el procedimiento hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de estas medidas precautorias para evitar que se haga inútil la sentencia de fondo y, por el contrario, lograr que la misma tenga eficacia práctica. Desafortunadamente, nuestro ordenamiento procesal no toma en cuenta, en términos generales, los avances que la doctrina tanto nacional como extranjera ha alcanzado en el estudio de estos instrumentos ni tampoco los adelantos compatibles con nuestro propio ordenamiento de la legislación y la jurisprudencia de otros países. Dichas medidas pueden tomarse tanto con anterioridad a la iniciación del proceso como durante toda la tramitación del mismo, en tanto se dicta la sentencia firme que le ponga fin, o cuando termina definitivamente el juicio por alguna otra causa y, por ello, la confusión producida en el derecho procesal mexicano ante los medios preparatorios y las medidas cautelares, en virtud de que varios de los primeros se regulan como tales en nuestros códigos procesales civiles y en el de comercio no son sino medidas precautorias anticipadas. Para realizar un breve examen de tales instrumentos, es preciso hacer una sistematización de los mismos tomando en cuenta las ramas de enjuiciamiento en las cuales se aplican. "III. En materia civil, mercantil y laboral, las disposiciones respectivas regulan esencialmente dos medidas precautorias o cautelares: el arraigo del demandado y el secuestro de bienes, y el CFPC agrega las que llama medidas asegurativas. El arraigo consiste en prevenir al demandado para que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo suficientemente instruido y expensado para responder de los resultados del proceso; pero si quebranta dicho arraigo, además de la pena que señala el Código Penal respecto al delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad pública, puede ser obligado por medio de apremio a volver al lugar del juicio (aa. 241 y 242, CPC; 1175 y 1177, CCo., y 859-860 LFT). En cuanto al secuestro de bienes, puede decretarse cuando exista peligro de que el demandado disponga de los mismos; o por cualquier otro motivo quede insolvente, providencia que se deja sin efecto cuando el mismo demandado garantice por cualquier medio que puede responder del éxito de la demanda (aa. 243-254, CPC; 1179- 1193, CCo.; 390 y 391, CFPC, y 861-864, LFT). Además de las dos providencias anteriores, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece el depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre los que verse el pleito (aa. 389, frac. II, 392 y 393) así como las medidas que califica de asegurativas y que consisten en todas las necesarias para mantener la situación de hecho existente (a. 384). Una característica general del procedimiento para decretar esas providencias consiste en que se pronuncian sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, aun cuando el afectado puede impugnar posteriormente la medida, generalmente a través del recurso de apelación (aa. 246, 252 y 253, CPC; 394-395, CFPC y 1181, 1187- 1191, CCo.).". 3. Por su parte, el doctrinario Francisco José Contreras Vaca, en el volumen 1 de la obra denominada Derecho Procesal Civil, expresa, también en la parte que interesa, los siguientes conceptos sobre las providencias precautorias o medidas cautelares: "Son las determinaciones que puede decretar el juzgador a solicitud de la parte interesada, antes de iniciar el proceso o durante su tramitación, con la finalidad de conservar la materia del actual o futuro litigio, y evitar que la sentencia que llegue a dictarse sea de imposible ejecución o que cause un daño irreparable.". Agrega que las medidas cautelares pueden dividirse, atendiendo al tiempo de su interposición, en prejudiciales que son las que se intentan antes de iniciar el proceso y tienen por objeto garantizar las resultas del mismo, y judiciales que son las que se intentan una vez iniciado el proceso y tienen la finalidad de garantizar la ejecución de la sentencia que se dicte o evitar se cause un daño de imposible reparación. Señala que, de conformidad con el código adjetivo civil, las medidas cautelares previstas son: "-Arraigo de personas. Procede cuando se presume fehacientemente que el demandado, antes o una vez que se ha ejercitado la acción, se va a ausentar u ocultar del lugar del juicio sin dejar apoderado debidamente instruido y expensado para responder de las resultas del proceso. "-Secuestro provisional o embargo precautorio. Procede cuando se presume fehacientemente que el demandado, antes o una vez que se ha ejercitado la acción, va a ocultar o dilapidar los bienes sobre los que recaiga la misma, si se trata de una acción real; o que va a ocultar o enajenar bienes sin que existan otros con los que pueda responder de las resultas del proceso, si se trata de acciones personales.". Los requisitos comunes que deben atender tanto el arraigo de personas como el secuestro provisional son los siguientes: "-Pueden decretarse como actos prejudiciales o después de iniciado el juicio respectivo. Es importante destacar que en este último caso la medida se debe sustanciar en un incidente (tramitado por cuerda separada) ante el Juez que conoce del negocio principal.". "-El que solicita la medida debe acreditar el derecho que tiene para gestionar la necesidad de la misma y ofrecer las pruebas pertinentes, las cuales pueden consistir en documentos o cuando menos tres testigos idóneos.". "-El que solicita la medida es responsable de los daños y perjuicios que se causen.". "-No se debe citar a la persona contra quien se solicita la medida, ya sea para recibir informes o para dictar la medida en cuestión.". "-En la ejecución de la medida no se admite excepción alguna.". "-Si la medida es prejudicial y se dicta por un Juez que no debe conocer del negocio principal, una vez ejecutada tiene que remitir lo actuado al Juez competente.". "-Si la medida es prejudicial, una vez ejecutada se debe conceder a quien la solicitó un plazo de tres días para entablar la demanda, en caso de que el proceso se diga en el lugar donde se decretó, y si es en otro lugar se aumentarán tres días por cada doscientos kilómetros. Se debe tener en cuenta que si la misma no se interpone en el plazo indicado, se levantará la providencia a solicitud del afectado.". "-Pueden reclamar la medida en cualquier tiempo la persona contra la cual se dictó o los terceros, cuando sus bienes hayan sido objeto de secuestro. En el primer caso, se tramitará en la vía incidental y en el segundo en un juicio de tercería.". Por lo que se refiere al criterio de jurisprudencia 1a/J.28/2004, sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 138, Noveno Época, Materia Civil, Tomo XIX, Junio de 2004, Registro Digital 181312 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en relación con el tema que aquí interesa, sustentó: "MEDIDAS PRECAUTORIAS TRATÁNDOSE DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE EDAD. NO PROCEDE, PREVIO A SU IMPOSICIÓN, OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SU FAVOR Y EN EL DEL CÓNYUGE EJECUTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere al capítulo de las providencias precautorias, establece expresamente que antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Asimismo, establece que dichas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Por su parte, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis de jurisprudencia 21/98, que las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y sumarias y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Luego, si con fundamento en el numeral citado un cónyuge promueve ante el Juez competente providencias precautorias a efecto de obtener la guarda y custodia de menores de edad, resulta incuestionable que para decretar la medida solicitada no existe obligación de otorgar la garantía de audiencia a favor del cónyuge afectado y de los menores involucrados. No obstante lo anterior, como uno de los requisitos para decretar la medida cautelar es que esté justificada la necesidad de la misma, el Juez atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, podrá determinar en qué caso la audiencia que se dé en su favor debe ser previa y cuándo deberá primero lograr el aseguramiento del infante para escucharlo con posterioridad.- Contradicción de tesis 141/2002- PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 21 de abril de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. Tesis de jurisprudencia 28/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiuno de abril de dos mil cuatro. Nota: La tesis P./J. 21/98 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 18, con el rubro: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.". No obstante a lo anterior, se debe destacar especialmente el contenido de los artículos 567, 570 y 573, los cuales constituyeron fundamento esencial de la ejecutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y que contendió con el criterio firme antes citado de rubro "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO". En efecto, el artículo 567 del Código Civil del Estado de Jalisco establece literalmente que la niñez debe ser objeto de especial atención, cuidado y reconocimiento. Dicho texto, analizado de manera objetiva, conduce a determinar que contiene un enunciado genérico que no incide de manera alguna en el ámbito procesal de las medidas precautorias. El artículo 570 establece categóricamente que ninguna de las disposiciones enunciadas en el Código Civil debe ser interpretada en forma restrictiva respecto de los derechos y de los intereses superiores de la niñez. Sobre el particular, debe decirse que dicha disposición tampoco representa un obstáculo para la cabal aplicación de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que contemplan el procedimiento para la promoción y la imposición de las medidas cautelares. Esto es así, porque el mandato de que no se deben interpretar de manera estricta las disposiciones relacionadas con los derechos y los intereses superiores de la niñez atañe justamente al ordenamiento sustantivo de la entidad federativa y no al adjetivo que establece dicha determinación. Pero aun suponiendo que esa disposición legal contenida en el Código Civil pudiera surtir efectos en relación con el Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Jalisco, debe quedar de manifiesto que la aplicación de ese mandato no puede entenderse en el sentido de desvirtuar y desnaturalizar la figura jurídica de las providencias precautorias prevista en el artículo 249 del ordenamiento procesal, puesto que la exigencia de que no se interpreten rígidamente las disposiciones que incidan en los derechos e intereses superiores de la niñez, no puede tener la fuerza de una derogación de facto y, por ende, de su inaplicación. En los mismos términos, debe concluirse por lo que se refiere al artículo 573 del Código Civil del Estado de Jalisco, el cual dispone literalmente que cuando se vaya a tomar una determinación relacionada con los intereses del menor, que deberá oírsele y considerársele su opinión, la cual deberá ser valorada en función de su edad y madurez. De ahí, que se estima que los artículos 567, 570 y 573 del Código Civil del Estado de Jalisco, no pueden servir de fundamento para establecer que tratándose de la medida precautoria relativa a la fijación de alimentos respecto a un menor de edad, procede otorgar la garantía de audiencia. Por las razones apuntadas se consideran infundados los motivos de disenso que hace valer el quejoso, dado que en el presente asunto no puede afirmarse que prevalecen las mismas circunstancias a que se refiere la jurisprudencia de rubro "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO."; antes citada, puesto que en la especie no se trata de la omisión en la ley aplicable de un precepto que contemple la obligación de respetar a favor de alguno de los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución del asunto, sino que nos encontramos en presencia de una medida cautelar respecto de la cual, tanto la ley como la doctrina, así como la jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, coinciden en que no procede otorgar a la contraparte tal garantía de audiencia. Esto es, no se trata de una laguna o de una omisión de la ley, sino que existe una disposición categórica que prohíbe la concesión de la garantía constitucional aludida, en virtud de los fines que se persiguen con la medida. Consecuentemente, debe señalarse que en los supuestos legales como el que aquí se presenta no procede invocar el espíritu protector de los artículos constitucionales 14 y 16 Constitucionales, dado que, sin desconocer la supremacía de la Carta Magna, se advierte que en la ley secundaria existe precepto expreso en el cual se ordena que no debe otorgarse audiencia a la contraparte, en virtud de que existen otras garantías que es necesario proteger y que se caracterizan por la urgencia de las mismas, a fin de hacer prevalecer el estado de derecho y la seguridad jurídica de los gobernados. En orden con lo expuesto, debe asumirse que de acuerdo con el contenido de los preceptos legales que rigen la figura jurídica materia del presente análisis, las providencias precautorias deben decretarse sin audiencia del cónyuge afectado, toda vez que desatender el contenido de la ley para conceder dicha garantía de audiencia implicaría desnaturalizar el espíritu de tal ARTURO RAMON TAMAYO SALAZAR institución legal; además, debe atenderse de manera especial al hecho de que el Pleno de este Alto Tribunal ha sostenido mediante jurisprudencia que las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias, y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia, salvo en el extraordinario supuesto de que atendiendo a las circunstancias del caso específico, el Juez del asunto determine si la audiencia debe ser previa, o bien, debe primero lograrse la protección del interés superior del menor. Sin que obste a la anterior, las documentales ofrecidas en autos por el quejoso, y sus manifestaciones respecto al diverso juicio número 331/2012, del índice del Juzgado Sexto Oral en Materia Familiar, en Monterrey, Nuevo León, en el cual se celebró un convenio judicial relativo al pago de alimentos del 10% de los ingresos del quejoso, el cual fue sancionado y aprobado, por lo que resulta ilegal el embargo del salario a razón del 25% de sus ingresos, ordenado por el Juez responsable dentro del juicio 1305/2021. Sin embargo, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, en materia de alimentos no opera la figura de cosa juzgada; aunado al hecho de que lo que promovió la parte actora -aquí tercera interesada- en el juicio de origen, es la modificación a la monto de la pensión alimenticia. De ahí que, no le asista la razón en sus motivos de disenso al promovente de amparo. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación antes estudiados y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 2399/2021-VI, promovido por Emmanuel David Rodríguez Magallanes, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo, por las razones y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Emmanuel David Rodríguez Magallanes, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo, por las razones y motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.
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