Emmanuel Corral Hernández
Expediente 404/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Emmanuel Corral Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
:: Visto el estado que guarda el presente juicio y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó fuera de audiencia; además que en el juicio de amparo en que se actúa se concedió la suspensión de plano; por tanto, se determina que es susceptible su depuración dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, esto con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 7.1.1, en el numeral dos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que por audiencia de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral.
- Principal
:: I. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la promoción de cuenta en que la autoridad Juez Trigésimo Tercero Penal en la Ciudad de México, en cumplimiento al requerimiento formulado el cinco de agosto de dos mil veintidós, remite fotocopia certificada de diversas constancias que integran la causa penal 611/2019 antes 99/2005 de su índice; por tanto, déjese sin efectos el apercibimiento decretado en el referido acuerdo. Al respecto, con fundamento en los artículos 119 de la ley de la materia, téngase a la autoridad ofreciendo la prueba documental que exhibe. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, visto el estado procesal de los autos se desprende que por demanda presentada el veinticinco de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remitida por razón de turno a este juzgado de distrito el veintiséis siguiente, Clemente Corral Hernández, en favor de Emmanuel Corral Hernández, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de las autoridades responsables 1) Fiscal General del Estado de Quintana Roo, 2) Director General de la Policía de Investigación del Estado de Quintana Roo, ambas con sede en Chetumal, 3) Vice Fiscal de Investigación Especializado, Zona Norte y 4) Director de la Policía Ministerial de Investigación, Zona Uno de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, ambas con domicilio en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en la detención de veinticinco de abril de dos mil veintidós relativa a la orden de aprehensión librada por el Juez Trigésimo Tercero Penal en la Ciudad de México, dentro de la causa penal 611/2019 antes 99/2005 de su índice. Luego, de autos se desprende que la autoridad responsable Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, por conducto del Coordinador de Seguridad Institucional, comunicó ante este juzgado de distrito que la detención del quejoso Emmanuel Corral Hernández en esta ciudad por elementos a su cargo, se realizó en cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juez Trigésimo Primero Penal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, dentro de la causa penal 99/2005 de su índice, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado y que el amparista fue trasladado a la Ciudad de México, para ser puesto a disposición del juez competente; por tanto, por auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós se requirió al Juez Trigésimo Primero Penal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México Informara sobre la situación jurídica del quejoso en la causa penal 99/2005 de su índice, así como las constancias conducentes en las que se acredite su dicho. Posteriormente, por acuerdo de ocho de junio de la presente anualidad, se tuvo al Juez Trigésimo Tercero Penal en la Ciudad de México, informando lo siguiente: 1. El uno de abril de dos mil cinco, el entonces Juez Trigésimo Primero Penal, tuvo por recibida la averiguación previa XO-273/603/05-03, XO 273/1933/04-10 con detenido, la cual fue radicada bajo la causa penal 99/2005, ahora 611/2019; por tal motivo, a petición del ministerio público el cinco de julio de dos mil cinco, se libró orden de aprehensión, la cual se cumplimentó el veintiocho de abril del año en curso. 2. El veintiocho de abril de dos mil veintidós, recabó la declaración preparatoria del quejoso, en compañía de su defensor particular. 3. El veintinueve de abril del año en curso, se le notificó el plazo constitucional en el cual se resolvió decretar su formal prisión o preventiva, por la probable comisión del delito de homicidio calificado cometido con ventaja (cuando éste se halla armado y el ofendido inerme), así como declaró abierto el procedimiento ordinario. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante relativas a la causa penal 611/2019 antes 99/2005 de su índice, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.] Del precepto legal invocado se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese entendido, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Así pues, cuando se reclama en amparo indirecto una orden de detención dictada por autoridades administrativas, en el trámite de la misma se dicta auto de formal prisión, opera un cambio de situación jurídica, que por imperativo legal hace que deban tenerse por consumadas de manera irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, que no pueden analizarse sin afectar esa nueva situación legal en que se encuentra. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que se analiza. En la especie, de las diversas constancias que integran la causa penal 611/2019 antes 99/2005 del consecutivo del Juez Trigésimo Tercero Penal en la Ciudad de México y que fueron valoradas con antelación, se desprende que el veintinueve de abril de dos mil veintidós, el citado juzgador, dictó auto de formal prisión o preventiva en contra del aquí quejoso Emmanuel Corral Hernández, por la probable comisión del delito de homicidio calificado cometido con ventaja (cuando éste se halla armado y el ofendido inerme), así como declaró abierto el procedimiento ordinario. Lo anterior, evidencia que ha cambiado la situación jurídica en relación con la libertad personal de la parte quejosa, pues en caso de que hubieran existido las violaciones reclamadas en la orden de detención dictada en su contra, éstas han quedado irremediablemente consumadas, pues quedó jurídica y procesalmente sustituida cuando el Juez Trigésimo Tercero Penal en la Ciudad de México, con sede en esta ciudad, dictó auto de formal prisión o preventiva en contra del aquí quejoso Emmanuel Corral Hernández, en la causa penal de origen y declaró abierto el procedimiento ordinario. Por tanto, no es posible estudiar la constitucionalidad de la detención reclamada sin afectar la nueva situación jurídica, lo cual vuelve improcedente este juicio. Ilustra lo anterior por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la tesis aislada que enseguida se invoca: Época: Octava Época Registro: 221961 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Septiembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 145 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." Por lo tanto, como se adelantó, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio constitucional respecto del acto reclamado consistente en la detención del quejoso Emmanuel Corral Hernández de veinticinco de abril de dos mil veintidós relativa a la orden de aprehensión librada por el Juez Trigésimo Tercero Penal en la Ciudad de México, dentro de la causa penal 611/2019 antes 99/2005 de su índice, al encontrarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por identidad de razones jurídicas, al no contrariar a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia cuyos datos de publicación, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución reclamados, toda vez que no fueron impugnados por vicios propios. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia que enseguida se cita: Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 Genealogía: Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 12, página 449. Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 13, página 450. Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 34, página 463. Informe 1977, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 1, página 453. Informe 1977, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 9, página 460. AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En estas condiciones, se deja sin efecto las diez horas con cuarenta minutos del seis de septiembre de dos mil veintidós, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.
- Principal
:: I. Se requieren constancias. Visto el estado procesal que guarda los autos, se advierte que, por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Trigésimo Tercero Penal en la Ciudad de México, informando lo siguiente: 1. El uno de abril de dos mil cinco, el entonces Juez Trigésimo Primero Penal, tuvo por recibida la averiguación previa XO-273/603/05-03, XO 273/1933/04-10 con detenido, la cual fue radicada bajo la causa penal 99/2005; por tal motivo, a petición del ministerio público el cinco de julio de dos mil cinco, se libró orden de aprehensión, la cual se cumplimentó el veintiocho de abril del año en curso. 2. El veintiocho de abril de dos mil veintidós, recabó la declaración preparatoria del quejoso, en compañía de su defensor particular. 3. El veintinueve de abril del año en curso, se le notificó el plazo constitucional en el cual se resolvió decretar su formal prisión o preventiva, por la probable comisión del delito de homicidio calificado cometido con ventaja (cuando éste se halla armado y el ofendido inerme), así como declaró abierto el procedimiento ordinario. Asimismo, informó que remitió en la vía ordinaria las constancias que acreditaban las actuaciones antes referidas; ello, sin que a la presente fecha se hayan recepcionado. Luego, toda vez que las aludidas constancias resultan necesarias para resolver el presente juicio, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase vía ordinaria y telegráfica al Juez Trigésimo Tercero Penal en la Ciudad de México, para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita fotocopia certificada debidamente foliada, rubricada, entresellada y signada por el funcionario público facultado para dicho cotejo) de la totalidad de las constancias que integran la causa penal 99/2005 de su índice. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. II. Se difiere la audiencia constitucional Finalmente, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las diez horas con cuarenta minutos del seis de septiembre de dos mil veintidós.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte aun no obran las fotocopias certificadas de las constancias que integran la causa penal 99/2005, que el Juez Trigésimo Tercero Penal en la Ciudad de México, mediante promoción recibida el ocho de junio de dos mil veintidós, refirió haber remitido vía ordinaria. En ese contexto, toda vez que no se encuentra integrado el presente asunto, con fundamento en el artículo 75 y 119 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las diez horas con cuarenta minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós.
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