Emmanuel Chilpa Santos

Expediente 718/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
718/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Emmanuel Chilpa Santos
  • Emmanuel Chilpa Santos y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    VII Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 718/2023-VII; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional, ********, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México y otra autoridad. II. Previo desahogo de prevención, por auto del diecinueve de junio del año en curso, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda y la registró con el número 718/2023-VII; solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, se tuvo como tercera interesada a María Esther Alceda Chiñas, quien fue debidamente emplazada, se señaló representante especial para la menor identidad reservada de iniciales H.C.A., y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama un acto dictado por una autoridad civil con residencia dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La sentencia interlocutoria del quince de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revocación que interpuso contra el proveído del doce de abril último, emitido en el juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar número 1468/2021, del índice del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, la ilegal notificación de la misma y la ejecución de la orden de requerimiento de embargo, decretada en la interlocutoria mencionada. TERCERO. La Jueza Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México y actuaria adscrita a dicho juzgado, al rendir su informe justificado, aceptaron los actos reclamados por el quejoso, por lo que se tienen por ciertos. Certeza que se corrobora con las constancias que fueron allegadas a este sumario constitucional y que obran integradas en el tomo I, de pruebas. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, cuyo rubro dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Asimismo, sirve de apoyo, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Previamente al estudio de fondo del juicio, procede analizar de oficio las causas de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en la ilegal notificación de la sentencia interlocutoria del quince de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revocación que interpuso contra el proveído del doce de abril último, emitido en el juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar número 1468/2021, del índice del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo"; (.).". Del dispositivo transcrito se infiere que los elementos con los cuales se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) Por medio de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de confirmación, modificación o revocación. Los artículos 1.114 y 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, referente a la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones, establece: Artículo 1.114.- La nulidad deberá ser reclamada en incidente, dentro del plazo de tres días a partir de que el interesado tenga conocimiento del vicio o nulidad. Se entiende que una parte tiene conocimiento del vicio o nulidad de las actuaciones judiciales, cuando después de ellas hace alguna promoción o concurre a alguna diligencia o actuación subsecuente. De no promoverse el incidente en el plazo señalado o cuando se satisfaga la finalidad procesal del acto o actuación, quedarán revalidados de pleno derecho y el incidente se desechará de plano. Artículo 1.187.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Ahora, el promovente al tener conocimiento del juicio de origen, y ser parte demandada en dicho procedimiento está en aptitud de agotar los medios ordinarios de defensa que la ley pone a su alcance, como en el caso resulta ser el incidente de nulidad de notificaciones, por lo que antes de acudir a esta vía constitucional, está obligado a agotar el medio de defensa ordinario que es en lo que estriba la falta de definitividad del acto reclamado. Luego, debe estimarse que se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, por colmarse los siguientes supuestos: a) El acto reclamado fue emitido por una autoridad judicial, a saber del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México. b) La notificación del auto reclamado es susceptible de ser impugnada con el incidente de nulidad de notificaciones, en términos de los artículos 1.114 y 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. c) Con la interposición del citado medio de defensa, las actuaciones de dicho juicio pueden ser nulificadas desde la falta de notificación que reclama. Luego, si la notificación del auto reclamado en el presente juicio es impugnable mediante el incidente de nulidad de notificaciones, y éste no se agotó, es evidente que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, Por tanto, procede sobreseer la demanda por lo que hace al acto reclamado consistente en la ilegal de notificación de la sentencia interlocutoria de quince de mayo de dos mil veintitrés. QUINTO. Al no advertirse de oficio otra causa de improcedencia que en el caso se actualice ni que las partes hagan valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. En ese sentido, el quejoso expresa en sus conceptos de violación, que: 1. El juez responsable, en la sentencia interlocutoria de quince de mayo de dos mil veintitrés, modificó sus propias determinaciones, contenidas en auto de doce de abril del año en curso, para cuantificar las pensiones alimenticias que estimó era el monto correcto. 2. Que si bien el juez natural puede equivocarse en su cuantificación por tratarse de una operación aritmética, lo cierto es que, para poder corregir su fundamentación y motivación, el recurso oportuno para combatir la determinación del juez natural era mediante el recurso de apelación para que el tribunal de alzada competente, resolviera lo que a derecho correspondía. 3. Que el juez responsable no puede corregir y modifica sus propias determinaciones, ya que con ello trastoca gravemente las normas que rigen el procedimiento, alterando sustancialmente su acuerdo inicial de doce de abril de dos mil veintitrés, en el que consideró determinados pagos y periodos para calcular el adeudo de pensiones alimenticias vencidas, pero en su sentencia interlocutoria de revocación, modificó sustancialmente la motivación de su acuerdo, para realizar una nueva operación aritmética, tomando en cuenta diversos periodos y pagos alegados por la actora, señalando un monto totalmente diverso por concepto de adeudo de pensiones alimenticias vencidas, variando drásticamente su propia determinación inicial. 4. Que es de explorado derecho que el recurso de revocación solo sirve para combatir decretos y determinaciones de trámite con el fin de regularizar el procedimiento. 5. Que el juez primigenio no puede alterar la esencia de sus sentencias y proveídos; ya que con ello anula sus propias determinaciones, generando incertidumbre jurídica en su función de impartidor de justicia. 6. Que durante el presente año, el quejoso ha depositado la cantidad de $28,000.00 veintiocho mil pesos 00/100 MN, por concepto de pagos parciales de pensión alimenticia, los cuales no fueron calculados por el juez responsable en su sentencia interlocutoria de quince de mayo del año en curso. 7. Que dejar intocado el monto calculado por el juez responsable, que señala es de $40,477.68, cuarenta mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 MN, implica que no se descuenten los pagos realizados por el suscrito y que incluso la tercero interesada ya ha cobrado. 8. Que el juez responsable ordenó la notificación personal al hoy quejoso del fallo que se impugna, sin embargo, la Actuaria con funciones de ejecutora, adscrita al Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado De México, procedió a notificarlo por boletín judicial. 9. Que la actuaria no cometió un simple error o equivocación al notificarlo por boletín judicial ya que en el pasado, el juez responsable ordenó la notificación al suscrito del auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, sin embargo, la actuaria, deliberadamente le notificó por boletín judicial el mencionado auto. 10. Que el fallo impugnado ordena el embargo de bienes del deudor alimentista en caso de incumplimiento del pago requerido, no obstante, el juez responsable cuenta con los datos e información necesaria a su alcance, dentro del expediente de origen, para saber que no tiene casa propia, que vivo en casa de mis progenitores, por lo que no cuento con bienes muebles e inmuebles propios. 11. Que ordenar un embargo en el inmueble en que me encuentro viviendo provoca daños de imposible reparación a personas extrañas al juicio, por lo que debe modificarse el fallo impugnado con el objeto de no realizar actos de molestia en los bienes y posesiones de sus padres. 11. Que el juez responsable ordenó la práctica de estudios socioeconómicos a las partes, de los que se advierte que el suscrito no tiene casa propia, que vive en casa de sus progenitores, asimismo, obran informes de la comisión nacional bancaria, en que se refleja que no cuento con cantidades de dinero susceptibles de embargo. Los conceptos de violación son por una parte infundados y por otra inoperantes, por tanto no resultan suficientes para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Resultan infundados los conceptos de violación resumidos e identificados con los números 1 y 2, en los que el quejoso aduce que el juez responsable, en la sentencia reclamada, modificó sus propias determinaciones, contenidas en auto de doce de abril del año en curso, para cuantificar las pensiones alimenticias que estimó era el monto correcto y que si bien puede equivocarse en su cuantificación por tratarse de una operación aritmética, lo cierto es que, para poder corregir su fundamentación y motivación, el recurso oportuno para combatir esa determinación era mediante el recurso de apelación para que el tribunal de alzada competente, resolviera lo que a derecho correspondía. Lo anterior es así, ya que contrario a lo manifestado por el solicitante del amparo, fue correcta la determinación del juez de admitir, tramitar y resolver el recurso de revocación, ya que el mismo era procedente, habida cuenta que se interpuso en contra de un acuerdo de mero trámite que no es apelable, de conformidad con el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, máxime que el quejoso no señala en que fundamenta sus argumentos de que procedía el recurso de apelación. Por otra parte los restantes conceptos de violación son inoperantes porque el juez responsable en su determinación del quince de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 1468/2021, relativo a la controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, promovido por María Esther Alceda Chiñas, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por ésta, en el que se declararon fundados los agravios hechos valer por las recurrentes al considerar lo siguiente: Que asiste razón al recurrente cuando se duele en el sentido que, al emitirse el acuerdo que se recurre se dejó tomar en consideración la totalidad de adeudo que deriva por concepto de alimentos a cargo del señor EMMANUELCHILPAS SANTOS. Que en el proveído de doce de abril del dos mil veintitrés, al pretender regularizar la planilla de liquidación de pensiones presentada por la recurrente, se estableció la necesidad de regularizar Ia planilla de Iiquidación, puesto que se consideró la existencia de diversos pagos parciales efectuados por el deudor mediante la exhibición de sendos billetes de depósito, realizados según se consideró, dentro del periodo a Iiquidar, empero, se dejó de apreciar que, como lo alega la recurrente, en realidad Ios depósitos tomados en cuenta corresponder a periodos de adeudos anteriores que se encuentran fuera del periodo a liquidar. Que el proveído que se combate de manera errónea cuantificó los adeudos existentes por concepto de alimentos, y tomo en consideración un pago parcial efectuado por el obligado por la cantidad de $10,546.00 DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTAY SEIS PE$OS, considerándolo como pago correspondiente al periodo a liquidar, pero se pasó inadvertido que en realidad dicho pago, corresponde a pensiones alimenticias atrasadas que se originaron previo al periodo liquidado. Que lo anterior se sustenta en que a partir de que se fijo la pensión alimenticia provisional correspondiente a un día de salario mínimo, (y que es la que se encuentra vigente) el deudor únicamente ha realizado los siguiente depósitos: 7 de junio del 2022 por la cantidad de $10,027.50 24 de junio del 2022 por la cantidad de $5,359,00 7 de julio del 2022 por I cantidad de $10,546.00 Con dichos pagos parciales que ascienden a la cantidad de $25,932.05 pesos, el deudor cubrió las mensualidades correspondientes a Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2022, de ahí que queda claro que la consignación que efectuara el deudor el siete de julio de dos mil veintidós, no tuvo como efecto cubrir alimentos correspondientes a esa mes y por ende no corresponde a un pago efectuado dentro del periodo a liquidar, lo que evidentemente hace ver que el proveído combatido no debió considerar que el pago de diez mil quinientos cuarenta seis pesos realizado en el mes de julio, deba ser abonado a la liquidación planteada, porque con dicho pago apenas el deudor se encuentra cubriendo correspondientes hasta el mes de junio del 2022, quedando en consecuencia pendiente de pago a partir del mes de julio del citado año. Que no pasa tampoco inadvertido que, el deudor alimentario, con posterioridad al escrito de liquidación presentado por la actora, exhibió dos depósitos adicionales durante el mes de marzo del año en curso, los días 24 y 30, depósitos por la cantidad de $2,500.00 DOS MIL QUINIENTOS PESOS00/10 .M.N., cantidades que no fueron tomados en consideración por la incidentista dado que aún no se habían efectuado al momento que presentó su planilla, empero, no se advierte impedimento alguno para, tomarlos en cuenta como pago parcial en el presente caso, dado que fueron exhibidos dentro del periodo a liquidar. Que por tanto, ante lo fundado de los agravios debe revocarse el acuerdo combatido para efecto de aprobar la planilla de Iiquidación presentada por la actora MARÍA ESTHER ALCEDA CHIÑAS, con la única acotación que a dicha planilla debe aplicarse como pago parcial los dos depósitos adicionales que realizó el deudor con posteridad a la presentación de la misma, pero dentro del periodo a liquidar, cada uno, por la cantidad de $2,500 DOS MIL QUINIENTOS PESOS SUMANDO UN TOTAL DE $5,000.00 cinco mil pesos, por lo que la planilla de liquidación debe aprobarse por la cantidad final de $40,477.68 CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. Que atento a lo anterior túrnense los autos a la Notificadora adscrita a efecto que en funciones de Ejecutora y en compañía de la promovente se constituya en el domicilio señalado en autos como del señor Emanuel Chilpa Santos y lo requiera para que en el acto e la diligencia realice el pago por $40,477.68 CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. apercibido en caso de no hacerlo, en ese mismo acto, se procederá al embargo de bienes de su propiedad bastantes a cubrir la cantidad adeudada. En efecto como se anticipó los conceptos de violación son inoperantes, habida cuenta que la parte quejosa no combatió las consideraciones que constituyen los argumentos torales que rigen el acto reclamado, los cuales deben prevalecer ante su inadecuada impugnación. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa no controvierte los motivos plasmados en la resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés, porque en sus conceptos de violación únicamente señaló que el juez responsable en la sentencia interlocutoria de quince de mayo de dos mil veintitrés, no puede corregir y modifica sus propias determinaciones, ya que con ello trastoca gravemente las normas que rigen el procedimiento, alterando sustancialmente su acuerdo inicial de doce de abril de dos mil veintitrés, en el que consideró determinados pagos y periodos para calcular el adeudo de pensiones alimenticias vencidas, que modificó sustancialmente la motivación de su acuerdo, para realizar una nueva operación aritmética, tomando en cuenta diversos periodos y pagos alegados por la actora, señalando un monto totalmente diverso por concepto de adeudo de pensiones alimenticias vencidas, variando drásticamente su propia determinación inicial; que el recurso de revocación solo sirve para combatir decretos y determinaciones de trámite con el fin de regularizar el procedimiento, que no puede alterar la esencia de sus sentencias y proveídos; ya que con ello anula sus propias determinaciones, generando incertidumbre jurídica en su función de impartidor de justicia; que durante el presente año, ha depositado la cantidad de $28,000.00 veintiocho mil pesos 00/100 MN, por concepto de pagos parciales de pensión alimenticia, los cuales no fueron calculados, que el juez ordenó la notificación personal al hoy quejoso del fallo que se impugna, sin embargo, la actuaria a notificarlo por boletín judicial, que el fallo impugnado ordena el embargo de bienes del deudor alimentista en caso de incumplimiento del pago requerido, no obstante, el juez responsable cuenta con los datos e información necesaria a su alcance, dentro del expediente de origen, para saber que no tiene casa propia, que vivo en casa de mis progenitores, por lo que no cuento con bienes muebles e inmuebles propios. Sin embargo no controvierte el contenido del acto reclamado, entre otras cosas que el proveído de doce de abril del dos mil veintitrés, al pretender regularizar la planilla de liquidación de pensiones presentada por la recurrente, se estableció la necesidad de regularizar la planilla de liquidación, puesto que se consideró la existencia de diversos pagos parciales efectuados por el deudor mediante la exhibición de sendos billetes de depósito, realizados según se consideró, dentro del periodo a Iiquidar, empero, se dejó de apreciar que los depósitos tomados en cuenta corresponden a periodos de adeudos anteriores que se encuentran fuera del periodo a liquidar, que de manera errónea cuantificó los adeudos existentes por concepto de alimentos, y tomo en consideración un pago parcial efectuado por el obligado por la cantidad de $10,546.00 DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTAY SEIS PE$OS, como pago correspondiente al periodo a liquidar, pero en realidad corresponde a pensiones alimenticias atrasadas que se originaron previo al periodo liquidado ya que a partir de que se fijó la pensión alimenticia provisional correspondiente a un día de salario mínimo, (y que es la que se encuentra vigente) el deudor únicamente ha realizado los depósitos de siete de junio por la cantidad de $10,027.50, veinticuatro de junio por la cantidad de $5,359,00 y siete de julio por Ia cantidad de $10,546.00, todos del año dos mil veintidós y que dichos pagos ascienden a la cantidad de $25,932.05 pesos, el deudor cubrió las mensualidades correspondientes a Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del año citado, de ahí que la consignación que efectuara el deudor el siete de julio de dos mil veintidós, no tuvo como efecto cubrir alimentos correspondientes a esa mes y por ende no corresponde a un pago efectuado dentro del periodo a liquidar, lo que evidentemente hace ver que el proveído combatido no debió considerar que el pago de diez mil quinientos cuarenta seis pesos realizado en el mes de julio, deba ser abonado a la liquidación planteada, porque con dicho pago apenas el deudor se encuentra cubriendo correspondientes hasta el mes de junio de ese año, quedando pendiente de pago a partir del mes de julio del citado año, asimismo, que no pasa tampoco inadvertido que, el deudor alimentario, con posterioridad al escrito de liquidación presentado por la actora, exhibió dos depósitos adicionales durante el mes de marzo del año en curso, los días 24 y 30, depósitos por la cantidad de $2,500.00 DOS MIL QUINIENTOS PESOS00/10 .M.N., cantidades que no fueron tomados en consideración por la incidentista dado que aún no se habían efectuado al momento que presentó su planilla, empero, no se advierte impedimento alguno para, tomarlos en cuenta como pago parcial en el presente caso, dado que fueron exhibidos dentro del periodo a liquidar. Máxime que el quejoso no controvirtió porque en el acto reclamado, estaban mal calculadas las cantidades que adujo la responsable, ni tampoco preciso cuando fueron las fechas en que supuesta o realmente realizó los depósitos hasta por la cantidad de $28,000.00 veintiocho mil pesos 00/100 MN, por concepto de pagos parciales de pensión alimenticia para ser consideradas dentro del periodo de liquidación, ni tampoco aduce cuando las cobro la parte actora en el juicio de origen. De ahí que se afirme que resulten inoperantes y por tanto el acto reclamado quede subsistente ante su inadecuada impugnación; por consiguiente, ello no permite a este juzgador proceder al examen de los argumentos que pretende establece, pues correcta o no la determinación, la misma debe quedar incólume con razón de no haber sido impugnada debidamente en los motivos de inconformidad. Por tanto, los conceptos de violación deben declararse inoperantes, pues a efecto de proceder a su estudio, era necesario que la parte quejosa controvirtiera las consideraciones torales de la responsable al emitir la resolución reclamada y al no hacerlo de manera eficaz, como se precisó en párrafos precedentes, subsiste tal determinación que constituye un impedimento técnico a fin de proceder al juicio valorativo pretendido por el impetrante. Cobra aplicación la jurisprudencia 724, visible en la página 487, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, la cual es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INSUFICIENTES Y SU ESTUDIO ES INNECESARIO, SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES ESENCIALES QUE SUSTENTAN EL ACTO RECLAMADO. Cuando no haya lugar a suplir la deficiencia de la queja, y el acto reclamado se sustenta en varias consideraciones esenciales, cada una de las cuales sea capaz de sostenerlo con independencia de las otros, el quejoso debe combatirlas todas, pues de no hacerlo así, la resolución subsistirá con aquéllas que no fueron impugnadas, y por tanto los conceptos de violación, aunque fuesen fundados serían insuficientes para la concesión del amparo, lo que hace innecesario el examen de la constitucionalidad a la luz de los argumentos expresados." Asimismo, la diversa 716, publicada en la página 482, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo VI, Parte TCC, la cual es del contenido literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE OMITEN COMBATIR ALGUNAS CONSIDERACIONES EN QUE SE APOYA EL ACTO RECLAMADO. SON INSUFICIENTES. Los conceptos de violación deben estar relacionados directa e inmediatamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; por tanto si el quejoso omite hacerse cargo de algunas consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable y no las combate, el Tribunal Colegiado no está en aptitud de examinar la constitucionalidad de éstas y por consecuencia deben subsistir". En las narradas condiciones, ante lo ineficaz de los conceptos de violación y al no haberse demostrado la transgresión alegada de derechos humanos, sin advertir este Órgano de Control Constitucional motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, por no actualizarse ninguno de los supuestos que al efecto prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, máxime que el quejoso promovió la demanda por propio derecho y así se admitió, máxime que con la emisión del acto reclamado no afectan los derechos humanos de la menor de identidad reservada H.C.A; por tanto, lo procedente es negar el amparo y la protección constitucional reclamada, negativa que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora, al no reclamarse por vicios propios su actuar sino como consecuencia del acto ordenador. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo por el acto y autoridad señalada por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, de los que se advierte que del martes diecisiete al viernes veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, se declararon inhábiles por causas de fuerza mayor por ende, se difiere la audiencia constitucional señalada para el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, y se programan las nueve horas con cuarenta minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las demás autoridades responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de **********, autorizado de la tercero interesada **********, con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, se tienen por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos hace valer, mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, con los informes y el anexo que obran en autos, dése vista a ********************, representante especial de la menor de edad de identidad resguardada de iniciales ********************, para que manifieste lo que a su derecho convenga; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con treinta y cuatro minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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