Emmanuel Chávez Reyes
Expediente 1475/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1475/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Emmanuel Chávez Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el oficio del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, representante legal del Titular del Poder Ejecutivo, por medio del cual se hace sabedor del sentido de la sentencia amparatoria dictada en el presente asunto. Por tanto, con dicha comunicación y con las diversas recibidas en este juzgado el once, quince, veintiséis y veintisiete de noviembre de este año (fojas 66, 69, 86, 89 y 90); con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos. Sin que pase inadvertido para este juzgado, que por lo que respecta al domicilio y delegados que se señalan en el oficio de cuenta, por auto de dieciséis de octubre de este año (foja 24), ya se proveyó lo conducente. (VI)
- Principal
Visto el oficio de la autoridad responsable Congreso del Estado de Aguascalientes, por conducto de su Vicepresidenta de la mesa directiva y representante legal, por el que informa los actos tendentes a acatar el fallo protector; sin embargo, se reserva dar vista a la parte quejosa, hasta en tanto las diversas autoridades informen lo conducente a dicho cumplimiento.(VI)
- Principal
Visto el escrito del delegado de la autoridad responsable Secretaria de Finanzas Públicas Municipales de Aguascalientes por el que informa los actos tendentes a acatar el fallo protector; sin embargo, se reserva dar vista a la parte quejosa, hasta en tanto las diversas autoridades informen lo conducente a dicho cumplimiento.(VI)
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1475/2019-VI, promovido por Emmanuel Chávez Reyes, contra actos del Congreso del Estado de Aguascalientes y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. De la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, Emmanuel Chávez Reyes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el Congreso del Estado de Aguascalientes, el Gobernador Constitucional del Estado y la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, de quienes reclamó los actos que precisó en su demanda, los cuales consideró violatorios de los artículos 14, 17, 31, fracción IV, y 73, de la Constitución Política Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. El diez de octubre de dos mil diecinueve la demanda de amparo se admitió con el consecutivo 180/2019-II, se dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal de la República; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado en términos del Acuerdo General 18/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en razón de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama el acto de una autoridad que reside en la jurisdicción que ejerce este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables en el ámbito de su competencia, lo siguiente: La expedición del artículo 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2019, precepto que establece expresamente la tasa que se aplicará al servicio por derechos de alumbrado público. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Aguascalientes, aceptaron la existencia del acto reclamado en el ámbito de su competencia. Aunado a que su certeza se corrobora con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, que no está sujeta a prueba, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con relación a dicho tópico, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, página 270, del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". Por su parte, el Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, al rendir su informe de ley negó la existencia del acto que se le atribuye, sin embargo, su negativa queda desvirtuada porque dicho tema fue abordado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 92/2006-SS., entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en la que consideró que si la Comisión Federal de Electricidad actúa en un plano de coordinación y como auxiliar de la administración municipal correspondiente, es inconcuso que es precisamente al Ayuntamiento, por conducto de la Secretaría correspondiente, que resulta ser la de Finanzas Públicas, en quien recae la atribución del acto que se le reclama como cobro del derecho de alumbrado público. Luego, si la parte quejosa acompañó a su demanda el aviso recibo relativo al servicio 096 190 950 511 y el comprobante de pago realizado por transferencia electrónica mediante la institución bancaria BBVA, los cuales obran en el sumario, de los que se aprecia que el tres de octubre de dos mil diecinueve realizó el pago del derecho de alumbrado público correspondiente; es inconcuso que se encuentra acreditada la existencia del primer acto de aplicación de la ley impugnada, el interés jurídico de la parte quejosa para su reclamo, así como los ulteriores actos de aplicación. Por ende, la negativa que realiza la autoridad responsable de haber emitido el acto que aquí se reclama queda desvirtuada, ya que -como se advierte del párrafo que antecede- la parte quejosa demostró su existencia. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de estudio oficioso, se procederá al examen de las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables o que este juzgador advierta, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia 814, visible en la página quinientos cincuenta y tres, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO." No afectación al interés jurídico La autoridad responsable Gobernador del Estado de Aguascalientes, argumentó que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, debido a que los actos que se le atribuyen, no afectan el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa y porque se trata de normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Resulta infundada tal causal de improcedencia, por lo siguiente. Al respecto, como marco de referencia normativo, debe advertirse que las disposiciones de carácter general pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor irroga un perjuicio al gobernado (autoaplicativas), o bien, si requiere un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete sus efectos jurídicos (heteroaplicativas). Lo expresado pone de manifiesto que para impugnar una ley en el juicio de amparo, requiere acreditar que sus normas afectan la esfera jurídica de la persona que solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque los efectos se causen con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad o del particular, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Se asevera lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado en distintas épocas que para impugnar una ley en virtud de un acto concreto de aplicación, es menester que se cumpla con ciertas premisas, a saber: 1. La existencia de ese acto concreto de aplicación de la ley controvertida. 2. Que el acto concreto de aplicación cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del gobernado. 3. Que ese acto de aplicación sea el primero, no ulteriores. 4. Que dicho acto de aplicación de la norma sea anterior a la presentación de la demanda de garantías. En esa tesitura, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, si el gobernado reclama una ley en virtud de un acto de aplicación deberá ser el primero, en el que de manera expresa o tácita se actualicen las hipótesis normativas relativas, de manera que se generen en relación con el gobernado los efectos de la norma, regulando o sancionando una situación jurídica concreta. Asimismo, debe considerarse que para combatir una norma general con motivo de su entrada en vigor, el gobernado debe acreditar que ésta trasciende a su esfera jurídica generándole un menoscabo al respecto. Para acreditar que una norma general autoaplicativa afecta el interés jurídico del quejoso es necesario analizar, en principio, en qué situación de hecho debe ubicarse para sufrir un perjuicio con la entrada en vigor de aquélla, para que en su caso pueda evidenciarse si las pruebas ofrecidas coinciden con el supuesto de hecho que genera la consecuencia jurídica que prevé la norma controvertida, pues de lo contrario, podría demostrarse un hecho irrelevante que no lo legitimaría para impugnar el respectivo acto legislativo. Bajo esta perspectiva, resulta evidente que la impugnación de una norma general desde su sola vigencia o en virtud de un acto de aplicación precisa de que trascienda a la esfera jurídica del quejoso, generándole un menoscabo al respecto, puesto que de no demostrarse que se han concretado los efectos jurídicos de la norma, es incontrovertible la falta de legitimación de aquél para impugnar la disposición general en la que no se ubica. Con base en lo expuesto, conviene puntualizar que cuando el quejoso combate un sistema de tributación simple o las normas que regulan el núcleo de la unidad normativa que rige a una cierta contribución que reviste la naturaleza de autoaplicativa, no resulta necesario que se sitúe en cada hipótesis que contempla el tributo, inclusive, respecto de las normas que inciden en el perímetro de la unidad relativas a obligaciones accesorias o variables, porque basta que demuestre que es contribuyente del impuesto que se regula, para que esté en aptitud legal de combatir cada uno de los preceptos que puedan aplicársele en el presente o futuro, por la íntima relación que guardan entre sí las disposiciones en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, dado que se encuentra obligado a acatar dicho sistema, desde el inicio de la vigencia de la ley. En cambio, el quejoso debe demostrar el primer acto concreto de aplicación de las disposiciones legales reclamadas, cuando no se controviertan por su sola vigencia, porque en este supuesto no basta que sea causante del tributo para combatir todo el sistema o las normas que inciden en el perímetro de la unidad, sino que además debe situarse en cada hipótesis que la norma prevé, salvo que guarden una íntima relación. En tal virtud, el principio de impugnación de normas generales indicado, pone en evidencia que pueden reclamarse aquellas disposiciones que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo demuestre el acto concreto de aplicación de una de ellas, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o en virtud de un acto concreto de aplicación de alguna de ellas, reviste singulares matices porque es menester que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, afecta a las demás en su sentido, alcance o aplicación, por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente, de ahí que la inconstitucionalidad de una norma fiscal no pueda trascender a una norma civil, administrativa o penal, a pesar de que la primera haga referencia a la segunda. En ese sentido, el método de impugnación sistemática de las leyes no puede integrarse ni abarcar disposiciones que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que es básico que guarden una correspondencia real entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir normas generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia las que no afectan aún su esfera de derechos. En el particular, la quejosa reclama en esta instancia constitucional el artículo 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2019, con motivo de lo que considera su primer acto de aplicación, que prevé lo relativo al derecho de alumbrado público. En el caso, contrario a lo manifestado por la autoridad responsable, la parte quejosa sí acreditó su interés jurídico, pues existen a su favor los derechos públicos subjetivos al patrimonio, legalidad y seguridad jurídica reconocidos por la Constitución que se ven involucrados a partir del pago por servicio de alumbrado público cuya inconstitucionalidad reclama, tal y como deriva de las documentales que exhibió consistentes en el aviso recibo relativo al servicio 096 190 950 511 y el comprobante de pago realizado por transferencia electrónica mediante la institución bancaria BBVA. Documentos que al adminicularlos entre sí, en términos de lo dispuesto en los ordinales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, comprueban que la quejosa el tres de octubre de la presente anualidad, pagó el derecho de alumbrado público, por el periodo de facturación del diez al veinte de septiembre de dos mil diecinueve. En relación con dicho tópico, se invoca la Jurisprudencia 2ª./J.43/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Mayo de 2000, página 112, con el rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS." Acto consentido Asimismo, la autoridad responsable Congreso del Estado de Aguascalientes, alega que el presente juicio es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, pues arguye que la ley reclamada, fue consentida tácitamente, al no intentar el juicio dentro del plazo legal, esto es, fuera del término que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo. No se actualiza. Del análisis de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa reclama la inconstitucional del artículo 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2019, además anexa a su demanda el aviso recibo relativo al servicio 096 190 950 511 y el comprobante de pago realizado por transferencia electrónica mediante la institución bancaria BBVA (fojas 4 y 5); de los que se evidencia que el primer acto de aplicación de dicha ley corresponde al periodo de facturación del diez de septiembre al veinte de septiembre de dos mil diecinueve, además que dicho pago fue enterado el tres de octubre de la presente anualidad; máxime que la quejosa manifestó que el tres de septiembre del año en curso celebró contrato de suministro de energía eléctrica con Comisión Federal de Electricidad; lo que se corrobora con el aviso recibo correspondiente al servicio número 096 190 950 511, del que en su parte relativa al Registro Móvil de Usuario [R.M.U.], se observa como fecha de contratación del suministro el tres de septiembre de dos mil diecinueve, lo anterior acorde con los lineamientos para la asignación del RMU, emitidos por la Comisión Reguladora de Energía, contenidos en la resolución número RES/999/2015, por la que se expide el anexo a las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Ahora bien, la demanda fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el nueve de octubre del presente año, y recibida en este juzgado el mismo día; por tanto, si el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el término para la presentación de la demanda es de quince días, es inconcuso, que la misma se encuentra dentro de dicho término legal; de ahí que no opere la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable. Entonces, adverso a lo considerado por las autoridades responsables, a través de dichos documentos se evidencia que a la quejosa sí le asiste interés jurídico para reclamar los preceptos que considera inconstitucionales por situarse en los supuestos de la norma. Por lo tanto, si el pago de derecho de alumbrado público contenido en el aviso recibo de mérito, la quejosa lo realizó el tres de octubre de dos mil diecinueve, y la demanda de amparo la presentó el nueve del mismo mes y año, es inconcuso que está dentro del plazo de quince días que señala la Ley de Amparo para promover el presente juicio; por tanto, le asiste interés jurídico para reclamar la norma jurídica. Refuerza la estimación precedente, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 148, con el rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO". Asimismo la jurisprudencia 2a./J. 113/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, página 294, con el título: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISIÓN DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS". No pasa desapercibido a este juzgador, que en la acción de inconstitucionalidad 15/2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión celebrada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, resolvió: "PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 15, fracciones I, III, VII y VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes , para el ejercicio Fiscal 2019, 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes , 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Asientos , 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo, 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, 50 y 51, incisos a), d), f), g), i), m) e y), numerales 3 , 4, 5 y 6 de la de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús maría, 32, párrafos segundo, quinto y sexto, de la de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, 64 y 72, numerales 7 y 11de la de la Ley de Ingresos del Municipio del Municipio de Rincón de Romos, 48 y 49 de la de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo, 22 y 36, fracción IX, de la de la Ley de Ingresos del Municipio de San José de Gracia y 36 de la de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá, todas del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en términos del apartado VI, temas I y II, de esta decisión. TERCERO. Se declara la invalidez, en vía de consecuencia, de los artículos 15, fracción VI, de la de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del año 2019, transitorio décimo primero de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos del municipio de Calvillo, 51, inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, 36, fracción VIII, de la Ley de Ingresos de San José de Gracia y transitorio décimo primero de la Ley de Ingresos de San Francisco de los Romo, todas del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, así como los artículos 138 Bis, de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, 72 D de la Ley de Hacienda del Municipio de Calvillo, 68 Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Pabellón de Arteaga y 122 D de la Ley de Hacienda de San Francisco de los Romo, todas del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo dispuesto en el apartado VI, parte final, de esta determinación. CUARTO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Aguascalientes y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro a ese órgano legislativo precisados en apartado VI, parte final de esta ejecutoria. De la misma resolución se advierte, por lo que hace a los efectos de la declaratoria de invalidez, el Máximo Tribunal del País estableció que, al recaer la declaratoria sobre disposiciones generales de vigencia anual, el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes quedaba vinculado en lo futuro, a no repetir los mismos vicios de inconstitucionalidad al legislar para el próximo año fiscal, ya sea en las leyes de hacienda estatales o en las leyes de ingresos de los municipios de esta entidad federativa. Igualmente, el Pleno de la Corte determinó que la declaratoria de invalidez de las normas indicadas surtiría sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del Estado de Aguascalientes, lo cual aconteció el pasado tres de octubre del año dos mil diecinueve; esto último con motivo de la comunicación oficial formada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con número de orden 100/2019, respecto de la que obra publicación en las listas de acuerdos publicadas en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha tres de octubre del año en curso; por tanto, constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de procedimientos Civiles. De esa forma se obtiene que a partir de la notificación al Congreso del Estado de Aguascalientes, éste y todas las autoridades que intervienen en el proceso de creación de leyes en la entidad, están obligadas a prescindir de legislar incurriendo en los vicios de inconstitucionalidad detectados por la Suprema Corte de Justicia respecto al "derecho" de alumbrado público (DAP), además que conforme a la declaratoria de invalidez de las normas relativas a las leyes de hacienda y de ingresos del Estado de Aguascalientes, todos los actos de aplicación (cobro del DAP) que se sustenten en dichas normas igualmente carecen de validez; y, en consecuencia, de reiterarse la aplicación de dichas normas por las autoridades estatales y municipales del Estado de Aguascalientes, procede la denuncia de incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En función de lo anterior, surge la posibilidad de la improcedencia del juicio de amparo indirecto conforme a la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone que el juicio de garantías es improcedente cuando se promueva contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, en acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o con motivo del procedimiento a que se refiere el capítulo VI del título Cuarto de la Ley de Amparo. Sin embargo, a juicio de este resolutor, aquella causal de improcedencia se actualizará respecto de las leyes declaradas inválidas y sus correspondientes actos de aplicación, cuando éstos sean aplicados por las autoridades estatales y municipales a partir de la fecha en que surtió efectos la citada declaratoria de invalidez (tres de octubre del año dos mil diecinueve). Quedando entonces para el quejoso, en este último caso, la vía que se siga ante un Juez de Distrito en la que se denuncie el incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 210 de la Ley de Amparo, a efecto de que se obligue a las autoridades a dejar de aplicar las normas invalidadas por la Corte, se restituya al gobernado en todas las afectaciones que se le hubieran ocasionado con tal aplicación y, de no cumplir la autoridad con lo anterior, en su oportunidad podría dar lugar a la separación del cargo de las autoridades responsables y a que estas fueran consignadas por el delito relacionado con el incumplimiento de sentencias de amparo. Sin embargo, el quejoso Emmanuel Chávez Reyes reclama la inconstitucionalidad del artículo 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2019, y el cobro de Derecho de Alumbrado Público como primer acto de aplicación, por lo que hace al servicio número 096 190 950 511, por el periodo facturado del diez al veinte de septiembre del año dos mil diecinueve; por tanto, respecto a dichos actos no opera la aplicación de las consecuencias de invalidez, únicamente en cuanto a los efectos de la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Una vez agotado el examen de las causas de improcedencia que plantean las autoridades responsables y al no advertir alguna otra que se actualice, procede el análisis de los conceptos de violación. QUINTO. Estudio de fondo. Previamente al análisis del concepto de violación que propone el quejoso, debe advertirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio jurisprudencial temático sobre el tema materia del presente juicio de amparo, que sigue vigente de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo; por lo que procede suplir la deficiencia de la queja, aún ante la ausencia de conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción I, de dicha ley. En vía de conceptos de violación, la parte quejosa aduce que la norma impugnada contraviene el derecho humano a la seguridad jurídica y su garantía de legalidad, porque el Congreso estatal invade la esfera de competencia exclusiva de la Federación, al gravar el consumo de energía eléctrica, lo que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, conforme al artículo 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a) de la Constitución Federal. El concepto de violación es fundado. Para obtener la conclusión anterior, se identifica primeramente la competencia exclusiva de la Federación para establecer contribuciones sobre energía eléctrica; en segundo término, se precisa la naturaleza jurídica del derecho de alumbrado público; y finalmente, se arriba a la determinación de la inconstitucionalidad de las normas reclamadas. Competencia exclusiva de la Federación para establecer contribuciones sobre energía eléctrica En lo conducente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite . III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Por su parte, la Ley de Amparo establece: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: . III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .". De los citados preceptos normativos, se obtiene que para los efectos del amparo, la invasión de esferas tiene que implicar una violación a los derechos humanos de un gobernado. Dicha invasión consiste en el ejercicio, por la autoridad federal, de facultades reservadas a las entidades federativas, o por las autoridades de éstas, de atribuciones constitucionales privativas de la Federación. Bajo esos artículos puede concluirse válidamente que lo que el Constituyente busca es proteger a los gobernados de la actuación de las autoridades en ámbitos que no les corresponden. Ahora bien, en cuanto a quién corresponde regular todos los aspectos de energía eléctrica, la propia Constitución señala que es competencia exclusiva de la Federación. En efecto, los artículos 27, párrafo sexto; 73, fracciones X y XXIX, punto 5o., inciso a); y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso a), punto 2, constitucionales, dicen: "Art. 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. ... En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. ." ** Énfasis agregado. "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. ... XXIX. Para establecer contribuciones: ... 5o. Especiales sobre: a) Energía eléctrica; ... Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las Legislaturas Locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. ...". "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... XXXI.- La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: a) Ramas industriales y servicios: ...; 2.- Eléctrica; .". Como se ve, el hecho de que corresponda facultad exclusiva del Congreso de la Unión de legislar en esta materia, otorgan a la Federación competencia relativa al abastecimiento o prestación del servicio público de energía eléctrica, lo que comprende el establecimiento de las tarifas para su venta, mismas que son reguladas por la Comisión Reguladora de Energía, conforme a las condiciones generales respectivas, acorde con el artículo 27, fracción I, de la ley de la Industria Eléctrica. De esa forma, el Máximo Tribunal ha sostenido que si en las leyes locales se incluye una contribución sobre el consumo de energía eléctrica, lo cual está reservado al Congreso de la Unión, acorde con lo prescrito en el artículo 73, fracción X y XXIX, párrafo 5°, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esas normas invaden la esfera y atribuciones exclusivas de la Federación, en lo relativo al legislar y aplicar sobre contribuciones en materia de energía eléctrica. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la jurisprudencia temática invocada al inicio del presente considerando, que las leyes o códigos locales que para el cobro del derecho por servicio de alumbrado establecen como referencia la cantidad que se paga por el consumo de energía eléctrica, son inconstitucionales. Naturaleza del Derecho de Alumbrado Público Al respecto, en principio, conviene precisar que la contribución es un ingreso de derecho público destinado al financiamiento de los gastos generales obtenido por un ente de igual naturaleza (Federación, Estados o Municipios), titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. La contribución o tributo, se conforma de distintas especies que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, son el sujeto, el hecho imponible, la base imponible, la tasa o tarifa y la época de pago. En relación con lo anterior debe decirse que aun cuando el Código Fiscal de la Federación señala como elementos del tributo al sujeto, al objeto, a la base, y a la tasa o tarifa, debe entenderse que el término 'objeto' se refiere a un aspecto más complejo de los elementos del tributo, denominado hecho imponible y, en particular, a su aspecto objetivo, es decir, a la riqueza manifestada a través de la realización del supuesto previsto en ley. Dichos conceptos pueden explicarse de la manera siguiente: a) Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. b) Hecho Imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. Constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición en cuanto a que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley; se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado. c) Base Imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa. d) Tasa o Tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal. e) Época de Pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora, en cuanto al derecho por servicio de alumbrado público, el artículo 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, prevé: "Artículo 93. En la determinación del Derecho de Alumbrado Público se observará lo dispuesto en la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, en relación a que para su cobro se atienda a la firma del convenio con la Comisión Federal de Electricidad y a las siguientes consideraciones: I. Es objeto de este Derecho, la prestación del servicio de alumbrado público, se entiende por servicio de alumbrado público, el que el Municipio otorga en los sitios contemplados en el artículo 138 bis, de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes. II. Serán sujetos del pago de Derecho de Alumbrado Público, los propietarios o poseedores de inmuebles de uso habitacional, industrial, comercial o de servicios, así como los predios rústicos o urbanos de este Municipio, que se beneficien con el servicio de alumbrado público, consumidores de energía eléctrica clasificados en las Categorías Tarifas DB1, DB2, PDBT, GDBT, GDMTH, GDMTO, DIST y DIT. III. La base de este Derecho no podrá exceder de un 10% del importe de energía eléctrica, mismo que serán recaudados a través del documento que para tal efecto expida la Comisión Federal de Electricidad conforme a los periodos que contemple dicha dependencia en los términos de sus atribuciones. IV. La base a que se refiere la fracción III, de este Artículo, se aplicará al consumo de energía eléctrica de las redes de alumbrado público del Municipio de Aguascalientes, así como la ampliación, instalación, reparación, limpieza, mantenimiento y renovación del alumbrado público y luminarias. V. El Derecho de Alumbrado Público se causará de acuerdo con lo que se disponga la presente Ley y de conformidad a la normatividad de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes." Del contenido de los citados dispositivos legales se observa que entre ellos existe una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la determinación de los componentes del derecho por servicio de alumbrado público, pues en ambos preceptos se determinan los elementos del tributo, con remisión expresa del primero de los artículos invocados a la ley de ingresos correspondiente, para la determinación o liquidación de la tarifa o tasa correspondiente al citado derecho, la que se determina precisamente en el artículo 93 invocado. En efecto, de los preceptos transcritos se advierte que tanto en la Ley de Hacienda Municipal como en la Ley de Ingresos se establecen los elementos esenciales de la contribución por servicio de alumbrado público, a saber: Sujeto: Los propietarios o poseedores de predios urbanos o rústicos ubicados dentro de la circunscripción territorial que ocupa el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes contribuyentes consumidores de energía eléctrica clasificados en las tarifas 1, 2, 3, OM, HM, HS, HSL, HT, HTL, 1-15, 1-30, HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, HM-R, HM-RF H, HM-RM (artículo 138 Bis de la Ley de Hacienda y 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, ejercicio fiscal 2019). Objeto: La prestación del servicio de alumbrado público, entendiéndose por tal el que el Municipio otorga en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común (artículo 138 Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, y artículo 93 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Aguascalientes 2019). Base: Las tarifas 1, 2, 3, OM, HM, HS, HSL, HT, HTL, 1-15, 1-30, HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM, HM-R, HM-RF H, HM-RM, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, diez de noviembre de mil novecientos noventa y uno, tres de abril de mil novecientos noventa y dos, trece de mayo de mil novecientos noventa y tres, cuatro de octubre de mil novecientos noventa y tres y treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (artículo 138 Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes). Época de pago: Se recaudará conforme a los periodos establecidos por la Comisión Federal de Electricidad (artículo 138 Bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes y 93 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Aguascalientes 2019). Tarifa o Tasa: No podrá exceder de un 10% del importe de energía eléctrica (artículo 93 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Aguascalientes 2019). Así pues, es evidente que el ordenamiento en mención, establece una contribución a la que otorgan la naturaleza jurídica de derecho, cuyo objeto o hecho imponible lo constituye la prestación del servicio de alumbrado público que presta el Municipio. No obstante lo anterior, tenemos que la armonía que debe existir en los elementos esenciales del tributo relativos a un derecho, se rompe con el contenido del artículo 93, de Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, dado que se dispone que la base para el cálculo de este derecho es el consumo de energía eléctrica, a los que se aplicará la tasa hasta del 10%. De ello se advierte que se establece como magnitud o valor denotativo de capacidad contributiva el consumo de energía eléctrica, por lo que en el caso la base del tributo se encuentra relacionada con un hecho imponible que no responde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho, acto, situación o actividad, denotativo de capacidad contributiva ajeno a la actividad del ente público y que, en el caso, consiste en dicho consumo de energía. Este conflicto entre el aspecto objetivo que denota el hecho imponible y el que denota la base se resuelve en favor del contemplado en la base, pues es el que servirá para el cálculo del tributo, que se liquidará con base en el consumo de energía eléctrica e irá variando según aumente o disminuya dicho consumo. El anterior razonamiento permite descubrir la verdadera naturaleza del tributo en análisis, puesto que al haber identificado el hecho imponible real, que se encuentra en la base, permite concluir que se trata de una contribución perteneciente a la categoría de los impuestos, ya que la naturaleza de las contribuciones se debe apreciar en relación con su propia estructura y no con el nombre con el que el legislador las denomine. Por tanto, no obstante que se denomina a la contribución de mérito "derecho", materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, tributo que es competencia exclusiva de la Federación, razón por la cual resulta contrario a lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal. En similar sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ello se corrobora con las jurisprudencias del Tribunal Pleno y de la Segunda Sala, de números P./J. 6/88 y 2a./J. 25/2004, cuyos rubros señalan, respectivamente: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN." y "ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN." Así pues, es patente que la legislación mencionada invade la esfera de facultades que corresponde por disposición constitucional de manera exclusiva a la Federación, como es el caso, para imponer contribuciones especiales sobre energía eléctrica, lo que se traduce en una invasión competencial de esferas. Por lo antes expuesto, se determina que el artículo 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que establece el derecho sobre el alumbrado público, es violatorio del artículo 73, fracción XXIX, inciso 5º, subinciso a), de la Constitución General de la República. SEXTO. Efectos del fallo protector. De conformidad con el artículo 77, fracción I, y segundo párrafo, de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo y protección constitucional solicitada por Emmanuel Chávez Reyes, para los siguientes efectos: 1. Que no se le aplique, ni en el presente ni en el futuro el artículo 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve. Tiene aplicación la tesis jurisprudencial 112/99, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, del tomo X, de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". 2. Consecuentemente, la citada protección constitucional debe hacerse extensiva al acto de aplicación de dicha norma, es decir, para que le sean devueltas aquellas cantidades que hubiese pagado por concepto del derecho de alumbrado público, a partir del periodo que corre del diez al veinte de septiembre de dos mil diecinueve, y cualquier otro que se haya erogado con posterioridad con base en la aplicación de la norma general declarada inconstitucional. Sirve de sustento, la esencia que rige la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS." Además, los efectos de la concesión del amparo constriñe a devolver la cantidad referida, debidamente actualizada, como si se tratara de un pago de lo indebido (sin que en el caso deban cubrirse intereses indemnizatorios). Aplica al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 170268, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 592, de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)." 3. En virtud de lo anterior, el Secretario de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, al ser el órgano recaudador debe efectuar la devolución ordenada en el punto anterior. También deberá hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Electricidad, que en lo sucesivo, deberá abstenerse de cargar en los avisos-recibo que genere a nombre del quejoso, el cobro por concepto de derecho de alumbrado público. 4. La concesión del amparo contra los actos atribuidos a las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Aguascalientes no tiene los alcances de ordenar a éstas la formulación de una norma precisa para la parte quejosa, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada ni la priva de eficacia general, por lo que una vez que quede firme esta sentencia bastará con que se manifiesten sabedoras del sentido de este fallo. Resulta orientador a lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 135, del Tomo IV, Noviembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Emmanuel Chávez Reyes, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, así como del Secretario de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, por los motivos señalados en el considerando quinto de este fallo y para los efectos mencionados en el diverso sexto. Notifíquese por oficios a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante el secretario Luis Neri Alcocer, quien autoriza y da fe dentro del juicio de amparo 1475/2019-VI. Juez Secretario
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