Emmanuel Cervantes Ruiz

Expediente 757/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
757/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Emmanuel Cervantes Ruiz
  • Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, Xalapa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Archívese el asunto como totalmente concluido...Finalmente, la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió dos tomos de pruebas, y ....devuélvanse a la autoridad de mérito, previa certificación y desglose de los mismos, haciéndose la precisión al actuario de la adscripción que deberá asentar en el oficio que notifique, la entrega de los citados anexos, con lo cual la autoridad no estará obligada a realizar el acuse de recibo.

  2. Principal

    Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Juez del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, para un mejor manejo del expediente fórmese dos tomos por separado, colocándoles las carátulas correspondientes para su identificación; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, obténgase copia certificada de la resolución o auto que constituye el acto reclamado, así como aquellas constancias que guarden relación directa con dicho acto, y agréguense al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias de las que se realizó la certificación en comento, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado en esta vía constituye:  La omisión del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, de acordar el escrito de ocho de julio del año en curso, presentado por el quejoso y la tercera interesada Rosa Irene Contreras Ruiz, en el que le solicitaron la modificación del lugar de convivencia de su menor hija con iniciales A.E.C.C., dentro del juicio ordinario civil 1333/2018-VII, de su índice. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable consistente en las copias certificadas del juicio ordinario civil 1333/2018-VII, de su índice, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2, se advierte que el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se proveyó lo conducente respecto a lo solicitado por el quejoso y la tercera interesada, mismo que determinó lo siguiente: "RAZON.- En veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, doy cuenta a la ciudadana Juez, con el oficios número CNR1879/2019 signados por el psicólogo CARLOS ALEJANDRO ARIAS DE LEÓN, COORDINADOR DISTRITAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA XALAPA ARIOS DE LEON, con número de promoción sesenta y uno, así como el escrito signado por los ciudadanos ROSA IRENE CONTRERAS RUIZ y EMMANUEL CERVANTES RUIZ, con número de promoción ciento trece.-Conste--------------------------------- AUTO: "XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ, EN VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.------------------------------------------------------ V I S T O: El oficio número CNR 1879/2019 signados por el psicólogo CARLOS ALEJANDRO ARIAS DE LEÓN, COORDINADOR DISTRITAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA XALAPA ARIOS; así como el escrito signado por los ciudadanos ROSA IRENE CONTRERAS RUIZ y EMMANUEL CERVANTES RIUZ, con los que me da cuenta la Secretaria de este Juzgado, primero por cuanto hace el oficio CNR 1879/2019 signados por el psicólogo CARLOS ALEJANDRO ARIAS DE LEÓN, COORDINADOR DISTRITAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA XALAPA ARIAS DE LEON agréguese a los presentes autos estando esta autoridad por enterada de que en fechas diez y diecisiete de agosto del año en curso las convivencias ordenadas mediante autos NO FUERON REALIZADAS debido a que ninguna de las partes se presentó a dicho centro con los menores; ahora bien por cuanto hace al escrito signado por los ciudadanos ROSA IRENE CONTRERAS RUIZ y EMMANUEL CERVANTES RIUZ, agréguese a los presentes autos y toda vez en audiencia verificada el día tres de julio del año en curso, se fijó una convivencia provisional de transición ente la menor de iniciales A.E.C.C. con su progenitora ciudadana IRENE CONTRERAS RUÍZ, respecto de la cual toda vez que los ciudadanos ROSA IRENE CONTRERAS RUIZ y EMMANUEL CERVANTES RUIZ, refieren que trasladarse a esta ciudad para la práctica de las referidas convivencias en oneroso, lo que resultaría en perjuicio de la manutención de su menor hija, se autoriza que, para que se verifique la convivencia ordenada en términos del auto de fecha de tres de julio de dos mil diecinueve, se autoriza que la ciudadana ROSA IRENE CONTRERAS RUIZ, pase a recibir a la menor A.E.C.C. al domicilio ubicado en la calle Caseta Ferrocarrilera número seis, entre Ferrocarrilera número seis, entre Ferrocarril Y Ruíz Cortines en Chavarrillo Estación del Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, lugar al que transcurrido el termino concedido para la convivencia referida deberá devolver a su menor hija, quedando intocado el resto del contenido del auto de fecha tres de julio del año en curso.". En efecto, con las copias certificadas que exhibe la autoridad responsable, correspondientes a la determinación de veintisiete de agosto de la anualidad cursante, dictada en los autos del expediente 1333/2018-VII, de su índice, mima que fue notificada a las partes por lista de acuerdos en esa misma fecha, tal y como se advierte del sello que obra en el citado auto, resulta inconcuso que la actitud omisiva tildada de inconstitucional por parte de la responsable ha dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica del quejoso; por lo que, resulta innecesario la prosecución del juicio en que se actúa, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo anteriormente expuesto se concluye que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto que se reclama por esta vía es en esencia es la omisión del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, de acordar el escrito de ocho de julio del año en curso, presentado por el quejoso y la tercera interesada Rosa Irene Contreras Ruiz, en el que le solicitaron la modificación del lugar de convivencia de su menor hija con iniciales A.E.C.C., dentro del juicio ordinario civil 1333/2018-VII, del índice de la autoridad responsable, y obra en autos copia certificada de la determinación tomada por la responsable el veintisiete de agosto del presente año, a través del cual acuerda lo solicitado, resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415 , cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, destruyéndose en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante de amparo, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo resaltado es propio) En mérito de lo anteriormente expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. De igual modo, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual si se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Finalmente, no es óbice que a la fecha la tercera interesada Rosa Irene Contreras Ruiz no haya sido emplazada en el presente juicio, ya que si bien es cierto en el juicio de amparo deben ser oídas todas las partes y en términos del artículo 5 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el tercero interesado tiene derecho a ser oído en el juicio de amparo con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, es notorio que, en el particular, al sobreseerse el juicio en que se actúa, consecuentemente, se causa un beneficio al tercero interesado; por tanto, resulta superfluo llamarlo a juicio, pues tal acontecimiento únicamente dilataría la impartición de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 46/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece los siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EMPLAZAMIENTO DE POSIBLES TERCEROS INTERESADOS. SU FALTA NO PROVOCA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO SERÁ CONTRARIA A SUS INTERESES. Encontrándose una controversia constitucional en estado de resolución y advirtiéndose de su estudio que no se llamó a juicio a posibles terceros interesados, no procede reponer el procedimiento si de su análisis se desprende que el sentido de la resolución que se dicte no será contrario a sus intereses y, por ende, no les causará agravio alguno; además, a nada práctico conduciría y únicamente retardaría el procedimiento y la resolución del asunto." Igualmente, se cita la tesis 531, sustentada por el Pleno de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.."

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Juez del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, para un mejor manejo del expediente fórmese dos tomos por separado, colocándoles las carátulas correspondientes para su identificación; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, obténgase copia certificada de la resolución o auto que constituye el acto reclamado, así como aquellas constancias que guarden relación directa con dicho acto, y agréguense al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias de las que se realizó la certificación en comento, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado en esta vía constituye:  La omisión del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, de acordar el escrito de ocho de julio del año en curso, presentado por el quejoso y la tercera interesada Rosa Irene Contreras Ruiz, en el que le solicitaron la modificación del lugar de convivencia de su menor hija con iniciales A.E.C.C., dentro del juicio ordinario civil 1333/2018-VII, de su índice. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable consistente en las copias certificadas del juicio ordinario civil 1333/2018-VII, de su índice, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2, se advierte que el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se proveyó lo conducente respecto a lo solicitado por el quejoso y la tercera interesada, mismo que determinó lo siguiente: "RAZON.- En veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, doy cuenta a la ciudadana Juez, con el oficios número CNR1879/2019 signados por el psicólogo CARLOS ALEJANDRO ARIAS DE LEÓN, COORDINADOR DISTRITAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA XALAPA ARIOS DE LEON, con número de promoción sesenta y uno, así como el escrito signado por los ciudadanos ROSA IRENE CONTRERAS RUIZ y EMMANUEL CERVANTES RUIZ, con número de promoción ciento trece.-Conste--------------------------------- AUTO: "XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ, EN VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.------------------------------------------------------ V I S T O: El oficio número CNR 1879/2019 signados por el psicólogo CARLOS ALEJANDRO ARIAS DE LEÓN, COORDINADOR DISTRITAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA XALAPA ARIOS; así como el escrito signado por los ciudadanos ROSA IRENE CONTRERAS RUIZ y EMMANUEL CERVANTES RIUZ, con los que me da cuenta la Secretaria de este Juzgado, primero por cuanto hace el oficio CNR 1879/2019 signados por el psicólogo CARLOS ALEJANDRO ARIAS DE LEÓN, COORDINADOR DISTRITAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA XALAPA ARIAS DE LEON agréguese a los presentes autos estando esta autoridad por enterada de que en fechas diez y diecisiete de agosto del año en curso las convivencias ordenadas mediante autos NO FUERON REALIZADAS debido a que ninguna de las partes se presentó a dicho centro con los menores; ahora bien por cuanto hace al escrito signado por los ciudadanos ROSA IRENE CONTRERAS RUIZ y EMMANUEL CERVANTES RIUZ, agréguese a los presentes autos y toda vez en audiencia verificada el día tres de julio del año en curso, se fijó una convivencia provisional de transición ente la menor de iniciales A.E.C.C. con su progenitora ciudadana IRENE CONTRERAS RUÍZ, respecto de la cual toda vez que los ciudadanos ROSA IRENE CONTRERAS RUIZ y EMMANUEL CERVANTES RUIZ, refieren que trasladarse a esta ciudad para la práctica de las referidas convivencias en oneroso, lo que resultaría en perjuicio de la manutención de su menor hija, se autoriza que, para que se verifique la convivencia ordenada en términos del auto de fecha de tres de julio de dos mil diecinueve, se autoriza que la ciudadana ROSA IRENE CONTRERAS RUIZ, pase a recibir a la menor A.E.C.C. al domicilio ubicado en la calle Caseta Ferrocarrilera número seis, entre Ferrocarrilera número seis, entre Ferrocarril Y Ruíz Cortines en Chavarrillo Estación del Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, lugar al que transcurrido el termino concedido para la convivencia referida deberá devolver a su menor hija, quedando intocado el resto del contenido del auto de fecha tres de julio del año en curso.". En efecto, con las copias certificadas que exhibe la autoridad responsable, correspondientes a la determinación de veintisiete de agosto de la anualidad cursante, dictada en los autos del expediente 1333/2018-VII, de su índice, mima que fue notificada a las partes por lista de acuerdos en esa misma fecha, tal y como se advierte del sello que obra en el citado auto, resulta inconcuso que la actitud omisiva tildada de inconstitucional por parte de la responsable ha dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica del quejoso; por lo que, resulta innecesario la prosecución del juicio en que se actúa, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo anteriormente expuesto se concluye que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto que se reclama por esta vía es en esencia es la omisión del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, de acordar el escrito de ocho de julio del año en curso, presentado por el quejoso y la tercera interesada Rosa Irene Contreras Ruiz, en el que le solicitaron la modificación del lugar de convivencia de su menor hija con iniciales A.E.C.C., dentro del juicio ordinario civil 1333/2018-VII, del índice de la autoridad responsable, y obra en autos copia certificada de la determinación tomada por la responsable el veintisiete de agosto del presente año, a través del cual acuerda lo solicitado, resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415 , cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, destruyéndose en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante de amparo, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo resaltado es propio) En mérito de lo anteriormente expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. De igual modo, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual si se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Finalmente, no es óbice que a la fecha la tercera interesada Rosa Irene Contreras Ruiz no haya sido emplazada en el presente juicio, ya que si bien es cierto en el juicio de amparo deben ser oídas todas las partes y en términos del artículo 5 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el tercero interesado tiene derecho a ser oído en el juicio de amparo con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, es notorio que, en el particular, al sobreseerse el juicio en que se actúa, consecuentemente, se causa un beneficio al tercero interesado; por tanto, resulta superfluo llamarlo a juicio, pues tal acontecimiento únicamente dilataría la impartición de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 46/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece los siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EMPLAZAMIENTO DE POSIBLES TERCEROS INTERESADOS. SU FALTA NO PROVOCA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO SERÁ CONTRARIA A SUS INTERESES. Encontrándose una controversia constitucional en estado de resolución y advirtiéndose de su estudio que no se llamó a juicio a posibles terceros interesados, no procede reponer el procedimiento si de su análisis se desprende que el sentido de la resolución que se dicte no será contrario a sus intereses y, por ende, no les causará agravio alguno; además, a nada práctico conduciría y únicamente retardaría el procedimiento y la resolución del asunto." Igualmente, se cita la tesis 531, sustentada por el Pleno de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.."

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Jefe de la Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Local Ejecutiva, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de veinte de septiembre del año en curso, informa haber localizado en su base de datos un posible domicilio de la tercera interesada ********************. En consecuencia, estese en espera de que las restantes autoridades requeridas en el procedimiento administrativo de localización ordenado en autos, proporcionen la información solicitada por este órgano jurisdiccional, para estar en posibilidades de acordar lo que en derecho corresponda.

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