Emmanuel Castro Romo
Expediente 1826/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1826/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Emmanuel Castro Romo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mexicali, Baja California, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de destrucción, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
Mexicali, Baja California, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito presentado por ***, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos, sin que sea el caso tomar mayor providencia al respecto, toda vez que por auto de nueve de enero del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.
- Principal
Mexicali, Baja California, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, fue notificado a la parte quejosa de manera electrónica, sin embargo, únicamente solicitó el acceso al expediente electrónico, no así la práctica de las notificaciones por esa vía; por tanto, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en relación con la citada actuación y se instruye a la Actuaria de la adscripción para que lleve a cabo la notificación del auto aludido a la parte quejosa de manera personal.
- Principal
Mexicali, Baja California, nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente del contenido integral del escrito inicial de demanda y demás constancias, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, de emitir la determinación conducente en relación con el auto de radicación, así como señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Luego, mediante auto de veintidós de diciembre del dos mil veintidós, se acordó el oficio remitido por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, al que anexó copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral ********************, de su índice, de las que se obtiene que por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se emitió acuerdo de radicación de la demanda laboral presentada por la parte quejosa y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las nueve horas con treinta minutos del uno de febrero de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. Atento a lo anterior, se colige que durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha sobrevenido de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La disposición legal transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por tanto, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo siete de noviembre de dos mil veintidós, el Tribunal responsable aún no emitía acuerdo de radicación de la demanda laboral y señalaba fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, tal afectación a la esfera jurídica del gobernado cesó una vez que mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitió acuerdo de radicación de la demanda laboral presentada por la parte quejosa y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. De ahí, que sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, por lo que debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2ª./J59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38, registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ya que si en el caso es patente la cesación del acto reclamado, entonces esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional para sobreseer sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio, debiéndose hacer la anotación respectiva en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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