Emmanuel Castro Herrera.

Expediente 325/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
325/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • Emmanuel Castro Herrera.

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Téngase al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, acusando recibo del oficio 1393/2018, así como de las constancias que se enviaron, e informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de conformidad con lo ordenado en el punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de destrucción a las incompetencias en los que otro órgano jurisdiccional haya aceptado la competencia; por tal motivo, remítase el expediente de que se trata al archivo de este órgano colegiado para su resguardo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de seis meses de haberse ordenado su archivo.

  2. Juicio de Amparo Directo

    De la lectura integral de la demanda de amparo promovida se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución de once de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 104/2018-II. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, los artículos 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo. De los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, hipótesis que no se actualiza en el presente caso; porque, como se desprende del análisis íntegro de la demanda de amparo, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de once de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 104/2018-II, en la que se confirmó la sentencia interlocutoria de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, en la cual se declaró improcedente la excepción de falta de personalidad opuesta por el ahora quejoso, asimismo que la parte actora, si tiene personalidad dentro del juicio, radicado bajo el número 1264/2017, del índice del mencionado juzgado y ordenó reanudar el procedimiento del juicio hasta su conclusión. Con lo anterior, resulta inconcuso para este tribunal colegiado que el acto reclamado, no constituye una sentencia definitiva, porque no resuelve el fondo del asunto, ni es una resolución que ponga fin al juicio, toda vez que no lo da por concluido sin decidirlo en lo principal; consecuentemente, la Presidencia de este tribunal federal declara su legal incompetencia para conocer del presente juicio constitucional, en términos del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por estimar que ésta se surte a favor del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo, a quien se ordena remitirle la demanda de amparo y anexos con que se da cuenta, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que indica, y por autorizadas para esos efectos a las personas que menciona. Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículo 5° y 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo de conformidad con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Juicio de Amparo Directo

    En Pachuca de Soto, Hidalgo a cuatro de octubre de dos mil dieciocho, el suscrito actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, siendo las 09:00 horas, en cumplimiento al auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho y al aviso dejado el uno de octubre del presente año, se hace constar: Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista al promovente EMMANUEL CASTRO HERRERA, O BIEN, A SUS AUTORIZADOS, DAVID GARNICA PACHECO Y JOHANNA MARÍA CASTRO CARDOZA, el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el amparo directo al rubro citado, quedando debidamente notificado, en razón de no haber acudido a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a notificarse de manera personal, dentro de los dos días siguientes hábiles, que lo fueron dos y tres de octubre del año en curso, no obstante al aviso que se le dejó el uno de octubre del año que transcurre en el domicilio proporcionado. Lo que hago constar con fundamento en lo previsto por el artículo 27 fracción I, Inciso c), de la referida ley y para todos los efectos legales conducentes. Doy fe. Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. a) Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el considerando octavo del numeral 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, relativo a la tramitación electrónica del juicio de amparo, fórmese y regístrese expediente impreso y electrónico con el número de juicio de amparo directo D.C. 325/2018. b) Acúsese recibo a la autoridad oficiante. c) De la lectura integral de la demanda de amparo promovida por Emmanuel Castro Herrera, por propio derecho, se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución de once de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 104/2018-II. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. (.).". Por su parte, los artículos 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Artículo 45. Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de un órgano de su mismo circuito, éste conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia, salvo en el caso previsto en el artículo 49 de esta Ley; si el órgano designado no pertenece al mismo circuito, únicamente podrá plantear la competencia por razón del territorio o especialidad, en términos del artículo 48 de esta Ley. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, hipótesis que no se actualiza en el presente caso; porque, como se desprende del análisis íntegro de la demanda de amparo, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de once de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 104/2018-II, en la que se confirmó la sentencia interlocutoria de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, en la cual se declaró improcedente la excepción de falta de personalidad opuesta por el ahora quejoso, asimismo que la parte actora Leticia Escamilla Pérez, en su carácter de albacea de la sucesión de Leodegario Escamilla, también conocido con el nombre de Leodegario Carlos Escamilla Moreno y/o Carlos Escamilla Moreno, si tiene personalidad dentro del juicio, radicado bajo el número 1264/2017, del índice del mencionado juzgado y ordenó reanudar el procedimiento del juicio hasta su conclusión. Con lo anterior, resulta inconcuso para este tribunal colegiado que el acto reclamado, no constituye una sentencia definitiva, porque no resuelve el fondo del asunto, ni es una resolución que ponga fin al juicio, toda vez que no lo da por concluido sin decidirlo en lo principal; consecuentemente, la Presidencia de este tribunal federal declara su legal incompetencia para conocer del presente juicio constitucional, en términos del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por estimar que ésta se surte a favor del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo, a quien se ordena remitirle la demanda de amparo y anexos con que se da cuenta, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. d) Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que indica, y por autorizadas para esos efectos a las personas que menciona. e) Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículo 5 y 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley. f) Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma el Magistrado Pedro Gámiz Suárez, Presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, ante el Secretario de Tribunal, licenciado Carlos Alberto Zúñiga Gutiérrez, quien autoriza y da fe

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