Emmanuel Castellanos Gómez

Expediente 1029/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1029/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Emmanuel Castellanos Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, estando en audiencia pública Jesús Arturo Cuéllar Díaz, Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido por Nadia Jazmín González Limón, Secretaria adscrita con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de las partes, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, da principio a la celebración de la audiencia prevista en este incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1029/2023. A continuación, la Secretaria da lectura a la copia simple de la demanda de amparo, informes previos, escrito aclaratorio y demás constancias que integran los presentes autos. Asimismo, da cuenta con los oficios y el escrito registrados con los números de control interno 17837, 17906 y 17935. El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes, y atento al contenido de los oficios de cuenta, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes previos de las autoridades responsables. Por otra parte, respecto al escrito signado por el defensor particular del quejoso, promovente del amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, por el que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados. Por lo tanto, con apoyo en los artículos 97 fracción I, inciso b), 98 fracción I, 99 y 101 de la Ley de Amparo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, la versión electrónica del incidente en que se actúa a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación para la substanciación de tal medio de defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Conforme a las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, solicítese el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para que habilite el expediente electrónico a efecto de hacerlo consultable para el Tribunal que corresponda conocer del recurso interpuesto. De conformidad con el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ríndase el informe correspondiente al Tribunal Colegiado de Circuito y, en vía de tal, dígase que es cierto el acto impugnado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Sin que en el caso se considere necesario remitir las notificaciones de este auto al Tribunal Colegiado competente, atento al criterio contenido en la tesis de registro y rubro siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2025397 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 126/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2096 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO DE REMITIR EL RECURSO CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LO TUVO POR INTERPUESTO, NO PUEDE SER UN IMPEDIMENTO PARA SEGUIR SU TRÁMITE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 26/2017 (10a.)]." Se instruye al Actuario adscrito que corresponda para que una vez que obre en su poder el expediente en que se actúa, notifique de forma inmediata esta determinación a las partes. Finalmente, se ordena remitir copia de la presente resolución al Tribunal Colegiado que corresponda conocer del recurso, para los efectos legales procedentes. Enseguida, se abre el periodo probatorio y la Secretaria hace constar que en relación con el acto reclamado no obran pruebas ofertadas por las partes. El Juez acuerda: los informes previos serán tomados en consideración al resolver el presente incidente. Continuando con la diligencia se pasa a la etapa de alegatos y la Secretaria hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: se declara precluido el derecho de las partes para expresar sus alegatos. Con lo anterior, se declara cerrado dicho periodo y el Juez procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1029/2023, promovido por ************, en su carácter de defensor particular de ************; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este Juzgado ************, en su carácter de defensor particular de ************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra de las autoridades y por los actos que a continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME PREVIO JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL, CON RESIDENCIA EN COATEPEC, VERACRUZ. CIERTO DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL, ZONA 1, XALAPA, CON SEDE EN PACHO VIEJO, VERACRUZ. NIEGA Actos reclamados Serán fijados en el considerando segundo de esta resolución interlocutoria. SEGUNDO. Mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 51-58) se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, se pidió informes previos a las autoridades responsables y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental, informes que fueron recibidos negando la existencia del acto reclamado (fojas 65-67) TERCERO. Por auto de veintitrés de noviembre del año actual (fojas 82-87), dictado dentro del juicio de amparo del que deriva este incidente (hecho notorio), se tuvo por recibido un escrito signado por el quejoso, con el que aclaró que la fecha correcta del acto que reclama es nueve de octubre de dos mil veintitrés, razón por la cual en ese fecha se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, se pidió de nueva cuenta informes previos a las autoridades responsables y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los artículos 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 146 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Del análisis a la demanda de amparo, escrito aclaratorio y los informes previos rendidos, acorde con el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina que los actos reclamados consisten en: 1. Del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en Coatepec, Veracruz: "La resolución de fecha 9 de octubre del año 2023 y notificada en esa misma fecha dictada en audiencia de revisión de medida cautelar, consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, resolución dictada por el H. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial con residencia en Coatepec, Veracruz (************), dentro del proceso penal bajo el número ************, del índice de ese mismo Juzgado; la que impone la medida cautelar de prisión preventiva justificada, como se desprende de la resolución que se impugna." 2. Del Director General del Centro de Readaptación Social, Zona 1, Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz: "La ejecución del acto reclamado, al estar interno en el centro penitenciario a su cargo." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en Coatepec, Veracruz, pues así lo manifestó al rendir su informe previo, el cual cuenta con valor probatorio pleno, acorde con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Igualmente debe tenerse por cierto el diverso acto que se le atribuye a la autoridad Director General del Centro de Readaptación Social, Zona 1, Xalapa, precisado en el punto 2 del considerando que antecede, dado que si bien negó el mismo, lo cierto es que de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social, Zona 1, Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, por lo que al habérsele impuesto a través del acto reclamado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, se entiende que continuará cumpliendo dicha medida en ese centro penitenciario, por lo que para efectos de la suspensión, debe tenerse por cierto el mismo a la referida autoridad ejecutora. CUARTO. Análisis sobre la procedencia de la suspensión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal y el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando concurran, entre otros, los siguientes requisitos. a) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. b) Que exista la solicitud del agraviado. c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, en el caso, resultaron ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables que se mencionan en el considerando segundo de esta resolución. En esa virtud, para decidir sobre la procedencia de la suspensión solicitada, este juzgado atiende a las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa formuló en su demanda de amparo y escrito aclaratorio, mismas que constituyen una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como al contenido de los informes previos que rindieron las autoridades responsables, con valor probatorio pleno acorde con los artículos 129, 197 y 202 de dicho ordenamiento legal. Por lo tanto, se provee la suspensión solicitada en los siguientes términos: Conviene citar el contenido de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta Ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento." (.) Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128." Del análisis de los preceptos transcritos, se advierte que cuando el acto reclamado afecte la libertad personal dentro de un procedimiento de orden penal, la suspensión del acto reclamado tendrá como efecto: I. Que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, en cuanto hace a su libertad. II. Que quede a disposición de la autoridad responsable, para la continuación del procedimiento. De igual forma, disponen en forma expresa que cuando verse sobre una medida cautelar que implique privación de la libertad, la suspensión del acto reclamado producirá los efectos siguientes: a) Si el delito amerita prisión preventiva oficiosa, los efectos consistirán en que el quejoso quede a disposición del órgano de amparo en el lugar que éste señale, por lo que respecta a su libertad personal, y a disposición de la responsable para la continuación del procedimiento penal. b) Si el delito de que se trata no amerita prisión preventiva oficiosa, se otorgará la suspensión del acto reclamado para que no sea detenido el quejoso, para lo cual, será el propio órgano de amparo quien decrete las medidas de aseguramiento que considere pertinentes para que el imputado no evada la acción de la justicia y se presente al proceso para su continuación. c) Si ya se encuentra materialmente detenido, porque el juez responsable determinó la procedencia de la prisión preventiva, o el imputado esté siendo procesado, el efecto de la suspensión del acto reclamado será que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo donde éste señale, por cuanto a su libertad personal, y a disposición de la autoridad para continuar el procedimiento penal, esto es, para los mismos efectos que el inciso a). En el caso, acorde con lo expuesto en la demanda, se advierte que el directo quejoso se ubica en el supuesto enunciado bajo el inciso c), pues manifiesta que el Juez de Control responsable le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada con motivo de la resolución que señalan como acto reclamado y que actualmente se encuentra privado de su libertad. En esa virtud, no resulta procedente otorgar la suspensión en la forma y términos solicitados por el quejoso, atento a las consideraciones siguientes: En principio, es importante destacar que en tratándose de actos privativos de la libertad, los parámetros para la suspensión en el juicio de amparo en materia penal, están previstos taxativamente en los dispositivos transcritos, es decir, la Ley de Amparo es clara cuando establece cuáles serán los efectos de la suspensión para los actos reclamados que versen sobre privación de libertad. Respecto a las disposiciones generales de la suspensión del acto reclamado, de acuerdo con el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión procederá en los casos en que sea solicitada por la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, el artículo 129 de la Ley en cita, de forma enunciativa y no limitativa, establece los casos en que no procede la concesión de la medida cautelar; excepciones o salvedades que obedecen a la necesidad de privilegiar en todo momento el interés social y las disposiciones de orden público, por encima de los intereses de los particulares. Por lo tanto, la suspensión del acto reclamado a petición de parte, si bien constituye una regla general a efecto de salvaguardar la materia del juicio principal con la consumación del acto reclamado, lo cierto es que encuentra excepciones y salvedades justificadas en razones de orden público e interés social, así como la salvaguarda de la seguridad e integridad de las personas y la ejecución de técnicas de investigación o medidas cautelares ordenadas por autoridad judicial. Ahora bien, la Primera Sala determinó en la contradicción de tesis ************ que dio origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2015310 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 50/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 483 Tipo: Jurisprudencia "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, demanda la existencia de una garantía eficaz de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de las garantías principales de estos derechos. La suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, es un instrumento para garantizar la eficacia del juicio de amparo, porque conserva su materia y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los derechos del quejoso. Ahora bien, la segunda parte de la sección tercera, del capítulo I, del título II, de la Ley de Amparo, sobre la suspensión en materia penal, establece un conjunto de normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos que, por su recurrencia e incidencia en la libertad personal, el legislador consideró necesario regular de manera especial. Sin embargo, esto no implica que los actos en materia penal distintos de los expresamente regulados en ese apartado, no sean susceptibles de suspenderse, ya que en estos casos también debe garantizarse el derecho fundamental a un recurso efectivo. En consecuencia, para decidir sobre la suspensión en estos casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte ("reglas generales") de esa sección de la Ley de Amparo, que permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social". Que entre los instrumentos jurídicos con que se garantiza la efectividad del recurso se encuentran las medidas cautelares, como la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto. De ahí su carácter instrumental en relación con la efectividad del juicio de amparo, como garantía jurisdiccional por antonomasia de los derechos humanos, pues de llegar a consumarse irreparablemente la violación a éstos durante el transcurso del juicio o causarse daños difícilmente reparables, el juicio de amparo sería un instrumento inútil para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. En este sentido, explicó, todo acto reclamable en juicio de amparo es susceptible de ser suspendido, pues esta susceptibilidad deriva directamente del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, para determinar si un acto reclamado específico debe o no ser suspendido, además de que su naturaleza lo permita, debe hacerse una ponderación entre distintos elementos, como la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social. En relación con la suspensión del acto reclamado en materia penal, prosiguió el Máximo Tribunal, debe considerarse la segunda parte, de la sección III, del título segundo de la Ley de Amparo, que contiene, entre otras cosas, las reglas que aplicará el juez que reciba la demanda; y los efectos específicos de la suspensión en los siguientes actos:  Se trate de una orden de deportación, expulsión o extradición;  El traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro;  Una orden de privación de la libertad o prohibición de abandonar una demarcación geográfica;  Se afecte la libertad personal dentro de un procedimiento penal;  Se afecte la libertad del quejoso y esté a disposición del ministerio público;  Y cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad. Además, que se determina en qué casos podrá ser revocada la libertad otorgada con motivo de una resolución suspensional; qué se tomará en cuenta para fijar el monto de la garantía; y los casos en que el órgano jurisdiccional de amparo, podrá hacer comparecer a la autoridad responsable. Sobre la persistencia de los principios de cada apartado en los asuntos de materia penal, la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis ************determinó que: ? Derivado del derecho a un recurso efectivo, esos actos deben considerarse, en principio, susceptibles de suspensión, pues también en estos casos podría quedar el juicio sin materia y el quejoso resentir daños a sus derechos de difícil o imposible reparación. ? Del proceso legislativo se advierte que la finalidad de establecer un epígrafe especial para la materia penal, no fue excluir de la suspensión a los actos reclamados en materia penal que no estuvieran expresamente contemplados en la misma, sino una diversa; a saber, dar un tratamiento unitario a las clases de actos reclamados más recurrentes en materia penal que -en general- pudieran incidir directa o indirectamente en la libertad personal, sin que esto implique, en modo alguno, que los actos reclamables en materia penal se limitan a los allí previstos, ya que existe una cantidad indeterminada de actos reclamables en materia penal que no están regulados específicamente por el apartado respectivo de la Ley de Amparo y que, sin embargo, como cualquier otro acto, son susceptibles de generar los efectos que pretenden evitarse mediante la suspensión: dejar sin materia el juicio y causar daños irreparables o difícilmente reparables. ? De una lectura sistemática del capítulo de la suspensión del acto reclamado, se advierte que no existe norma alguna que prohíba o excluya que los actos en materia penal, distintos de los expresamente regulados en la sección especial, sean susceptibles de suspensión. ? Pero no sólo no existe esa prohibición, sino que, incluso, el propio artículo 166, último párrafo, de la Ley de Amparo, inmerso en el apartado relativo a la suspensión en materia penal, remite expresamente a las disposiciones generales sobre la suspensión, en concreto, al penúltimo párrafo del artículo 128 de la ley de la materia, para proveer sobre la suspensión de órdenes o medidas de protección dictadas durante el procedimiento penal; lo que evidencia, sin lugar a dudas, que el propio legislador admite la posibilidad que algunos actos en materia penal puedan ser analizados, para efectos de la suspensión, en términos de la parte general de la sección respectiva. ? Por ende, los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, cuando establecen que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, cuando la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público; admiten una lectura según la cual deben ser aplicables para decidir sobre la suspensión de cualquier acto reclamado en materia penal que no esté expresamente regulado mediante alguna norma del apartado especial, a fin de garantizar, también en estos casos, la vigencia del derecho a un recurso efectivo. ? Con base en lo anterior, se concluyó que las normas establecidas en el apartado relativo a la suspensión en materia penal son aplicables a los actos que de forma expresa ahí se establecen, porque tales disposiciones obedecen a circunstancias específicas, valoradas a priori por el legislador ordinario y que consideró especialmente relevantes para darles una solución específica. ? Sin embargo, esto no implica, en modo alguno, que los actos reclamados en materia penal, distintos de los expresamente establecidos en el apartado precisado, no sean susceptibles de suspenderse, sino únicamente que el legislador no los incluyó en la clase de actos que merecían una regulación especial. Es decir, cualquier acto en materia penal que no esté expresamente contemplado en el apartado especial de la Ley de Amparo, debe ser analizado, para efectos de la suspensión, con base en las normas de la parte general que regulan la suspensión del acto reclamado. ? Pensar lo contrario implicaría el establecimiento de una prohibición implícita que restringiría, sin justificación, el derecho fundamental a un recurso efectivo, lo que sería incompatible con el espíritu protector del juicio de amparo y violatorio del principio pro persona establecido en el artículo 1 constitucional, que ordena procurar la solución más favorable al derecho humano en cuestión. ? Por tanto, los actos reclamados en materia penal distintos de los expresamente regulados por la segunda parte, de la sección III, del capítulo I, del título segundo de la Ley de Amparo, correspondiente a la suspensión en materia penal, son susceptibles de ser suspendidos en términos de las disposiciones generales sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte de esa sección. Conforme a lo anterior, cuando el acto reclamado no se encuentre dentro de los actos penales que expresamente están regulados en esta segunda parte de la suspensión de la Ley de Amparo; procede aplicar la parte general, debe verificarse si se cumplen los requisitos para concederla o negarla, es decir: (i) la petición de parte; (ii) la existencia del acto reclamado; (iii) la naturaleza del acto reclamado; (iv) afectación al interés jurídico o legítimo; y (v) la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. En esa medida, al haberse reclamado un acto dentro de procedimiento penal que afecta la libertad personal del quejoso (prisión preventiva justificada impuesta como medida cautelar), el Juez de Distrito debe ajustar su proceder al contenido de los numerales 163 y 166, de la Ley de la materia, los cuales disponen que la suspensión producirá el efecto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, solo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento. Ello, porque en el caso estamos en presencia de un acto que se rige por las reglas específicas que en materia penal prevé la Ley de Amparo. Es decir, no establece que el efecto restitutorio de la suspensión sea imponer diversas medidas cautelares con el fin de poner en libertad al solicitante del amparo, como se pretende, ya que la Ley de Amparo es clara en establecer los efectos cuando el amparo se solicita en contra de actos que afecten la libertad dentro de un procedimiento del orden penal. En el caso, el efecto de la suspensión se encuentra previsto de forma específica en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo [parte especial en materia penal], por lo que no es dable aplicar las normas de la parte general [la libertad del quejoso como efecto restitutorio], conforme con lo expuesto en la jurisprudencia 1a./J. 50/2017 (10a.), ya transcrita. No se inadvierte la contradicción de tesis 442/2016 de la que emanó la jurisprudencia 15/2018, de rubro: "SUSPENSIÓN EN MATERIA PENAL. ES POSIBLE QUE TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA CITACIÓN PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN O RESPECTO A LA NEGATIVA DE DESAHOGAR PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA", en la que la Primera Sala estableció que la Ley de Amparo no hizo excepción a si la suspensión en materia penal (en su parte general o especial) podía tener efectos restitutorios. Sin embargo, se estima respetuosamente que la jurisprudencia 50/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente citada, interpretada a contrario sensu, es la que resuelve el tema en el sentido que la suspensión de los actos precisados en el artículo 166 de la Ley de Amparo, como ocurre con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, se rige por ese apartado especial y no por el general de la Ley de Amparo, por lo que hay que estar a los efectos específicos que señala la Ley de la materia. Máxime que en la contradicción de tesis 442/2016 se analizaron actos cuyas reglas para conceder la suspensión, no están en la parte especial de la materia penal. Tampoco se soslaya el contenido de la acción de inconstitucionalidad 62/2016, que estableció que el párrafo tercero del artículo 128 de la Ley de Amparo constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo pero pueden existir excepciones, y compete al juzgador de amparo analizar cada caso para determinar si, en lo que interesa, alguna medida cautelar puede o no ser suspendida. No obstante, nuevamente se considera que las excepciones que se contienen en el artículo 166 de la Ley de Amparo respecto de la suspensión en materia penal, tuvo como finalidad dar un tratamiento unitario a las clases de actos reclamados más recurrentes en esta materia que -en general- pudieran incidir directa o indirectamente en la libertad personal, es decir, el efecto suspensional ya está regulados específicamente por el apartado respectivo de la Ley de Amparo y que, sin embargo, como cualquier otro acto, son susceptibles de generar los efectos que pretenden evitarse mediante la suspensión: dejar sin materia el juicio y causar daños irreparables o difícilmente reparables. Y si bien en la acción de inconstitucionalidad referida, se dijo que podían existir excepciones a la regla general que estipula, entre otras, el artículo 166 de la Ley de Amparo, debe ser bajo un análisis muy riguroso, tomando en cuenta además, que tratándose de una medida que incidiera en la medida cautelar, esta podría no referirse directamente a ella, lo que en el caso no acontece. Cabe señalar, que en otras ocasiones el suscrito ha resuelto sobre peticiones similares en distinto sentido, sin embargo, una nueva reflexión conlleva a considerar que debe respetarse el criterio contenido en la jurisprudencia 50/2017 de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL.", pues es esta la que aborda el caso concreto. Por lo tanto, acorde con lo antes expuesto, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a **********, para el efecto establecido en el artículo 166 de la Ley de Amparo; esto es, para que quede a disposición de este juzgado en el lugar de su reclusión por lo que hace su libertad personal y a disposición del Juez responsable para la continuación del proceso penal ********* que se le instruye, en virtud que dicha concesión no conlleva afectación alguna al proceso, sin perjuicio de las facultades del Juez responsable para determinar su libertad en los casos en que legalmente proceda y bajo su más estricta responsabilidad. La suspensión que se otorga surte efectos de inmediato y hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación del auto que declare ejecutoria la sentencia que se dicte en el juico en lo principal y sin necesidad que el quejoso otorgue garantía alguna, con motivo de los efectos para los cuales se concede. QUINTO. De la expedición de copias. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución interlocutoria a la parte que lo solicite. Por cuanto a las promociones recibidas vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.), el acuerdo que les recayó y notificaciones electrónicas, las cuales obran únicamente en el expediente electrónico de este incidente, las partes que cuenten con acceso a dicho expediente están en aptitud de descargarlas en sus equipos de cómputo, ya que al incluir la evidencia criptográfica se consideran como copias certificadas electrónicamente, en términos de lo establecido en los artículos 22, párrafo segundo y 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Las partes que no tengan autorizado el juicio en línea, se encuentran en aptitud de generar un usuario en la página: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, y hecho lo anterior, solicitar el acceso al expediente electrónico de este incidente, proporcionando el nombre del usuario respectivo, para acceder a las actuaciones del expediente electrónico y obtener las copias que requieran a través de dicho Sistema. SEXTO. Firmas electrónicas. La resolución se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 ya invocado. Por lo expuesto y además con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo aplicada, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a *********, en su carácter de defensor particular de **********, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando quinto, entréguese copia autorizada de esta resolución interlocutoria a la parte que lo solicite. TERCERO. Cúmplase con lo ordenado en el último considerando.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra pendiente que las autoridades responsables rindan su informe justificado, acorde con la aclaración de demanda establecida en proveído de veintitrés de noviembre actual; por lo tanto, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional prevista para este día y en su lugar se programan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. El acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. DESAHOGA REQUERIMIENTO Agréguese el escrito de cuenta, signado por el defensor particular del directo quejoso, con el que desahoga el requerimiento formulado en auto de diecisiete de noviembre actual y al efecto manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la fecha correcta del acto que reclama en vía de amparo en este juicio, es nueve de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, se emite el siguiente pronunciamiento: INFORME JUSTIFICADO Acorde con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, con copia del escrito que se provee, pídase nuevamente informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días, debiendo remitir a este juzgado: 1) Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. Asimismo, cuando adviertan que cesaron los efectos de los actos reclamados o se actualice alguna causa de sobreseimiento deberán informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto copias certificadas de las constancias que así lo acrediten, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo. Se apercibe a las responsables que en caso de no hacerlo así y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 117 en relación con el diverso 260 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa individual por el valor de CIEN unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con copia del escrito aclaratorio de demanda presentado por el promovente, provéase lo conducente en el cuaderno incidental relativo a este juicio. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Notifíquese la presente determinación a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante oficio que al efecto se libre, con copia autorizada del escrito de demanda, de conformidad con el artículo 26, fracción II de la Ley de Amparo y désele la intervención que legalmente le corresponde. SE RECIBE CONSTANCIA Por otra parte, como está ordenado en el cuaderno incidental derivado de este juicio, agréguese la copia certificada del oficio de cuenta, con el que la autoridad responsable Juez de Control Adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XII Distrito Judicial, con sede en Coatepec, Veracruz atiende el requerimiento efectuado en autos y remite la constancia solicitada, la cual se recibe como prueba en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarla nuevamente, al tener verificativo la audiencia constitucional. FIRMAS ELECTRÓNICAS El acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  4. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha, dictado dentro del juicio de amparo del que deriva este cuaderno, con copia del escrito aclaratorio de demanda y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 138, 140, 163 y 166 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables su informe previo el cual deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, computado legalmente. Se apercibe a las autoridades responsables en el sentido que la falta de informe en el plazo indicado no sólo establece la presunción de certeza del acto reclamado, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, sino que además, origina la imposición de una multa conforme con lo previsto en el artículo 260, fracción I, de la Ley invocada. AUDIENCIA INCIDENTAL En virtud de la aclaración formulada por el promovente del amparo, respecto de la fecha correcta del acto que reclama en vía de amparo, no ha lugar a celebrar la audiencia incidental prevista para este día y en su lugar se programan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN Para proveer sobre la presente medida cautelar, corresponde al juzgador de amparo fijar los efectos y condiciones de la suspensión que se solicita. Es aplicable, en lo conducente, la tesis siguiente: Registro No. 223497 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Febrero de 1991 Página: 130 Tesis: I. 4o. A. J/8 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa, Común "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO PRECISAR SU ALCANCE." HIPÓTESIS NORMATIVAS Se tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, los cuales prevén que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. b) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación) o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa; y: c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme con los artículos invocados, el Juez de Distrito tiene la facultad para suspender la ejecución del acto reclamado si se dan los supuestos legales atendiendo, además, a la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Así, para conceder la suspensión se requiere que los actos o resoluciones reclamados causen una afectación o perjuicio a la esfera jurídica de la solicitante de la medida y que con el otorgamiento de ésta no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad o bien evitarle alguna desventaja o trastorno. En ese sentido, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. HECHOS De la lectura integral a la demanda de amparo y el escrito aclaratorio respectivo se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en Coatepec, Veracruz: "La resolución de fecha 9 de octubre del año 2023 y notificada en esa misma fecha dictada en audiencia de revisión de medida cautelar, consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, resolución dictada por el H. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial con residencia en Coatepec, Veracruz (**********), dentro del proceso penal bajo el número ***********, del índice de ese mismo Juzgado; la que impone la medida cautelar de prisión preventiva justificada, como se desprende de la resolución que se impugna." 2. Del Director General del Centro de Readaptación Social, Zona 1, Xalapa: "La ejecución del acto reclamado, al estar interno en el centro penitenciario a su cargo." Asimismo, se advierte que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social, Zona 1, Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz y solicita la suspensión provisional con efectos restitutorios. CONCLUSIÓN Para resolver sobre la suspensión provisional solicitada, conviene citar el contenido de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta Ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento." (.) Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128." Del análisis de los preceptos transcritos, se advierte que cuando el acto reclamado afecte la libertad personal dentro de un procedimiento de orden penal, la suspensión del acto reclamado tendrá como efecto: I. Que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, en cuanto hace a su libertad. II. Que quede a disposición de la autoridad responsable, para la continuación del procedimiento. De igual forma, disponen en forma expresa que cuando verse sobre una medida cautelar que implique privación de la libertad, la suspensión del acto reclamado producirá los efectos siguientes: a) Si el delito amerita prisión preventiva oficiosa, los efectos consistirán en que el quejoso quede a disposición del órgano de amparo en el lugar que éste señale, por lo que respecta a su libertad personal, y a disposición de la responsable para la continuación del procedimiento penal. b) Si el delito de que se trata no amerita prisión preventiva oficiosa, se otorgará la suspensión del acto reclamado para que no sea detenido el quejoso, para lo cual, será el propio órgano de amparo quien decrete las medidas de aseguramiento que considere pertinentes para que el imputado no evada la acción de la justicia y se presente al proceso para su continuación. c) Si ya se encuentra materialmente detenido, porque el juez responsable determinó la procedencia de la prisión preventiva, o el imputado esté siendo procesado, el efecto de la suspensión del acto reclamado será que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo donde éste señale, por cuanto a su libertad personal, y a disposición de la autoridad para continuar el procedimiento penal, esto es, para los mismos efectos que el inciso a). En el caso, acorde con lo expuesto en la demanda, se advierte que el directo quejoso se ubica en el supuesto enunciado bajo el inciso c), pues manifiesta que el Juez de Control responsable le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada con motivo de la resolución que señalan como acto reclamado y que actualmente se encuentra privado de su libertad. En esa virtud, no resulta procedente otorgar la suspensión en la forma y términos solicitados por el quejoso, atento a las consideraciones siguientes: En principio, es importante destacar que en tratándose de actos privativos de la libertad, los parámetros para la suspensión en el juicio de amparo en materia penal, están previstos taxativamente en los dispositivos transcritos, es decir, la Ley de Amparo es clara cuando establece cuáles serán los efectos de la suspensión para los actos reclamados que versen sobre privación de libertad. Respecto a las disposiciones generales de la suspensión del acto reclamado, de acuerdo con el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión procederá en los casos en que sea solicitada por la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, el artículo 129 de la Ley en cita, de forma enunciativa y no limitativa, establece los casos en que no procede la concesión de la medida cautelar; excepciones o salvedades que obedecen a la necesidad de privilegiar en todo momento el interés social y las disposiciones de orden público, por encima de los intereses de los particulares. Por lo tanto, la suspensión del acto reclamado a petición de parte, si bien constituye una regla general a efecto de salvaguardar la materia del juicio principal con la consumación del acto reclamado, lo cierto es que encuentra excepciones y salvedades justificadas en razones de orden público e interés social, así como la salvaguarda de la seguridad e integridad de las personas y la ejecución de técnicas de investigación o medidas cautelares ordenadas por autoridad judicial. Ahora bien, la Primera Sala determinó en la contradicción de tesis *********** que dio origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2015310 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 50/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 483 Tipo: Jurisprudencia "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, demanda la existencia de una garantía eficaz de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de las garantías principales de estos derechos. La suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, es un instrumento para garantizar la eficacia del juicio de amparo, porque conserva su materia y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los derechos del quejoso. Ahora bien, la segunda parte de la sección tercera, del capítulo I, del título II, de la Ley de Amparo, sobre la suspensión en materia penal, establece un conjunto de normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos que, por su recurrencia e incidencia en la libertad personal, el legislador consideró necesario regular de manera especial. Sin embargo, esto no implica que los actos en materia penal distintos de los expresamente regulados en ese apartado, no sean susceptibles de suspenderse, ya que en estos casos también debe garantizarse el derecho fundamental a un recurso efectivo. En consecuencia, para decidir sobre la suspensión en estos casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte ("reglas generales") de esa sección de la Ley de Amparo, que permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social". Que entre los instrumentos jurídicos con que se garantiza la efectividad del recurso se encuentran las medidas cautelares, como la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto. De ahí su carácter instrumental en relación con la efectividad del juicio de amparo, como garantía jurisdiccional por antonomasia de los derechos humanos, pues de llegar a consumarse irreparablemente la violación a éstos durante el transcurso del juicio o causarse daños difícilmente reparables, el juicio de amparo sería un instrumento inútil para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. En este sentido, explicó, todo acto reclamable en juicio de amparo es susceptible de ser suspendido, pues esta susceptibilidad deriva directamente del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, para determinar si un acto reclamado específico debe o no ser suspendido, además de que su naturaleza lo permita, debe hacerse una ponderación entre distintos elementos, como la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social. En relación con la suspensión del acto reclamado en materia penal, prosiguió el Máximo Tribunal, debe considerarse la segunda parte, de la sección III, del título segundo de la Ley de Amparo, que contiene, entre otras cosas, las reglas que aplicará el juez que reciba la demanda; y los efectos específicos de la suspensión en los siguientes actos:  Se trate de una orden de deportación, expulsión o extradición;  El traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro;  Una orden de privación de la libertad o prohibición de abandonar una demarcación geográfica;  Se afecte la libertad personal dentro de un procedimiento penal;  Se afecte la libertad del quejoso y esté a disposición del ministerio público;  Y cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad. Además, que se determina en qué casos podrá ser revocada la libertad otorgada con motivo de una resolución suspensional; qué se tomará en cuenta para fijar el monto de la garantía; y los casos en que el órgano jurisdiccional de amparo, podrá hacer comparecer a la autoridad responsable. Sobre la persistencia de los principios de cada apartado en los asuntos de materia penal, la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis **********, determinó que: ? Derivado del derecho a un recurso efectivo, esos actos deben considerarse, en principio, susceptibles de suspensión, pues también en estos casos podría quedar el juicio sin materia y el quejoso resentir daños a sus derechos de difícil o imposible reparación. ? Del proceso legislativo se advierte que la finalidad de establecer un epígrafe especial para la materia penal, no fue excluir de la suspensión a los actos reclamados en materia penal que no estuvieran expresamente contemplados en la misma, sino una diversa; a saber, dar un tratamiento unitario a las clases de actos reclamados más recurrentes en materia penal que -en general- pudieran incidir directa o indirectamente en la libertad personal, sin que esto implique, en modo alguno, que los actos reclamables en materia penal se limitan a los allí previstos, ya que existe una cantidad indeterminada de actos reclamables en materia penal que no están regulados específicamente por el apartado respectivo de la Ley de Amparo y que, sin embargo, como cualquier otro acto, son susceptibles de generar los efectos que pretenden evitarse mediante la suspensión: dejar sin materia el juicio y causar daños irreparables o difícilmente reparables. ? De una lectura sistemática del capítulo de la suspensión del acto reclamado, se advierte que no existe norma alguna que prohíba o excluya que los actos en materia penal, distintos de los expresamente regulados en la sección especial, sean susceptibles de suspensión. ? Pero no sólo no existe esa prohibición, sino que, incluso, el propio artículo 166, último párrafo, de la Ley de Amparo, inmerso en el apartado relativo a la suspensión en materia penal, remite expresamente a las disposiciones generales sobre la suspensión, en concreto, al penúltimo párrafo del artículo 128 de la ley de la materia, para proveer sobre la suspensión de órdenes o medidas de protección dictadas durante el procedimiento penal; lo que evidencia, sin lugar a dudas, que el propio legislador admite la posibilidad que algunos actos en materia penal puedan ser analizados, para efectos de la suspensión, en términos de la parte general de la sección respectiva. ? Por ende, los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, cuando establecen que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, cuando la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público; admiten una lectura según la cual deben ser aplicables para decidir sobre la suspensión de cualquier acto reclamado en materia penal que no esté expresamente regulado mediante alguna norma del apartado especial, a fin de garantizar, también en estos casos, la vigencia del derecho a un recurso efectivo. ? Con base en lo anterior, se concluyó que las normas establecidas en el apartado relativo a la suspensión en materia penal son aplicables a los actos que de forma expresa ahí se establecen, porque tales disposiciones obedecen a circunstancias específicas, valoradas a priori por el legislador ordinario y que consideró especialmente relevantes para darles una solución específica. ? Sin embargo, esto no implica, en modo alguno, que los actos reclamados en materia penal, distintos de los expresamente establecidos en el apartado precisado, no sean susceptibles de suspenderse, sino únicamente que el legislador no los incluyó en la clase de actos que merecían una regulación especial. Es decir, cualquier acto en materia penal que no esté expresamente contemplado en el apartado especial de la Ley de Amparo, debe ser analizado, para efectos de la suspensión, con base en las normas de la parte general que regulan la suspensión del acto reclamado. ? Pensar lo contrario implicaría el establecimiento de una prohibición implícita que restringiría, sin justificación, el derecho fundamental a un recurso efectivo, lo que sería incompatible con el espíritu protector del juicio de amparo y violatorio del principio pro persona establecido en el artículo 1 constitucional, que ordena procurar la solución más favorable al derecho humano en cuestión. ? Por tanto, los actos reclamados en materia penal distintos de los expresamente regulados por la segunda parte, de la sección III, del capítulo I, del título segundo de la Ley de Amparo, correspondiente a la suspensión en materia penal, son susceptibles de ser suspendidos en términos de las disposiciones generales sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte de esa sección. Conforme a lo anterior, cuando el acto reclamado no se encuentre dentro de los actos penales que expresamente están regulados en esta segunda parte de la suspensión de la Ley de Amparo; procede aplicar la parte general, debe verificarse si se cumplen los requisitos para concederla o negarla, es decir: (i) la petición de parte; (ii) la existencia del acto reclamado; (iii) la naturaleza del acto reclamado; (iv) afectación al interés jurídico o legítimo; y (v) la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. En esa medida, al haberse reclamado un acto dentro de procedimiento penal que afecta la libertad personal del quejoso (prisión preventiva justificada impuesta como medida cautelar), el Juez de Distrito debe ajustar su proceder al contenido de los numerales 163 y 166, de la Ley de la materia, los cuales disponen que la suspensión producirá el efecto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, solo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento. Ello, porque en el caso estamos en presencia de un acto que se rige por las reglas específicas que en materia penal prevé la Ley de Amparo. Es decir, no establece que el efecto restitutorio de la suspensión sea imponer diversas medidas cautelares con el fin de poner en libertad al solicitante del amparo, como se pretende, ya que la Ley de Amparo es clara en establecer los efectos cuando el amparo se solicita en contra de actos que afecten la libertad dentro de un procedimiento del orden penal. En el caso, el efecto de la suspensión se encuentra previsto de forma específica en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo [parte especial en materia penal], por lo que no es dable aplicar las normas de la parte general [la libertad del quejoso como efecto restitutorio], conforme con lo expuesto en la jurisprudencia 1a./J. 50/2017 (10a.), ya transcrita. No se inadvierte la contradicción de tesis *********** de la que emanó la jurisprudencia ***********, de rubro: "SUSPENSIÓN EN MATERIA PENAL. ES POSIBLE QUE TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA CITACIÓN PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN O RESPECTO A LA NEGATIVA DE DESAHOGAR PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA", en la que la Primera Sala estableció que la Ley de Amparo no hizo excepción a si la suspensión en materia penal (en su parte general o especial) podía tener efectos restitutorios. Sin embargo, se estima respetuosamente que la jurisprudencia ********** de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente citada, interpretada a contrario sensu, es la que resuelve el tema en el sentido que la suspensión de los actos precisados en el artículo 166 de la Ley de Amparo, como ocurre con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, se rige por ese apartado especial y no por el general de la Ley de Amparo, por lo que hay que estar a los efectos específicos que señala la Ley de la materia. Máxime que en la contradicción de tesis ********** se analizaron actos cuyas reglas para conceder la suspensión, no están en la parte especial de la materia penal. Tampoco se soslaya el contenido de la acción de inconstitucionalidad **********, que estableció que el párrafo tercero del artículo 128 de la Ley de Amparo constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo pero pueden existir excepciones, y compete al juzgador de amparo analizar cada caso para determinar si, en lo que interesa, alguna medida cautelar puede o no ser suspendida. No obstante, nuevamente se considera que las excepciones que se contienen en el artículo 166 de la Ley de Amparo respecto de la suspensión en materia penal, tuvo como finalidad dar un tratamiento unitario a las clases de actos reclamados más recurrentes en esta materia que -en general- pudieran incidir directa o indirectamente en la libertad personal, es decir, el efecto suspensional ya está regulados específicamente por el apartado respectivo de la Ley de Amparo y que, sin embargo, como cualquier otro acto, son susceptibles de generar los efectos que pretenden evitarse mediante la suspensión: dejar sin materia el juicio y causar daños irreparables o difícilmente reparables. Y si bien en la acción de inconstitucionalidad referida, se dijo que podían existir excepciones a la regla general que estipula, entre otras, el artículo 166 de la Ley de Amparo, debe ser bajo un análisis muy riguroso, tomando en cuenta además, que tratándose de una medida que incidiera en la medida cautelar, esta podría no referirse directamente a ella, lo que en el caso no acontece. Cabe señalar, que en otras ocasiones el suscrito ha resuelto sobre peticiones similares en distinto sentido, sin embargo, una nueva reflexión conlleva a considerar que debe respetarse el criterio contenido en la jurisprudencia *********** de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL.", pues es esta la que aborda el caso concreto. Por lo tanto, en el caso procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a **********, para el efecto establecido en el artículo 166 de la Ley de Amparo; esto es, para que quede a disposición de este juzgado en el lugar de su reclusión por lo que hace su libertad personal y a disposición del Juez responsable para la continuación del proceso penal *********** que se le instruye, en virtud que dicha concesión no conlleva afectación alguna al proceso, sin perjuicio de las facultades del Juez responsable para determinar su libertad en los casos en que legalmente proceda y bajo su más estricta responsabilidad. La suspensión que se otorga surte efectos desde luego y hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable lo que se resuelva respecto de la suspensión definitiva y sin necesidad que la parte quejosa otorgue garantía alguna, con motivo de los efectos para los cuales se concede. FIRMAS ELECTRÓNICA El acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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